Alina Miroslava Cisneros Valle
Expediente 1669/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1669/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alina Miroslava Cisneros Valle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de doce de julio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En ese orden de ideas, dado que en el presente asunto se acreditó la existencia de una violación procesal en la tramitación del procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que sea legalmente notificada del acuerdo por el que la presente determinación cause ejecutoria, la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de inicio de procedimiento administrativo, dictado el seis de julio de dos mil veintidós, en el expediente 129/2022-6. 2. Emita un nuevo acuerdo en el cual, con plenitud de jurisdicción, determine la gravedad de la imputación atribuida a la quejosa Alina Miroslava Cisneros Valle, y hecho lo anterior, dicte el acuerdo que legalmente corresponda en relación con la conducta atribuida a la solicitante del amparo. 3. Notifique personalmente a la quejosa la determinación que emita en cumplimiento a este fallo. Finalmente, debe precisarse que la presente determinación no obliga a la autoridad responsable a que emita su acto en un determinado sentido, por lo que tiene libertad de jurisdicción para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento, en términos de las leyes aplicables..."., Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Al respecto, la autoridad responsable a través del escrito del diez de julio de dos mil veintitrés, informa que este amparo se relaciona con el expediente administrativo 129/2022-06, de donde emana el acto reclamado, sin embargo, el nueve de enero de dos mil veintitrés, se resolvió diverso expediente administrativo radicado con el número 304/2022-10, del índice de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, instaurado en contra de la quejosa Alina Miroslava Cisneros Valle, quien se encontraba adscrita a la Dirección General de la Policía Preventiva, perteneciente a la Subsecretaría de Policía Preventiva, bajo la categoría de Policía Tercero, en el que se tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa de la quejosa, imponiéndole la sanción consistente en remoción del cargo que venía desempeñando, determinación que al no haber sido impugnada a través del medio de defensa procedente, por proveído del diecinueve de enero del año en curso, causó ejecutoria. Así se tiene que, al haberse emitido la resolución del nueve de enero de dos mil veintitrés, en el expediente 304/2022-10, en el que se tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa de la quejosa, imponiéndole la sanción consistente en remoción del cargo que venía desempeñando como Policía Tercero adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva perteneciente a la Subsecretaría de Policía Preventiva de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de Cuernavaca, Morelos, y ésta haber causado ejecutoria por proveído del diecinueve de enero siguiente, momento procesal en que surtirá efectos tal determinación; este órgano jurisdiccional estima que existe una imposibilidad material y jurídica para que la responsable dé pleno cumplimiento al fallo constitucional. Lo anterior se afirma, máxime que los efectos de la ejecutoria de amparo consisten en emitir un nuevo acuerdo en el cual, con plenitud de jurisdicción, se determine la gravedad de la imputación atribuida a la quejosa Alina Miroslava Cisneros Valle, en relación con la conducta que se le reprocha, esto es, aun cuando es en relación al expediente 129/2022-06; destaca la circunstancia, que por la misma conducta reincidente de faltas a sus labores sin causa justificada, se instauró en su contra el expediente administrativo 304/2022-10, en el que se tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa que se le atribuye, lo cual motivó la sanción consistente en remoción del cargo que venía desempeñando, mismo que quedó precisado en los párrafos que anteceden, decretada en resolución del nueve de enero de dos mil veintitrés, de lo cual es dable establecer que no produciría ningún efecto jurídico el dictado de una nueva resolución y/o acuerdo en relación con la conducta atribuida a la solicitante del amparo. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si de las constancias de autos aparece probado que la sentencia concesoria aún no ha sido cumplida, pero atendiendo a la naturaleza del acto reclamado existe imposibilidad jurídica para acatarla, el incidente respectivo debe declararse sin materia, lo cual puede presentarse por cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de concederse la protección constitucional, porque han quedado insubsistentes las actuaciones de donde dimana ese acto reclamado, o bien, aun en la hipótesis de que subsista no pueda surtir efecto legal o material alguno en perjuicio de la quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, que tornaría jurídicamente imposible restituirla en el goce de la garantía que se estimó vulnerada en la sentencia, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia número 2a./J. 2/2008, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, que a la letra dice lo siguiente: ".INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia.". En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la ley en comento, se declara que no hay materia para la ejecución del fallo protector dictado en éste juicio de amparo. Por lo anterior, resulta irrelevante analizar en el presente asunto lo relativo a prejuzgar necesariamente sobre posible exceso o defecto en el cumplimiento al haber una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Del incidente de suspensión. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. Finalmente, visto el oficio con anexo signado por la Directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, ambos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia dictada; al respecto, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 1669/2022, promovido por ********************, contra actos de la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Actos reclamados: Presidente Constitucional del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Subsecretario de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. La omisión de emitir el dictamen y/o acuerdo, mediante el cual se conceda la pensión por invalidez, solicitada mediante escrito de ocho de enero de dos mil veintiuno. La retención del salario. La orden de baja del servicio médico como derechohabiente, que le otorgan las demandadas, a través del ISSSTE. Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. Director de Asuntos Internos, de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. El inicio del procedimiento de baja por faltas injustificadas. Los efectos y consecuencias de ese procedimiento de baja por faltas injustificadas. SEGUNDO. El ocho de julio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 880/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante escrito ingresado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, la parte quejosa formuló ampliación de demanda, respecto de los actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables: Actos reclamados: Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos. La omisión de dar cumplimiento a lo establecido el artículo 41 de la Ley Orgánica del Estado de Morelos. Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. La omisión de otorgar a la quejosa, las prestaciones en materia de seguridad social a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracciones XI, de la Constitución Federal. La omisión del Ayuntamiento de celebrar convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que se cubran todos y cada uno de los seguros a que se refiere el artículo 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y como consecuencia de ello, la privación de las prestaciones y servicios a que se refiere el artículo 4 de la misma Ley. Como consecuencia de lo anterior, el pago de las aportaciones de seguridad social ante el ISSSTE, ante la omisión de pagar las cuotas obrero patronales, desde el inicio de la relación administrativa que me une con las autoridades responsables. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La omisión o negativa de emitir en favor de la quejosa el Dictamen de invalidez, por la enfermedad general que padece y que le imposibilita el desempeño de su trabajo. Directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. La notificación y el contenido del oficio número SADMON/DGRRHH/DRL/PS/702/2022, por el cual se notificó a la quejosa el veintiséis de julio del dos mil veintidós, la respuesta a su petición de pensión, en la que determinó que no era posible dar trámite a su solicitud, ya que no había cumplido con lo que establece el artículo 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistente en el Dictamen emitido por el ISSSTE, en el cual se decrete la invalidez o incapacidad definitiva. Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. La notificación por estrados realizada a la quejosa sobre el inicio del procedimiento. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, este juzgador requirió a la parte quejosa para que ratificara su escrito de ampliación de demanda, debido a que la firma plasmada en él era notoriamente discrepante con la asentada en el escrito de demanda. El cinco de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa ratificó su escrito de ampliación de demanda. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, este juzgador desechó parcialmente la ampliación de demanda de amparo, por cuanto a los actos omisivos reclamados al Ayuntamiento y al Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, relativos a la falta de pago de distintas prestaciones de seguridad social; y admitió la ampliación de demanda de amparo, respecto de los restantes actos reclamados, requirió a las autoridades responsables sus informes justificados e hizo de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito decretó la separación de autos de este juicio, debido a que los actos reclamados en el escrito de demanda y en su ampliación, atribuidos a distintas autoridades de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, no se encontraban vinculados entre sí; por ello, ordenó la separación de los actos reclamados a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos y al Director de Asuntos Internos de esa Secretaría, expidiendo un legajo de copias certificadas, al que se anexaría las copias certificadas del expediente administrativo ********************, para ser remitido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con el fin de que fuera turnada como demanda nueva. QUINTO. En auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1334/2022, el Juzgado Cuarto de Distrito en esta ciudad, no aceptó la competencia declinada y devolvió el expediente, así como su anexo respectivo. En auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 880/2022, este Juzgado Tercero de Distrito, devolvió el asunto a su homólogo Cuarto. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, el Juzgado Cuarto de Distrito, planteó conflicto competencial y remitió el asunto al Tribunal Colegiado respectivo. Mediante resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente 7/2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, resolvió que sí existía conflicto de acumulación por separación de autos y ordenó remitir el asunto a este Juzgado Tercero de Distrito, para que fuera radicado y se avocara al conocimiento del mismo. SEXTO. En auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito, recibió la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, del Tribunal Colegiado de referencia y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo con el número de expediente 1669/2022, señalando fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: ? De la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos: El inicio del procedimiento de baja por faltas injustificadas, así como los efectos y consecuencias de ese procedimiento. ? Del Director de Asuntos Internos, de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos: El inicio del procedimiento de baja por faltas injustificadas, así como los efectos y consecuencias de ese procedimiento; también, la notificación por estrados del inicio de tal procedimiento. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que es parcialmente cierto en lo que concierne a los actos reclamados a que se refieren los incisos A y B, del apartado dos, del capítulo cuarto, de la demanda de amparo promovida por la quejosa. Los incisos a que se refiere la responsable, son del tenor siguiente: "A) El inicio del procedimiento de baja por faltas injustificadas, en contra de la suscrita. "B) Los efectos y consecuencias de ese procedimiento de baja por faltas injustificadas. Sin embargo, no es dable tener por ciertos esos actos reclamados, toda vez que de la revisión que se efectúa a la copia certificada del procedimiento administrativo ********************, no se desprende que la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, haya participado en el inicio de ese procedimiento administrativo incoado en contra de la aquí quejosa ********************. A la documental antes referida se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. Cabe señalar que con el informe justificado rendido por la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, se dio vista a la quejosa; no obstante fue omisa en realizar manifestación alguna. En consecuencia, debe tenerse por inexistente el acto reclamado, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ".......................... "IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. Por lo tanto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Director de Asuntos Internos, de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que es parcialmente cierto en lo que concierne a los actos reclamados a que se refieren los incisos A y B, del apartado dos, del capítulo cuarto, de la demanda de amparo promovida por la quejosa. Los incisos a que se refiere la responsable, son del tenor siguiente: "A) El inicio del procedimiento de baja por faltas injustificadas, en contra de la suscrita. "B) Los efectos y consecuencias de ese procedimiento de baja por faltas injustificadas. Lo que se corrobora de la revisión que se efectúa a la copia certificada del procedimiento administrativo ********************, que adjuntó a su informe justificado. A la documental antes referida se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. Por otra parte, la Directora de Asuntos Internos, de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe justificado en relación a la ampliación de demanda de amparo, manifestó que no es cierto el acto reclamado, en virtud de que el emplazamiento fue realizado conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Morelos. Ahora, el acto reclamado en la ampliación de demanda a la citada Directora de Asuntos Internos, es la notificación por estrados realizada a la quejosa, sobre el inicio del procedimiento administrativo seguido en su contra y del análisis que se efectúa a la copia certificada del expediente ********************, se obtiene que en acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dicha Directora ordenó que el auto de inicio del procedimiento administrativo de seis de julio de dos mil veintidós, se efectuara a ********************, por medio de lista de estrados que se lleva en la Dirección de Asuntos Internos. Así las cosas, se tiene por cierto el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La Directora de Asuntos Internos, de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, en su informe justificado que rindió en relación a la ampliación de demanda, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque no existe el acto reclamado. Es infundada dicha causa de improcedencia, porque en el considerando que antecede quedó demostrada la existencia del acto reclamado en la ampliación de demanda a dicha Directora. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que resulta innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Este Juzgado de Distrito estima que se está en el caso de suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, debido a que el referido precepto establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. Ese mandato debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública. En este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado. Lo anterior es acorde a la jurisprudencia P./J. 7/2017, emitida por el Plano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado". En suplencia de la queja, este Juzgado de Distrito advierte que la autoridad responsable Director de Asuntos Internos, de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo que emitió el seis de julio de dos mil veintidós, en el expediente ********************, omitió estudiar la gravedad de la infracción que se atribuyó a la quejosa ********************, a fin de otorgar seguridad y certeza jurídica a la quejosa respecto de ese procedimiento, conforme a lo ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, de la lectura realizada al acto reclamado, no se advierte que la autoridad responsable hubiere analizado tal circunstancia. Tal omisión trasciende al sentido del acto reclamado, dado que el estudio del elemento antes precisado, complementa la protección a los principios de seguridad y certeza jurídica, en la medida en que el servidor público sujeto a investigación tiene conocimiento pleno de los hechos u omisiones que se le imputan, con la finalidad de que pueda trazar la estrategia jurídica necesaria para desvirtuarlos. Con el estudio de la gravedad de la infracción, se garantiza el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita del servidor público sujeto a un procedimiento de esta índole, evitando con ello que la autoridad pueda actuar arbitrariamente. Lo anterior es acorde a la jurisprudencia número 2ª/J. 3/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL ESTUDIO DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN, ASÍ COMO EL RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE SUSTANCIAR DICHO PROCEDIMIENTO, SON OBLIGATORIOS DESDE EL ACUERDO DE INICIO. Conforme al artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (abrogada), las facultades punitivas de la autoridad administrativa tienen un plazo de prescripción genérico de 3 años y otro de 5 años para el caso de que la infracción se considere grave. En ese sentido, en atención al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los agentes del Ministerio Público Federal pueden ser removidos de su cargo en caso de que la Visitaduría General considere que se actualiza alguna de las conductas consideradas como graves, por lo que es obligatorio que desde el acuerdo de inicio del procedimiento, se analice lo atinente a la gravedad de la conducta o infracción atribuida al servidor público, así como la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad encargada de sustanciarlo, toda vez que la gravedad de la infracción complementa la protección a los principios de seguridad y certeza jurídicas, en la medida en que el servidor público sujeto a investigación tiene conocimiento pleno de los hechos u omisiones que se le imputan, con la finalidad de que pueda trazar la estrategia jurídica necesaria para desvirtuarlos, aspectos que impactan en la figura de la prescripción, la cual también es de estudio preferente y obligatorio, ya que ningún fin práctico tendría sustanciar el procedimiento administrativo en todas sus etapas, si en realidad las facultades para imponer las sanciones correspondientes ya prescribieron, con lo cual también se garantiza el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita del servidor público sujeto a un procedimiento de esta índole, evitando con ello que la autoridad pueda actuar arbitrariamente". Jurisprudencia que, incluso, fue invocada por el Director de Asuntos Internos, en el acuerdo reclamado, después de analizar la figura de la prescripción. Con base en la jurisprudencia anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a las autoridades que conozcan de los procedimientos administrativos de remoción que den a conocer a las personas sujetas a tales procedimientos, desde el acuerdo de inicio, la gravedad de la infracción y el análisis de la prescripción. Sin que se pierda de vista que esa jurisprudencia versaba respecto de la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. No obstante ello, el los derechos que se pretenden tutelar, tanto en la jurisprudencia antes citada, como en el presente asunto, son los derechos de seguridad y certeza jurídica de las personas sometidas a procedimientos de remoción, cese o equivalentes. Ahora bien, es cierto que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, no prevé de manera expresa o literal, un catálogo o clasificación de conductas graves o no graves; sin embargo, ello no impide que la autoridad responsable pueda clasificar esa gravedad al momento de dictar el acuerdo de inicio de procedimiento. A fin de corroborar tal afirmación, es menester traer a contexto el marco normativo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra los elementos de las instituciones de seguridad pública, regulado por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. En primer lugar el artículo 100 de la referida normatividad contempla las obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. "Artículo 100.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente; VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población; VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo; VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias; (REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013) XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública, así como los lineamientos o protocolos de actuación que para el uso de la fuerza pública se emitan en base a las prevenciones generales a que refiere esta Ley; XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables conductas antisociales, hechos delictivos, o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente; XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica; XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables; XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones; XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda; XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente; XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones; XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes; XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio; XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y (REFORMADA, P.O. 10 DE ENERO DE 2018) XXVIII. Las señaladas en el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás normativa aplicable." Por otra parte, el artículo 101 de la referida norma, especifica otras obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública: "Artículo 101.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las instituciones policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes: (REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013) I. Registrar en el informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice, debiendo en el caso del empleo de la fuerza pública detallar de manera pormenorizada las condiciones o circunstancias que motivaron el uso de la misma; II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras instituciones de seguridad pública, en los términos de las leyes correspondientes; III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de conductas antisociales o delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres; IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho; VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando; VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; (REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) IX. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, cuando sean la primera autoridad policial en conocer del hecho probable delictivo, conforme a los lineamientos, protocolos, manuales y cualquier otro dispositivo legal previstos en las leyes penales; (ADICIONADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) X. Recabar los datos e información mediante entrevistas a los testigos, debiendo dar aviso a la Policía Especializada en Procesamiento de la Escena del Hecho Delictivo y al Ministerio Público correspondiente; (ADICIONADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) XI. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio; (ADICIONADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) XII. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y (REFORMADA, P.O. 10 DE ENERO DE 2018) XIII. Las señaladas en el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás normativa aplicable. (REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013) Siempre que se use la fuerza pública, se hará de manera racional, congruente, oportuna, cuando sea estrictamente necesario y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho." En esa vertiente, el precepto 104 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, enlista las sanciones o correctivos disciplinarios aplicables a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, ante el incumplimiento de sus obligaciones. "Artículo 104.- Las instituciones de seguridad pública impondrán las sanciones o correctivos disciplinarios aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta ley y en el reglamento de la materia. Los órganos competentes que conocerán de éstos serán los previstos en su propia legislación y reglamentos. Las sanciones y procedimientos de aplicación se especificarán en el reglamento de la presente ley y serán, al menos, las siguientes: (REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) I. Correctivos Disciplinarios: a. Amonestación, y b. Arresto el cual no excederá de 36 horas, y (REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) II. Sanciones: a. Cambio de Adscripción; b. Suspensión temporal de funciones, y c. Destitución o remoción." En el artículo 159 de la ley citada se prevé las causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por ende sin indemnización. "Artículo 159.- Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares: I. Cometer falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones previstos en la presente Ley y demás normatividad aplicable, para las instituciones de seguridad pública; II. Infligir, tolerar y permitir actos de tortura, sanciones crueles, inhumanas y degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; III. Faltar a sus labores por tres o más días, en un período de treinta días naturales, sin permiso del Titular de la Dependencia Estatal o Municipal o sin causa justificada; IV. Abandonar injustificadamente el servicio asignado; V. Resolución de autoridad competente que le impida continuar con el desempeño material de su servicio; VI. No cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; VII. Incurrir en faltas de probidad y honradez durante el servicio, o cometer actos inmorales; VIII. No observar buena conducta, ni respetar la persona y órdenes de sus superiores jerárquicos; IX. Portar el arma a su cargo fuera del servicio o dentro del mismo, para un fin distinto a la seguridad pública; X. Poner en peligro a los particulares o a otros elementos de las instituciones de seguridad pública a causa de imprudencia, descuido o negligencia; XI. Asistir a sus labores bajo el influjo de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo XII. Consumir cualquier tipo de droga, psicotrópico, enervante, estupefaciente fuera o dentro del servicio; XIII. No obedecer sistemática e injustificadamente las órdenes que reciba de sus superiores con motivo del servicio que presta; XIV. No custodiar y conservar la documentación e información que por razón del cargo o comisión esté a su cuidado o a la cual tenga acceso; XV. Revelar asuntos secretos o reservados de los que tengan conocimiento, sin el consentimiento de su superior jerárquico; XVI. Presentar por sí o interpósita persona, documentación alterada o falsificada; XVII. Incumplir en forma reiterada con los objetivos y metas programáticas específicas que le correspondan; XVIII. Aplicar a sus subalternos, en forma dolosa o reiterada, correctivos disciplinarios notoriamente injustificados; XIX. Obligar por cualquier motivo a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de dádivas; XX. Incumplir la prohibición de no ser socio, propietario o empleado por sí o por interpósita persona de empresas de seguridad; XXI. Negar la información oficial que le sea solicitada por autoridades y órganos públicos autorizados; XXII. Solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, en el ejercicio de sus funciones, dinero u objetos, mediante enajenación a su favor, o en precio notoriamente inferior a aquél al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para terceras personas; XXIII. No acreditar las evaluaciones y exámenes de control de confianza; XXIV. No atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de otras autoridades o de sus titulares; XXV. No denunciar por escrito ante la autoridad correspondiente, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones cometa algún servidor público, que pueda constituir responsabilidad administrativa o de cualquier otra naturaleza, en los términos de esta Ley y otros ordenamientos aplicables; XXVI. Aprovechar la posición que su cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; XXVII. Ser condenado a pena de prisión resultado de una sentencia ejecutoriada; XXVIII. Incurrir en alguna de las prohibiciones, establecidas en la presente ley; XXIX. Causar intencionalmente daño o destrucción de material, herramientas, vestuario, equipo, vehículos y en general todo aquello propiedad de la corporación, de sus compañeros y demás personal de la misma; XXX. Ser declarado responsable en cualquiera de los procesos instaurados en su contra, relativos a las causales contenidas en el presente artículo, y XXXI. Las demás que señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables." Por otra parte, cabe destacar que el artículo 160, refiere a la gravedad de las sanciones y los parámetros para calificarlas y las autoridades competentes para hacerlo. "Artículo 160.- La gravedad de las sanciones será determinada por los Consejos de Honor y Justicia o la instancia correspondiente, de conformidad con el Reglamento de la presente ley, cuyos integrantes, deberán tomar en cuenta: I. La supresión de conductas que afecten a la ciudadanía o lesionen la imagen de la corporación e institución de Seguridad Pública; II. Las circunstancias socioeconómicas del elemento policial; III. Los antecedentes, el nivel jerárquico y las condiciones del sujeto a procedimiento; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio policial; y VI. La reincidencia en que haya incurrido el sujeto a procedimiento, la cual haya sido concluida con una sanción." En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa, el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, prevé el trámite para su substanciación. "Artículo 171.- En los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el siguiente procedimiento: I. Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159; II. Concluido el término previsto en la fracción que antecede, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas del expediente formado para tal efecto, dejando constancia de ello; III. Notificada que sea el elemento, se le concederán diez días hábiles para que formule la contestación y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan; concluido el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por el término de cinco días hábiles. Dentro de dicho término, las partes deberán ofrecer las pruebas que a su derecho correspondan, relacionándolas con los hechos controvertidos; IV. Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo contener lugar, día y hora para el desahogo de las mismas, con el apercibimiento de ambas partes, que en caso de no comparecer sin causa justificada, se llevará a cabo la audiencia, teniéndose por precluido cualquier derecho que pudiera ejercitar en la misma. El plazo para el desahogo de esta audiencia no deberá exceder de quince días hábiles; V. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, se desahogarán las pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos que a su derecho convengan de manera verbal o por escrito; VI. Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva, que no deberá exceder del término de los diez días hábiles siguientes; y VII. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia Administrativa en el Estado." Como se observa, los numerales transcritos establecen las obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, así como las sanciones o correctivos disciplinarios aplicables por incumplimiento de esos deberes y las conductas que son causa de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y, por consiguiente, sin indemnización. Asimismo, disponen que la gravedad de las sanciones será determinada por los Consejos de Honor y Justicia o la instancia correspondiente para calificar esa gravedad, para lo que debe tomarse en cuenta: ? La supresión de conductas que afecten a la ciudadanía o lesionen la imagen de la corporación e institución de Seguridad Pública. ? Las circunstancias socioeconómicas del elemento policial. ? Los antecedentes, el nivel jerárquico y las condiciones del sujeto a procedimiento. ? Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. ? La antigüedad en el servicio policial. ? La reincidencia. También, regulan el procedimiento por medio del cual se sancionan a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, por incumplir con sus deberes y obligaciones, el cual es sustanciado por la Unidad de Asuntos Internos, la que elaborará la propuesta de sanción y la pondrá a disposición del Consejo de Honor y Justicia, para que esta emita la resolución respectiva, la que puede ser en el sentido de confirmar, modificar o negar la propuesta de sanción, respecto de los siguiente: ? Destitución o remoción de la relación administrativa. ? Suspensión temporal de funciones. ? Cambio de adscripción; y, ? Los recursos de queja y rectificación. En ese contexto, se estima que aun cuando la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, no contempla expresamente clasificación o catálogo de las conductas graves o no graves, lo cierto es que en sus numerales 100, 101 y 159 establece las obligaciones y deberes de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, así como las conductas que dan lugar a su remoción de manera justificada, entre otras sanciones; aunado a que, el precepto 160 prevé la atribución legal de los "Consejos de Honor y Justicia o de la instancia correspondiente" para calificar la gravedad de esas infracciones o conductas, de acuerdo a los parámetros que la misma ley prevé. Sobre esa base, atendiendo a que, el Director de Asuntos Internos, es el competente para conocer las quejas o denuncias contra los elementos de las instituciones de seguridad pública, integrar la investigación y emitir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, en términos de lo previsto en la fracción I del artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; se considera que, también es quien debe establecer de manera clara y precisa cuáles son las conductas descritas en la ley, que se adecuan al comportamiento de la quejosa sujeta al procedimiento, y al respecto, debe examinar si las conductas por las que se iniciará dicho procedimiento, son graves o no graves, clasificación que debe realizar atendiendo a los parámetros que dispone el numeral 160 de dicho ordenamiento legal. Ello en razón de que, la autoridad recurrente cuenta con atribuciones legales para analizar las conductas atribuidas a dichos elementos de seguridad pública, derivadas del artículo 160 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, al ser la instancia correspondiente que resuelve sobre el inicio del procedimiento de responsabilidad. De ahí que, no sólo al emitir la resolución con la que concluye el procedimiento administrativo es posible analizar la gravedad de la conducta atribuida al miembro de la institución de seguridad pública, sino que también puede realizarse por la Unidad de Asuntos Internos, al emitir el acuerdo de inicio del procedimiento, con el objeto de cumplir con los principios de seguridad y certeza jurídica, en la medida de que tiene conocimiento pleno de los hechos u omisiones que se le imputan, con la finalidad de que pueda trazar la estrategia jurídica necesaria para desvirtuarlos. Ahora bien, el análisis de la gravedad de la infracción que se le imputa a la servidora pública, es necesaria para establecer si poera o no la prescricpción de las facultades sancionadoras de la autoridad, de ahí la relevancia de que la calificación de gravedad, se realice por la autoridad instructora desde el incio del procedimiento administrativo, ya que ningún sentido tendría iniciarlo y sustanciarlo, si al final se determina la prescripción de sus facultades punitivas. Ello se afirma, con base en la jurisprudencia número 2ª/J. 3/2018, aplicada por este Juzgado de Distrito, para equiparar la trascendencia que implica examinar la gravedad de la conducta atribuida de los servidores públicos en el acuerdo de inicio. Jurisprudencia número 2ª/J. 3/2018, que, se advirtió, fue invocada por el Director de Asuntos Internos, enseguida de que analizó la figura de la prescripción, en el acuerdo reclamado de seis de julio de dos mil veintidós, que emitió en el expediente ********************. Además, también debe considerarse la trascendencia que implica la instauración de un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de un miembro de las instituciones policiales, ya que de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquiera que sea el sentido de una resolución, en ningún caso procede su reincorporación al servicio. Así, como lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ningún sentido tendría iniciar y sustanciar el procedimiento, si al final se determina la prescripción de sus facultades punitivas; y también con el objetivo de evitar un daño irreparable al quejosa, si se declarara un cese aun cuando la facultad sancionadora estuviera prescrita. La determinación de este Juzgado de Distrito se orienta en la resolución de uno de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo de Circuito, en el recurso de revisión 117/2023, en la que confirmó la sentencia amparadora dictada en el juicio de amparo 834/2022, del índice de este Órgano Jurisdiccional. En atención a lo anterior, este Juzgado de Distrito se abstiene de analizar las restantes argumentaciones de la quejosa, esto en virtud de que los efectos del presente fallo tienen como finalidad la reposición del procedimiento de origen, por lo que carece de sentido lógico y congruente el análisis de los agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, ya que, con el cumplimiento de esta resolución, el resultado final podría variar el sentido de la resolución impugnada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6°T. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES, CONCEDIDO EL AMPARO POR, ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES DE FONDO. Resulta innecesario entrar al estudio de las violaciones de fondo aducidas en la demanda de amparo, si se concedió la protección de la justicia federal al quejoso, para el efecto de que se reponga el procedimiento por violaciones cometidas en el mismo, pues en cumplimiento de esta ejecutoria, la autoridad responsable deberá dictar un nuevo laudo donde las violaciones de fondo acusadas podrán ser reparadas al resolver de nueva cuenta el fondo del negocio". SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En ese orden de ideas, dado que en el presente asunto se acreditó la existencia de una violación procesal en la tramitación del procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que sea legalmente notificada del acuerdo por el que la presente determinación cause ejecutoria, la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de inicio de procedimiento administrativo, dictado el seis de julio de dos mil veintidós, en el expediente ********************. 2. Emita un nuevo acuerdo en el cual, con plenitud de jurisdicción, determine la gravedad de la imputación atribuida a la quejosa ********************, y hecho lo anterior, dicte el acuerdo que legalmente corresponda en relación con la conducta atribuida a la solicitante del amparo. 3. Notifique personalmente a la quejosa la determinación que emita en cumplimiento a este fallo. Finalmente, debe precisarse que la presente determinación no obliga a la autoridad responsable a que emita su acto en un determinado sentido, por lo que tiene libertad de jurisdicción para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento, en términos de las leyes aplicables. Por lo expuesto y fundado se resuelve, con fundamento en los artículos 1° y 77, fracción I, y demás relativos de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, por el acto reclamado al Director de Asuntos Internos, de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy dieciséis de junio de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que mediante auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado no aceptó la ampliación de demanda formulada por la parte quejosa, por tal motivo, y, para dar oportunidad a dicha parte de en su caso impugnar dicha determinación, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
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- Alicio González Díaz311/2020
- Alicio Gonzalez Diaz575/2018
- Alicio Gónzalez Díaz1114/2023
- Alina Abigail Vega Rodriguez21/2016
- Alina Miroslava Cisneros Valle880/2022
- Alina Miroslava Cisneros Valle294/2023
- Allan Armin Mendoza Aragon167/2020
- Allan González Velázquez1500/2019
- Alma Adriana Palacios Martinez1679/2015
- Alma Adriana Villanueva Madrid1031/2015
- Alma Alicia Flores Zamora256/2015