Alma Georgina Reyes Ruiz
Expediente 502/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alma Georgina Reyes Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós.****************************************Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.******************** ******************** ********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.****************************************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.****************************************Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la responsable.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se ordena agregar sin hacer mayor pronunciamiento los oficios que rinden el Director y Subdirector de Asuntos Constitucionales, Legales y Amparos de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, toda vez que el siete de los actuales se resolvió en definitiva el presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del siete de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-502/2022-O, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con las constancias del presente asunto y hace constar que se encuentra debidamente integrado para resolver. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales aportadas por la parte quejosa y por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en representación del Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en representación del Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluído el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Alma Georgina Reyes Ruíz por su propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Gobernador del Estado de Michoacán; 2. Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán; y, 3. Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán. Acto reclamado: La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el veintiocho de abril de dos mil veintidós, por los que se solicitó la realización del trámite administrativo para otorgamiento de base por muerte de trabajador. Segundo. Admisión. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado se atribuye a las autoridades con residencia en esta ciudad, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el veintiocho de abril de dos mil veintidós, por la quejosa Alma Georgina Reyes Ruíz, mediante los cuales solicitó la realización del trámite administrativo correspondiente para otorgamiento de base por muerte de su progenitor. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en representación del Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, al momento de rendir su informe justificado señaló que es cierto el derecho de petición ejercido por la parte quejosa, sin embargo, que por oficio de trece de mayo de dos mil veintidós se dio respuesta a la solicitud respectiva. Lo anterior se corrobora con las documentales remitidas por la responsable en cita, las cuales adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. Improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, al momento de promover la demanda de amparo (once de mayo de dos mil veintidós) se aprecia que existía la omisión reclamada consistente la falta de respuesta a los escritos presentados el veintiocho de abril de dos mil veintidós, por los que Alma Georgina Reyes Ruíz solicitó en el mismo sentido la realización del trámite administrativo para otorgamiento de base por muerte de su progenitor. Sin embargo, por oficio sin número de trece de mayo de dos mil veintidós, el Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, dio contestación a la petición realizada en el mismo sentido al Ejecutivo Estatal Secretaría de Cultura y Dirección de Recursos Humanos, en los siguientes términos: ".Ahora bien y derivado de lo anterior, me permito informar a usted; que después de realizar una búsqueda en la base de datos que se lleva en esta Dirección de Recursos Humanos, se encontró el expediente del C. Francisco Javier Reyes García, del cual no se encuentra designación de beneficiarios, respecto de plaza, sin embargo, también le informo, que se encuentra en trámite el procedimiento laboral P.E. 11/2018, promovido por la ocursante, y en fecha veintiocho de abril del año en curso, se llevó a cabo audiencia de pruebas, alegatos y resolución en la cual, se decidió por parte del Director de Asuntos Laborales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, llamar a juicio a la Comisión Mixta de Escalafón del Poder Ejecutivo del Estado, Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, (STASPE) y Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (SITASPE), y así darle mayor certeza jurídica y celeridad al procedimiento laboral, ya que era necesario, el llamado de los sindicatos quienes realizan parte del proceso, y los cuales no habían sido requeridos desde la presentación de la demanda, por lo que una vez, que se resuelva el procedimiento arriba mencionado, se dará el trámite respectivo; lo anterior, para los efectos que considere pertinentes". Constancia que la responsable se sirvió remitir en copia certificada y a la cual se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. Lo anterior trae como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues al emitir el oficio de trece de mayo del año en curso, constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho vulnerado. Oficio que se aprecia fue recibido el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por el autorizado de la quejosa, al obrar en el mismo la siguiente leyenda: "Recibí original, José Julio Torres Castillo, Madero Poniente 838-A, centro". Ahora bien, no obstante que el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, fueron omisos en rendir su informe justificado, se advierte que, con la emisión del oficio de trece de mayo de dos mil veintidós por parte del Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, se dio respuesta a las peticiones instadas por la parte quejosa el trece de mayo del año actual y con ello que cesara el acto reclamado en la presente instancia. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos el acto reclamado precisado en esta consideración. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando cuarto se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alma Georgina Reyes Ruíz, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en párrafos que anteceden. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en representación del Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remite dicha autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene realizando manifestaciones en vía de alegatos. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, téngasele señalando domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
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