Alma Delia Sanabria Yuriar

Expediente 1521/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1521/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Alma Delia Sanabria Yuriar

Actuaciones

  1. Principal

    E Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado proveniente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. Asimismo, que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. Por otra parte, también se advierte que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de la totalidad de las constancias que obran en autos; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. El juez acuerda: se tiene por hecha la relatoría anterior y por visto el contenido de la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; y, en relación con la inexistencia de tercero interesado, se ratifica lo determinado, dado que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con la inspección judicial ofertada por la parte quejosa ofrecida en su escrito inicial de demanda; así como la documental ofrecida por la autoridad responsable. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza la documental ofertada por la responsable, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir el fondo del asunto en el presente sumario constitucional. En cuanto a la prueba de inspección judicial, se desecha, dado que su desahogo se estima innecesario en virtud de que en el expediente obra el caudal probatorio necesario para emitir el fallo respectivo. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1521/2023 L-I; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Alma Delia Sanabria Yuriar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. El veintinueve de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La omisión de la responsable de dictar laudo dentro del juicio de servicio civil 480/2021, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al Tribunal responsable, cuya certeza se desprende de las documentales allegadas por dicha autoridad al rendir su informe justificado, las cuales fueron valoradas con anterioridad y de las que se desprende la existencia del acto en reclamo, esto, con independencia de que no haya aceptado o negado el acto que se le atribuye. Consideraciones jurídicas Toda vez que la autoridad responsable no hizo valer alguna causal de improcedencia en su informe justificado, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, se procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. Ahora, la parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional dado que la responsable no se ha ajustado a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo para el dictado del laudo. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, de los numerales 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, aplicados de forma supletoria, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Servicio Civil, se advierte que una vez desahogada la totalidad de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, el secretario hará la certificación correspondiente y se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con la precisión que de no realizar manifestación alguna, de oficio se procederá al cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción, el auxiliar de la Junta, dentro del plazo de diez días, formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará copia a los integrantes de esta, quienes a su vez, dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrán ordenar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo dentro de un lapso de ocho días. Después de haber transcurrido dicho plazo o desahogadas las diligencias pendientes, el presidente de la Junta citará a los miembros para la audiencia, discusión y votación, la que se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes al que haya concluido el término fijado, o el desahogo de las diligencias respectivas. Finalmente, una vez aprobado el proyecto de resolución, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los integrantes de la Junta, el cual, se pasará al actuario para que lo notifique personalmente a las partes; lo anterior, suma un aproximado de treinta y tres días. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por la autoridad responsable en su informe justificado, en lo que interesa, se advierte lo siguiente: La parte quejosa entabló un juicio de servicio civil ante la responsable, la cual fue radicada bajo el número de expediente 480/2021. Seguida la secuela procesal, la responsable declaró cerrada la instrucción el veinte de julio de dos mil veintitrés, citó el juicio de origen para oír resolución definitiva, y no existe constancia alguna que acredite que se haya dictado la resolución correspondiente. Atento a lo anterior, es notorio que la responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento laboral, toda vez que a la fecha han transcurrido, un poco más de tres meses desde que se cerró la instrucción, sin que se advierta que se hubiere dictado el laudo respectivo. En ese tenor, se concluye que vulnera la garantía de administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor de los justiciables el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se ha retardado la resolución del juicio; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no se desconoce que la responsable, cuenta con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no le exime de la obligación que le impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, dicte sentencia en el expediente 480/2021. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a :::::::::::::::::::::::::::::, respecto del acto reclamado precisado en el apartado III, por las razones expuestas en el considerando V, para los efectos precisados en el diverso VI, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitido por el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y exhibe la constancia correspondiente. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo indicado, este juzgador se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cuarenta y nueve minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso y representación social de la adscripción-, la demanda de derechos y el informe justificado rendido por la Comisión Reguladora de Energía y el secretario Ejecutivo de la citada Comisión, residentes en Ciudad de México, por conducto del director general de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia temporal del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión-CRE). Asimismo, se hace constar que mediante proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, se recibió la ejecutoria de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante la cual revocó la resolución recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, a efecto de que se integrara debidamente el expediente electrónico relativo a este juicio de amparo, en específico, el informe justificado recibido el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el acuerdo recaído a éste de tres de septiembre siguiente y la notificación respectiva -seis del referido mes y año-; de ahí que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 11******************** de la Ley de Amparo para imponerse del referido informe justificado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; por otra parte, de autos se advierte que si bien fueron remitidos los oficios 19946/2023 y 1994********************/2023, relativos al acuerdo de quince de agosto del presente año, dirigidos a las autoridades responsables, aún no obra constancia de notificación de recepción; empero, ello no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco les irroga perjuicio alguno, por las razones que en la sentencia se precisarán. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por las autoridades responsables y la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, contra los actos atribuidos a la Comisión Reguladora de Energía y el secretario Ejecutivo de la citada Comisión, residentes en Ciudad de México; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el mismo día a este juzgado de Distrito, ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su representante legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. Por acuerdo de veintiocho de julio de ese año, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar el siete de octubre de dos mil veintiuno y, en la misma fecha, se sobreseyó en el juicio. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, y por ejecutoria de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se revocó la resolución recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, para efecto de que se integrara debidamente el expediente electrónico relativo a este juicio de amparo, en específico, el informe justificado recibido el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el acuerdo recaído a éste de tres de septiembre siguiente y la notificación respectiva -seis del referido mes y año-, a fin de que la parte quejosa estuviera en aptitud de imponerse de éste. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, se realizaron las gestiones para su cumplimiento -integración del expediente electrónico-, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó notificar a las autoridades responsables, así como a la parte quejosa; empero, por acuerdo de veintiocho de agosto siguiente, se ordenó notificar por lista a la citada moral quejosa, a virtud de la imposibilidad de notificarla personalmente en el domicilio señalado para tal efecto, lo que ocurrió el veintinueve siguiente. La referida audiencia tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado del presente fallo, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 10********************, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 3********************, párrafo tercero, y 10********************, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 41/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo ********************4, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de clausura e imposición de sellos de clausura en los carro-tanques propiedad de la aquí quejosa, ubicados en las instalaciones de ésta -carretera ********************, kilómetro ********************, colonia ********************, municipio de Hermosillo, Sonora-, y su ejecución. III. Existencia del acto reclamado Son ciertos los actos atribuidos a la Comisión Reguladora de Energía y el secretario Ejecutivo de la citada Comisión, residentes en Ciudad de México, consistente en la emisión de la orden de vista de verificación que se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas en carretera ********************, kilómetro ********************, colonia ********************, municipio de Hermosillo, Sonora, así como su ejecución -clausura e imposición de sellos-, pues, respecto el primero de tales actos, así lo manifestaron al rendir informe justificado, en tanto que el restante, si bien lo negaron, lo cierto es que personal de su adscripción fue quien realizó la citada orden de verificación; por ende, se estima cierto el acto a dichas autoridades atribuido. Certeza que se corrobora con las documentales que adjuntaron al rendir su informe justificado, consistentes en la orden de verificación extraordinaria número SE-300/3599********************/2021, de quince de julio de dos mil veintiuno, y actas circunstanciadas de verificación ******************** y ********************, de dieciséis de julio de dos mil veintiuno; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 19******************** y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO ********************3 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, como lo refirieron las autoridades responsables, en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, con relación con el precepto 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que no irroga perjuicio a la parte quejosa en su esfera jurídica. En efecto, los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" Según lo dispuesto en la disposición constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho; asimismo, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, es un requisito de procedibilidad que el quejoso ostente un derecho subjetivo. Tales requisitos guardan íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo, y que vistos en su conjunto, permiten afirmar, en lo que aquí interesa, que cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento seguido ante una autoridad distinta a la judicial o jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés jurídico es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que el sujeto afectado solamente en sus derechos puede acudir al juicio de amparo. Esto es, el interés jurídico está en relación directa con el derecho subjetivo afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. Además, tal institución jurídica debe acreditarse fehacientemente para efectos del juicio de amparo, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Ahora, en lo que interesa, por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Conforme a lo anterior, tiene interés jurídico únicamente la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como el perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Lo anterior significa, que el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado en la esfera del particular, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, de lo que se deriva fundamentalmente que: El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, Ese interés debe estar plenamente probado en el juicio de amparo para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. En ese tenor, la comprobación del interés jurídico debe estar vinculada directamente con el bien que se dice afectado, y con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo. Hecha la anterior precisión, en el particular la moral quejosa reclama la orden de vista de verificación que se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas en carretera ********************, kilómetro ********************, colonia ********************, municipio de Hermosillo, Sonora, que concluyó con la clausura temporal parcial y la inmovilización de los carrotanques que, aduce, son de su propiedad. Para tal efecto, arguye, que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes del país, que siempre se ha ajustado en su funcionamiento a todos y cada uno de los ordenamientos que le son aplicables de conformidad con el acta constitutiva 9********************010, pasada ante el Notario Público 4, de Ciudad Juárez, Chihuahua, del cuatro de marzo de dos mil quince. De igual forma, refiere que dicha empresa tiene como objeto social entre otras, la realización de compraventa, almacenamiento, transporte, suministro, distribución y la realización de todo tipo de actividades relacionadas con gas licuado de petróleo, petróleo y sus derivados, lubricantes y todo tipo de energéticos, en el extranjero y en la República Mexicana, en tramos de jurisdicción Federal, Estatal y Municipal, prestando el servicio de tránsito internacional y nacional, así como la adquisición de equipos, instrumentos y aparatos necesarios para el desarrollo de la actividad mencionada. Del mismo modo, dijo, que es titular del permiso ********************, para la actividad de comercialización, que comprende la compraventa de hidrocarburo, petróleo y petroquímicos, el cual se encuentra vigente; en dicho permiso se le autoriza llevar a cabo la actividad de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, de conformidad con la resolución ********************, emitida por la autoridad responsable, el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, de acuerdo con los derechos y obligaciones que se derivan de sus términos y condiciones. Pues bien, siendo la parte quejosa ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, una persona moral que se ostenta propietaria de los carrotanques que fueron inmovilizados con motivo a la clausura temporal parcial, los cuales se encontraban en las instalaciones de la diversa permisionaria ********************, sociedad anónima de capital variable, ubicada en carretera ******************** kilómetro ********************, colonia "********************", municipio de Hermosillo, Sonora, contra la cual se libró la orden de visita de verificación contenida en el oficio SE300/3599********************/2021, de quince de julio de dos mil veintiuno, dictada por la responsable Secretaría Ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía; por tanto, es necesario que la moral quejosa, por conducto del solicitante del amparo, acredite la titularidad de los derechos de posesión y/o propiedad que exige sean respetados mediante el presente juicio de amparo, esto es, debe demostrar fehacientemente que cuenta con títulos legalmente sustentados que generen a su favor el derecho sobre los bienes muebles que defiende, lo cual no acontece en el presente caso. En efecto, la impetrante no acredita tener algún derecho sobre las unidades -carrotanques- a las que se le colocaron los sellos de clausura y que se encontraban físicamente en las instalaciones de la diversa empresa ********************, sociedad anónima de capital variable; tampoco se acreditó que las instalaciones ubicadas en carretera ******************** kilómetro ********************, colonia "********************", municipio de Hermosillo, Sonora, pertenezcan a la empresa aquí quejosa. Es así, pues de las documentales que al efecto exhibió la moral aquí quejosa, para demostrar la propiedad de las unidades (carrotanques), consistentes en copia certificada del acta constitutiva 9********************010, pasada ante el Notario Público 4, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de cuatro de marzo de dos mil quince, así como el permiso ********************, otorgado para llevar a cabo la actividad de comercialización -que comprende la compraventa de hidrocarburo, petróleo y petroquímicos-, conforme con la resolución ********************, emitida por la autoridad responsable, el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, así como veinte placas fotográficas -documentales que ya fueron valoradas-. Sin embargo, las referidas documentales no son idóneas para acreditar tal extremo, pues con éstas no se acredita el derecho de posesión y/o propiedad que argumenta ejerce sobre dichos carrotanques, pues para ello debe acreditar a través de pruebas idóneas que otorguen certeza a esta autoridad de que efectivamente es afectado el derecho de la moral peticionaria de amparo con violación de sus garantías constitucionales y así acreditar su interés jurídico para comparecer a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Ante tales circunstancias, resulta inconcuso que la solicitante del amparo no acreditó el derecho de posesión y/o propiedad de las unidades (carrotanques) a las que se le colocaron los sellos de clausura; tampoco se demostró que aquellas instalaciones ubicadas en carretera ********************, kilómetro ********************, colonia "********************", municipio de Hermosillo, Sonora, donde se llevó a cabo la orden de visita de verificación, pertenezcan a la empresa aquí quejosa; y, por ende, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Por último, debe precisar que no pasa inadvertida para este juzgador, la circunstancia de que no obra constancia de recepción de los oficios 19946/2023 y 1994********************/2023, relativos al acuerdo de quince de agosto del presente año; empero, como quedó narrado líneas precedentes, la parte quejosa no acreditó interés jurídico para instar el presente juicio, por lo que ello no lesiona sus derechos ni tampoco les irroga perjuicio alguno, ello en razón de que las cosas se mantienen en el mismo estado que guardaban al momento de la promoción del juicio de amparo. Por tanto, atendiendo a las consideraciones plasmadas en el presente considerando, se está emitiendo una sentencia de sobreseimiento, toda vez que se actualizó de manera notoria la causa de improcedencia examinada. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.43 K (10a.), que dice: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECURSO, CUANDO SE SOBRESEA RESPECTO DEL ACTO QUE DE ELLA SE RECLAMA. La legitimación para impugnar la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 8******************** de la ley de la materia, se actualiza en favor de la autoridad responsable únicamente cuando afecta el acto que de ella se reclama, lo que no ocurre cuando se decrete el sobreseimiento respecto de éste." V. Decisión En esa virtud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos ********************3, ********************4, ********************5 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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