Alina Miroslava Cisneros Valle

Expediente 880/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 41 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
880/2022
Año
2022
Actuaciones
41
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Alina Miroslava Cisneros Valle
  • Presidente Constitucional del Municipio de Cuernavaca, Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 19, fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado. Respecto del cuaderno original, toda vez que se concedió la medida cautelar de manera definitiva, con apoyo en el artículo 17, fracción III, se determina que es susceptible de conservación, una vez transcurra la temporalidad señalada en dicho numeral. Devolución de documentos Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual remite la promoción original registrada con el folio 20952, relativa al juicio de amparo 1334/2022, de su índice, al que adjunta el informe justificado que rinde el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, ello con motivo de lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el conflicto de acumulación 7/2022, que determinó que este juzgado debe conocer del juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos atribuidos a la autoridad antes mencionada. Por lo anterior, y como se advierte de la certificación de cuenta, este juzgado radicó el amparo 1669/2022, motivo del conflicto de acumulación resuelto; por lo tanto, vía oficio envíese el original de la promoción remitida por la autoridad oficiante al juicio que le corresponde de esta estadística, previa copia que obre en autos, para que se acuerde lo que en derecho proceda sobre su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 880/2022, promovido por ******************** contra actos del Presidente municipal de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el siete del mismo mes y año, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Presidente municipal de Cuernavaca, Morelos "A) La omisión de emitir el dictamen y/o acuerdo mediante el cual se conceda a la suscrita la pensión por invalidez que solicite mediante escrito de fecha 08 de enero de 2021. B) La retención ilegal del salario que le corresponda a la suscrita, ya que aún continúo en activo, a pesar de que no han emitido el dictamen y/o acuerdo en el que se me conceda pensión por invalidez. C) La orden de baja del servicio médico como derechohabiente, que me otorgan las demandadas a través del ISSSTE [sic]". Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Subsecretario de Recursos Humanos del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos "A) El inicio del procedimiento de baja por faltas injustificadas, en contra de la suscrita. B) Los efectos y consecuencias de ese procedimiento de baja por faltas injustificadas". Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos SEGUNDO. El ocho de julio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 880/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional TERCERO. Mediante escrito ingresado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, la parte quejosa formuló su ampliación de demanda, respecto de los actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Presidente municipal de Cuernavaca, Morelos ".reclamo, la omisión de dar cumplimiento a lo establecido el artículo 41 de la Ley Orgánica del Estado de Morelos.". "1. La omisión de otorga a la suscrita, las prestaciones en materia de seguridad social a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracciones XI, de la Constitución Federal. 2. La omisión del Ayuntamiento de celebrar convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que se cubran todos y cada uno de los seguros a que se refiere el artículo 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y como consecuencia de ello, la privación de las prestaciones y servicios a que se refiere el artículo 4 de la misma Ley. 3. Como consecuencia de lo anterior, el pago de las aportaciones de seguridad social ante el ISSSTE, ante la omisión de pagar las cuotas obrero patronales, desde el inicio de la relación administrativa que me une con las autoridades señaladas como responsables". Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ".la omisión o negativa de emitir en favor de la suscrita el Dictamen de invalidez, por la enfermedad general que padezco y que imposibilita el desempeño de mi trabajo". Directora General de Recursos Humanos del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos "La ilegal notificación y el contenido del oficio número SADMON/DGRRHH/DRL/PS/702/2022, por el cual supuestamente notificó a la suscrita el 26 de julio del año 2022, la respuesta a su petición de pensión, en la que determinó que no era posible dar trámite a su solicitud, ya que no había cumplido con lo que establece el artículo 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistente en el Dictamen emitido por el ISSSTE, en el cual se decrete la invalidez o incapacidad definitiva". Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos "La ilegal notificación por estrados realizada a la suscrita sobre el inicio del procedimiento, por no haberse realizado conforme a los procedimientos establecidos". CUARTO. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, este juzgador requirió a la parte quejosa para que ratificara su escrito de ampliación de demanda, debido a que la firma plasmada en él era notoriamente discrepante con la asentada en el escrito de demanda. En consecuencia, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa ratificó su escrito de ampliación de demanda. QUINTO. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, este juzgador desechó parcialmente la ampliación de demanda de amparo, por cuanto a los actos omisivos reclamados al ayuntamiento y al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, relativos a la falta de pago de distintas prestaciones de seguridad social. Asimismo, admitió la ampliación de demanda de amparo, respecto de los restantes actos reclamados, requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, e hizo de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, el suscrito decretó la separación de autos de este juicio, debido a que los actos reclamados en el escrito de demanda y en su ampliación, atribuidos a distintas autoridades de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. De este modo, se precisó que este juicio versaría únicamente respecto de los actos reclamados a las restantes autoridades responsables, con excepción de las pertenecientes a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. Para dar margen a lo anterior, se difirió la fecha señalada para la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama: 1. Del Presidente municipal, Subsecretario de Recursos Humanos y ayuntamiento, todos ellos de Cuernavaca, Morelos: La omisión de emitir el dictamen y/o acuerdo por el que conceda a la quejosa la pensión por invalidez, solicitada por escrito de ocho de enero de dos mil veintiuno. 2. Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: la omisión de emitir en favor de la quejosa un dictamen de invalidez. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El jefe de servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Morelos, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, ya que desde el veintiuno de octubre de dos mil veinte, expidió en favor de la quejosa un certificado médico de invalidez por enfermedad general para los trabajadores del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Lo anterior quedó acreditado mediante la exhibición de copia certificada del acuse de entrega de ese documento, que contiene el nombre y firma de recepción de la parte quejosa. Con el informe justificado y anexos, se dio vista a la parte quejosa para que desvirtuara esa negativa, sin que hubiera realizado manifestación alguna. En consecuencia, debe tenerse por inexistente el acto reclamado, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. Por lo tanto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, únicamente respecto del acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables municipales negaron el acto reclamado. No obstante, debe tenerse por cierto el acto que se les atribuyó, toda vez que la quejosa acreditó haber solicitado la pensión por invalidez al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos de ese municipio. Cabe señalar que dicha petición, a la fecha de presentación de la demanda, no había sido atendida por parte de las responsables, razón por la cual, debe tenerse por cierto el acto reclamado a las autoridades municipales. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, del mismo ordenamiento, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". De los artículos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando esa circunstancia resulte de la Constitución general o de la propia Ley de Amparo. Disponen que el amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución general, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, prevén que la autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Acotado lo anterior, debe precisarse que el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2016, señaló que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución general, garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social. Esta prerrogativa tiene el carácter de derecho sustantivo derivado del vínculo entre patrón y empleado, dentro de la cual, se encuentran los derechos a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador. En tales supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. Se estableció que en el estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64, 66, disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, entre otras. Asimismo, se sostuvo que ese ordenamiento establece los requisitos, formalidades y el trámite de las pensiones respectivas, así como la manera en que deben ser calculadas, su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. El mencionado Pleno razonó que acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución general, en relación con el 114 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. De ahí que si se pretende el reconocimiento de un derecho incorporado en la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la relación de trabajo -cualidad que revisten las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez- se colige la competencia de dicho tribunal para su conocimiento. Expuso que, si las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez constituyen un derecho de los trabajadores burocráticos, que se incorpora a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral que existe entre estos y el ayuntamiento para el que prestan o prestaron sus servicios de manera personal y subordinada, entonces, el conflicto que se genera con motivo de esa pensión, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, ante quien el trabajador o sus beneficiarios han de hacer valer la pretensión, en contra del patrón, consistente en el otorgamiento de una de las pensiones citadas. Consideró, que en el ejercicio del derecho a obtener una pensión, los trabajadores o sus beneficiarios pueden enfrentarse a las siguientes circunstancias: I. Que el Ayuntamiento de que se trate, se niegue a recibir la solicitud respectiva; II. Que dicho Ayuntamiento no emita el acuerdo correspondiente en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida; III. Que el citado Ayuntamiento emita en sentido negativo el acuerdo de pensión. Estableció, que cualquiera de las referidas hipótesis, configurará un conflicto entre el trabajador o sus beneficiarios, solicitantes de la pensión, y el ayuntamiento patrón, a quien se haya presentado o intentado presentar la solicitud respectiva, dado que surgirá una postura antagónica entre las partes involucradas, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, para dirimir dicha contienda. Determinó, que los requisitos y obligaciones que la ley impone a las partes (patrón y empleado), tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual debe ser dilucidado en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución general, en respeto al derecho fundamental de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo. Razonó, que no deben de confundirse las facultades y obligación de los ayuntamientos para otorgar o negar las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, con la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los ayuntamientos y sus trabajadores o beneficiarios de estos, relacionados con las pensiones a que se ha hecho referencia, pues, la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban la solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para ambas partes. En cambio, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones, obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. Así, determinó que, al constituir el otorgamiento de las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado entre un municipio del Estado de Morelos y sus trabajadores o sus beneficiarios, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Los razonamientos anteriores quedaron plasmados en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, que dice: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado. Bajo ese orden de ideas, si se toma en consideración que la parte quejosa reclamó de las autoridades del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, la omisión de emitir el dictamen y/o acuerdo por el que le conceda la pensión por invalidez, solicitada por escrito de ocho de enero de dos mil veintiuno, antes de acudir al juicio de amparo, debe intentar la acción laboral cuya competencia corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos. Por lo anterior, el juicio de amparo que aquí se resuelve es improcedente. La determinación aquí adoptada encuentra sustenta además, en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, el catorce de julio de dos mil veintidós, en el recurso de queja 114/2022, interpuesto en contra del auto de dos de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 683/2022-IV-A, por la Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos. En ese sentido, se surte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando se advierte o sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. En consecuencia, debido a que sobrevino la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la ley en comento, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Jaime César Pereyra Román, hasta hoy veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en el Estado, por medio del cual comunica el proveído de ocho de noviembre del año en curso, en el que se admitió el conflicto de acumulación planteado por la Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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