Alicia Merlos Peregrino

Expediente 812/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
812/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • Alicia Merlos Peregrino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil diecinueve. SE AUTORIZA LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Agréguese para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por la parte promovente, mediante el cual solicita la devolución de los documentos bases de la acción que obran en el presente expediente; en tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia vigente, por disposición expresa en su artículo 2°, hágasele devolución de los documentos que acompañó al sumario constitucional; lo anterior, previa copia certificada que se deje en el presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. AGRÉGUESE OFICIO Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta y téngase al secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, informando que ese tribunal ha aceptado la competencia planteada por este juzgado respecto de demanda generadora del juicio de amparo IV-812/2019 en lo que respecta a los actos reclamadas derivados de la carpeta de investigación 20820/UATP/ZIT/2019 del índice de la Agencia Única del Ministerio Público Investigador de Tuxpan, Michoacán. HA CAUSADO ESTADO EL DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Alicia Merlos Peregrino, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticuatro de julio del año en curso, por el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida contra actos derivos del juicio sucesorio 589/203 del índice del Juzgado Segundo Civil de Zitácuaro, Michoacán; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Tomando en consideración que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar en este cuaderno, formado con motivo de haberse desechado la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior, y toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno, ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con este asunto; aunado a que el presente cuaderno de desechada no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se estima encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo primero, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que ES SUSCEPTIBLE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy Fe.Daa

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. CUMPLE CON PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta y atento a todo lo en él manifestado, se tiene a la amparista cumpliendo con lo prevenido en proveído de quince de julio del año en curso. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, el suscrito juzgado estima conveniente realizar la separación de juicios por los motivos y fundamentos que a continuación se exponen. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo: Del Juez Segundo de lo Civil de Zitácuaro, Michoacán: La falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario ******************** a bienes de ********************; las resoluciones interlocutorias de veintinueve de octubre de dos mil tres; el reconocimiento de ********************, como cesionaria de derechos en ese sucesorio; y, la orden de protocolización de dicho procedimiento de sucesión. En tanto que, del Agente del Ministerio Público Investigador de Tuxpán, Michoacán, el acuerdo de archivo temporal de la carpeta ********************, iniciada en contra ********************, por el delito de despojo; la no "judialización" de la referida carpeta de investigación y la no restitución provisional de un inmueble. De lo antes expuesto, se advierte que los actos reclamados en la demanda generadora del expediente en que se actúa, se encuentran desvinculados entre sí, ya que los mismos derivan de procedimientos de naturaleza distinta y se reclaman a autoridades con facultades y atribuciones diferentes, pues los actos reclamados a la autoridad jurisdiccional derivan tienen su origen en un juicio sucesorio, mientras los atribuidos al representante social proceden de una indagatoria del tipo penal. En mérito de ello, se procede a decretar la separación de autos de plano y de oficio, sin que exista afectación a los derechos procesales de las partes. Sirven de apoyo a esta determinación, la jurisprudencia y tesis de los rubros y textos siguientes. "Época: Novena Época Registro: 197671 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Septiembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 76/97 Página: 118 SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. Contradicción de tesis 6/96. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito. 7 de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Luis Ignacio Rosas González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de septiembre en curso, aprobó, con el número 76/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete. "Época: Décima Época Registro: 2009070 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.72 K (10a.) Página: 2356 SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 61/2014. Alma Margarita Cerón Flores. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro. Esta tesis se publicó el viernes 08 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación". "Época: Décima Época Registro: 2008742 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XIV.P.A.1 K (10a.) Página: 2504 SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, DEBE TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO EN UNA MISMA DEMANDA SE RECLAMEN ACTOS DESVINCULADOS ENTRE SÍ, EN APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La separación de juicios de amparo fue creada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/96, tomando como parámetro la acumulación prevista en el numeral 57 de la ley de la materia abrogada, deduciéndolo en sentido contrario. Ahora, la normativa vigente a partir del 3 de abril de 2013, no prevé expresamente el incidente de acumulación de juicios; empero, de conformidad con su artículo 2o., tiene aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuyo artículo 72 se establece esa acumulación. En estas condiciones, dicha figura es aplicable al amparo, ya que no contraviene las disposiciones de la ley que lo regula. Por tanto, el Juez de Distrito, de oficio, debe tramitar el incidente relativo cuando en una misma demanda se reclamen actos desvinculados entre sí. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 183/2014. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Luisa García Romero. Secretario: Mauricio Javier Espinosa Jiménez. Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 6/96 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 261. Esta tesis se publicó el viernes 20 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación." EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REMISIÓN A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. En consecuencia, expídanse un juego de copias certificadas de todo lo actuado en el presente asunto y con fundamento en el artículo 46, fracción VIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que sea registrado como nueva demanda de amparo, se le asigne número de registro y se realice el turno respectivo, a fin de proveer lo conducente al trámite del juicio constitucional relativo a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Investigador de Tuxpán, Michoacán y derivados de la carpeta ********************. Mientras que en el expediente en que se actúa, se analizaran los actos reclamados al Juez Segundo de lo Civil de Zitácuaro, Michoacán y que derivan del juicio sucesorio ********************. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Precisado lo anterior, se procede al análisis de la admisión o desechamiento de la demanda en lo que respecta a los actos reclamados a la autoridad jurisdiccional en referencia y derivados del aludido sucesorio. Los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, 62 y 113, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio; también se obtiene que, por regla general, el juicio de control constitucional, no procede contra actos que se hayan consentido tácitamente. Asimismo, se establece la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "Época: Novena Época Registro: 196196 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A. J/4 Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 161/93. José Rojas Martínez. 12 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 1281/97. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 9 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Francisco José Alvarado Díaz. Queja 621/97. Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 19 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 3641/97. Eduardo Ramírez Martínez. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 31/98. Ecoambiental Cuauhtémoc, S.A. de C.V. 12 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López.". Conforme a dicha obligación y del análisis de la demanda, así como de su escrito aclaratorio, el suscrito juzgador estima que la misma es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y a fin de evidenciarlo, se expone lo siguiente. De conformidad con transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, el cual, en términos del artículo 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En ese contexto, es conveniente destacar la quejosa ********************, reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario ******************** radicado a bienes de ********************, y como consecuencia de ello, las resoluciones interlocutorias de veintinueve de octubre de dos mil tres; el reconocimiento de ********************, como cesionaria de derechos en ese sucesorio; y, la orden de protocolización de dicho procedimiento de sucesión. Asimismo, es necesario establecer que la amparista al cumplir con el punto seis contenido en el auto de prevención de quince de julio del año en curso, manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del juicio sucesorio el ocho de julio de dos mil dieciséis -del que derivan los actos reclamados- y, por tanto de su falta de emplazamiento al mismo, incluso manifiesta en su libelo que en contra de la escrituración deriva de ese sucesorio, promovió el juicio de nulidad de escritura ********************y ********************, lo que patentiza que, efectivamente, tuvo conocimiento de ese juicio sucesorio desde el año dos mil dieciséis. Dichas manifestaciones vertidas por la parte peticionaria del amparo tanto en su escrito de demanda como en el aclaratorio de cuenta, merecen valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sobre al particular se citan las jurisprudencias cuyo contenido y datos de localización son los siguientes, la cual; es de observancia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país: "Época: Novena Época Registro: 186676 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 50/2002 Página: 64 AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco". De igual forma se invoca en lo conducente, la jurisprudencia del texto literal y datos siguientes: "Época: Octava Época Registro: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 857 DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa. Amparo en revisión 132/93. Anselmo José Zanella García. 4 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez". En ese contexto, si la amparista manifestó haber tenido conocimiento de la existencia del juicio de origen desde el ocho de julio de dos mil diecinueve, es válido establecer desde el día siguiente hábil a esa fecha, se encontraba en posibilidad de recurrir los actos reclamados en la presente vía de amparo. De manera que, al haber presentado su libelo generador del expediente en que se actúa, hasta el doce de julio del año en curso, el plazo de quince días que la ley de la materia le otorgó para ello, le transcurrió con exceso, lo que patentiza la causal de improcedencia invocada. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. CUMPLE CON PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta y atento a todo lo en él manifestado, se tiene a la amparista cumpliendo con lo prevenido en proveído de quince de julio del año en curso. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, el suscrito juzgado estima conveniente realizar la separación de juicios por los motivos y fundamentos que a continuación se exponen. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo: Del Juez Segundo de lo Civil de Zitácuaro, Michoacán: La falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario ******************** a bienes de ********************; las resoluciones interlocutorias de veintinueve de octubre de dos mil tres; el reconocimiento de ********************, como cesionaria de derechos en ese sucesorio; y, la orden de protocolización de dicho procedimiento de sucesión. En tanto que, del Agente del Ministerio Público Investigador de Tuxpán, Michoacán, el acuerdo de archivo temporal de la carpeta ********************, iniciada en contra ********************, por el delito de despojo; la no "judialización" de la referida carpeta de investigación y la no restitución provisional de un inmueble. De lo antes expuesto, se advierte que los actos reclamados en la demanda generadora del expediente en que se actúa, se encuentran desvinculados entre sí, ya que los mismos derivan de procedimientos de naturaleza distinta y se reclaman a autoridades con facultades y atribuciones diferentes, pues los actos reclamados a la autoridad jurisdiccional derivan tienen su origen en un juicio sucesorio, mientras los atribuidos al representante social proceden de una indagatoria del tipo penal. En mérito de ello, se procede a decretar la separación de autos de plano y de oficio, sin que exista afectación a los derechos procesales de las partes. Sirven de apoyo a esta determinación, la jurisprudencia y tesis de los rubros y textos siguientes. "Época: Novena Época Registro: 197671 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Septiembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 76/97 Página: 118 SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. Contradicción de tesis 6/96. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito. 7 de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Luis Ignacio Rosas González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de septiembre en curso, aprobó, con el número 76/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete. "Época: Décima Época Registro: 2009070 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.72 K (10a.) Página: 2356 SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 61/2014. Alma Margarita Cerón Flores. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro. Esta tesis se publicó el viernes 08 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación". "Época: Décima Época Registro: 2008742 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XIV.P.A.1 K (10a.) Página: 2504 SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, DEBE TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO EN UNA MISMA DEMANDA SE RECLAMEN ACTOS DESVINCULADOS ENTRE SÍ, EN APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La separación de juicios de amparo fue creada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/96, tomando como parámetro la acumulación prevista en el numeral 57 de la ley de la materia abrogada, deduciéndolo en sentido contrario. Ahora, la normativa vigente a partir del 3 de abril de 2013, no prevé expresamente el incidente de acumulación de juicios; empero, de conformidad con su artículo 2o., tiene aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuyo artículo 72 se establece esa acumulación. En estas condiciones, dicha figura es aplicable al amparo, ya que no contraviene las disposiciones de la ley que lo regula. Por tanto, el Juez de Distrito, de oficio, debe tramitar el incidente relativo cuando en una misma demanda se reclamen actos desvinculados entre sí. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 183/2014. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Luisa García Romero. Secretario: Mauricio Javier Espinosa Jiménez. Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 6/96 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 261. Esta tesis se publicó el viernes 20 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación." EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REMISIÓN A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. En consecuencia, expídanse un juego de copias certificadas de todo lo actuado en el presente asunto y con fundamento en el artículo 46, fracción VIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que sea registrado como nueva demanda de amparo, se le asigne número de registro y se realice el turno respectivo, a fin de proveer lo conducente al trámite del juicio constitucional relativo a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Investigador de Tuxpán, Michoacán y derivados de la carpeta ********************. Mientras que en el expediente en que se actúa, se analizaran los actos reclamados al Juez Segundo de lo Civil de Zitácuaro, Michoacán y que derivan del juicio sucesorio ********************. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Precisado lo anterior, se procede al análisis de la admisión o desechamiento de la demanda en lo que respecta a los actos reclamados a la autoridad jurisdiccional en referencia y derivados del aludido sucesorio. Los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, 62 y 113, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio; también se obtiene que, por regla general, el juicio de control constitucional, no procede contra actos que se hayan consentido tácitamente. Asimismo, se establece la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "Época: Novena Época Registro: 196196 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A. J/4 Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 161/93. José Rojas Martínez. 12 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 1281/97. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 9 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Francisco José Alvarado Díaz. Queja 621/97. Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 19 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 3641/97. Eduardo Ramírez Martínez. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 31/98. Ecoambiental Cuauhtémoc, S.A. de C.V. 12 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López.". Conforme a dicha obligación y del análisis de la demanda, así como de su escrito aclaratorio, el suscrito juzgador estima que la misma es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y a fin de evidenciarlo, se expone lo siguiente. De conformidad con transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, el cual, en términos del artículo 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En ese contexto, es conveniente destacar la quejosa ********************, reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario ******************** radicado a bienes de ********************, y como consecuencia de ello, las resoluciones interlocutorias de veintinueve de octubre de dos mil tres; el reconocimiento de ********************, como cesionaria de derechos en ese sucesorio; y, la orden de protocolización de dicho procedimiento de sucesión. Asimismo, es necesario establecer que la amparista al cumplir con el punto seis contenido en el auto de prevención de quince de julio del año en curso, manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del juicio sucesorio el ocho de julio de dos mil dieciséis -del que derivan los actos reclamados- y, por tanto de su falta de emplazamiento al mismo, incluso manifiesta en su libelo que en contra de la escrituración deriva de ese sucesorio, promovió el juicio de nulidad de escritura ********************y ********************, lo que patentiza que, efectivamente, tuvo conocimiento de ese juicio sucesorio desde el año dos mil dieciséis. Dichas manifestaciones vertidas por la parte peticionaria del amparo tanto en su escrito de demanda como en el aclaratorio de cuenta, merecen valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sobre al particular se citan las jurisprudencias cuyo contenido y datos de localización son los siguientes, la cual; es de observancia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país: "Época: Novena Época Registro: 186676 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 50/2002 Página: 64 AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco". De igual forma se invoca en lo conducente, la jurisprudencia del texto literal y datos siguientes: "Época: Octava Época Registro: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 857 DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa. Amparo en revisión 132/93. Anselmo José Zanella García. 4 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez". En ese contexto, si la amparista manifestó haber tenido conocimiento de la existencia del juicio de origen desde el ocho de julio de dos mil diecinueve, es válido establecer desde el día siguiente hábil a esa fecha, se encontraba en posibilidad de recurrir los actos reclamados en la presente vía de amparo. De manera que, al haber presentado su libelo generador del expediente en que se actúa, hasta el doce de julio del año en curso, el plazo de quince días que la ley de la materia le otorgó para ello, le transcurrió con exceso, lo que patentiza la causal de improcedencia invocada. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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