Alma Cristina Hernández Abadía
Expediente 877/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/10/2017
Partes del expediente
- Alma Cristina Hernández Abadía
- Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de Salud
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, tres de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Carlos Enrique Girogana Cruz, a quien faculta a firmar los oficios que se expiden, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese en el juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del juicio laboral *** Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de dictar la resolución interlocutoria relativa la incidente de competencia por declinatoria en el juicio laboral J****. Atento a ello, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 63, de la ley en la materia, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. Del primero de los numerales citados se desprende que el análisis de las causas de improcedencia es de oficio para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el segundo de dichos ordinales dispone que ante la inexistencia del acto reclamado debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1º, fracción I y 75, los cuales dicen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1º, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por lo que si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos numerales mencionados, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Ahora bien, del informe justificado rendido por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, así como de las actuaciones correspondientes al juicio laboral***, se advierte que el doce de julio de dos mil diecisiete, dicha autoridad dictó la resolución respectiva al incidente de competencia por declinatoria, en la cual se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto y ordenó remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que sea quien decida respecto de la autoridad que es competente para conocer de la controversia en cuestión. De lo que antecede, se desprende que la parte quejosa es parte actora en el juicio laboral de origen; asimismo, que la autoridad responsable el doce de julio de esta anualidad, emitió la resolución interlocutoria relativa al incidente de competencia por declinatoria en autos del juicio laboral ****. Así las cosas y en atención a que la demanda que originó el sumario constitucional en que se actúa, fue presentada el quince de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el acto tal y como fue reclamado por la solicitante de amparo, es decir, la omisión de la responsable de dictar la resolución interlocutoria relativa la incidente de competencia por declinatoria en el juicio laboral***, dicho acto omisivo es inexistente. Lo anterior es así, ya que resulta evidente que tal acto reclamado era atribuido a la falta de la resolución interlocutoria correspondiente, y ésta se dictó el doce de julio de dos mil diecisiete, es decir, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, de ahí que se estime que es coetáneo la existencia del acto que se le atribuye a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, pues de autos se advierte que éste no existió, mucho menos se puede considerar la vigencia de la omisión reclamada. Surtiéndose por ende la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta, por tanto, procede a SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, en la medida que el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del mismo y sus constancias que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Asimismo, no pasa inadvertido para este juzgador que la junta responsable envió el oficio correspondiente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, con fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, pues ello en nada afecta el acto que por esta vía constitucional se reclama, es decir, la omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de competencia por declinatoria en el juicio laboral***, la cual es inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo, por haberse dictado con anterioridad a ésta. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al tercero interesado *********************, con residencia en esta ciudad, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (fojas 34 a 36), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese a dicho tercero por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del dispositivo 26, fracción I, inciso k), de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al tercero interesado ******, con residencia en esta ciudad, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (fojas 34 a 36), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese a dicho tercero por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del dispositivo 26, fracción I, inciso k), de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.
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