Alma Cristina Hernández Abadía

Expediente 213/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
213/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
04/04/2019

Partes del expediente

  • Alma Cristina Hernández Abadía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes de conformidad con los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, la comunicación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia del oficio que giro al titular de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que remita el expediente original *********** con sello de recibo, dando cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 342 y 343). De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copia certificada remite, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; asimismo, el diverso informe agregado en auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, a fin de que se impongan de su contenido; y dése nueva cuenta con los mismos en la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copia certificada remite, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Tomando en consideración, que de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte la resolución dictada el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 335 a la 341), requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días, remita copia certificada con sello de recibido del oficio que giró a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en Comitán de Domínguez, Chiapas, en donde solicitó el expediente original ********** De igual manera, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en Comitán de Domínguez, Chiapas, para que dentro del mismo término concedido en párrafo que antecede, remita copia certificada con sello de recibido de la comunicación con la que envió el expediente original ************ a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá a cada una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el termino concedido a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, otorgado en auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se le requirió aclare su informe. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; por el cual pretende rendir el informe justificado requerido mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 9 a la 12). Sin embargo, de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, ordenó la competencia del expediente ********** a la primera de las citadas autoridades (fojas y de las constancias que remite la oficiante se desprende que mediante oficio ********* de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, informa que en oficio ********** ordenó remitir el expediente original *********** a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. En tal virtud, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días, aclare su informe justificado, resaltando a qué autoridad le correspondió conocer del juicio de origen ************ remitiendo copias certificadas en las que acredite dicha circunstancia, en las que incluya la resolución respectiva, de la que se advierta que quedó sin efecto la resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho referida en párrafo que antecede. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.

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