Alma Georgina Reyes Ruiz
Expediente 693/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alma Georgina Reyes Ruiz
- Representantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esa virtud, con fundamento en el artículo 20, fracción l, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, en el evento que habrá de realizarse una vez al año, previo a la realización de la visita de inspección, procédase a la destrucción del juicio de amparo de que se trata, con la obligación de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 693/2023, promovido por Enrique Eduardo Villaseñor González, apoderado jurídico de ********************; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito firmado electrónicamente y promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, ********************, por conducto de su apoderado jurídico Enrique Eduardo Villaseñor González, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra de los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de once de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y, se fijó fecha para la audiencia constitucional. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción y se presentó la demanda. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse que en la especie, el acto reclamado por la quejosa al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consiste en: La resolución de seis de junio de dos mil veintitrés, en la que se reserva proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral 11/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, manifestó que son ciertos los actos que se reclaman, toda vez que no se ha pronunciado respecto de la admisión o desechamiento de los medios de convicción ofertados por las partes en el expediente laboral de origen; sin embargo, de las documentales que acompañó a su informe de ley, se puede desprender que en auto de seis de junio de dos mil veintitrés, llevó a cabo la Audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución, en la que el Tribunal responsable argumentó reservar en cuanto a su procedencia, para una mejor apreciación de las mismas. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral que remitió la autoridad en cita, mismas que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la ley en cita. En ese sentido, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en su interpretación inversa, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Una vez establecido lo anterior, conviene señalar que de las documentales que acompañó a su informe la autoridad responsable, se aprecia que el seis de junio de dos mil veintitrés, llevó a cabo la celebración de la Audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución, donde a su vez entre otros aspectos, reservó la admisión o el desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en dicha audiencia, sin que a la fecha se haya pronunciado sobre las mismas, lo cual constituye medularmente el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Además, la parte quejosa argumentó que el Tribunal Laboral responsable, recayó su determinación aplicando supletoriamente la Ley de Federal del Trabajo y no así en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios, Entonces, atendiendo a ese razonamiento y tomando en cuenta la legislación aplicable al caso concreto, podemos dilucidar que la autoridad debió haberse pronunciado sobre la admisión o el desechamiento de los medios probatorios ofertados por las partes dentro del expediente laboral de origen en la misma Audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución y no como lo establece la Ley Federal del Trabajo, en cambio, ante esa circunstancia y tomando como base la aplicación supletoria por parte de la autoridad, cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la supletoriedad de un determinado ordenamiento legal sólo opera cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; asimismo, cuando el legislador disponga en una ley que determinado ordenamiento debe entenderse supletorio de otros ordenamientos, ya sea total o parcialmente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. En apoyo a lo anterior, es de invocar la jurisprudencia 2ª./J. 34/2013, visible en la página 1065, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." Por tanto, atendiendo al estudio realizado por el máximo tribunal del país, podemos apreciar que la autoridad sí puede hacer uso de la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a su vez con lo plasmado en el artículo 8 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. No obstante lo anterior, es menester puntualizar que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido este por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Bajo esta perspectiva, nos encontramos que en el presente juicio la parte promovente combate la resolución de seis de junio de dos mil veintitrés, en la que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, reservó proveer sobre la admisión o desechamiento de los medios probatorios ofrecidos por las partes, dentro del juicio laboral 11/2018, apoyando su determinación en la Ley Federal del Trabajo y, que su demanda de amparo, la presentó ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, un día después de haberse pronunciado dicha determinación, esto es, el siete del mismo mes y año. Empero, tal actuación no afecta de manera irreparable algún derecho sustantivo de la parte quejosa o que de manera excepcional, afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Se considera de ese modo, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 325/2015, en la que estableció las siguientes consideraciones: Que en los juicios de amparo indirecto en los que se reclame la omisión de dictar sentencia dentro de un procedimiento laboral, en el que dicho particular es parte, que consista en la falta de respuesta a una petición expresa sobre el procedimiento o la falta de prosecución del trámite, el amparo es improcedente, debido a que el acto reclamado es de aquéllos dentro de un procedimiento que no tienen una ejecución que sea de imposible reparación: la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En dicha ejecutoria sostuvo que, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: a) La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Ello resulta así, en virtud de que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), determinó que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, con excepción de que el juez de amparo advierta que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, por lo que para determinar si existe una dilación que haya tenido como consecuencia la paralización total del procedimiento, con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica, para efecto de la promoción del juicio de amparo, el juicio procederá cuanto haya transcurrido un plazo de cuarenta y cinco días naturales, contado a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse la autoridad o realizarse el acto procesal respectivo, tomando como base el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé el plazo para que el juicio permanezca inmóvil a potestad de la parte trabajadora. Por lo anterior, determinó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Aunado a lo expuesto, este órgano jurisdiccional percibe que desde la fecha en la que se emitió el acto reclamado (seis de junio de dos mil veintitrés) y la presentación de la demanda de amparo (siete de junio de dos mil veintitrés), no transcurrieron como mínimo cuarenta y cinco días. Luego, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2019400, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Robustece a su vez todo lo señalado, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, diciembre del año dos mil veintidós, con número de registro digital 2025625 de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO". En las apuntadas condiciones, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIll, en relación con el diverso 107, fracción V, en su interpretación inversa, de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, debe sobreseerse el presente juicio, con fundamento además en la fracción V, del artículo 63, del citado ordenamiento. Por ello, al actualizarse la causal de improcedencia de la que se ha dado noticia y de que se decretó el sobreseimiento de la contienda constitucional en que se actúa, tal situación imposibilita a este juzgador para efectuar al análisis de los conceptos de violación planteados. Siendo aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a las once horas con veinte minutos del diez de julio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, mismo que se encuentra para su estudio; en ese sentido, fórmese cuadernillo de antecedentes. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, mediante el cual informa que por oficio TCA/PRES/AMP/2137/2023 de cinco del mes y año en curso, rindió su informe justificado y remitió las constancias relativas al acto reclamado. Lo anterior, se constata con la copia certificada del acuse de recibo que anexó a su ocurso de cuenta, con data seis de los actuales. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del diez de julio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 693/2023. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental allegada por la parte quejosa, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; asimismo, con las documentales exhibidas por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
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