Alma Leticia Carmona Roblero

Expediente 933/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
933/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Alma Leticia Carmona Roblero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 248 a la 252), en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA S.U.D.T.A.S.D.M.D.T.G.C. EL SIGUIENTE PROVEIDO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que mediante proveído de catorce de agosto julio de dos mil dieciocho, se tuvo por rendido el informe justificado de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, del contenido del citado informe se advierte que la autoridad responsable mediante auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 85/A/2016, del índice de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se señalaron las diez horas del veintisiete de septiembre en curso, para el desahogo de la inspección ocular. Documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En tal virtud, si del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "[.] ACTO RECLAMADO: La falta u omisión del dictado de laudo en el expediente laboral número ****, juicio promovido por el suscrito en contra de la demandada H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y/o Sindicato único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y/o quien resulte responsable de dicha fuente de trabajo, no obstante de que con fecha 16 de octubre del 2017, se celebró dentro del juicio ordinario la audiencia de pruebas, alegatos y resolución prevista en el artículo 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas [.]". En el caso, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º. Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por regla general es notoriamente improcedente el juicio de amparo promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que -por regla general- la actual no afecta materialmente derechos sustantivos; excepción hecha de los asuntos en que el contenido de la demanda se advierta una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio. En ese contexto, del ocurso de cuenta se advierte que el solicitante de amparo se duele de la dilación en el juicio laboral de origen, dado que el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete se cerró la instrucción en el juicio de referencia, sin que a la fecha se haya dictado el laudo en el supracitado juicio laboral. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la dilación procesal dentro del expediente ****, del índice de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, que en esencia se traduce en que, no obstante que desde el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete se cerró la instrucción, no se ha emitido el laudo correspondiente; omisión que no constituye para el peticionario de amparo una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. En efecto, debido a que con esa dilación procesal no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, máxime a que nada practico conduciría continuar con el trámite del juicio de amparo, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el retraso en el juicio de origen; sin embargo, estos efectos no son de imposible reparación, en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo anterior, considerando que la omisión reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el proceso de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto, en atención a que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el retraso en el propio juicio natural; sin embargo, estos efectos no son de imposible reparación, en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la omisión reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. Además, se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación procesal o que el procedimiento se encuentre totalmente paralizado; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Lo anterior es así, porque los preceptos de la de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, que contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "ARTÍCULO 95.- el procedimiento para resolver las controversias que se sometan al tribunal consistirá en: I. la presentación de la demanda que deberá hacerse por escrito; II. acuerdo de admisión o aclaración en su caso y orden de traslado a la parte demandada. III. la contestación de la demanda. IV. audiencia de pruebas y alegatos. V. resolución. (.)". ARTÍCULO 154.- antes de pronunciarse el laudo, los magistrados representantes podrán solicitar mayor información para mejor proveer, en cuyo caso el tribunal acordara la práctica de las diligencias necesarias. El tribunal deberá emitir el laudo o resolución en un plazo que no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir del desahogo de la última prueba". El primero de los artículos transcritos prevé que la resolución o laudo por parte de la Primera Sala del Tribunal de Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado deberá emitirse dentro de la audiencia de Ley, conocida como audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en cuanto estipula que en el procedimiento respectivo se celebrará una sola audiencia, en la que se recibirán las pruebas, alegatos y se pronunciará la resolución, salvo cuando a juicio del tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo. El segundo precepto dispone que antes de pronunciarse el laudo, los magistrados representantes podrán solicitar mayor información para mejor proveer, en cuyo caso acordarán la práctica de las diligencias necesarias, debiendo emitirse el laudo o resolución en un plazo que no podrá exceder de sesenta días contados a partir del momento en que se desahogue la última prueba prevista en el artículo 154 de esta ley. Así, el análisis de los preceptos invocados permite colegir que los laudos que emite el tribunal burocrático deben emitirse, por regla general, en el acto de la audiencia de ley, salvo las excepciones siguientes: a) Cuando a juicio del tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo correspondiente (artículo 154). b) Cuando los magistrados representantes de las partes estimen necesario solicitar mayor información para mejor proveer, en cuyo caso el tribunal acordará la práctica de las diligencias necesarias (artículo 154). De igual forma, la intelección de tales preceptos permite afirmar que cuando se actualice alguna de las excepciones citadas, el tribunal deberá emitir el laudo en un plazo que no podrá exceder de sesenta días, contados a partir de que se desahogue la última prueba, prevista en el citado artículo 154 de la ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. Al respecto, conviene puntualizar que ese plazo extraordinario únicamente opera cuando adquieran vigencia dichas circunstancias de excepción, ya que en caso contrario, se reitera, por regla general, el laudo debe emitirse en la propia audiencia. Por lo que reproducido el segundo recepto reproducido fija un término de sesenta días, para la discusión y aprobación del proyecto del laudo, mismo que empezará a correr a partir del desahogo de la última prueba. En tales condiciones, si bien del contenido de la demanda de cuenta se desprende que con fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete se cerró la instrucción en el juicio laboral de origen, sin embargo, de las constancias remitidas en el informe justificados, se advierte que con fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se señalaron las diez horas del veintisiete de septiembre en curso, para el desahogo de la inspección ocular, es claro, que aún no transcurren el plazo previsto en el artículo 154de la Ley del Servicio Civil Federal del Trabajo. No se soslaya que la omisión de dictar el laudo en un juicio laboral, es un acto de imposible reparación, en atención a la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." (2a./J.8/2004, S.J.F. y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, página 226, Registro 182160); sin embargo, se reitera, en el caso que nos ocupa no ha transcurrido el plazo que establecen el artículo 154 de Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, para el dictado de la resolución y así estar en posibilidad de instar el juicio de amparo, tal como quedó analizado en párrafos precedentes. De ahí que es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; conduce a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por otra parte, no pasa desapercibido el hecho de que aún no ha transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado rendido en esta propia data, lo anterior, toda vez que el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca. En tal virtud, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del trece de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada y agente del ministerio público federal adscrita y por oficio al diverso tercero interesado y autoridad responsable.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los cuales se advierte que no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, durante el cual debe hacerse del conocimiento de las partes el contenido del informe justificado rendido en auto, mismo que fue agregado en proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho (foja 244). En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Tiene aplicación la jurisprudencia 21/2008 , del texto y rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL SIGUIENTE PROVEIDO: S.U.D.T.S.M.T.G. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 5°, 33, fracción IV, 35 y 37, 107, 112, 115, 117, 125, 142, 147 de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo que promueve ************, contra actos de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 933/2018-III. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese este juicio sin incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente la suspensión del acto reclamado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. No habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http: www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a la responsable rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rinda oportunamente dicho informe, se hará acreedor a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado remita copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. Ahora bien tomando en consideración que mediante circular TTB/SGA/07/2018 de once de julio de dos mil dieciocho, el Secretario General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad informó que el primer periodo vacacional correspondiente al dos mil dieciocho, comprende del diecisiete de julio al tres de agosto del año en curso. Por tanto, instrúyase al actuario de referencia para que se constituya en el domicilio que ocupa la responsable, de nueva cuenta el primer día hábil en que regrese de vacaciones. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad; y, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, ya que pese a que ninguna de ellas cuenta con la inscripción de sus cédulas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve este juicio, no se hace necesaria tal situación. TERCERO INTERESADO Con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo, mediante el oficio correspondiente, hágasele saber la promoción de este juicio de amparo al ************, residente en esta ciudad, señalado como tercero interesado en este juicio, remitiéndole para tal efecto copia de la demanda, para que con tal carácter se apersone al juicio, si así conviniere a sus intereses. Asimismo, se tiene como tercero interesado al ************; quien puede ser emplazado en el domicilio señalado en la demanda de amparo; en tal virtud, comisiónese al actuario judicial adscrito a fin de que lo emplace a juicio, corriéndole traslado con una copia autorizada de la demanda, para que pueda apersonarse, si conviene a sus intereses. Aunado a lo anterior, se les requiere para que dentro del término de tres días, contados a partir de su recibo, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo las que surjan dentro del procedimiento se les harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para ese fin; salvo el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso K. PRUEBAS Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecida la prueba documental que anexa al escrito inicial de demanda; asimismo, se tienen por anunciadas la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, en la forma y términos en que lo hace, sin perjuicio de relacionarlas en el acto de la audiencia constitucional. Respecto al ofrecimiento de la prueba documental pública consistente en las constancias que remita la autoridad responsable, dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que dichas pruebas son inherentes al informe justificado que en su caso enviará esa misma autoridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y tercero interesado ************; mediante oficio al diverso tercero interesado ************ y autoridad responsable

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