Alma Guadalupe Arce Valencia

Expediente 51/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
51/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Alma Guadalupe Arce Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. Cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de enero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de autos se advierte que *******, promovió el presente juicio de amparo el veintiocho de enero de dos mil veinte, fecha en que presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, en contra las siguientes autoridades y actos: De la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *******, al no efectuar las gestiones para la oportuna diligenciación del exhorto que giró a la Junta Especial número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Chihuahua, con la finalidad de desahogar la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte demandada. De la Junta Especial número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chihuahua, capital, de quien reclamó: La omisión de diligenciar de manera oportuna el exhorto que le envió su análoga en esta ciudad. A la postre, al rendir su informe con justificación la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad -recibido en este juzgado el diecisiete de febrero de dos mil veinte- negó la existencia del acto que le fue atribuido e informó, que el demandado en el juicio de origen, quien ofreció la prueba de inspección ocular por la cual se envió el exhorto de referencia, por economía procesal, solicitó que tal prueba se verificara en el inmueble que señaló ubicado en esta ciudad, para lo cual la Junta responsable local determinó las doce horas del veintiséis de febrero de dos mil veinte; sin que en el acuerdo respectivo, donde se tuvieron por recibido dicho informe y anexo, se haya efectuado pronunciamiento alguno en torno a lo informado por dicha autoridad. Al respecto, fue hasta en proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, que se requirió a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a efecto de que informara si la referida prueba de inspección ocular, se llevó a cabo en la hora y fecha determinadas para ello. Una vez que dicha responsable informó y acreditó que, efectivamente, el veintiséis de febrero de dos mil veinte se había desahogado la prueba de inspección ocular ofrecida por la demandada, en acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se solicitó además a la referida Junta responsable local, si ya había cerrado instrucción en el juicio de origen. A lo que, una vez que se reanudó el trámite del presente asunto, al fenecer los plazos decretados mediante la Circular SECNO/24/2020 y el oficio SECNO/STCCNO/543/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se solicitó de nueva cuenta a dicha autoridad tal información, para lo cual, se precisó, que el oficio respectivo sería entregado una vez que tal Junta reanudara labores, pues, como se advirtió del oficio *******, suscrito por la Presidenta de la Junta responsable local, que obra en el cuadernillo administrativo de este juzgado, las medidas ante la emergencia sanitaria actual, de dicha dependencia, se extendieron del tres al quince de diciembre de dos mil veinte; mientras que del dieciséis y hasta el treinta y uno de diciembre, comprendió su periodo vacacional. Ahora bien, de lo informado por la la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en su oficio de cuenta -que se corrobora con la copia certificada de la constancia que remitió- se desprende que el cinco de enero de dos mil veinte, se cerró instrucción en el juicio de origen. Las constancias aludidas supra líneas cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Pues bien, con lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, este juicio de amparo se promovió por *******, el veintiocho de enero de dos mil veinte, donde reclamó medularmente, el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *******, al no efectuarse las gestiones para el desahogar la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte demandada; por lo que, al haberse desahogado dicha prueba y cerrado instrucción en el referido asunto, cesaron los actos reclamados y se destruyeron además, los efectos de los mismos. Con lo que, se estima que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada por la quejosa, tal como si se le hubiese otorgado el amparo. Por lo tanto, como se anunció durante la tramitación de este juicio de amparo, cesaron los actos reclamados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice para tal determinación, que la diversa autoridad, Junta Especial número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chihuahua, capital, de quien la quejosa reclamó la omisión de diligenciar de manera oportuna el exhorto que le envió su análoga en esta ciudad, no haya rendido al día de hoy su informe con justificación, toda vez que, el propio demandado en el juicio de origen, precisó que el inmueble donde debía desahogarse la inspección ocular que ofreció, se encuentra en esta ciudad; y ahí se verificó tal prueba, como lo señaló y acreditó la Junta responsable local; tan es así, que el cinco de los actuales se cerró instrucción, con lo cual, quedaron sin efectos los actos combatidos y destruidos sus efectos. Se ordena que esta determinación se notifique personalmente, de forma escalonada; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esquema al que se regresó en esta fecha con motivo de la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte; una vez que se normalicen las actividades del órgano jurisdiccional, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de diciembre de dos mil veinte, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa el licenciada ******* Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de enero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de autos se advierte que *******, promovió el presente juicio de amparo el veintiocho de enero de dos mil veinte, fecha en que presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, en contra las siguientes autoridades y actos: De la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *******, al no efectuar las gestiones para la oportuna diligenciación del exhorto que giró a la Junta Especial número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Chihuahua, con la finalidad de desahogar la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte demandada. De la Junta Especial número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chihuahua, capital, de quien reclamó: La omisión de diligenciar de manera oportuna el exhorto que le envió su análoga en esta ciudad. A la postre, al rendir su informe con justificación la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad -recibido en este juzgado el diecisiete de febrero de dos mil veinte- negó la existencia del acto que le fue atribuido e informó, que el demandado en el juicio de origen, quien ofreció la prueba de inspección ocular por la cual se envió el exhorto de referencia, por economía procesal, solicitó que tal prueba se verificara en el inmueble que señaló ubicado en esta ciudad, para lo cual la Junta responsable local determinó las doce horas del veintiséis de febrero de dos mil veinte; sin que en el acuerdo respectivo, donde se tuvieron por recibido dicho informe y anexo, se haya efectuado pronunciamiento alguno en torno a lo informado por dicha autoridad. Al respecto, fue hasta en proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, que se requirió a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a efecto de que informara si la referida prueba de inspección ocular, se llevó a cabo en la hora y fecha determinadas para ello. Una vez que dicha responsable informó y acreditó que, efectivamente, el veintiséis de febrero de dos mil veinte se había desahogado la prueba de inspección ocular ofrecida por la demandada, en acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se solicitó además a la referida Junta responsable local, si ya había cerrado instrucción en el juicio de origen. A lo que, una vez que se reanudó el trámite del presente asunto, al fenecer los plazos decretados mediante la Circular SECNO/24/2020 y el oficio SECNO/STCCNO/543/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se solicitó de nueva cuenta a dicha autoridad tal información, para lo cual, se precisó, que el oficio respectivo sería entregado una vez que tal Junta reanudara labores, pues, como se advirtió del oficio *******, suscrito por la Presidenta de la Junta responsable local, que obra en el cuadernillo administrativo de este juzgado, las medidas ante la emergencia sanitaria actual, de dicha dependencia, se extendieron del tres al quince de diciembre de dos mil veinte; mientras que del dieciséis y hasta el treinta y uno de diciembre, comprendió su periodo vacacional. Ahora bien, de lo informado por la la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en su oficio de cuenta -que se corrobora con la copia certificada de la constancia que remitió- se desprende que el cinco de enero de dos mil veinte, se cerró instrucción en el juicio de origen. Las constancias aludidas supra líneas cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Pues bien, con lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, este juicio de amparo se promovió por *******, el veintiocho de enero de dos mil veinte, donde reclamó medularmente, el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *******, al no efectuarse las gestiones para el desahogar la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte demandada; por lo que, al haberse desahogado dicha prueba y cerrado instrucción en el referido asunto, cesaron los actos reclamados y se destruyeron además, los efectos de los mismos. Con lo que, se estima que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada por la quejosa, tal como si se le hubiese otorgado el amparo. Por lo tanto, como se anunció durante la tramitación de este juicio de amparo, cesaron los actos reclamados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice para tal determinación, que la diversa autoridad, Junta Especial número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chihuahua, capital, de quien la quejosa reclamó la omisión de diligenciar de manera oportuna el exhorto que le envió su análoga en esta ciudad, no haya rendido al día de hoy su informe con justificación, toda vez que, el propio demandado en el juicio de origen, precisó que el inmueble donde debía desahogarse la inspección ocular que ofreció, se encuentra en esta ciudad; y ahí se verificó tal prueba, como lo señaló y acreditó la Junta responsable local; tan es así, que el cinco de los actuales se cerró instrucción, con lo cual, quedaron sin efectos los actos combatidos y destruidos sus efectos. Se ordena que esta determinación se notifique personalmente, de forma escalonada; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esquema al que se regresó en esta fecha con motivo de la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte; una vez que se normalicen las actividades del órgano jurisdiccional, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de diciembre de dos mil veinte, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa el licenciada ******* Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se advierte que se recibió al correo electrónico oficial de este órgano, el oficio SEADS/654/2020 de veintiuno de octubre del año que transcurre, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que fue acordada la readscripción de la Juez María Guadalupe Contreras Jurado, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, se ordena hacer lo previo del conocimiento de las partes, con la finalidad de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, vista la cuenta secretarial, se tiene que el veintiocho de julio pasado, el Pleno del Consejo expidió el Acuerdo General 21/2020 mediante el cual se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del citado treinta y uno de julio, ambos del año en curso. Asimismo, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia. Así, se determinó que se reforman los artículos 1 y 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con vigencia a partir del uno de noviembre de dos mil veinte, para quedar como sigue: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 15. Turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial. Las jornadas presenciales de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal serán de seis horas. Como medida para evitar la concentración del personal, los órganos de cada edificio se dividirán hasta en ocho grupos, repartidos en dos turnos, cada uno de los cuales, a su vez, tendrá cuatro horarios de entrada y salida. Es importante enfatizar que el horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad. Por otra parte, se tiene que han fenecido los plazos decretados mediante la circular SECNO/24/2020 y SECNO/STCCNO/543/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, que precisaron que los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, retrocedieran al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19. En este sentido, toda vez que el veinticuatro de noviembre pasado se decretó la suspensión del presente asunto, al no encontrarse en los supuestos previstos por el dispositivo 4º del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como que de conformidad con los diversos Acuerdos Generales 21/2020 y 25/2020, deben ser reanudados todos los asuntos que se hayan tramitado con anterioridad al periodo de contingencia, a partir del punto en que se suspendieron, pero no se reiniciarán los plazos respectivos, para lo cual, en el caso concreto, dicha continuación de plazos entrará en vigor hasta en tanto se notifique a las partes la nueva fecha que se señale para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se levanta la suspensión decretada de este asunto y se provee lo conducente para su debida integración. Ahora bien, del estado de autos, se advierte que el veintinueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, cumpliendo parcialmente el requerimiento que le fue formulado y se le instó, para que hiciera del conocimiento de este juzgado si ya cerró la etapa de instrucción en el expediente laboral **/2017. Empero, el oficio girado a dicha autoridad, no ha sido entregado, como se puntualizó en la certificación de cuenta, ante la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, que inició el treinta y uno de octubre del año en curso con motivo de la emergencia sanitaria que aún persiste. Por lo tanto, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita, para que entregue el oficio relativo a tal auto, a dicha autoridad, digitalice las constancias de donde ello se advierta, las glose al presente expediente e ingrese su digitalización al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el fin de respetar los derechos procesales de cada una de las partes en este juicio de amparo. Ello, una vez que la referida autoridad reanude labores, pues como se colige del oficio JE55/1279/2020, suscrito por la Presidenta de la Junta responsable local, que obra en el cuadernillo administrativo de este juzgado, con que se dio cuenta, las medidas de emergencia de dicha dependencia se extendieron del tres al quince de diciembre de dos mil veinte; mientras que del dieciséis y hasta el treinta y uno de diciembre, comprenderá su periodo vacacional. A fin de dar margen a lo anterior, se señalan las nueve horas con treinta minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dada la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2, que aún persiste, de conformidad como se establece en el numeral 28, fracción III, y 30, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, notifíquese al tercero **, mediante oficio que se envíe de la siguiente forma: Autoridades Correo electrónico ** ** En el entendido de que, dicha parte, deberá confirmar la recepción de la notificación correspondiente, en un plazo de dos días, contados a partir de que el correo electrónico se les envíe, a través de la dirección electrónica desde el cual se le remita, esto es, el correspondiente a la Actuaria Judicial adscrita, o vía telefónica con dicha funcionaria o con la Secretaria adscrita, y en caso de no hacerlo, la notificación se tendrá por hecha y surtirá efectos una vez que dicho término concluya. Esto, conforme a los artículos 30, fracción I y 31, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados por analogía. Notifíquese por lista electrónica; y mediante oficios a las autoridades con el carácter de responsable y de tercero interesada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

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