Alma Delia Sanabria Yuriar

Expediente 1373/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1373/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Alma Delia Sanabria Yuriar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cinco de enero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. Del estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que éste ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán desglosados y correrá la suerte del presente expediente. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la secretaria de la quinta ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de sobreseimiento del juicio. Sobreseimiento fuera de audiencia -Cesación de efectos del acto reclamado- En efecto, de las manifestaciones vertidas por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que los actos reclamados por la quejosa se hacen consistir específicamente en la omisión de girar oficios recordatorios a fin de que se diligenciara el exhorto remitido a la autoridad exhortada a fin de que se desahogue la prueba testimonial a cargo de Rolando Medina Ayala en el juicio 480/2021. Ahora bien, de las constancias que la presidente de la junta responsable anexó a su informe con justificación, se advierte que mediante diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial a cargo del testigo Rolando Medina Ayala. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de la autoridad responsable en enviar oficios recordatorios a fin de que la autoridad exhortada llevara a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofertada el en el juicio de origen, lo cierto es que, como se destacó, mediante diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la responsable desahogo la prueba testimonial a cargo de Rolando Medina Ayala, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las diez horas con trece minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Fabián

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta en su informe; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, las cuales serán valoradas en cuanto a su procedibilidad en audiencia constitucional. Estado de los autos. Por otra parte, de la certificación de cuenta y el estado de los autos, de lo cual se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado al juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora, la omisión de diligenciar el exhorto que le fue remitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, no obstante del informe justificado rendido por la autoridad oficiante, menciona que la autoridad encargada de diligenciar el exhorto en comento lo es el Juzgado de Primera Instancia Mixto con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación, manifieste si es su interés señalar como nueva autoridad responsable al Juzgado de Primera Instancia Mixto con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora, en virtud de lo expuesto con anterioridad, así como el acto que le reclame; en la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, el presente juicio continuará únicamente por el acto reclamado inicialmente y autoridad denominada inicialmente. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis visible en la página 1106, del Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO, SI DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO". Diferimiento. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con tres minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

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