Alma Leticia Avalos Diaz
Expediente 804/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alma Leticia Avalos Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 804/2023, promovido por Alma Leticia Ávalos Días, por conducto de su apoderado jurídico; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Alma Leticia Ávalos Días, por conducto de su apoderado jurídico, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que estimó violatorio de los artículos 1, 14, 16, 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitido por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito en el Estado, sin embargo, en auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado desechó la demanda; contra dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, la cual fue declarada fundada en sesión celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Atento lo anterior, en auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda promovida por Alma Leticia Ávalos Díaz, haciendo la precisión que el nombre correcto lo es Alma Leticia Ávalos Días, por lo que atenderá a éste último. De igual forma, en el citado auto se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado (foja 112), y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a diversa autoridad que reside dentro de los límites territoriales del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Alma Leticia Ávalos Días reclama a la autoridad, lo siguiente: Acto reclamado: La omisión de pago de pensión por viudez implícita dentro de la deducción del concepto 54, denominado "cobro indebido de pensión", mediante folio 16001178716601, emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés; del que se advierte que con dicho folio se concedió la pensión a la quejosa y a su vez se le dedujo la misma, al producirse automáticamente el bloqueo de pago por el Sistema Administrador de Otorgamiento, al detectar como trabajadora activa a la hoy quejosa y ubicarla en un estatus de incompatibilidad de pensión, en términos del artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve; el cual atribuyó al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Tercera. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su informe justificado refirió que es cierto el acto reclamado, y reiteró la incompatibilidad de la pensión con fundamento en el artículo 12, fracción II, inciso c), del citado Reglamento, lo que se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe (fojas 125-132). Constancias que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Sin embargo, las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni se advierte de oficio la actualización de alguna, por ello, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinta. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618 del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo el estudio de los motivos de inconformidad, en el presente caso procede suplir la deficiencia de la queja deficientemente planteada, en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, al reclamarse un auto en el que fue aplicado un reglamento que ya fue declarado inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así como en lo determinado al resolver el amparo directo en revisión 976/2002, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que si un juicio de amparo se promueve por quien se ostenta como beneficiario de un trabajador protegido por la seguridad social, resulta procedente también suplir la queja deficiente, ya que ante la duda de que el quejoso tenga o no derecho a alguno de los beneficios que establece dicho régimen, el rechazo de la suplencia equivaldría a prejuzgar que no lo tiene, con lo que se renuncia de antemano a la posibilidad de descubrir la verdad jurídica y, además, porque un beneficiario del trabajador se le asimila para efectos de la mencionada disposición. El anterior criterio se encuentra contenido en la tesis CXI/2002 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Página 351, con registro 185879, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PARA QUE PROCEDA BASTA CON QUE EL PROMOVENTE DEL AMPARO SE OSTENTE COMO BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR PROTEGIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL." Tal precedente evidencia que la calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo, y la naturaleza jurídica del acto reclamado, son los que determinan si procede suplir la deficiencia de la queja en los conceptos de violación, sin importar el origen del acto reclamado, pues basta que se estime afectado algún interés fundamental tutelado por el artículo 123 Constitucional y que en el amparo intervenga un trabajador, sus beneficiarios o, incluso, aquellos que se ostenten como beneficiarios de un trabajador o pensionado, para que surja la obligación de suplir la queja en su favor. Ahora bien, la parte quejosa sostiene, en esencia, que la omisión de pago de pensión por viudez reclamada vulnera su derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que restringen el derecho de pensión por viudez que es un derecho que le corresponde, por desempeñar un empleo remunerado que implica la incorporación al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aunado a que la porción normativa en que se apoyó dicha incompatibilidad ya fue declarada inconstitucional por jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se considera importante traer a glosa el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales son del texto siguiente: Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. "Artículo 51. Las pensiones a que se refiere este capítulo son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo a lo siguiente: [.] II. La percepción de una pensión de viudez o concubinato con: [.] c) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen de esta Ley [.] Si el Instituto advierte la incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionista, éstas serán suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas, lo que deberá hacerse en el plazo y con los intereses que le fije el Instituto, que no será mayor del 9% anual y en un término que nunca será inferior al tiempo durante el cual las estuvo recibiendo. Si no se hiciese el reintegro en la forma señalada, se perderá todo el derecho a la pensión". Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado "Artículo 12. Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente: [.] II. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con: [.] c) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [.] Si el Instituto advierte la incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionado, éstas serán suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas durante el tiempo que duró, más los intereses que señale la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente al año en que se va a efectuar el reintegro para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales en una sola exhibición, y la devolución se realice al término de un plazo igual a aquél en que el trabajador o pensionado las estuvo recibiendo. En caso de que dicha tasa sea superior al nueve por ciento anual, se aplicará este último porcentaje. Si no se hiciese el reintegro en la forma señalada, se perderá el derecho a la pensión." Los anteriores preceptos, entre otras cuestiones, establecen que las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, sin embargo, sus fracciones II, incisos c), analizados en sentido contrario, determinan la incompatibilidad de disfrutar una pensión por viudez o concubinato, en aquellos casos en que la viuda, viudo, concubino o concubinaria, desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual constituye la violación que la quejosa expone en sus conceptos de violación. En relación a la incompatibilidad de las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al analizar la constitucionalidad del artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J.66/2009, consultable en la página 333, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, de rubro: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR EL DERECHO A RECIBIRLA, VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)". De la lectura de la ejecutoria que dio origen a la anterior jurisprudencia, emitida en el amparo en revisión 509/2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó de forma esencial, que constitucionalmente se estableció como derecho social reconocido la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, cuya protección abarca a sus familiares y dependientes económicos y dejó libertad para la legislación secundaria para reglamentar los términos en que tales beneficios debían otorgarse, pero de forma alguna se otorgó la potestad de reducir o restringir dichos beneficios, pues ello contravendría directamente al orden constitucional, pues si la norma fundamental señala que un grupo social y su familia tienen ciertos derechos, como lo es el de recibir una pensión por viudez para la esposa supérstite, ello no puede ser proscrito por ninguna norma secundaria que debe reglamentarlo. Asimismo, sostuvo el Máximo Tribunal del País, que de conformidad con los artículos 1º, fracción I; 3º, fracción VIII; 5º, fracción V; 16, párrafos primero y segundo, fracciones III y IV; 21, fracciones III y V; 48, 73, 74, 75 y 76, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, se concluía que: a) Los derechos derivados de la ley en comento corresponden a los trabajadores en activo y a los pensionados al servicio del Estado, así como a los familiares derechohabientes de unos y de otros. b) El seguro por causa de muerte es obligatorio. c) Son familiares del trabajador o del pensionista: la esposa, a falta de ésta, la mujer con quien aquéllos hubieren vivido como si tuviera aquél carácter o con la cual hubieren tenido hijos, siempre y cuando ambos hayan permanecido libres de matrimonio, los hijos y ascendientes que se encuentren en los supuestos señalados en la fracción V del artículo 5º relacionado con anterioridad. d) El trabajador incorporado al régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cubrirá una cuota fija del ocho por ciento del sueldo básico, que se aplicará, entre otras cosas, para cubrir el pago de las pensiones. e) Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de la ley de la materia aportarán el diecisiete punto setenta y cinco por ciento del sueldo básico de cotización de los trabajadores, parte que se aplicará para cubrir los servicios de atención para el bienestar de los pensionistas e incluso se destinará para pagar a éstos la pensión relativa. f) Para tener derecho a la pensión por viudez se requiere que el trabajador o trabajadora que estuviere en activo haya cotizado al Instituto por más de quince años, independientemente de la edad de aquéllos, o que, cuando haya acaecido la muerte de los mismos, hayan cumplido sesenta o más años de edad y diez años de cotización. g) El derecho a recibir las pensiones por causa de muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, nace en el momento de ocurrir el fallecimiento relativo y su pago se iniciará a partir del día siguiente de la muerte de la persona que haya originado el derecho a la pensión; esto es, la pensión por viudez surge a la muerte del esposo o esposa trabajadores y la obligación de pagarla inicia al día siguiente de su muerte. h) Tienen derecho al pago de la pensión por viudez, entre otros, la esposa supérstite y la concubina, siempre que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 75 de la ley referida. i) Las beneficiarias citadas en el inciso inmediato anterior tienen derecho a la pensión por viudez del cien por ciento, de la que legalmente hubiere correspondido al trabajador fallecido. Preceptos que son armónicos con los artículos 3°, fracción IV, 6, fracción XII, 42, 44, 129 a 131, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de abril de dos mil siete. En este contexto, se impone destacar que la restricción a percibir una pensión por viudez, junto con la retribución por un trabajo remunerado que implique incorporación al régimen que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vulnera el derecho de seguridad social y el principio de previsión social citados. Ello en atención a que, como se precisó en la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es indudable que recibir un salario por un empleo o cargo desempeñado en el Gobierno Federal y su inscripción al régimen obligatorio del aludido instituto, en relación con la percepción de una pensión por viudez, son contraprestaciones que no se oponen; máxime que del proceso legislativo que originó el apartado B del artículo 123 constitucional, se advierte que el poder reformador de la Carta Magna dispuso que los sociales en ningún caso pueden restringirse. Ello es así, en primer lugar, porque ambos derechos tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión por viudez surge por la muerte del trabajador, es decir, es una prestación establecida a favor de la esposa o concubina, esposo o concubinario y no del extinto trabajador, aun cuando su fuente es la relación laboral existente entre éste y la entidad gubernamental respectiva; en segundo lugar, porque el hecho de que los viudos pensionados desempeñen un cargo que conlleve la incorporación al régimen obligatorio citado y, por ende, el acceso -por cuenta propia- a los beneficios de seguridad social derivados de ese régimen no excluye al derecho de seguir recibiendo el pago de la pensión por viudez sino que, por el contrario, la conjugación de los derechos derivados del nuevo empleo y de la referida pensión coadyuva a hacer efectivo el derecho social de mérito, orientada a garantizar el bienestar de los familiares del trabajador fallecido. Máxime que tal como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 66/2009, destacó que la pensión de viudez no es una concesión gratuita o generosa, sino que ese derecho se va gestando durante la vida del trabajador con las aportaciones que hace a lo largo de su vida productiva y una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en una parte, la subsistencia de sus beneficiarios después de su muerte, la cual, en este caso, se complementa con la que percibe la ahora quejosa a través del trabajo remunerado que desempeña. De este modo, la obtención de una pensión por viudez, de ninguna manera puede verse mermada con el empleo remunerado que percibe la aquí quejosa que implica su incorporación al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues cada prestación, deriva de cuestiones totalmente diversas; por lo cual bajo ninguna óptica se puede considerar que deba impedirse recibir una pensión por viudez, cuando, como en este caso, la viuda pensionada también desempeña un trabajo remunerado por encontrarse al servicio del Estado. Aunado a que no existe ninguna razón lógica-jurídica para considerar que si una persona goza de una pensión por viudez, derivada de las prestaciones que enteró el extinto servidor público a lo largo de toda su vida laboral, aquélla se encuentre impedida por sí misma para desempeñar una actividad remunerada que implique incorporación al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues ello también atenta contra su libertad de trabajo y se restringe indebidamente la garantía social prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 1525, Libro 12, abril de 2022, tomo II, materia constitucional, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2024507, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN POR VIUDEZ PARA BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN COMO TRABAJADORES EN ACTIVO. EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN XII, INCISO 2), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, QUE IMPIDE DE MANERA TOTAL EL DISFRUTE DE TAL DERECHO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR LESIONAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Hechos: A una persona se le negó el pago de la pensión por viudez, pues la autoridad de seguridad social estimó que, debido a que se encontraba desempeñando un trabajo remunerado e incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no podía gozar simultáneamente del pago de la referida pensión y de las prestaciones derivadas de su propia situación laboral, acto que fue emitido con fundamento en los artículos 6, fracción XII, inciso 2), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En la primera instancia del juicio de amparo se concedió formalmente la protección constitucional en relación con ambas disposiciones, sin embargo, únicamente se realizó el estudio correspondiente respecto de la norma reglamentaria. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 6, fracción XII, inciso 2), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es inconstitucional por resultar sobreinclusivo, al establecer una limitación constitucionalmente inválida que restringe de manera total el acceso a una pensión por viudez por contar con diversos derechos de seguridad social propios. Justificación: La disposición referida, en la porción normativa que establece: "Que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta ley", es inconstitucional por su carácter sobreinclusivo, pues comprende un universo tan amplio que obstaculiza el ejercicio pleno de derechos de seguridad social, como el disfrute de una pensión por viudez de forma simultánea a las prestaciones que se originan de la situación laboral de orden personal. La previsión es sumamente amplia en relación con los requisitos que deben observar los familiares derechohabientes para el acceso a todas las prestaciones que pueden derivar de la relación del trabajador y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluyendo en su universo la incompatibilidad total de derechos propios con todos los seguros, prestaciones y servicios contemplados en la ley en comento. Asimismo, su inconstitucionalidad también deriva del estrecho vínculo que guarda con la norma reglamentaria, en donde se describieron y desarrollaron los supuestos de compatibilidad de las pensiones que otorga el Instituto en términos prácticamente idénticos, constituyendo de tal manera un sistema normativo que repercute negativamente en el adecuado ejercicio de los derechos propios de la seguridad social; máxime que el artículo 12, fracción II, inciso c), del reglamento citado, ya fue declarado inconstitucional por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 129/2016 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.". Consecuentemente, las dos situaciones jurídicas (el carácter de beneficiario de una pensión por viudez y las prestaciones derivadas del propio empleo), son plenamente compatibles y pretenden hacer efectiva la protección del bienestar de los familiares del trabajador o pensionado fallecido y mejorar su nivel de vida." Así como la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 1033, Libro 36, noviembre de 2016, tomo II, materia constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2012981, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. El precepto citado, al prever que la pensión por viudez sólo puede coexistir con el desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, viola el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho a recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez, así como a seguir desempeñando, al servicio del Estado, un empleo remunerado, aun cuando esto implique su inscripción al régimen indicado, pues sólo así se protege su bienestar. Ello es así, porque el artículo 12, fracción II, inciso c), referido niega el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario, a recibir la pensión mencionada derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea el caso, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio aludido por considerarlo incompatible con dicha pensión, sin atender a que tiene características diversas, toda vez que la pensión por viudez surge con la muerte del trabajador en favor de su beneficiario; quien pretende esa pensión se encuentra desempeñando un cargo incorporado al régimen obligatorio, accediendo por cuenta propia a los derechos que de éste deriven; y la pensión indicada no es una concesión gratuita, ya que se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido, mientras que la percepción de un salario es una contraprestación que recibe el trabajador por el trabajo que desempeña para el Gobierno Federal, que conlleva la obligación de ser inscrito en el régimen de la ley invocada; de lo que se concluye que las prestaciones no se oponen ni excluyen entre sí, por lo que son compatibles." Consecuentemente, al haber quedado acreditado en autos la violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invocados por el quejoso, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable, realice lo siguiente: Sexta. Efectos de la concesión. Conforme al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice lo siguiente: a. Deje sin efectos el folio 16001178716601 de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés; del que se advierte que se concedió la pensión a la quejosa y a su vez se le dedujo la misma, por considerar que es incompatible, en términos del artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, b. En su lugar, emita uno nuevo en el que sólo aplique el contenido válido del citado artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, determine que sí es compatible la pensión de viudez reclamada por la quejosa, con el desempeño de un trabajo remunerado incorporado al régimen del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y prescinda de aplicar el resto del contenido del citado inciso. En el entendido de que el pago de la pensión de viudez, aquí reclamada se deberá otorgar desde el doce de abril de dos mil veinte, fecha en que consta de autos, le fue concedida la misma por la autoridad responsable. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alma Leticia Ávalos Días, por las razones expuestas en la consideración quinta y para los efectos señalados en la diversa sexta de esta determinación. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del trece de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 804/2023. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales que allegaron tanto la parte quejosa como la autoridad responsable. Al respecto, el Juez provee: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: En razón que ninguna de las partes los hicieron valer, se tiene por precluido el derecho a formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
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Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el informe justificado rendido por el Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación, Michoacán, mismo que fue dirigido de manera errónea al homólogo en cita. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado rendido por el Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación, Michoacán. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales públicas que anexó a su informe la autoridad responsable, misma que se ordena relacionar nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que informa que el citado tribunal de alzada, declaró fundado el recurso de queja civil 213/2023, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintiocho de junio del año en curso, por el que desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, en cuanto apoderado jurídico de ********************, contra actos del Subdelegado de Prestaciones, de la Delegación, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que dicha medida cautelar no fue solicitada por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dese al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con cuarenta minutos del trece de octubre de dos mil veintitrés. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. En relación con el párrafo que antecede, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe por correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de lo realicen enseguida mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les solicita el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberá rendir su informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclaren dicha circunstancia y señalen el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberán efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo haga sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con ella quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Por otro lado, téngase a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales que adjuntó a su escrito de demanda, así como las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. De igual forma, se exhorta a las partes para que, de no haberlo hecho aún, realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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