Alma Gabriela Maulion Robles
Expediente 54/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alma Gabriela Maulion Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Parte quejosa hace manifestaciones y deberá estarse a lo acordado. Visto el escrito de cuenta que suscribe Ricardo Guzmán Mercado, autorizado del quejoso, mediante el cual manifiesta que la autoridad responsable y la Secretaría de Educación del Estado (autoridad demandada en el juicio laboral de origen), no han cumplido la sentencia de amparo, ni mucho menos el laudo y que por ese motivo no puede tener por cumplida la ejecutoria. Al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de cinco de enero de este año, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se atendieron las manifestaciones que nuevamente expone en su ocurso de cuenta, señalando los motivos legales por los cuales no era factible proceder en los términos que pretende la parte quejosa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ALMA GABRIELA MAULIÓN ROBLES, contra actos de la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Previo requerimiento formulado a la responsable, por oficio presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, siguiendo los lineamientos establecidos en la ley de la materia, en caso de no haber instado sobre el cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral 555/2014, provea lo que conforme a derecho corresponda." El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fecha de doce de diciembre de dos mil veintidós, emitió un proveído en donde para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Se requirió al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación para que informara sobre las gestiones administrativas realizadas a efecto de dar cumplimiento con el laudo, esto es, sobre el otorgamiento de la clave presupuestal y la entrega del Formato Único de Personal a favor de la trabajadora actora; así como el pago de la cantidad adeudada $272,000.000 (doscientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n); y, - Formuló apercibimiento legal a las demandadas. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa. Por otra parte, en torno al escrito de cuenta presentado por el autorizado de la quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó dar con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que señala que la autoridad no ha dado cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen, ya que no se le ha otorgado el formato único de personal, la clave presupuestal, ni se le ha pagado el monto condenado en el laudo, por lo que solicita que se requiera a la responsable para que a su vez requiera el cumplimiento del laudo. Al respecto, dígase a la parte quejosa que no procede requerir a la responsable para ese fin, toda vez que la concesión del amparo fue muy específica y se delimitó únicamente a que se proveyera lo que conforme a derecho corresponda para el cumplimiento del laudo, más no que tuviera que vigilar actos subsecuentes a los ordenados, máxime que esa actuación de vigilar la entrega del formato único de persona, clave presupuestal y pago del monto laudado, será en función del cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen, como ya lo hizo a través de su acuerdo dictado el doce de diciembre de dos mil veintidós, donde requirió a la autoridad demandada para que en el término otorgado y con el apercibimiento legal formulado, le informe sobre las gestiones para cumplir con el laudo en el juicio de origen. Por tanto, no procede requerir a la responsable en los términos que solicita la parte quejosa, ya que se estaría requiriendo diversos aspectos que no fueron materia de la ejecutoria de amparo y ésta no puede abarcar actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse; aunado a que, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo no puede abarcar a cada uno de los actos que se realicen para llevar a cabo el cumplimiento del laudo, ya que ese procedimiento de la fase ejecutiva de laudo, se encuentra vinculado a las propias disposiciones legales que la ley que rige el acto reclamado establece, ya que de no hacerlo así, significaría inobservar ordenamientos legales y principios que rigen en materia laboral, así como los plazos y fases legales correspondientes, vulnerando la garantía de audiencia de las partes. De donde se colige que, de actuar más allá del lineamiento específico dado en la sentencia (proveer lo que conforme a derecho proceda para al cumplimiento del laudo), se estaría inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; ya que de haber existido alguna inconformidad de la parte quejosa en relación a los efectos y alcances del amparo concedido, tuvo a su alcance los medios legales para impugnar esa determinación y como no lo hizo, causó ejecutoria y se requirió a las responsables para que cumplieran con la misma, en los términos en que fue dictado el fallo protector. Orienta a lo anterior, las siguientes jurisprudencias: Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772 Tipo: Jurisprudencia "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Registro digital: 2000011 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771 Tipo: Jurisprudencia "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ALMA GABRIELA MAULIÓN ROBLES, contra actos de la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Previo requerimiento formulado a la responsable, por oficio presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, siguiendo los lineamientos establecidos en la ley de la materia, en caso de no haber instado sobre el cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral 555/2014, provea lo que conforme a derecho corresponda." El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fecha de doce de diciembre de dos mil veintidós, emitió un proveído en donde para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Se requirió al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación para que informara sobre las gestiones administrativas realizadas a efecto de dar cumplimiento con el laudo, esto es, sobre el otorgamiento de la clave presupuestal y la entrega del Formato Único de Personal a favor de la trabajadora actora; así como el pago de la cantidad adeudada $272,000.000 (doscientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n); y, - Formuló apercibimiento legal a las demandadas. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa. Por otra parte, en torno al escrito de cuenta presentado por el autorizado de la quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó dar con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que señala que la autoridad no ha dado cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen, ya que no se le ha otorgado el formato único de personal, la clave presupuestal, ni se le ha pagado el monto condenado en el laudo, por lo que solicita que se requiera a la responsable para que a su vez requiera el cumplimiento del laudo. Al respecto, dígase a la parte quejosa que no procede requerir a la responsable para ese fin, toda vez que la concesión del amparo fue muy específica y se delimitó únicamente a que se proveyera lo que conforme a derecho corresponda para el cumplimiento del laudo, más no que tuviera que vigilar actos subsecuentes a los ordenados, máxime que esa actuación de vigilar la entrega del formato único de persona, clave presupuestal y pago del monto laudado, será en función del cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen, como ya lo hizo a través de su acuerdo dictado el doce de diciembre de dos mil veintidós, donde requirió a la autoridad demandada para que en el término otorgado y con el apercibimiento legal formulado, le informe sobre las gestiones para cumplir con el laudo en el juicio de origen. Por tanto, no procede requerir a la responsable en los términos que solicita la parte quejosa, ya que se estaría requiriendo diversos aspectos que no fueron materia de la ejecutoria de amparo y ésta no puede abarcar actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse; aunado a que, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo no puede abarcar a cada uno de los actos que se realicen para llevar a cabo el cumplimiento del laudo, ya que ese procedimiento de la fase ejecutiva de laudo, se encuentra vinculado a las propias disposiciones legales que la ley que rige el acto reclamado establece, ya que de no hacerlo así, significaría inobservar ordenamientos legales y principios que rigen en materia laboral, así como los plazos y fases legales correspondientes, vulnerando la garantía de audiencia de las partes. De donde se colige que, de actuar más allá del lineamiento específico dado en la sentencia (proveer lo que conforme a derecho proceda para al cumplimiento del laudo), se estaría inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; ya que de haber existido alguna inconformidad de la parte quejosa en relación a los efectos y alcances del amparo concedido, tuvo a su alcance los medios legales para impugnar esa determinación y como no lo hizo, causó ejecutoria y se requirió a las responsables para que cumplieran con la misma, en los términos en que fue dictado el fallo protector. Orienta a lo anterior, las siguientes jurisprudencias: Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772 Tipo: Jurisprudencia "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Registro digital: 2000011 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771 Tipo: Jurisprudencia "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.********************Autoridad responsable informa cumplimiento********************Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia autorizada del acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número ********************, donde requirió al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación para que le informe sobre las gestiones administrativas realizadas a efecto de dar cumplimiento al laudo, esto es, la ratificación del otorgamiento de la clave presupuestal, entrega del Formato único de Personal a favor de la trabajadora actora y el pago de la cantidad adeudada.********************Vista a la parte quejosa.********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector.********************Notifíquese personalmente.******************** ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Alma Delia Pérez Gutiérrez283/2023
- Alma Delia Ramírez Mata424/2018
- Alma Diana Balcazar Bernal985/2016
- Alma Dolores Castillo Sánchez1112/2017
- Alma Dolores Castillo Sánchez915/2018
- Alma Dolores Castillo Sánchez1311/2019
- Alma Gabriela Maulión Robles951/2021
- Alma Guadalupe Herrera Gonzalez1057/2023
- Alma Guadalupe Herrera González1010/2023
- Alma Karina Martínez Palomares139/2017
- Alma Leticia Álvarez Cortéz259/2021
- Alma Lidia Rosales López835/2023