Allan Armin Mendoza Aragon
Expediente 167/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Allan Armin Mendoza Aragon
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal y sobreseer en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que no obren la totalidad de los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables; pues, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en este juicio al haberse negado el amparo y protección de la Justicia federal y sobreseído en el juicio, es obvio que no les afecta y, por tal motivo, no están en aptitud de interponer el citado medio de impugnación. Lo anterior tiene apoyo, por su sentido e idea jurídica, en la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que textualmente se lee: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." Al respecto también tiene aplicación, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, sirve de apoyo la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. SI LA RESOLUCIÓN QUE RECLAMA LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LE PERJUDICA, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL." En consecuencia, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal y sobreseer en el juicio, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Allan Armin Mendoza Aragón solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado, Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado, estos, con residencia en esta ciudad, Presidente, Tesorero y Ayuntamiento Municipal de Temixco, Morelos. Acto reclamado: ".Se reclama en el ámbito de competencia que le corresponda a cada una de ellas: A).- La aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en su artículo 77, fracción II, vigente a partir del 5 de julio de 2006, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5458, el 22 de diciembre de 2016, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2017, relativo al cobro de servicios prestados por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. B).- La aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 94 ter al 94 ter 11, que establecen el cobro del impuesto adicional, derivado del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles; publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 3151, Tercera Sección el 04 de enero de 1984. C).- La aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 que establecen el cobro del impuesto adicional derivado del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles;. De las autoridades ejecutoras: C).- La aplicación y ejecución de los preceptos legales contenidos en las diversas leyes señaladas con antelación, que se traducen en los cobros de derechos de inscripción al Instituto de Servicios Registrales., siendo la cantidad $7,385.00 (.), por aplicación del artículo 77 fracción II;.; así como el cobro del tributo de adquisición de bienes inmuebles así como su impuesto adicional, por un monto de $56,250.00 (.), en términos de lo dispuesto en los artículos." SEGUNDO. El diez de febrero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 167/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La constitucionalidad de los artículos 94 ter al 94 ter-11 y 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con motivo de la compraventa del inmueble bajo la escritura pública 97,401, del Notario Público Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal, de Jiutepec, Morelos, su acto de aplicación, así como el cobro por impuesto adicional. La constitucionalidad del artículo 77 fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, vigente a partir del 5 de julio de 2006, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5458, el 22 de diciembre de 2016, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2017, con motivo del cobro de derechos prestados por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado, Ayuntamiento y Presidente Municipal de Temixco, Morelos, pues así lo manifestaron al rendir el informe justificado. Por su parte el Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, niega el acto reclamado consistente el cobro del impuesto adicional por aplicación de los preceptos legales 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que dicha carga procesal le corresponde. En ese tenor se sobresee el juicio de conformidad con la fracción IV del ordinal 63 de la Ley de Amparo. CUATRO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con residencia en esta ciudad, y Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, pues así lo informaron de manera categórica, en el ámbito de sus respectivas facultades. Por su parte las responsables Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Coordinación Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado (denominación correcta), negaron el acto reclamado, sin embargo, de la documental consistente en el recibo oficial serie B folio 3463603, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se desprende cobró el derecho inscripción traslativo de dominio por compraventa, donde aplicó el artículo 77 fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, lo que hace cierto el acto que de ellas se reclama. Además, la certeza de actos se corrobora, respecto de los actos reclamados a las autoridades legislativas, con la existencia de los ordenamientos legales reclamados, ello en razón de que dichas autoridades concurrieron al proceso y formación legislativa de los mismos, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2°de la Ley de Amparo y, por similitud de razón, con la tesis número V.2°.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XVI, Febrero de 1995, página 208, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que aparece bajo el rubro siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." QUINTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causales de improcedencia infundadas. Así, el Congreso del Estado, refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el 5º, de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico para combatir la constitucionalidad de los artículos 94 ter al 94 ter 11, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, por el primer acto de aplicación. Resulta infundada la causal de improcedencia hecha valer y para acreditarlo resulta necesaria la transcripción del artículo señalado en el párrafo que antecede, que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" En primer término, debe puntualizarse que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, se refiere a un derecho subjetivo o de un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. En ese sentido, debe tenerse que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de derechos humanos establecidos en la carta magna, cuando exista violación a aquellos por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 364, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, la cual establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora bien, el interés jurídico a que se refiere el precepto transcrito, se encuentra definido en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa sino la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia número 358, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, que reza: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Así, tenemos por cierto que, para la procedencia de la acción de amparo, es indispensable que quien la promueva acredite fehacientemente ante el juzgador federal que la actuación de la autoridad responsable le causa directamente perjuicios en su persona, derechos, bienes o posesiones, para que de inmediato se analice la posible violación a derechos humanos. Es decir, si bien es cierto que la legitimación activa en la causa como condición necesaria para la procedencia del juicio, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, y que como consecuencia está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, también es cierto que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por aquél que verdaderamente resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado en el derecho que se busca ejercer, es decir por aquél a quien le hayan sido violentados sus derechos fundamentales por omisión o insuficiencia de las prestaciones a las que tenga derecho o por actuaciones que impliquen una lesión a un bien jurídico tutelado, lo que de hecho debe estar plenamente probado para la procedencia del juicio de amparo. En este orden de ideas, es conveniente destacar que la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de la aplicación de los artículos 94 ter al 94 ter-11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, como consecuencia el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En ese sentido, obra en autos copia certificada del recibo oficial serie 4U folio 2291, de diez de febrero de dos mil veinte, por concepto de pago de impuesto por adquisición de bienes inmuebles reclamado. Documental que han sido valorada con anterioridad. En ese contexto, resulta claro que la parte quejosa es sujeto del cobro del impuesto reclamado en el juicio de amparo, y quedó demostrado en autos que el acto demandado va dirigido a su persona, con lo que acredita el primer acto de aplicación y su interés jurídico para combatir el acto reclamado. De ahí que resulte infundada la causal de improcedencia invocada por las responsables. Causales de improcedencia fundadas. Ahora bien, esta autoridad advierte de oficio se actualiza la causal de improcedencia sustentada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Amparo, en el sentido de que la parte quejosa no acreditó la existencia del primer acto de aplicación del artículo 77 fracción II de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5458, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, ello atento a las siguientes consideraciones. A efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia que se anuncia se precisa que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.); XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos; del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." Del precepto que antecede, se advierte la improcedencia del juicio de amparo en caso de que no se acredite el acto de aplicación de una norma. En ese contexto se toma en cuenta que la quejosa aduce que derivado de la celebración del contrato de compraventa que se formalizó en la escritura número 97,401, de veintiuno de enero de dos mil veinte, la notaría pública le calculó y retuvo el pago de derechos por concepto de registro público de la propiedad, aplicándole en primer término, el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Sin embargo, de las pruebas allegadas al juicio de amparo, resulta evidente que no se aplicaron las citadas normas en perjuicio de la parte quejosa, relativas al pago de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, vigentes en el año dos mil diecisiete, como se deduce del contenido de dichos preceptos, que en lo que nos interesa señalan lo siguiente: Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. "Artículo 77. Los derechos por el Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos: (.); II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, por cada inmueble a que se refiere esta fracción: 85.00 La primera inscripción de la propiedad será gratuita y los derechos por el registro de los actos traslativos subsecuentes se causarán en términos de esta fracción. Esta misma tarifa aplicará a la compraventa con reserva de dominio; a la compraventa de la nuda propiedad con reserva del usufructo; así como a la adjudicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal o aplicación de bienes por gananciales cuando el adquiriente no sea titular registral; III. Por inscripción de hipoteca, por cada inmueble en que se deba hacer el registro: 85.00 Ahora, de lo antes reproducido se evidencia que se trata de disposiciones de carácter heteroaplicativo, en razón que requiere la realización de un acto de aplicación de las normas citadas que afecten la esfera jurídica del gobernado. Como se anticipó, de los medios de convicción allegados al juicio de amparo, tal como es el recibo Serie B, folio 3463603, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, expedido por la Coordinación de Políticas de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (foja 54), se advierte la aplicación de diversas normas a las que aquí reclama la parte quejosa. Cabe acotar, que tal documento se encuentra concatenado entre sí y guarda identidad con (número de escritura). Ello, toda vez que de las documentales antes precisadas, se advierte que solo se aplicó el artículo 77, fracción II incisos a de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, reformado mediante el decreto 2349 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el treinta y uno de diciembre de dos mi diecisiete, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, y no los que aquí impugna la parte promovente. "Artículo *77. Los servicios que se presten en materia de registro público de la propiedad causarán derechos y se pagarán previamente por los interesados conforme a esta Ley, con base en los términos siguientes: (.) II Por la inscripción de: a) Documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, por cada inmueble a que se refiere esta fracción: 85.00 La primera inscripción de la propiedad será gratuita y los derechos por el registro de los actos traslativos subsecuentes se causarán en términos de este inciso. Esta misma tarifa aplicará a la compraventa con reserva de dominio; a la compraventa de la nuda propiedad con reserva del usufructo; así como a la adjudicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal o aplicación de bienes por gananciales cuando el adquiriente no sea titular registral; b) Hipoteca, por cada inmueble en que se deba hacer el registro: 85.00 (.) Lo anterior es así, toda vez que si el acto jurídico fue celebrado el veintiuno de enero de dos mil veinte, como se advierte de la escritura pública 97,401, resulta evidente que, por lo que hace a los derechos por registro, se aplicó la norma vigente a esa data, esto es, el artículo 77, fracción II, incisos a, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el treinta y uno de diciembre de dos mi diecisiete, como se desprende del recibo descrito. Por lo tanto, al no verse reflejada las hipótesis reseñadas en párrafos precedentes en la situación particular de la quejosa, no le perjudican y, por lo tanto, resultan insuficientes para emprender el estudio de tal cuestión; máxime que el accionante de amparo no allegó al sumario prueba alguna con la cual pudiese demostrar fehacientemente el acto de aplicación de las normas en cuestión. Sin que resulte suficiente, que en su concepto de violación enfocados a combatir el artículo en estudio, manifieste que la ley reclamada transgrede los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31 fracción IV, Constitucional, pues los servicios que presta el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por inscripción de adquisición de bienes inmuebles establece una cuota de 85 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), y para la inscripción del patrimonio familiar se establece una distinta 1.50 Unidades de Medida y Actualización, es decir se cobran cuotas disímbolas, ya que se trata igualmente de inscripciones definitivas, esto es así, ya que como se ha analizado en párrafos que anteceden reclama una ley que fue derogada (artículo 77 fracción II de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos), que estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, y, como se desprende del recibo oficial serie B folio 3463603, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, no le fue aplicada, aunado al hecho que no procede la suplencia de la queja deficiente en su caso. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Tomo XXVII, Junio de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son: "LEYES. LA REFORMA DE UNA DISPOSICIÓN LEGAL CONSTITUYE UN ACTO LEGISLATIVO NUEVO, AUN CUANDO REPRODUZCA EL CONTENIDO DE LA NORMA DE VIGENCIA ANTERIOR, O TENGA CON ELLA SIMILITUDES O DIFERENCIAS ESENCIALES O ACCIDENTALES. En ejercicio de su libertad de configuración, los órganos que participan en el proceso legislativo expresan su voluntad soberana a través del mecanismo establecido por el Constituyente en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consolidándose así la posibilidad de que sus integrantes no queden sujetos a la voluntad de quienes los antecedieron a través de las normas que emitieron, existiendo la posibilidad de que un nuevo cuerpo legislativo apruebe nuevos ordenamientos. Así, el ejercicio democrático de los representantes del pueblo a través del procedimiento indicado, debe entenderse bajo la idea de que en él se da espacio a las distintas opciones políticas, las cuales pueden expresar en un nuevo acto legislativo su voluntad de legislar en el sentido específico en que lo hagan, que podrá ser repitiendo con exactitud o con similitudes la norma antes vigente o introduciendo variaciones esenciales o accidentales, lo que conforme al principio de que la ley nueva deroga a la anterior, conlleva a que haya una nueva norma, independientemente de su contenido". Asimismo, es aplicable al respecto la tesis número 2a./LIV/97, publicada en la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en Mayo de 1997, visible a Tomo V, Página 334, que reza al tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NO SE SURTE RESPECTO DE LA LEY RECLAMADA, CUANDO EN EL ACTO CONCRETO NO SE APLICÓ LA PARTE DE LA NORMA QUE SE IMPUGNA DE INCONSTITUCIONAL. Si se promueve un juicio de amparo en el que se reclama un precepto legal con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y de las constancias exhibidas se advierte que en el acto concreto no se aplicó la parte del precepto legal que se impugna de inconstitucional, es evidente que el mismo carece de interés jurídico y debe, por tanto, sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que habiéndose reclamado la ley con motivo del acto concreto de aplicación de una porción normativa, es éste y no el precepto en abstracto, lo que constituye la fuente de agravio que afecta al quejoso." Sirven de apoyo a la anterior consideración la tesis de jurisprudencia 45/90, emitida por la entonces Tercera Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en la página 199, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." También, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, tomo 199-204, Primera Parte, Materia Constitucional y Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama.". En ese sentido, al resultar evidente que no se aplicaron las normas originalmente combatidas en perjuicio de la parte quejosa, sino las normas vigentes; consecuentemente, con apoyo en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la materia, procede sobreseer en el Juicio de amparo por lo que hace al artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Igualmente, se actualiza la porción normativa antes citada en cuanto al reclamo consistente la constitucionalidad de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en base a los siguientes argumentos: El ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que la procedencia de la acción constitucional presupone la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, por un particular o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa trasgresión. Así, tratándose del interés jurídico el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en razón de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, tiene sustento en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, septiembre de 2013, libro XXIV, tomo 3, página 1854, cuyos rubro y texto dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". El derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo el cual, debe estar legalmente protegido, reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente); de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecta ese derecho, irroga un agravio real, personal y directo así como actual en esa esfera jurídica que resiente una lesión o un perjuicio en el derecho del que es titular y que resulta conculcado. Apoya lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 52, primera parte, página 46, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no haberse acreditado el acto de aplicación de los numerales 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, porque la autoridad municipal Tesorera del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, al rendir su informe con justificación señaló que no había recaudado cantidad alguna por la aplicación de dichos numerales, respecto de la escritura pública 97 401, que señala el quejoso, sin que se haya aportado prueba en contrario. Por tanto, se sobresee el juicio de amparo, respecto de dicho acto reclamado, de conformidad con el artículo 63 fracción V de la Ley de amparo. Refuerza lo anterior, la circunstancia que los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, fueron derogados mediante Decreto seiscientos sesenta publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5777, 6ª época, el veintinueve de enero de dos mil veinte. SEXTO. Estudio de fondo. No es necesario trascribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito de demanda, ya que no se requiere para el desarrollo y dictado de la resolución. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece bajo el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los conceptos de violación que la parte quejosa esgrime en contra de los artículos 94 Ter, 94 Ter-1, 94 Ter-2, 94 Ter-3, 94 Ter-4, 94 Ter-5, 94 Ter-6, 94 Ter-7, 94 Ter-8, 94 Ter-9, 94 Ter-10 y 94 Ter-11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, mediante decreto 952 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5139 de seis de noviembre de dos mil trece, 6ª época, con vigencia a partir del siete de noviembre de dos mil trece. Así es, la parte quejosa aduce qué dichas disposiciones legales son violatorias de los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, contenida en el artículo 31, fracción IV de Nuestra Carta Magna, por lo siguiente: Porque dicho decreto debió ser refrendado por el secretario del ramo y no nada más por el Secretario de Gobierno. Es infundado el concepto de violación que la parte quejosa esgrime en contra de los artículos 94 Ter, 94 Ter-1, 94 Ter-2, 94 Ter-3, 94 Ter-4, 94 Ter-5, 94 Ter-6, 94 Ter-7, 94 Ter-8, 94 Ter-9, 94 Ter-10 y 94 Ter-11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Así es, la parte quejosa aduce qué dichas disposiciones legales publicadas en el periódico oficial "Tierra y Libertad", el seis de noviembre de dos mil trece, son inconstitucionales puesto que dicha ley desde su promulgación en mil novecientos ochenta y cuatro carece de refrendo por el secretario del ramo, de ahí que carezca del requisito de validez exigido por la ley fundamental local en su artículo 76, pues con el decreto 952, no se puede subsanar o corregir una ley que desde su nacimiento es invalida. Tal concepto de violación se considera infundado, pues contrario lo que afirma la promovente, el Decreto 952 publicado el seis de noviembre de dos mil trece, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado de Morelos número 5139 6ª época, con el que se adicionaron los artículos 94 Ter al 94 Ter-11, que regulan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, sí cumplió con el proceso legislativo legal para su formación. En efecto, si bien, en el Decreto 587, ya derogado, carecía del refrendo del Secretario de Hacienda del Estado, quien era el funcionario competente en la materia tributaria, pues únicamente lo hizo el Secretario de Gobierno, contrario a lo exigido en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos, vigente en esa fecha, lo que lo hacía inconstitucional por defecto en el proceso de su formación; empero, cierto es que el Decreto 952, ya no adolece de tales vicios de inconstitucionalidad. Ello obedece a que con independencia del vicio formal por la falta de firma del Secretario de Hacienda en el Decreto aludido (587), la reforma a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos con motivo del Decreto 952 publicado el seis de noviembre de dos mil trece, con vigencia a partir del siete de noviembre de dos mil trece, constituye formal y materialmente un nuevo acto legislativo mediante el cual se adicionaron los artículos 94 Ter al 94 Ter-11, en el que se siguió un proceso legislativo autónomo de aquél, observando las diversas formalidades establecidas en el artículo 76, de la Constitución Política del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado el veinte de julio de dos mil cinco, que dice: "Artículo 76.- Todos los decretos, reglamentos y acuerdos administrativos del Gobernador del Estado, deberán ser suscritos por el Secretario de Despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda. El decreto promulgatorio que realice el titular del Ejecutivo del Estado respecto de las leyes y decretos legislativos, deberá ser refrendado únicamente por el Secretario de Gobierno". El precepto constitucional estatal trascrito prevé que los decretos promulgatorios que realice el titular del Ejecutivo del Estado respecto de las leyes y decretos legislativos, deberán ser refrendados únicamente por el Secretario de Gobierno. Deriva de lo anterior, que los decretos que emita el Gobernador del Estado de Morelos, para la promulgación de las leyes y decretos que expida la Legislatura Estatal, a partir de la reforma de veinte de julio de dos mil cinco, del artículo 76 de la Constitución Política Estatal, requieren para su obligatoriedad únicamente la firma del Gobernador y el refrendo del Secretario de Gobierno, sin exigir como un requisito formal el del secretario encargado del ramo. Así pues, como el Decreto 952 fue publicado el seis de noviembre de dos mil trece, mediante el cual se adicionaron los artículos 94 Ter al 94 Ter-11, no requiere para formalizar su obligatoriedad la firma del secretario encargado del ramo, ya que esa exigencia se basa en el texto del artículo 76, de la Constitución Local del Estado que ya no se encuentra vigente, pues la intervención del referido secretario del ramo en el refrendo de las leyes y decretos expedidos por la legislatura estatal fue desincorporada por ese mismo órgano legislativo; entonces, no podría aplicarse el texto constitucional vigente antes de la reforma de veinte de julio de dos mil cinco, del artículo 76 de la Constitución Política Estatal, en el que se establecía como requisito formal el refrendo del secretario encargado del ramo, en virtud de que es el contenido constitucional vigente en la época en que fue emitido el referido decreto publicado el seis de noviembre de dos mil trece el que rige sus formalidades, como la exigencia relativa a que únicamente debe ser refrendado por el Secretario de Gobierno, determinación que se apoya en el respeto a la garantía de irretroactividad de la ley prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual no se autoriza que una situación anterior sea regulada por disposiciones que entraron en vigor con posterioridad, pues lo que el legislador estableció fue el ámbito temporal de aplicación de la nueva norma constitucional estatal sin modificar el de la disposición anterior. Es decir, el acto legislativo que se tilda de inconstitucionalidad se conformó a la luz del texto constitucional de la entidad, reformado en dos mil cinco, el cual no impone la exigencia de refrendo del secretario del ramo en los términos en que fue promulgado el anterior Decreto publicado el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro durante la vigencia del texto del artículo 76 de la constitución local anterior a la reforma de dos mil cinco, con la que desapareció esa formalidad. De ahí que el Decreto 952, publicado el seis de noviembre de dos mil trece, mediante el cual se adicionaron los artículos 94 Ter a 94 Ter-11 en la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en los que se fijaron precisamente las hipótesis normativas antes previstas en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, y que fueron las aplicadas al momento de la escrituración del bien inmueble adquirido por la inconforme, no conserva el vicio de inconstitucionalidad que se alega, lo que evidentemente torna infundado el motivo de disenso analizado. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Tomo XXVII, Junio de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son: "LEYES. LA REFORMA DE UNA DISPOSICIÓN LEGAL CONSTITUYE UN ACTO LEGISLATIVO NUEVO, AUN CUANDO REPRODUZCA EL CONTENIDO DE LA NORMA DE VIGENCIA ANTERIOR, O TENGA CON ELLA SIMILITUDES O DIFERENCIAS ESENCIALES O ACCIDENTALES. En ejercicio de su libertad de configuración, los órganos que participan en el proceso legislativo expresan su voluntad soberana a través del mecanismo establecido por el Constituyente en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consolidándose así la posibilidad de que sus integrantes no queden sujetos a la voluntad de quienes los antecedieron a través de las normas que emitieron, existiendo la posibilidad de que un nuevo cuerpo legislativo apruebe nuevos ordenamientos. Así, el ejercicio democrático de los representantes del pueblo a través del procedimiento indicado, debe entenderse bajo la idea de que en él se da espacio a las distintas opciones políticas, las cuales pueden expresar en un nuevo acto legislativo su voluntad de legislar en el sentido específico en que lo hagan, que podrá ser repitiendo con exactitud o con similitudes la norma antes vigente o introduciendo variaciones esenciales o accidentales, lo que conforme al principio de que la ley nueva deroga a la anterior, conlleva a que haya una nueva norma, independientemente de su contenido". Ahora bien, en lo que hace al disenso consistente en que no se encuentra definido uno de los elementos del impuesto y por ello, se viola el principio de legalidad tributaria, que le permita conocer con certeza que carga tributaria le corresponde, es decir al tomar el avalúo como base alternativa del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece como obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a la equidad como el principio en virtud del cual los sujetos que se ubiquen dentro de una situación jurídica equivalente, prevista y regulada en la ley, se encuentran obligados a sufragar un determinado tributo y, por ende, deben recibir igual trato en lo concerniente a todos los elementos y variables atinentes al impuesto de que se trate, mientras que los que estén en distinta situación jurídica, por lógica, no se encuentran sujetos a esa misma obligación tributaria y, consecuentemente, no reciben idéntico trato, lo que pone de relieve que la equidad, en suma, implica dar un trato igual a los sujetos que se encuentren en igual situación y distinto a quienes se ubiquen en un supuesto o situación diversa. Lo anterior se desprende de los criterios jurisprudenciales sustentados por la Suprema Corte de Justicia en torno al principio de equidad tributaria, los cuales a continuación se transcriben. Jurisprudencia P./J. 24/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, marzo de dos mil, página 35, de número de registro 192290, siguiente: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.". Tesis P./J. 42/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 198402, del siguiente texto: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El Texto Constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica." Tesis P./J. 41/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, junio de 1997, página 43, de número de registro 198403, de la literalidad siguiente: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.". La equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la ley que lo establece y regula, por lo que han de recibir igual trato en lo referente a esa contribución, resultando, por consiguiente, que, aunado al principio de proporcionalidad tributaria -en virtud del cual los sujetos han de contribuir de acuerdo con su respectiva capacidad económica- la justicia tributaria consagrada en la Constitución fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada contribuyente, debiéndose tratar igual a quienes se encuentren en iguales condiciones de capacidad económica y desigual a los sujetos que se ubiquen en condiciones de capacidad disímiles. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir igual trato que quienes se ubican en similares situaciones de hecho, porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, lo es ante la Ley y ante la aplicación de la Ley. De lo anterior resulta que dicha capacidad consistente en la adecuación de la aptitud objetiva para concurrir a las cargas públicas debe llevar a la igualdad en el tratamiento de los contribuyentes potenciales, es decir, a que la justicia se produzca en cada caso particular, alcanzándose por antonomasia la equidad tributaria consagrada en el Texto Constitucional. Así las cosas, del texto de las anteriores jurisprudencias se advierten los elementos objetivos que delimitan el principio de equidad tributaria, que son los siguientes: a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y, d) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con el derecho de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. En este sentido, el derecho fundamental de igualdad está positivizado constitucionalmente e implica que las autoridades no traten de manera diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica, es decir, que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho derecho fundamental se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato respecto de quienes se ubican en similar situación de hecho, situación que por ser Ley Suprema debe acatarse por todas las autoridades del país. Sin embargo, el principio de igualdad tiene un carácter complejo, pues no postula la paridad absoluta entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: I. Un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual; y, II. Uno diverso de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para el control de la constitucionalidad de las normas impugnadas conviene observar los siguientes criterios orientadores: A. Debe advertirse si existe una situación comparable y, con base en ésta, establecer si los sujetos se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. B. Advertida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida, para lo cual conviene: a) Advertir si la diferencia normativa persigue una finalidad constitucionalmente aceptable. b) Si la diferenciación cuestionada es adecuada para el logro del fin legítimo buscado. c) Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar. Así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 42/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, abril de 2010, página 427, que indica: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia.". Una vez establecido lo anterior, es necesario traer nuevamente al texto de la presente resolución el contenido de los artículos 94 ter y 94 ter 2 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, el cual establece lo siguiente: "Artículo *94 Ter.- Son sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las Construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento." "ARTÍCULO *94 Ter-2.- El valor del inmueble que se considerará para los efectos del artículo 94 Ter de esta Ley, será el que resulte más alto de entre el valor de la adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. En la determinación del valor del inmueble, se incluirá el valor de Construcciones que en su caso tenga, independientemente de los derechos que sobre éstas tengan terceras personas. Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará sobre el valor más alto entre el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. Las Tesorerías Municipales, establecerán las reglas de carácter general para práctica de avalúos. Para los efectos de este impuesto, los avalúos que se emitan tendrán vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha que se realicen. No producirán efectos fiscales los avalúos que no reúnan los requisitos a que refiere este artículo." Los artículos transcritos prevén que las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las Construcciones en su caso, ubicados en el Municipio deberán pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el cual se calculará aplicando al valor que resulte más alto de entre el valor de la adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada la tasa del dos por ciento. De donde se advierte que en dicho dispositivo legal se establece que para calcular la base del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles se tomará en cuenta el valor que resulte más alto de entre: 1. El valor de la adquisición. 2. El valor catastral, y, 3. El valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. No obstante lo anterior, contra lo sostenido por la parte quejosa, dicho precepto no es violatorio del artículo 31, fracción IV, constitucional. Ello es así, ya que el legislador no hace distinción alguna entre los sujetos obligados al pago del tributo, pues si bien establece tres supuestos para calcular el monto total del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, ello no lo torna inequitativo en atención a que la base gravable del impuesto a pagar es en función del valor real del inmueble materia de la adquisición. Por tanto, quien adquiera un inmueble de mayor precio paga más impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles que otros contribuyentes que adquieran uno de menor precio, y por ello, el impuesto debe ir en igual proporción, pues la cantidad a pagar es el reflejo de la capacidad económica de los contribuyentes, lo cual implica un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. La misma consideración se debe tener por cuanto al artículo 94 Ter-9.- pues los supuestos determinados en dicho apartado, como quedó antes precisado, se advierte que dicha diferenciación persigue una finalidad constitucional, misma que resulta adecuada para el logro de un fin legítimo buscado como promover la adquisición de una vivienda a través de un organismo del Estado, por lo que dicha medida adoptada se advierte que guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar. En consecuencia, resulta que el marco normativo del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, no es inequitativo, pues el legislador estableció la manera en que el cálculo del impuesto sea en proporción de la capacidad contributiva del sujeto obligado, es decir, las personas físicas que adquieran un inmueble de mayor precio pagarán un impuesto más alto que los que adquieran inmuebles de menor valía, lo que resulta congruente con el nivel de riqueza que se revela, determinando en todo caso una diferenciación constitucionalmente valida, de ahí que la parte quejosa no se encuentre en situación de desigualdad respecto de otras personas que al igual que ella adquieran un bien inmueble del mismo precio, pues la cantidad a pagar por el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles depende del valor real del inmueble. Por lo que se concluye que no se trasgrede el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. En consecuencia, al estimarse infundados los argumentos sostenidos por la parte quejosa, mediante el cual pretende impugnar el sistema legal del impuesto sobre adquisición de inmuebles que prevén los artículos tildados de inconstitucionales de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL respecto al reclamo de la inconstitucionalidad de los artículos 94 Ter a 94 Ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos vigente, y sus actos de aplicación. Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Allan Armin Mendoza Aragón, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a Allan Armin Mendoza Aragón, respecto de los actos reclamados que hizo consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 94 Ter a 94 Ter-11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en la última parte considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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