Alma Elda Peña Alcantar

Expediente 759/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
759/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Alma Elda Peña Alcantar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de septiembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos, que el veintinueve de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y, en otra, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa; posteriormente, el diecinueve de agosto pasado, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a las responsables para que dentro del ámbito de sus atribuciones realizaran lo siguiente: ". Se deje insubsistente el oficio DAVD-1079/2022, de veintisiete de mayo de dos mil veintidós y, en su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista.". III. Documentales exhibidas respecto del cumplimiento. En cumplimiento al requerimiento efectuado a las responsables se recibió el oficio EJ-SPJP-3715-2022, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, agregado en auto de treinta y uno de ese mes y año, mediante el cual, el instituto responsable, por conducto del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, informaron los trámites efectuados en relación con el cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo al respecto diversas documentales, con las que se acredita que dejó insubsistente el oficio DAVD-1079/2022, de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, así como el oficio en el que se consideraron los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al cónyuge de la quejosa. IV. Vista cumplimiento. Con ese oficio y sus anexos, en el propio acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro de un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara en relación con el cumplimiento de ejecutoria; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables; lo que le fue notificado debidamente, sin haber hecho manifestación alguna. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues mediante oficio EJ-SPJP-3715-2022, recibido el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el instituto responsable, informó los trámites efectuados en relación con el cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo al respecto diversas documentales, con las que se acredita que dejó insubsistente el oficio DAVD-1079/2022, de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, así como el oficio en el que se consideraron los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al cónyuge de la quejosa. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto el oficio remitido por el director general de lo contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, en representación del Gobernador del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual manifiesta que no está constreñido a realizar algún acto positivo, ya que únicamente participó en el proceso de creación de la ley reclamada, es decir, sólo ejerció facultades legislativas; agréguese únicamente para que obre como corresponda legalmente, toda vez que así se determinó por este juzgador, en acuerdo de diecinueve de agosto pasado. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitido por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestación y jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y exhiben las constancias correspondientes. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo indicado, este juzgador se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elemento existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que en parte sobreseyó y en parte concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dén cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informen las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria fueron para que las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de su director y del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, realicen lo siguiente: "Se deje insubsistente el oficio DAVD-1079/2022, de veintisiete de mayo de dos mil veintidós y, en su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista.". Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Al efecto, es menester acotar, que si bien la tutela protectora alcanzó a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y publicación de la ley combatida (Congreso del Estado de Sonora y Gobernado del Estado de Sonora), ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, sino a aquéllas autoridades del instituto responsable que fueron señaladas, por lo que, a aquéllas únicamente se les hace del conocimiento esta determinación para los efectos legales conducentes. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, Novena Época, con registro digital 200006, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." También sirve de apoyo, en lo conducente, lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/972, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, 2 La tesis aislada fue publicada en la página 414, tomo VI, octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    audiencia y resolucion constitucional... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e 76. Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Alma Elda Peña Alcántar, en relación con el acto y autoridad, tratados en el considerando IV de esta resolución. 77. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Alma Elda Peña Alcántar, respecto de los actos reclamados a las autoridades tratadas en el considerando V, por los argumentos, fundamentos y motivos, expuestos en dicho apartado y para los efectos precisados en el considerando VI, de esta sentencia. 78. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. 79. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de Juzgado Santiago Flores Cota, con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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