Alicia Santaclara Sánchez
Expediente 913/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alicia Santaclara Sánchez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de trece de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Alicia Santaclara Sánchez, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 12 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevén los diverso numeral 15, 17 y 18 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. DE CONSTANCIAS Finalmente, hágase devolución del tomo de prueba que la autoridad responsable ordenadora adjuntó a su informe, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. POR RECIBIDA LA DEMANDA Por recibido el oficio número 4223 de diez de julio de dos mil veintitrés, signado electrónicamente por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acompaña el juicio de amparo directo civil ********************, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra el acto del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; así como el toca de apelación ********************. Del oficio de cuenta, se desprende que por acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, declaró que dicho tribunal es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo planteada por ********************, por propio derecho, contra el acto consistente en la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación ********************, mediante la cual confirmó la resolución interlocutoria de dieciséis de marzo anterior, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, por la cual declaró infundados e improcedentes los incidentes de litisconsorcio pasivo y activo necesarios interpuestos en el juicio ordinario civil ********************. Demanda que no fue admitida por la superioridad, por considerar que, la determinación impugnada, no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que ponga fin al juicio, como lo prevén los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que corresponde a un juez de Distrito, conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de amparo. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En consecuencia, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. FÓRMESE CUADERNO DE PRUEBAS Con el expediente relativo al toca de apelación ********************, que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, fórmese cuaderno de pruebas por separado. NO ES NECESARIO ADECUAR DEMANDA No pasa por alto para el que suscribe que, atento a la jurisprudencia número 51/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 32/94, visible en la foja 93, del Tomo I, Primera Parte, Novena Época, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA, EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO", el Juez de Distrito al avocarse al conocimiento de la demanda de amparo intentada en vía directa procediendo la indirecta, debe prevenir al quejoso para que la adecue a los requisitos de la demanda en la vía indirecta. Sin embargo, no es el caso de proceder en esos términos solicitando a la parte promovente adecue su libelo a los mencionados requisitos, en atención a que aún y cuando la demanda fue intentada en la vía de amparo directo, la misma en esencia reúne los requisitos que establece el invocado artículo 108, para la promoción de la demanda de amparo en la vía indirecta. IMPROCEDENCIA DE DEMANDA Establecido lo anterior, en términos de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en la Tesis PC.III.L. J/5 L (10a), localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]"; en esa virtud, procede al análisis de la demanda generadora del expediente en que se actúa. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio y, que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el órgano jurisdiccional debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento además, en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196196 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A. J/4 Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Atendiendo lo antes, en la especie se actualiza una causa de improcedencia respecto a los actos reclamados en la demanda en estudio. En efecto, los artículos 61, fracción XVIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos dictados fuera de juicio y cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo, cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de estos; por esa razón, si los actos no afectan de manera directa los derechos sustantivos de las partes, tales aspectos podrán hacerse valer como violaciones procesales al promoverse el juicio de amparo contra la determinación que le ponga fin al juicio o procedimiento judicial de que se trate. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de estos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable a sus pretensiones. En ese sentido, una vez analizados tanto la demanda generadora del presente expediente como los preceptos legales invocados, es factible concluir que la demanda resulta improcedente. Se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación ********************, mediante la cual confirmó la resolución interlocutoria de dieciséis de marzo anterior, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en la cual, declaró infundados e improcedentes los incidentes de litisconsorcio pasivo y activo necesarios promovidos en el juicio ordinario civil ********************. Acto que no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán o posiblemente serían reparados si la parte ahora amparista obtiene resolución favorable en el procedimiento de origen. Ello se considera de esa forma, debido a que el hecho, como lo refiere la parte ahora quejosa en su libelo, el magistrado de alzada haya confirmado la interlocutoria por la cual el juez natural declaró improcedentes los incidentes de litisconsorcio activo y pasivo necesarios planteados en el juicio de origen, ello no implica una afectación en grado predominante a sus derechos, pues con dicho acto no determina el sentido en el que el juzgador habrá de emitir el fallo definitivo en el juicio ordinario civil ********************. De manera que, aún en el supuesto de que dichos actos afecten los derechos de la quejosa, ésta podrá impugnarlos en su caso, como violaciones procesales al momento de combatir la resolución que ponga fin al procedimiento del que derivan, en caso de que el fallo no le sea favorable. De ahí que tal acto no se pueda considerar como de aquellos actos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. Apoyan la anterior determinación las jurisprudencias de los rubros y textos siguientes. "Época: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". "Registro digital: 2006576 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: II.1o.C.4 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 2075 Tipo: Aislada LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." No pasa inadvertido para este Juzgado de Distrito la tesis de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO NATURAL POR LA EXISTENCIA DE AQUÉL, AL SER INDISPENSABLE UN ANÁLISIS PONDERADO DE LAS CONSECUENCIAS DE ESA RESOLUCIÓN PARA DETERMINAR SI ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", sin embargo, se advierte que en tal criterio se determinó que no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando se trate de un litisconsorcio pasivo necesario, sin embargo, es únicamente en el supuesto de que el amparo se promueva en contra de la sentencia de segunda instancia que dejó insubsistente la de primera y ordenó reponer el procedimiento natural por la existencia de aquel, porque se necesita un análisis ponderado de las consecuencias de esa resolución para determinar si es de imposible reparación, lo que no sucede en el presente asunto. Ello porque la resolución reclamada se dictó durante la tramitación del proceso de origen, por lo que no sería aplicable en el caso, además de que este órgano jurisdiccional cuenta con las actuaciones del juicio al ser allegadas por la autoridad responsable para verificar la etapa procesal en la cual se encuentra. En relación con lo anterior, resulta pertinente mencionar que durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 106/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 179548, de rubro "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", sin embargo, de éste se advierte que se determinó que el juicio de amparo era procedente en virtud de que la reposición del procedimiento con motivo de la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario constituía un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, ya que se consideró que dicho acto afectaba en grado predominante o superior a la parte que obtuvo sentencia favorable; sin embargo en la Ley de Amparo vigente, procede el amparo indirecto, únicamente contra actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en nuestra constitución, así como en tratados internacionales en los que México sea parte. Es decir, en la actualidad el juicio de amparo es improcedente en contra de cuestiones procesales aun y cuando afecten en grado predominante o superior a las partes. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y fundado, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra el acto del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas indicadas en la demanda, sin las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en razón de que no les fueron conferidas expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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