Alma Morelia Cornejo Díaz

Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
340/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Alma Morelia Cornejo Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el Artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que mediante sentencia de dos de julio de dos mil veintiuno, se SOBRESEYÓ el juicio de amparo; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.svm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dos de julio de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por Alma Morelia Cornejo Díaz; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 340/2021, promovido por Alma Morelia Cornejo Díaz, contra actos del Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, Número 1, con sede en Charo, Michoacán, y otra autoridad. R E S U L T A N D O Mediante escrito presentado en línea el veinte de abril de dos mil veintiuno, Julio César Reyes Calderón, promovió demanda de amparo en favor de Alma Morelia Cornejo Díaz, contra la autoridad y por los actos que a continuación se trascriben: ".Acto reclamado.- Lo constituye los golpes, azotes, incomunicación, tratos crueles, inhumanos y degradantes que actualmente sufre ALMA MORELIA CORNEJO DÍAZ, los cuales están prohibidos por el artículo 22 constitucional II.- La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible.- Estimo que el acto de autoridad fue ordenado por el Director del Centro Penitenciario par Delitos de Alto Impacto, número 1 uno. III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto.- Estimo que quien está ejecutando el acto de autoridad, lo es el Jefe de Seguridad de la sección Femenil del Centro Penitenciario para Delitos de Alto Impacto número 1." SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por presentada la demanda, ordenando ratificar la demanda por la parte quejosa, lo que sucedió ese mismo día, consecuentemente, en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con la misma con el número de expediente 340/2021; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención que legalmente le compete a la representante social de la Federación de esta adscripción, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados solicitando el informe respectivo, y se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden penal circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos; de ahí se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables, sustancialmente consisten en: 1.- Que se mantenga castigada a la quejosa directa, esto es, incomunicada y/o segregada 2.- Que sea víctima de golpes, azotes, tratos crueles, inhumanos, degradantes y sin recibir alimentos. 3.- Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán, y demás autoridades al rendir su informe justificado negaron los actos reclamados. Además, la inexistencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del Acta de sesión extraordinaria del Comité Técnico de doce de abril de dos mil veintiuno, tarjeta informativa de diez de abril de dos mil veintiuno suscrita por la Oficial de Seguridad Femenil de la Tercera Compañía del Centro Penitenciario de Alta Seguridad Para Delitos de Alto Impacto, Número 1 y certificado de integridad corporal, firmado por el Doctor Carlos Garibay Peñaloza, de los cuales se desprende lo siguiente: Que en la tarjeta informativa de diez de abril de dos mil veintiuno, la Oficial de Seguridad Femenil Irma Rodríguez Pérez dio parte a la comandancia con lo ocurrido ese día, en el sentido de que siendo aproximadamente las 16;00 horas, su compañera oficial Dulce Carrasco García se encontraba de servicio en el Modulo B, y solicitó apoyo para realizar revisión corporal a las personas que cruzaban por los pasillos, por lo que al dirigirse a revisar a la persona privada de la libertad de nombre Alma Morelia Cornejo Díaz, se mostró nerviosa cuestionado por qué a ella, que al proseguir con la revisión se encontró en su ombligo un envoltorio blanco el cual de inmediato escondió en su ropa interior metiendo su mano en la parte intima, diciendo que no era nada, por lo que solicitó apoyo a la Encargada de Seguridad Femenil y al subir a la estancia de la encargada la privada de su libertad Alma Morelia Cornejo Díaz, dejó caer en las escaleras un envoltorio pequeño blanco que contenía en su interior una sustancia cristalina granulada. Por lo que llegada la hora de cierre de las estancias, se procedió a reubicar a la personal privada de su libertad en el área de ingresos quedando en la estancia 4. Al momento de ser trasladada se mostró con actitud retadora, refiriéndose al personal de seguridad con insultos y lenguaje verbal altisonante. Asimismo, del acta de sesión extraordinaria del Comité Técnico de doce de abril de dos mil veintiuno, se desprende que se aprobó por unanimidad la medida de vigilancia especial impuesta a la aquí quejosa, por haber cometido una falta disciplinaria grave, y no como sanción disciplinaria, para la observación de su conducta, por ser considerada un área de mayor seguridad; además, se señaló que en el área donde fue remitida la quejosa tiene en todo momento y las veces que así lo amerite, a su defensor, al Organismo de Derechos Humanos, atención médica y a las actividades que ofrece dicho centro de reclusión como lo es el área educativa, laboral, psicológica, entre otras, además de contar con los servicios de agua, baño, luz natural y artificial. Finalmente obra el certificado de integridad corporal firmado por el Doctor Carlos Garibay Peñaloza, el once de abril de dos mil veintiuno, del que advierte que es una paciente clínicamente sana, con lesiones que no comprometen la vida ni la función de algún órgano. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De ahí que, válidamente puede colegirse que no existen los actos reclamados. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, y dada la falta de pruebas por parte de la quejosa que demostrara la existencia de incomunicación, segregación, actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, por parte de las autoridades responsables, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a las autoridades aquí precisadas. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53 "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. También es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284". En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la quejosa, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes señalados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Consecuentemente, lo que procede es SOBRESEER el presente juicio de amparo promovido por Alma Morelia Cornejo Díaz, por los motivos antes expuestos. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alma Morelia Cornejo Díaz, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintiuno. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, con los que las autoridades que los suscriben rinden informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.svm

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