Alma Leticia Álvarez Cortéz
Expediente 259/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alma Leticia Álvarez Cortéz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintidós. ESTADO DE LOS AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la impresión con la que se da cuenta de la captura realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, correspondiente al juicio de amparo 696/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, de la cual se obtiene que el veintinueve de abril de dos mil veintiuno de recibió la estafeta en la que se envió el oficio al que se acompañó el original del cuaderno de amparo relativo al en que se actúa, con motivo de la incompetencia legal planteada por este tribunal; además, del mismo se desprende que el referido órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto; quien esto provee toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia con datos de identificación y contenido literal siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2017123 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Página: 10 HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3°, párrafo 8°, de la Ley de Amparo y 61, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes, certifica y hace constar que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda.... Vista la demanda de amparo promovida por Alma Leticia Álvarez Cortez y/o Alma Leticia Álvarez Cortés y/o Alma Leticia Álvarez de Tinoco, por propio derecho, contra actos del Congreso de la unión de los Estado Unidos Mexicanos y otras autoridades; ..... Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El proceso legislativo que culminó con la reforma y adición a los artículos 3, fracción V, XII y XIV; 4, fracciones I y VI,12, fracción I, 26, 35, párrafo primero 53, 101, 108, fracciones V y Vi y 126, así como la adición de la fracción XII bis al artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica; y, La aplicación de dichos preceptos Al respecto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, estima carecer de legal competencia, por razón de la materia, para conocer del mismo, ello en términos del ordinal 48 de la Ley de Amparo, ya que dicho acto reclamado corresponde conocer al Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno, a quien se declina la misma, de conformidad con las siguientes consideraciones. En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo se aprecia que Alma Leticia Álvarez Cortez y/o Alma Leticia Álvarez Cortés y/o Alma Leticia Álvarez de Tinoco por propio derecho, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con el servicio de energía eléctrica en su domicilio ubicado en calle Secretaría de Patrimonio Nacional número 54, colonia Cinco de Diciembre, en esta ciudad, ello bajo la modalidad de autogeneración, ya que aduce haber instalado paneles de captación solar que le convierten en energía eléctrica, de modo que al transformar energía solar en eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad le compensa lo que genera contra su consumo en dicho domicilio, motivo por el cual señala que el proceso legislativo que culminó con la reforma y adición a los artículos 3, fracción V, XII y XIV; 4, fracciones I y VI,12, fracción I, 26, 35, párrafo primero 53, 101, 108, fracciones V y Vi y 126, así como la adición de la fracción XII bis al artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, le genera afectación a su esfera de derechos pues dicho proceso legislativo ,modifica los mecanismos adjetivos y sustantivos de generación, cogeneración, autogeneración y titularidad de derechos sobre los bienes que producen energía eléctrica; lo cual constituye un acto en la materia de competencia económica en el sector de energía eléctrica, pues los actos encaminados a regular tarifas de energía eléctrica, emana de dicha materia, por tanto, corresponde a un órgano jurisdiccional especializado en materia de competencia económica. Evidentemente, mediante decreto publicado el once de junio de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas ellas en materia de competencia económica, derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo segundo transitorio de dicho decreto, el Consejo de la Judicatura Federal expidió el Acuerdo General 22/2013, en el que, entre otros puntos, estableció la creación de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, precisó que dichos órganos jurisdiccionales tendrían jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, en el mencionado acuerdo se especificó que no obstante que conocerían de materia administrativa, éstos estarían especializados en competencia económica, radiodifuhttp://sise.cjf.gob.mx/Sise/Images/Calendar_scheduleHS.pngsión y telecomunicaciones, empero, no se precisó que debía entenderse por tales materias. Debido a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 9/2016, señaló que no obstante que el Acuerdo General 22/2013, el Consejo de la Judicatura Federal no había precisado las definiciones de "competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones"; lo cierto era que la propia reforma constitucional de junio de dos mil trece revelaba qué debía entenderse por ellas y, de esta manera, conocer cuál era la materia reservada a la competencia de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Por ello, para dilucidar la cuestión expuesta, resulta necesario examinar los artículos 6 y 28 de la Constitución Federal, asimismo, no debe soslayarse que, para fijar competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, tal como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." En esas condiciones, la Segunda Sala del máximo tribunal del país estableció que, para que algún acto de autoridad sea examinado por los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es necesario que se colme alguno de los siguientes supuestos: La actuación impugnada constituya la decisión recaída a una solicitud de acceso a la información pública relacionada con temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.). Los actos u omisiones reclamados deriven de la actividad que desarrollan la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, además, versen sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, la libre competencia y concurrencia, así como la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Aunado a lo anterior, precisó que en un proceso de competencia económica se involucra la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios, mientras que un conflicto de libre concurrencia se relaciona con el libre acceso de consumidores y productores en un mercado de condiciones de igualdad. Finalmente, la Segunda Sala puntualizó que cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la responsable como la del acto reclamado sean administrativas, corresponde conocer del asunto a un órgano jurisdiccional en materia administrativa (genérico). Tales consideraciones están reflejadas en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, página 1092 -obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo , que expresa: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.), cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado. Ahora, en el caso que nos ocupa, no se desconoce que los actos reclamados no fueron emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica, o que no se trate de actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, empero, el acto reclamado se relaciona con las tarifas del suministro de energía eléctrica, tópico respecto del cual se surte la competencia a favor de dichos tribunales especializados, tal como lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 123/2019, de rubro y texto siguiente: ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA ACTOS QUE REGULEN TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMO SUCEDE CON EL ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA NÚMERO A/058/2017. La reforma constitucional en materia de energía contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y la legislación que de ésta derivó tienen, entre otros objetivos, crear las condiciones que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados en ese sector. Por tanto, de los juicios de amparo o sus recursos promovidos contra actos encaminados a regular tarifas de energía eléctrica, tal como ocurre con el Acuerdo Número A/058/2017 de la Comisión Reguladora de Energía aprobado el 23 de noviembre de 2017, por el que se expidió la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, aplicables a la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, durante el periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, deben conocer los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, porque establece la metodología para calcular las tarifas finales y de operación aplicables a dicha empresa productiva, lo que está orientado a transitar de manera ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo, impactando en el derecho de competencia económica, ya que si bien en el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica no se otorgan concesiones, ello es sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares y que éstos participen en otras áreas de dicha industria, como sucede con la generación y comercialización, cuyos servicios, de conformidad con el artículo 4, primer párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica, se prestan en un régimen de libre competencia. Dicho criterio establece que si bien el Estado es el encargado de la transmisión y distribución de energía eléctrica, se reconoce la participación de terceros en la cadena de valor de la industria eléctrica, pues aunque el Estado no otorga concesiones para tal fin, éste sí puede celebrar contratos con particulares y que éstos participen en otras áreas de esa industria, como sucede con la generación y comercialización, servicios los cuales se prestan en un régimen de libre competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, primer párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica. Por ello, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado no es óbice que el acto no se haya reclamado a la Comisión Federal de Competencia Económica, ya que el proceso legislativo que culminó con la reforma y adición a los artículos 3, fracción V, XII y XIV; 4, fracciones I y VI,12, fracción I, 26, 35, párrafo primero 53, 101, 108, fracciones V y Vi y 126, así como la adición de la fracción XII bis al artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, incide en la normativa que busca alcanzar la competencia en el sector energético eléctrico; y, por ende, a la luz del contenido material de ese acto, es que se define la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados, con independencia de la autoridad administrativa a que se atribuya. Por ello, con fundamento en los supuestos establecidos en las jurisprudencias 2a./J. 119/2015 y 2a./J. 123/2019 y, en el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, resulta inconcuso que la competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, se sirva determinar si, conforme a lo precisado en el presente auto, el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, tenga a bien acusar el recibo correspondiente. Con copia las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. Autorizados de la parte quejosa. Asimismo, se le tiene designando a Brandon Hassany de la Sancha Flores, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que de la búsqueda que se realizó en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, mientras que Marco Antonio Tinoco Álvarez únicamente para imponerse de autos, recibir notificaciones y recoger documentos, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notificación a la parte promovente. A fin de llevar a cabo la notificación de este proveído, se conmina a los actuarios de la adscripción, a fin de que tales diligencias se realicen tomando en consideración los lineamientos a que se refiere el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico la fracción IV, del numeral 2, que resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, mismo que señala: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: (.) IV. El emplazamiento en los juicios nuevos que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el 1 de octubre de 2020". Así como las disposiciones de dicho acuerdo plenario contenidas en el diverso artículo 23, que determina lo siguiente: "Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma". Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud tanto de las partes, como del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. Consulta en línea del expediente. Se exhorta a las partes intervinientes en este asunto (contendientes, terceros y auxiliares), a que las consultas y promociones se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia...
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MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda.... Vista la demanda de amparo promovida por Alma Leticia Álvarez Cortez y/o Alma Leticia Álvarez Cortés y/o Alma Leticia Álvarez de Tinoco, por propio derecho, contra actos del Congreso de la unión de los Estado Unidos Mexicanos y otras autoridades; ..... Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El proceso legislativo que culminó con la reforma y adición a los artículos 3, fracción V, XII y XIV; 4, fracciones I y VI,12, fracción I, 26, 35, párrafo primero 53, 101, 108, fracciones V y Vi y 126, así como la adición de la fracción XII bis al artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica; y, La aplicación de dichos preceptos Al respecto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, estima carecer de legal competencia, por razón de la materia, para conocer del mismo, ello en términos del ordinal 48 de la Ley de Amparo, ya que dicho acto reclamado corresponde conocer al Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno, a quien se declina la misma, de conformidad con las siguientes consideraciones. En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo se aprecia que Alma Leticia Álvarez Cortez y/o Alma Leticia Álvarez Cortés y/o Alma Leticia Álvarez de Tinoco por propio derecho, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con el servicio de energía eléctrica en su domicilio ubicado en calle Secretaría de Patrimonio Nacional número 54, colonia Cinco de Diciembre, en esta ciudad, ello bajo la modalidad de autogeneración, ya que aduce haber instalado paneles de captación solar que le convierten en energía eléctrica, de modo que al transformar energía solar en eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad le compensa lo que genera contra su consumo en dicho domicilio, motivo por el cual señala que el proceso legislativo que culminó con la reforma y adición a los artículos 3, fracción V, XII y XIV; 4, fracciones I y VI,12, fracción I, 26, 35, párrafo primero 53, 101, 108, fracciones V y Vi y 126, así como la adición de la fracción XII bis al artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, le genera afectación a su esfera de derechos pues dicho proceso legislativo ,modifica los mecanismos adjetivos y sustantivos de generación, cogeneración, autogeneración y titularidad de derechos sobre los bienes que producen energía eléctrica; lo cual constituye un acto en la materia de competencia económica en el sector de energía eléctrica, pues los actos encaminados a regular tarifas de energía eléctrica, emana de dicha materia, por tanto, corresponde a un órgano jurisdiccional especializado en materia de competencia económica. Evidentemente, mediante decreto publicado el once de junio de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas ellas en materia de competencia económica, derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo segundo transitorio de dicho decreto, el Consejo de la Judicatura Federal expidió el Acuerdo General 22/2013, en el que, entre otros puntos, estableció la creación de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, precisó que dichos órganos jurisdiccionales tendrían jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, en el mencionado acuerdo se especificó que no obstante que conocerían de materia administrativa, éstos estarían especializados en competencia económica, radiodifuhttp://sise.cjf.gob.mx/Sise/Images/Calendar_scheduleHS.pngsión y telecomunicaciones, empero, no se precisó que debía entenderse por tales materias. Debido a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 9/2016, señaló que no obstante que el Acuerdo General 22/2013, el Consejo de la Judicatura Federal no había precisado las definiciones de "competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones"; lo cierto era que la propia reforma constitucional de junio de dos mil trece revelaba qué debía entenderse por ellas y, de esta manera, conocer cuál era la materia reservada a la competencia de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Por ello, para dilucidar la cuestión expuesta, resulta necesario examinar los artículos 6 y 28 de la Constitución Federal, asimismo, no debe soslayarse que, para fijar competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, tal como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." En esas condiciones, la Segunda Sala del máximo tribunal del país estableció que, para que algún acto de autoridad sea examinado por los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es necesario que se colme alguno de los siguientes supuestos: La actuación impugnada constituya la decisión recaída a una solicitud de acceso a la información pública relacionada con temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.). Los actos u omisiones reclamados deriven de la actividad que desarrollan la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, además, versen sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, la libre competencia y concurrencia, así como la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Aunado a lo anterior, precisó que en un proceso de competencia económica se involucra la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios, mientras que un conflicto de libre concurrencia se relaciona con el libre acceso de consumidores y productores en un mercado de condiciones de igualdad. Finalmente, la Segunda Sala puntualizó que cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la responsable como la del acto reclamado sean administrativas, corresponde conocer del asunto a un órgano jurisdiccional en materia administrativa (genérico). Tales consideraciones están reflejadas en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, página 1092 -obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo , que expresa: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.), cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado. Ahora, en el caso que nos ocupa, no se desconoce que los actos reclamados no fueron emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica, o que no se trate de actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, empero, el acto reclamado se relaciona con las tarifas del suministro de energía eléctrica, tópico respecto del cual se surte la competencia a favor de dichos tribunales especializados, tal como lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 123/2019, de rubro y texto siguiente: ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA ACTOS QUE REGULEN TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMO SUCEDE CON EL ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA NÚMERO A/058/2017. La reforma constitucional en materia de energía contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y la legislación que de ésta derivó tienen, entre otros objetivos, crear las condiciones que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados en ese sector. Por tanto, de los juicios de amparo o sus recursos promovidos contra actos encaminados a regular tarifas de energía eléctrica, tal como ocurre con el Acuerdo Número A/058/2017 de la Comisión Reguladora de Energía aprobado el 23 de noviembre de 2017, por el que se expidió la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, aplicables a la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, durante el periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, deben conocer los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, porque establece la metodología para calcular las tarifas finales y de operación aplicables a dicha empresa productiva, lo que está orientado a transitar de manera ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo, impactando en el derecho de competencia económica, ya que si bien en el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica no se otorgan concesiones, ello es sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares y que éstos participen en otras áreas de dicha industria, como sucede con la generación y comercialización, cuyos servicios, de conformidad con el artículo 4, primer párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica, se prestan en un régimen de libre competencia. Dicho criterio establece que si bien el Estado es el encargado de la transmisión y distribución de energía eléctrica, se reconoce la participación de terceros en la cadena de valor de la industria eléctrica, pues aunque el Estado no otorga concesiones para tal fin, éste sí puede celebrar contratos con particulares y que éstos participen en otras áreas de esa industria, como sucede con la generación y comercialización, servicios los cuales se prestan en un régimen de libre competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, primer párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica. Por ello, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado no es óbice que el acto no se haya reclamado a la Comisión Federal de Competencia Económica, ya que el proceso legislativo que culminó con la reforma y adición a los artículos 3, fracción V, XII y XIV; 4, fracciones I y VI,12, fracción I, 26, 35, párrafo primero 53, 101, 108, fracciones V y Vi y 126, así como la adición de la fracción XII bis al artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, incide en la normativa que busca alcanzar la competencia en el sector energético eléctrico; y, por ende, a la luz del contenido material de ese acto, es que se define la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados, con independencia de la autoridad administrativa a que se atribuya. Por ello, con fundamento en los supuestos establecidos en las jurisprudencias 2a./J. 119/2015 y 2a./J. 123/2019 y, en el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, resulta inconcuso que la competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, se sirva determinar si, conforme a lo precisado en el presente auto, el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, tenga a bien acusar el recibo correspondiente. Con copia las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. Autorizados de la parte quejosa. Asimismo, se le tiene designando a Brandon Hassany de la Sancha Flores, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que de la búsqueda que se realizó en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, mientras que Marco Antonio Tinoco Álvarez únicamente para imponerse de autos, recibir notificaciones y recoger documentos, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notificación a la parte promovente. A fin de llevar a cabo la notificación de este proveído, se conmina a los actuarios de la adscripción, a fin de que tales diligencias se realicen tomando en consideración los lineamientos a que se refiere el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico la fracción IV, del numeral 2, que resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, mismo que señala: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: (.) IV. El emplazamiento en los juicios nuevos que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el 1 de octubre de 2020". Así como las disposiciones de dicho acuerdo plenario contenidas en el diverso artículo 23, que determina lo siguiente: "Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma". Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud tanto de las partes, como del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. Consulta en línea del expediente. Se exhorta a las partes intervinientes en este asunto (contendientes, terceros y auxiliares), a que las consultas y promociones se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia...
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