Alicia Tovar Gil

Expediente 771/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
771/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Alicia Tovar Gil
  • Magistrado de la Segunda Sala Civil del S.T.J.E. cd y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Por lista notifico a la parte tercero interesada MARCOS HERNANDEZ MORA...el siguiente auto: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 771/2018, promovido por Alicia Tovar Gil, por sí y en cuanto apoderada de su hijo Antonio Hernández Tovar, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en los artículo 144 y 146 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, el Secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, el Secretario da cuenta con un oficio registrado con el número 14623. EL JUEZ: Agréguese a los autos el informe previo que rinde la autoridad que lo signa, mismo que se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Se da cuenta con los informes previos recibidos y rendidos por: Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Ténganse por rendidos los informes previos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos las documentales de las existentes en el juicio principal, que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ: Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 771/2018; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Alicia Tovar Gil, por sí y en cuanto apoderada de su hijo Antonio Hernández Tovar, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia y otra autoridad 2.- Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-200/2018, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que modificó la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en la que declaró procedente el incidente de reducción de pensión. SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, se advierte que aceptaron la existencia del acto reclamado en esta instancia por la parte quejosa. TERCERO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIVA SOLICITADA. Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias del acto que reclama, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la Jurisprudencia número 111/2003, del rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Contradicción de tesis 31/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Bertín Vázquez González". A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés jurídico. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en relación al acto reclamado, es susceptible a la medida cautelar, por cuanto a que si bien dicho acto en sí mismo es un acto consumado y sus efectos inmediatos son de efectos negativos, cierto es que, como lo refiere en su demanda la amparista y determinó el Magistrado responsable en su resolución de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-200/2018, de la estadística de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la cual modificó la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, para el efecto de reducir el pago de alimentos y establecer que el deudor alimentista Marcos Hernández Mora, debía pagar a favor de los quejosos la cantidad de $4,859.80 (cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 80/100 moneda nacional), dicho acto afecta también a la parte aquí amparista en sus derechos procesales en grado predominante, dado que su trascendencia se proyecta sobre la reducción de alimentos.. Conforme a lo anterior, el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:... IX. Se impida el pago de alimentos;.." Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia la parte quejosa alega violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 constitucional, y más aún la afectación a sus intereses de ella y su hijo, como lo es el derecho a los alimentos y demás cuestiones inherentes a su sano desarrollo que implican el pago de una pensión. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés jurídico para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que la amparista es titular de un derecho cuya protección conlleva la obligación de proteger, además de advertirse la interrelación a su derecho de seguridad jurídica protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, anteriormente transcritas. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado; que con la concesión de la medida, como se dijo, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos reclamados se causarían a la parte promovente daños y perjuicios de difícil reparación; actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 139 en relación con el diverso precepto 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a la parte quejosa Alicia Tovar Gil, por su propio derecho, y en cuanto representante de su hijo Antonio Hernández Tovar, la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que, en relación a la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-200/2018, que modificó la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; esto es, no se realice acto alguno tendente a aplicar la reducción de pensión alimenticia en el juicio de origen; lo anterior, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio de amparo de donde emanó el presente incidente. La suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego sin que se haga necesario fijar garantía a la parte quejosa, por tratarse de una reducción de pensión de alimentos. Sobre el particular se cita en vía de orientación, la tesis en materia civil VII.3o.C.16C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 188931 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Civil Tesis: VII.3o.C.16 C Página: 1436 SUSPENSIÓN. PROCEDE PARA EL ACREEDOR ALIMENTARIO SU CONCESIÓN SIN FIANZA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ORDENA LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS PROVISIONAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). Es procedente conceder al acreedor alimentario la suspensión provisional sin fianza, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, contra la resolución emitida en la reclamación de alimentos provisionales que determina su reducción, ya que no se sigue perjuicio al interés social y de no concederse se podrían causar daños de difícil reparación, además de que, en materia de alimentos, las disposiciones que los regulan y que norman lo relativo a la pensión correspondiente son de orden público, en razón de que protegen la subsistencia misma de los acreedores alimentarios y se trata de derechos establecidos por la ley, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 232 y 233 del Código Civil del Estado de Veracruz; por lo que de resolver de manera distinta, impediría al acreedor recibir los medios suficientes para la satisfacción de sus necesidades alimentarias. Queja 5/2001. Gabriel Guillermo Franco Hernández. 6 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: Martín Jesús García Monroy". La medida suspensiva que se concede, no surte sus efectos en caso de que el acto reclamado provenga de autoridad distinta a la señalada como responsable, o sea posterior a la presentación de la demanda, que dio origen al juicio de amparo al que corresponden estos cuadernos incidentales. Determinación anterior, que habrá de notificarse al tercero interesado Marcos Hernández Mora, en el domicilio ubicado en la calle Manantial de Agua Blanca número 298 Fraccionamiento Los Manantiales y/o en la calle Feliciano González número 40 colonia Artículo 27 ambos en esta ciudad; para lo cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso K) y 27, fracción I, se comisiona a cualquiera de los actuarios, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en los referidos domicilios indistintamente y proceda a notificarle el contenido del presente proveído por conducto de quien acredite ser su representante legal; lo anterior, en relación con la Jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis número 11/96, de rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 190667 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 43/2000 Página: 23 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión. Contradicción de tesis 11/96. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 5 de octubre de 2000. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo". Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión provisional, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Por lo expuesto y fundado en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- Se CONCEDE a Alicia Tovar Gil, por sí y en cuanto apoderada de su hijo Antonio Hernández Tovar la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, en los términos del tercero de los considerandos de esta resolución interlocutoria. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 771/2018, promovido por Alicia Tovar Gil, por sí y en cuanto apoderada de su hijo Antonio Hernández Tovar, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en los artículo 144 y 146 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, el Secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, el Secretario da cuenta con un oficio registrado con el número 14623. EL JUEZ: Agréguese a los autos el informe previo que rinde la autoridad que lo signa, mismo que se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Se da cuenta con los informes previos recibidos y rendidos por: Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Ténganse por rendidos los informes previos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos las documentales de las existentes en el juicio principal, que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ: Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 771/2018; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Alicia Tovar Gil, por sí y en cuanto apoderada de su hijo Antonio Hernández Tovar, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia y otra autoridad 2.- Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-200/2018, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que modificó la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en la que declaró procedente el incidente de reducción de pensión. SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, se advierte que aceptaron la existencia del acto reclamado en esta instancia por la parte quejosa. TERCERO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIVA SOLICITADA. Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias del acto que reclama, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la Jurisprudencia número 111/2003, del rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Contradicción de tesis 31/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Bertín Vázquez González". A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés jurídico. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en relación al acto reclamado, es susceptible a la medida cautelar, por cuanto a que si bien dicho acto en sí mismo es un acto consumado y sus efectos inmediatos son de efectos negativos, cierto es que, como lo refiere en su demanda la amparista y determinó el Magistrado responsable en su resolución de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-200/2018, de la estadística de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la cual modificó la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, para el efecto de reducir el pago de alimentos y establecer que el deudor alimentista Marcos Hernández Mora, debía pagar a favor de los quejosos la cantidad de $4,859.80 (cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 80/100 moneda nacional), dicho acto afecta también a la parte aquí amparista en sus derechos procesales en grado predominante, dado que su trascendencia se proyecta sobre la reducción de alimentos.. Conforme a lo anterior, el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:... IX. Se impida el pago de alimentos;.." Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia la parte quejosa alega violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 constitucional, y más aún la afectación a sus intereses de ella y su hijo, como lo es el derecho a los alimentos y demás cuestiones inherentes a su sano desarrollo que implican el pago de una pensión. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés jurídico para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que la amparista es titular de un derecho cuya protección conlleva la obligación de proteger, además de advertirse la interrelación a su derecho de seguridad jurídica protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, anteriormente transcritas. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado; que con la concesión de la medida, como se dijo, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos reclamados se causarían a la parte promovente daños y perjuicios de difícil reparación; actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 139 en relación con el diverso precepto 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a la parte quejosa Alicia Tovar Gil, por su propio derecho, y en cuanto representante de su hijo Antonio Hernández Tovar, la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que, en relación a la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-200/2018, que modificó la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; esto es, no se realice acto alguno tendente a aplicar la reducción de pensión alimenticia en el juicio de origen; lo anterior, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio de amparo de donde emanó el presente incidente. La suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego sin que se haga necesario fijar garantía a la parte quejosa, por tratarse de una reducción de pensión de alimentos. Sobre el particular se cita en vía de orientación, la tesis en materia civil VII.3o.C.16C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 188931 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Civil Tesis: VII.3o.C.16 C Página: 1436 SUSPENSIÓN. PROCEDE PARA EL ACREEDOR ALIMENTARIO SU CONCESIÓN SIN FIANZA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ORDENA LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS PROVISIONAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). Es procedente conceder al acreedor alimentario la suspensión provisional sin fianza, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, contra la resolución emitida en la reclamación de alimentos provisionales que determina su reducción, ya que no se sigue perjuicio al interés social y de no concederse se podrían causar daños de difícil reparación, además de que, en materia de alimentos, las disposiciones que los regulan y que norman lo relativo a la pensión correspondiente son de orden público, en razón de que protegen la subsistencia misma de los acreedores alimentarios y se trata de derechos establecidos por la ley, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 232 y 233 del Código Civil del Estado de Veracruz; por lo que de resolver de manera distinta, impediría al acreedor recibir los medios suficientes para la satisfacción de sus necesidades alimentarias. Queja 5/2001. Gabriel Guillermo Franco Hernández. 6 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: Martín Jesús García Monroy". La medida suspensiva que se concede, no surte sus efectos en caso de que el acto reclamado provenga de autoridad distinta a la señalada como responsable, o sea posterior a la presentación de la demanda, que dio origen al juicio de amparo al que corresponden estos cuadernos incidentales. Determinación anterior, que habrá de notificarse al tercero interesado Marcos Hernández Mora, en el domicilio ubicado en la calle Manantial de Agua Blanca número 298 Fraccionamiento Los Manantiales y/o en la calle Feliciano González número 40 colonia Artículo 27 ambos en esta ciudad; para lo cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso K) y 27, fracción I, se comisiona a cualquiera de los actuarios, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en los referidos domicilios indistintamente y proceda a notificarle el contenido del presente proveído por conducto de quien acredite ser su representante legal; lo anterior, en relación con la Jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis número 11/96, de rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 190667 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 43/2000 Página: 23 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión. Contradicción de tesis 11/96. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 5 de octubre de 2000. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo". Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión provisional, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Por lo expuesto y fundado en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- Se CONCEDE a Alicia Tovar Gil, por sí y en cuanto apoderada de su hijo Antonio Hernández Tovar la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, en los términos del tercero de los considerandos de esta resolución interlocutoria. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. SE RECIBE INFORME PREVIO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe previo que le fue solicitado, lo anterior en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo; de lo que se ordena hacer relación en la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. SE FORMA CUADERNO DE SUSPENSIÓN Tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número VII-771/2018. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, con apoyo en los artículos 128, 130, 132, 138, 140 y 162 de la Ley de Amparo quienes lo deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. APERCIBIMIENTO Hágaseles saber que el artículo 260, fracción I, de la Ley en cita, establece como sanción a la omisión de rendir el informe previo respectivo y se les impondrá en la sentencia que se dicte, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, según las circunstancias del caso. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las nueve horas con cincueta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-200/2018, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que modificó la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en la que declaró procedente el incidente de reducción de pensión. EFECTOS PARA LOS QUE SE PIDE LA MEDIDA Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias del acto que reclama, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la Jurisprudencia número 111/2003, del rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Contradicción de tesis 31/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Bertín Vázquez González". A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión provisional solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés jurídico. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en relación al acto reclamado, es susceptible a la medida cautelar, por cuanto a que si bien dicho acto en sí mismo es un acto consumado y sus efectos inmediatos son de efectos negativos, cierto es que, como lo refiere en su demanda la amparista y determinó el Magistrado responsable en su resolución de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-200/2018, de la estadística de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la cual modificó la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, para el efecto de reducir el pago de alimentos y establecer que el deudor alimentista Marcos Hernández Mora, debía pagar a favor de los quejosos la cantidad de $4,859.80 (cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 80/100 moneda nacional), dicho acto afecta también a la parte aquí amparista en sus derechos procesales en grado predominante, dado que su trascendencia se proyecta sobre la reducción de alimentos.. Conforme a lo anterior, el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:... IX. Se impida el pago de alimentos;.." Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia la parte quejosa alega violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 constitucional, y más aún la afectación a sus intereses de ella y su hijo, como lo es el derecho a los alimentos y demás cuestiones inherentes a su sano desarrollo que implican el pago de una pensión. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés jurídico para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que la amparista es titular de un derecho cuya protección conlleva la obligación de proteger, además de advertirse la interrelación a su derecho de seguridad jurídica protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, anteriormente transcritas. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado; que con la concesión de la medida, como se dijo, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos reclamados se causarían a la parte promovente daños y perjuicios de difícil reparación; actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 139 en relación con el diverso precepto 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a la parte quejosa Alicia Tovar Gil, por su propio derecho, y en cuanto representante de su hijo Antonio Hernández Tovar, la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que, en relación a la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-200/2018, que modificó la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; esto es, no se realice acto alguno tendente a aplicar la reducción de pensión alimenticia en el juicio de origen; hasta en tanto la responsable reciba notificación sobre suspensión definitiva que se dicte en los presentes cuadernos incidentales. La suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego sin que se haga necesario fijar garantía a la parte quejosa, por tratarse de una reducción de pensión de alimentos. Sobre el particular se cita en vía de orientación, la tesis en materia civil VII.3o.C.16C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 188931 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Civil Tesis: VII.3o.C.16 C Página: 1436 SUSPENSIÓN. PROCEDE PARA EL ACREEDOR ALIMENTARIO SU CONCESIÓN SIN FIANZA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ORDENA LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS PROVISIONAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). Es procedente conceder al acreedor alimentario la suspensión provisional sin fianza, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, contra la resolución emitida en la reclamación de alimentos provisionales que determina su reducción, ya que no se sigue perjuicio al interés social y de no concederse se podrían causar daños de difícil reparación, además de que, en materia de alimentos, las disposiciones que los regulan y que norman lo relativo a la pensión correspondiente son de orden público, en razón de que protegen la subsistencia misma de los acreedores alimentarios y se trata de derechos establecidos por la ley, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 232 y 233 del Código Civil del Estado de Veracruz; por lo que de resolver de manera distinta, impediría al acreedor recibir los medios suficientes para la satisfacción de sus necesidades alimentarias. Queja 5/2001. Gabriel Guillermo Franco Hernández. 6 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: Martín Jesús García Monroy". La medida suspensiva que se concede, no surte sus efectos en caso de que el acto reclamado provenga de autoridad distinta a la señalada como responsable, o sea posterior a la presentación de la demanda, que dio origen al juicio de amparo al que corresponden estos cuadernos incidentales. Determinación anterior, que habrá de notificarse al tercero interesado Marcos Hernández Mora, en el domicilio ubicado en la calle Manantial de Agua Blanca número 298 Fraccionamiento Los Manantiales y/o en la calle Feliciano González número 40 colonia Artículo 27 ambos en esta ciudad; para lo cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso K) y 27, fracción I, se comisiona a cualquiera de los actuarios, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en los referidos domicilios indistintamente y proceda a notificarle el contenido del presente proveído por conducto de quien acredite ser su representante legal; lo anterior, en relación con la Jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis número 11/96, de rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 190667 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 43/2000 Página: 23 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión. Contradicción de tesis 11/96. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 5 de octubre de 2000. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo". Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión provisional, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.

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