Alicia Irene Labrado Mendoza
Expediente 570/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 570/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alicia Irene Labrado Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020-V, promovido por **********, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, remitido en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, ********** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del, Gobernador Constitucional, Secretario de Salud, Jefe del Departamento de Inspección del Trabajo Zona Norte e Inspector adscrito al Departamento de la Inspección de Trabajo Zona Norte, estos dos últimos pertenecientes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó: 1. Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, los acuerdos número 049/2020, 064/2020, 083/2020, 102/2020, 109/2020, 120/2020 y 127/2020, publicados en el Periódico Oficial estatal, respectivamente, el veinticinco de marzo, diecinueve de abril, treinta de mayo, diez de agosto, treinta y uno de agosto, veintidós de octubre y cuatro de noviembre, todos del año dos mil veinte. 2. Del Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua, los acuerdos número SS/SEM 007/2020, SS/SEM 008/2020, SS/SEM 009/2020 y SS/SEM 012/2020, publicados en el Periódico Oficial estatal, respectivamente, el veinte de junio, treinta y uno de agosto, veintiocho de septiembre y veintidós de octubre, todos del año dos mil veinte. 3. Del Jefe del Departamento de la Inspección del Trabajo Zona Norte, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Chihuahua, se reclaman las dos órdenes "DE INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA ANTE EMERGENCIA SANITARIA", fechadas el treinta de octubre del año dos mil veinte, con números de expediente **********/2020 y **********/2020, así como su ejecución ocurrida en esa misma fecha. 4. Del Inspector del Trabajo **********, adscrito al Departamento de la Inspección del Trabajo Zona Norte perteneciente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Chihuahua, se reclaman las actas "INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA ANTE EMERGENCIA SANITARIA", en ejecución de las órdenes asentadas en el inciso anterior, el exhorto a suspender labores de forma inmediata en el centro de trabajo de la parte quejosa, y la clausura del establecimiento mediante la colocación del aviso correspondiente, todo ello ocurrido el treinta de octubre del año dos mil veinte. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1º, 4º, 5º, 14, 16, 17, 22, 25, 26 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el consecutivo 570/2020-V, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, la emisión de los acuerdos número 049/2020, 064/2020, 083/2020, 102/2020, 109/2020, 120/2020 y 127/2020, publicados en el Periódico Oficial estatal, respectivamente, el veinticinco de marzo, diecinueve de abril, treinta de mayo, diez de agosto, treinta y uno de agosto, veintidós de octubre y cuatro de noviembre, todos del año dos mil veinte. b) Del Secretario de Salud del Estado de Chihuahua, la emisión de los acuerdos número SS/SEM 007/2020, SS/SEM 008/2020, SS/SEM 009/2020 y SS/SEM 012/2020, publicados en el Periódico Oficial estatal, respectivamente, el veinte de junio, treinta y uno de agosto, veintiocho de septiembre y veintidós de octubre, todos del año dos mil veinte. c) Del Jefe de Departamento de la Inspección del Trabajo, Zona Norte, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la emisión de las actas de inspección extraordinaria ante emergencia sanitaria, con los números de expediente **********/2020 y **********/2020, de treinta de octubre de dos mil veinte. d) Del Inspector del Trabajo, Zona Norte, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la ejecución de las actas de inspección extraordinaria ante emergencia sanitaria, con los números de expediente **********/2020 y **********/2020, de treinta de octubre de dos mil veinte, mediante las cuales exhortó a suspender labores de forma inmediata en el centro de trabajo de la justiciable. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Gobernador Constitucional, Secretario de Salud, Jefe del Departamento de Inspección del Trabajo Zona Norte e Inspector adscrito al Departamento de la Inspección de Trabajo Zona Norte, estos dos últimos pertenecientes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que le fueron reclamados consistentes en la emisión de los ordenamientos legales tildados de inconstitucionales, así como la expedición de las actas de inspección extraordinarias ante la emergencia sanitaria de treinta de octubre de dos mil veinte, así como su ejecución; por tanto, la existencia de los mismos se tiene por cierta. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda arguir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Actualización de causa de improcedencia. Previo al estudio de fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, pues considera que la parte quejosa no justificó su interés jurídico para combatir las normas que reclama. En efecto, los artículos en alusión establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) De los artículos transcritos, se desprende esencialmente que para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico o legítimo. Así, debe tenerse presente que la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, consagra qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter, quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ostente la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de forma personal y directa. En correlación con lo anterior, los artículos 5º, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual se traduce en que no basta que los actos de autoridad existan para que proceda el juicio de amparo, sino que es imprescindible que afecten un derecho fundamental o subjetivo público del quejoso, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en un tratado o convenio internacional y que éste justifique fehacientemente tal circunstancia. Por otro lado, la doctrina define el interés jurídico a que se alude en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como el derecho que asiste a un gobernado para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio en su perjuicio de derechos humanos, derechos fundamentales o garantías individuales; esto es, radica en la afectación de un derecho subjetivo protegido por una norma legal; o bien, en la ofensa, daño o lesión en los derechos e intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Luego, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es infringido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para exigir -demandar- ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el cese de esa transgresión; por ende, ese derecho salvaguardado por el orden legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo valora para la procedencia del juicio. Por tanto, tiene interés jurídico quien es titular de los derechos vulnerados por el acto reclamado; de ahí que, el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Lo anterior se sustenta en la siguiente jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72, Séptima Parte, página 55, con registro digital 245886, que reza: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial. Por consiguiente, la persona que estime se le ha vulnerado algún derecho protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenio o tratado internacional, deberá acreditar plenamente esa afectación. Encuentra sustento lo anterior en la siguiente jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187777, de la Novena Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 15, del rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe indicarse que tanto el jurídico como el legítimo entrañan que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, pues la ley o acto que reclama no ocasiona agravio jurídico, aunque sólo cause uno de distinta naturaleza, por ejemplo, uno meramente económico. El interés legítimo no configura la existencia de un derecho subjetivo, en estricto sentido, empero, sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no constituye ni un derecho subjetivo ni la carencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de un individuo o de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la garantía de que el interesado o interesados pertenecen a ella. Sentado lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede interpretarse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica, y que puede ser de índole económica, social, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, tratándose de normas generales, el interés legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales normas, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. De conformidad con los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcritos, los elementos constitutivos del interés legítimo se acreditan al demostrar que: A) Existe una norma constitucional en la que se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; B) El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, El promovente pertenece a esa colectividad. Por estas razones, el interés legítimo supone una afectación jurídica a la parte quejosa, lo que implica que debe demostrar su pertenencia al grupo o colectividad identificada o identificable que sufrió o sufre el agravio; además, los elementos constitutivos antes referidos son concurrentes, pues son requisitos que deben cubrirse de manera conjunta para promover legítimamente el juicio de garantías y ante la ausencia de alguno de ellos, la acción de amparo es improcedente. Indicado lo anterior, es pertinente resaltar el contenido de los acuerdos que reclama la peticionaria de amparo, los cuales son del tenor literal siguiente: ACUERDO 049/2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 25 DE MARZO DE 2020 PRIMERO. Se ordena la suspensión temporal de todos los eventos deportivos, recreativos, sociales, políticos, culturales, académicos, públicos, privados y todos sus semejantes que impliquen la conglomeración de personas, sin importar el aforo. SEGUNDO. Se ordena la suspensión temporal de actividades en centros y salones de culto o espiritualidad como templos e iglesias, así como cualquier centro de reunión de naturaleza similar. TERCERO. Se ordena el cierre temporal de los siguientes establecimientos o centros de reunión: I. Cines, teatros y museos. II. Bares, centros nocturnos y salones de eventos. III. Parques turísticos y parques recreativos cerrados o con aforos mayores a 50 personas por hectárea, así como balnearios y zoológicos. IV. Gimnasios, spas y baños de vapor. V. Casinos. VI. Restaurantes o establecimientos cuyo giro sea la preparación y venta de alimentos para consumo dentro de las instalaciones. No obstante lo anterior, se permitirá la operación de dichos establecimientos siempre y cuando ésta sea restringida a las modalidades de servicio a cuartos, pedidos a domicilio o para llevar, que en ningún caso implicará el consumo de alimentos y bebidas en el interior del local. VII. Áreas comunes de Centros comerciales y sus accesos a través de los comercios o del exterior. VIII. Los demás que establezcan las autoridades sanitarias. CUARTO. Sin perjuicio de lo previsto en el presente Acuerdo, se permitirá la operación de los siguientes giros y establecimientos: I. Industria de manufactura. II. Comercio y prestación de servicios. III. Tiendas de abarrotes, supermercados, mercados de abastos y sus semejantes; así como los negocios cuyo objeto sea la provisión de alimentos y enseres de la vida diaria. IV. Farmacias. V. Transporte público. VI. Guarderías o centros de cuidado infantil. VII. Albergues para jornaleros, migrantes, personas en situación de calle y sus semejantes. VIII. Hospitales y establecimientos residenciales para tratamiento de adicciones. IX. Instituciones bancarias y de telecomunicaciones. Las industrias productoras de alimentos deberán incrementar sus filtros sanitarios y laborales conforme a las recomendaciones de las autoridades competentes, y continuarán trabajando el mayor tiempo posible. Las personas, organizaciones, empresas y establecimientos que continúen con actividades esenciales deberán cumplir estrictamente con las medidas preventivas, de protección y sana distancia entre personas, así como con el resto de las instrucciones y recomendaciones que dicten las autoridades sanitarias. QUINTO. Los establecimientos de actividades esenciales cuya operación sea permitida y requiera de presencia física, mantendrán únicamente la asistencia presencial de personal indispensable, aplicando de manera irrestricta las medidas de sana distancia e higiene, de conformidad con las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. Estas empresas deberán privilegiar el trabajo en casa cuando sea posible, evitando la presencia o exposición de niños o población vulnerable a la enfermedad COVID-19 en oficinas o centros de trabajo. SEXTO. Las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal continuarán laborando para garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de los servicios y desempeño de las responsabilidades esenciales para la sociedad que tienen a su cargo, así como la provisión de bienes indispensables para la población. Las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal realizarán las actividades descritas en el párrafo anterior con la presencia física del personal indispensable, lo cual será determinado por el titular de cada área. Para estos efectos, se dará prioridad para trabajar en casa a todo el personal mayor de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con enfermedades crónicas descontroladas o autoinmunes. Se exceptúa de lo dispuesto en el presente párrafo a la Secretaría de Salud, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y a la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como las áreas y entidades sectorizadas a éstas, en su caso. Las personas titulares de las áreas que conforman la Administración Pública Estatal deberán adoptar e implementar todas las medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la propagación de la enfermedad COVID-19, en los términos, criterios y lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud. SÉPTIMO. Las personas titulares de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal emitirán, en caso de que lo estimen necesario, los acuerdos por los que se suspendan términos y plazos de cualquier proceso, procedimiento o trámite de su competencia, que no sea considerado como esencial o indispensable para la prestación de servicios o la provisión de bienes a la sociedad, en la forma y términos que cada uno determine. OCTAVO. Se exhorta a la población en general a resguardarse en casa y limitar la salida a una persona por familia para la adquisición de víveres indispensables, así como a acatar las medidas básicas de prevención emitidas por las autoridades sanitarias. En caso de necesidad de consulta médica o emergencias, deberá limitarse la salida de los domicilios a la persona afectada y un acompañante, únicamente en casos de urgencia. NOVENO. Se exhorta a la población a resguardar a las personas adultas mayores en un lugar especial de las casas, asegurando un entorno higiénico y aislado a efecto de evitar cualquier posibilidad de contagio. DÉCIMO. Se deberá evitar, en todo momento, las compras en exceso de alimentos y productos, es decir, las denominadas compras de pánico. DÉCIMO PRIMERO. Cualquier persona, en caso de presentar sintomatología o bien que haya sido diagnosticada con COVID-19, deberá aislarse y resguardarse en su domicilio o donde indiquen las autoridades sanitarias. Las personas que presenten sintomatología vinculada con el COVID-19 deberán informarlo de inmediato a su médico, o a las autoridades a través del número telefónico 911. Las personas que incumplan las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo podrán ser investigadas por la posible comisión del delito de peligro de contagio previsto en el Código Penal del Estado y los demás que resulten aplicables. DÉCIMO SEGUNDO. El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo será vigilado por las autoridades municipales competentes, así como por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua en el ámbito de su competencia, y su incumplimiento será sancionado con la clausura temporal de los establecimientos y demás sanciones aplicables en términos de lo establecido en las disposiciones legales correspondientes, incluidas las sanciones y responsabilidades civiles, administrativas y penales procedentes. DÉCIMO TERCERO. El presente Acuerdo podrá ser adicionado o modificado, considerando el avance, propagación o evolución del COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de la salud de las personas. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. Las medidas establecidas en este Acuerdo permanecerán vigentes hasta el día diecinueve de abril de dos mil veinte. ACUERDO 064/2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 19 DE ABRIL DE 2020 PRIMERO. Conforme al Acuerdo emitido por el Secretario de Salud Federal por virtud del cual se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, se entienden por actividades esenciales que podrán continuar operando, las siguientes: "a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola y pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frio de insumos esenciales; logística (aeropuertos puertos y ferrocarriles) así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría". SEGUNDO. Conforme a la suspensión de actividades no esenciales establecida en el Acuerdo referido en el artículo anterior, las autoridades de los distintos niveles de gobierno en el Estado estarán obligadas a garantizar el debido cumplimiento de dichas disposiciones. Se instruye a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, practique las inspecciones ordinarias y extraordinarias en términos de la normatividad laboral aplicable, a efecto de asegurar el debido cumplimiento de este acuerdo, debiendo establecer las medidas que resulten pertinentes, para instrumentar la suspensión de labores en aquellas empresas, establecimientos o negocios inspeccionados que no realicen actividades consideradas como esenciales; y verificando que en aquellos que realicen actividades esenciales las realicen cumpliendo con las medidas de prevención establecidas. Deberá emitir además, dentro de su ámbito competencial, los acuerdos administrativos o protocolos que procuren y faciliten la aplicación efectiva y oportuna de las medidas sanitarias dictadas. Se instruye a las Instituciones de Seguridad Pública Estatal a prestar el apoyo necesario a las instancias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan en el presente Acuerdo. (.) ARTICULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. Las medidas establecidas en este Acuerdo, así como en el Acuerdo 049/2020, publicado el 25 de marzo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, permanecerán vigentes hasta el día 30 de mayo de 2020. TERCERO. Se deja sin efecto cualquier disposición contraria al presente instrumento contenida en el Acuerdo 049/2020, publicado en la edición número 25 del Periódico Oficial del Estado de fecha 25 de marzo de 2020. CUARTO. Conforme al Artículo Primero del presente Acuerdo, se entenderá por actividades esenciales aquellas contenidas en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud Federal por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, o aquellas que se definan en instrumentos posteriores por las autoridades sanitarias. (.) ACUERDO 083/2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 30 DE MAYO DE 2020 (ABROGADO EL 10 AGOSTO DE 2020) PRIMERO. El objeto del presente Acuerdo consiste en establecer la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas en el estado de Chihuahua, en virtud de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19. SEGUNDO. Se establece el sistema de evaluación y control de actividades mediante el semáforo incluido como Anexo 1 del presente Acuerdo, el cual identifica con colores las etapas en que deberán adoptarse diversas medidas de seguridad sanitaria, las que serán acatadas por los sectores público, social y privado de la entidad. La etapa por color en que se encuentra la entidad se definirá semanalmente por la Secretaría de Salud Estatal, de conformidad con las variables descritas en la Sección Primera del Anexo 1. En cualquier momento, en caso de estimarse necesario, la Secretaría de Salud Estatal podrá establecer el cambio a cualquier otra etapa por color e instruir medidas restrictivas de movilidad. Los porcentajes señalados en el Anexo 1 deberán entenderse como el número máximo de la capacidad de aforo que podrá albergar cada establecimiento. TERCERO. La Secretaría de Salud Estatal emitirá los protocolos y lineamientos indispensables que deberán implementarse en cada etapa por color para la reapertura del presente Acuerdo. CUARTO. Todos los centros de trabajo, incluidos los que realicen actividades esenciales y nuevas esenciales, en cualquiera de las etapas del semáforo objeto del presente ordenamiento, además de instrumentar las medidas establecidas en los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, publicados el 29 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, deberán sujetarse al sistema de evaluación y control de actividades mediante el semáforo incluido como Anexo 1 del presente Acuerdo. Los centros de trabajo que realicen actividades esenciales y nuevas esenciales, deberán remitir al correo electrónico **********@gmail.com de la Secretaría de Salud Estatal, copia del comprobante de la autoevaluación realizada en términos de los Lineamientos Técnicos señalados en el párrafo anterior y contar con la comprobación de la remisión del mismo. Los centros de trabajo que pretendan reanudar actividades por así permitirlo la etapa correspondiente del semáforo, deberán realizar el trámite señalado en el párrafo anterior de la forma previa al reinicio de actividades. (.) ARTICULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la contingencia sanitaria por la enfermedad COVID-19. SEGUNDO. Se entendería que en todo el territorio estatal es aplicable la etapa del semáforo en color rojo, a partir de la entrada en vigor del presente instrumento y hasta en tanto se emitan las disposiciones correspondientes respecto de la etapa en que se encuentra la entidad. TERCERO. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por actividades esenciales aquellas definidas en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud Federal por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federal el 31 de marzo de 2020; por nuevas esenciales se entenderán las establecidas en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud Federal por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación e 14 de mayo de 2020; así como aquellas actividades que se definan en el Anexo 1 o en instrumentos posteriores por las autoridades sanitarias. (.) ACUERDO 102/2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 10 DE AGOSTO DE 2020 PRIMERO. El objeto del presente Acuerdo consiste en establecer la estrategia y lineamientos para la reapertura y continuidad de las actividades sociales, educativas y económicas en el estado de Chihuahua, en virtud de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19. SEGUNDO. Se establece el sistema de evaluación y control de actividades mediante el semáforo incluido como Anexo 1 del presente Acuerdo, el cual identifica con colores las etapas en que deberán adoptarse diversas medidas de seguridad sanitaria, las que serán acatadas por los sectores público, social y privado en la entidad. La etapa por color en que se encuentra la entidad se definirá por la Secretaría de Salud Estatal, de conformidad con las variables descritas en el Anexo 2 del presente Acuerdo. En cualquier momento, en caso de estimarse necesario, la Secretaría de Salud Estatal podrá modificar los lineamientos u operación prevista para el color correspondiente de la etapa de la entidad. Asimismo, la Secretaría de Salud Estatal podrá instruir medidas restrictivas de movilidad. Los porcentajes señalados en el Anexo 1 deberán entenderse como el número máximo de la capacidad de aforo que podrá albergar cada establecimiento. Las modificaciones a los lineamientos u operación al color correspondiente y la emisión de las medidas restrictivas previstas en el presente artículo podrán ser realizadas sin que para ello sea necesario la modificación del presente Acuerdo, mediante la emisión de instrumentos que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado. TERCERO. La Secretaría de Salud Estatal emitirá los protocolos y lineamientos indispensables, que deberán implementarse en cada etapa por color, para la reapertura objeto del presente Acuerdo, los cuales se darán a conocer en el sitio web http://www.chihuahua.gob.mx/. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por actividades esenciales aquellas así definidas en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud Federal por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020; aquellas definidas con ese carácter en el Acuerdo por el que se establecen como actividades esenciales las que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2020, así como las señaladas en el Anexo 1 del presente Acuerdo o en instrumentos posteriores dictados por las autoridades sanitarias; por nuevas esenciales se entenderán las establecidas en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud Federal por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020. CUARTO. Todos los centros de trabajo, incluidos los que realicen actividades esenciales y nuevas esenciales, en cualquiera de las etapas del semáforo objeto del presente ordenamiento, además de instrumentar las medidas establecidas en los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, publicados el 29 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, deberán sujetarse al sistema de evaluación y control de actividades mediante el semáforo incluido como Anexo 1 del presente Acuerdo. (.) ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la contingencia sanitaria por la enfermedad COVID-19. SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo 083/2020 publicado el día 30 de mayo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado. TERCERO. Se entenderá que en todo el territorio estatal es aplicable la etapa del semáforo en color naranja, a partir de la entrada en vigor del presente instrumento y hasta en tanto se emitan las disposiciones correspondientes respecto de la etapa en que se encuentra la entidad. ACUERDO 109/2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 31 DE AGOSTO DE 2020 ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo Quinto, así como el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020, publicado el 10 de agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, para quedar de la siguiente forma: QUINTO. (.) III. Aplicar el protocolo identificado como Anexo 3 del presente instrumento, establecido por la Secretaría de Salud Estatal para la realización de pruebas serológicas, basadas en muestras de sangre que detecte la presencia de anticuerpos IgG/IgM, u otras pruebas que se encuentren avaladas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y/o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); lo anterior, cuando se trate de centros de trabajo con más de 250 empleados por turno. (.) ANEXO 1 (.) ACUERDO 120/2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 22 DE OCTUBRE DE 2020 ÚNICO. Se reforman el cuarto párrafo del artículo Décimo y el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020, publicado el 10 de agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, para quedar de la siguiente forma: DÉCIMO. (.) En concordancia con el Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, publicado el 31 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, así como su reforma efectuada mediante Acuerdo publicado el 30 de septiembre de 2020 en el referido órgano de difusión oficial, el personal vulnerable que la Secretaría de Salud considere esencial y de interés público deberá presentarse a laborar. Para tal efecto, la Secretaría de Salud expedirá los criterios para determinar el carácter esencial y de interés público. (.) ANEXO 1 (.) ACUERDO 127/2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRIMERO. Se establece como horario de restricción para limitar la movilidad dentro del territorio del Estado, el comprendido de lunes a jueves de las 19:00 horas a las 6:00 horas del día siguiente y los viernes de las 19:00 horas hasta el lunes siguiente a las 6:00 horas. SEGUNDO. Se deberán acatar las disposiciones establecidas en el color rojo del semáforo de riesgo COVID-19 en aquellos horarios distintos al horario de restricción previsto en el presente Acuerdo. TERCERO. Se ordena el cierre y la suspensión de todas las actividades y establecimientos en el Estado de Chihuahua durante el horario de restricción. Las actividades y establecimientos que a continuación se indican serán las únicas que se podrán realizar o continuarán operando en el Estado durante el horario de restricción: I. Salud, todos los servicios hospitalarios y equipos médicos, privados o públicos; II. Clínicas, laboratorios, rayos X, veterinarias y farmacias que operen en local independiente; permanecerán cerradas las que operan dentro de centros comerciales cerrados, tiendas departamentales, supermercados y bodegas; III. Abarrotes, carnicerías, cremerías, panaderías, tortillerías y tiendas de conveniencia con menos de 300 metros cuadrados de área comercial; permanecerán cerradas las que operan en tiendas departamentales, supermercados y bodegas; IV. Producción, procesos, empaque y distribución de alimentos de la canasta básica y perecederos; V. Servicios de seguridad, públicos y privados, procuración e impartición de justicia; VI. Equipos de auxilio y protección civil; VII. Servicios básicos de generación y suministro de energía, agua y telecomunicaciones -solo conexión y mantenimiento de las redes de telecomunicación-, públicos y privados; VIII. Servicio postal, paquetería y mensajería; IX. Ajustadores de compañías aseguradoras; X. Restaurantes, únicamente con servicio a domicilio, así como servicios de plataformas digitales que transiten para este fin. Fuera de estos casos, no se permite la recolección de pedidos en el establecimiento o los pedidos para llevar; XI. Hoteles, sin actividad en áreas comunes; XII. Gasolineras y gaseras; XIII. Servicios funerarios; XIV. Obra pública; XV. Aeropuertos, servicio ferroviario, carreteras y terminales de autobuses; XVI. Transporte, en términos de lo previsto en el presente Acuerdo; XVII. Minería; y XVIII. Servicios públicos municipales CUARTO. La actividad industrial en el Estado, con el aforo y restricciones previstas en el semáforo correspondiente, podrá laborar de lunes a viernes sin restricción de horario y deberá suspender actividades el sábado y el domingo. ARTICULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El presente Acuerdo estará sujeto a la revisión periódica de la autoridad sanitaria, en conjunto con el Consejo Estatal de Salud, lo cual determinará su vigencia. Para tal efecto, deberá acordarse su reforma o abrogación una vez que existan condiciones sanitarias propicias para continuar con la reapertura de establecimientos y reanudación de actividades en forma gradual. SEGUNDO. Durante la vigencia del presente Acuerdo se dejan sin efecto, temporalmente, las disposiciones contrarias en materia del sistema de semaforización sanitaria previstas en el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020 publicado el 10 de agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, reformado mediante los Acuerdos 109/2020 y 120/2020, publicados los días 31 de agosto y 22 de octubre del presente año en el Periódico Oficial del Estado. TERCERO. Continúan vigentes, en lo que no se oponga, las medidas sanitarias y el control de actividades establecido mediante el sistema de semaforización sanitaria previsto en el Acuerdo 102/2020 publicado el 10 de agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, reformado mediante los Acuerdos 109/2020 y 120/2020 publicados los días 31 de agosto y 22 de octubre del presente año en el Periódico Oficial del Estado; dichos instrumentos son de aplicación supletoria al presente ordenamiento. (.) ACUERDO SS/SEM/007/2020 - PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 20 DE JUNIO DE 2020 PRIMERO.- Se establecen dos regiones en el Estado de Chihuahua, a efecto de determinar la etapa de la semaforización sanitaria en que se encontrarán durante la vigencia del presente instrumento: I. La Región 1, denominada Juárez, queda comprendida por los siguientes municipios: REGIÓN MUNICIPIOS JUÁREZ AHUMADA GUADALUPE ASCENSIÓN JANOS BUENAVENTURA JUÁREZ CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES GALENA RAXEDIS G. GUERRERO (.) SEGUNDO.- Durante la vigencia del presente Acuerdo, la Región 1, Juárez, se encontrará en la etapa de color Naranja; la región 2, Chihuahua, se encontrará en la etapa de color Naranja. Las actividades que podrán desarrollarse en cada una de dichas etapas serán las señaladas en el Anexo 1 del Acuerdo No. 083/2020, publicado el 30 de mayo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado. (.) TRANSITORIOS PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 22 de junio de 2020 y permanecerá vigente hasta en tanto se emita un nuevo instrumento que defina las etapas correspondientes del semáforo sanitario. (.) ACUERDO SS/SEM/008/2020 - PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 31 DE AGOSTO DE 2020 PRIMERO.- Se establecen dos regiones en el Estado de Chihuahua, a efecto de determinar la etapa de la semaforización sanitaria en que se encontrarán durante la vigencia del presente instrumento: I. La Región 1, denominada Juárez, queda comprendida por los siguientes municipios: REGIÓN MUNICIPIOS JUÁREZ AHUMADA GUADALUPE ASCENSIÓN JANOS BUENAVENTURA JUÁREZ CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES GALENA PRAXEDIS G. GUERRERO (.) SEGUNDO.- Durante la vigencia del presente Acuerdo, la Región 1, Juárez, se encontrará en la etapa de color Amarillo; la región 2, Chihuahua, se encontrará en la etapa de color Naranja. Las actividades que podrán desarrollarse en cada una de dichas etapas serán las señaladas en el Anexo 1 del Acuerdo No. 102/2020, publicado el 10 de agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado. TRANSITORIOS PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 31 de agosto de 2020 y permanecerá vigente hasta en tanto se emita un nuevo instrumento que defina las etapas correspondientes del semáforo sanitario. ACUERDO SS/SEM/009/2020 - PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRIMERO.- Se establecen dos regiones en el Estado de Chihuahua, a efecto de determinar la etapa de la semaforización sanitaria en que se encontrarán durante la vigencia del presente instrumento: I. La Región 1, denominada Juárez, queda comprendida por los siguientes municipios: REGIÓN MUNICIPIOS JUÁREZ AHUMADA GUADALUPE ASCENSIÓN JANOS BUENAVENTURA JUÁREZ CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES GALENA PRAXEDIS G. GUERRERO (.) SEGUNDO.- Durante la vigencia del presente Acuerdo, la Región 1, Juárez, así como la región 2, Chihuahua, se encontrarán en la etapa de color Amarillo. Las actividades que podrán desarrollarse en el Estado, serán las señaladas para la referida etapa de color Amarillo en el Anexo 1 del Acuerdo No. 109/2020, publicado el 31 de agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado. TRANSITORIOS PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 28 de septiembre de 2020 y permanecerá vigente hasta en tanto se emita un nuevo instrumento que defina las etapas correspondientes del semáforo sanitario. (.) ACUERDO SS/SEM/012/2020 - PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 22 DE OCTUBRE DE 2020 PRIMERO.- Se establecen dos regiones en el Estado de Chihuahua, a efecto de determinar la etapa de la semaforización sanitaria en que se encontrarán durante la vigencia del presente instrumento: I. La Región 1, denominada Juárez, queda comprendida por los siguientes municipios: REGIÓN MUNICIPIOS JUÁREZ AHUMADA GUADALUPE ASCENSIÓN JANOS BUENAVENTURA JUÁREZ CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES GALENA PRAXEDIS G. GUERRERO (.) SEGUNDO.- Durante la vigencia del presente Acuerdo, la Región 1, Juárez, así como la región 2, Chihuahua, se encontrarán en la etapa de color Rojo. Las actividades que podrán desarrollarse en cada una de dichas etapas serán las señaladas en el Anexo 1 del Acuerdo No. 102/2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 10 de agosto de 2020, reformado mediante los Acuerdos 109/2020 y 120/2020. (.) TRANSITORIOS PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 23 de octubre de 2020 y permanecerá vigente hasta en tanto se emita un nuevo instrumento que defina las etapas correspondientes del semáforo sanitario. Así, a través de la emisión de los acuerdos impugnados, se estableció lo siguiente: Acuerdo 049/2020, se ordenó el cierre temporal de diversos establecimientos comerciales. Acuerdo 064/2020, se instauraron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, estableciendo que se entienden por actividades esenciales que podrían continuar operando. Acuerdo 083/2020, se estableció la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas en el Estado de Chihuahua; así como el sistema de evaluación y control de actividades mediante el semáforo incluido en el Anexo 1 del citado Acuerdo, el cual identifica con colores las etapas en que deberán adoptarse diversas medidas de seguridad sanitaria, las que serán acatadas por los sectores público, social y privado de la entidad; en el entendido, que la etapa por color en que se encuentra la entidad se definirá semanalmente por la Secretaría de Salud Estatal, de conformidad con las variables descritas en la Sección Primera del citado Anexo 1. En cualquier momento, en caso de estimarse necesario, la Secretaría de Salud Estatal podrá establecer el cambio a cualquier otra etapa por color e instruir medidas restrictivas de movilidad. Acuerdo 102/2020, previó que la Secretaría de Salud Estatal emitirá los protocolos y lineamientos indispensables, que deberán implementarse en cada etapa por color, para la reapertura objeto del citado Acuerdo, los cuales se darán a conocer en el sitio web http://www.chihuahua.gob.mx/. Además, de establecer que se entenderá por actividades esenciales aquellas así definidas en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud Federal por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte; aquellas definidas con ese carácter en el Acuerdo por el que se establecen como actividades esenciales las que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto de dos mil veinte, así como las señaladas en el Anexo 1 del citado Acuerdo o en instrumentos posteriores dictados por las autoridades sanitarias; por nuevas esenciales se entenderán las establecidas en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud Federal por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020. Además, de que todos los centros de trabajo, incluidos los que realicen actividades esenciales y nuevas esenciales, en cualquiera de las etapas del semáforo objeto del referido ordenamiento, instrumentar las medidas establecidas en los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, publicados el veintinueve de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, deberán sujetarse al sistema de evaluación y control de actividades mediante el semáforo incluido como Anexo 1 del mencionado Acuerdo. Acuerdo 109/2020, reformó la fracción III del artículo Quinto, así como el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020, publicado el diez de agosto de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado. Acuerdo 120/2020, se reformó el cuarto párrafo del artículo Décimo y el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020, publicado el diez de agosto de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado. Acuerdo 127/2020, se estableció como horario de restricción para limitar la movilidad dentro del territorio del Estado, el comprendido de lunes a jueves de las 19:00 horas a las 6:00 horas del día siguiente y los viernes de las 19:00 horas hasta el lunes siguiente a las 6:00 horas; debiendo acatar las disposiciones establecidas en el color rojo del semáforo de riesgo COVID-19 en aquellos horarios distintos al horario de restricción previsto en el presente Acuerdo; se ordenó el cierre y la suspensión de todas las actividades y establecimientos en el Estado de Chihuahua durante el horario de restricción respecto de las actividades y establecimientos que ahí se indican. Asimismo, a través de los Acuerdos Número SS/SEM 007/2020, SS/SEM 008/2020, SS/SEM 009/2020 y SS/SEM 012/2020, publicados en el Periódico Oficial estatal, respectivamente, el veinte de junio, treinta y uno de agosto, veintiocho de septiembre y veintidós de octubre, todos del año dos mil veinte, la Secretaría de Salud dio noticia de la semaforización sanitaria que imperaba en el Estado de Chihuahua, siendo que, a la fecha de presentación de la demanda, esta ciudad se encontraba en semáforo rojo. En este sentido, se concluye, que se trata de normas heteroaplicativas, toda vez que, de momento, su sola entrada en vigor no genera perjuicio alguno a la quejosa, sino que la regulación ahí prevista está sujeta a una individualización condicionada, como lo es que se impida la realización de actividades esenciales durante la semaforización en rojo de esta localidad. Efectivamente, la norma reclamada es heteroaplicativa porque el solo inicio de su vigencia no causa en automático un perjuicio al universo de residentes en esta localidad, al margen de cuál sea su ocupación, pues no modifica alguna situación jurídica de éstos ni les restringe el ejercicio de algún derecho. De ahí que, si la individualización de la norma reclamada está condicionada a que la quejosa se ubique en una determinada hipótesis, como lo es que la restricción a realizar actividades esenciales en esta ciudad mientras el semáforo sanitario permanezca en color rojo; entonces se trata, como se anticipó, de una norma de naturaleza heteroaplicativa. En ese contexto, para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, debe demostrarse la existencia de un acto de aplicación para que se produzca el agravio personal y directo que afecte su esfera jurídica para que, entonces, se encuentre en aptitud de combatirla. Sin embargo, en el caso, no acreditó que las normas reclamadas se hayan individualizado en su perjuicio. Se dice lo anterior, pues de las documentales que remitieron el Jefe de Departamento y el Inspector de la Inspección del Trabajo, Zona Norte, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se desprende la emisión de las ordenes de inspección extraordinaria ante la emergencia sanitaria, con los números de expediente **********/2020 y **********/2020, de treinta de octubre de dos mil veinte, dirigidas respectivamente, a **********, sociedad anónima de capital variable y a la diversa Prestadora Mexicana de Personal Traca, sociedad anónima de capital variable, ambas con domicilio en **********, en esta ciudad, mismas que se entendieron con **********z, en su carácter de gerente general; documentales a través de las cuales se exhortó a las personas morales en comento a suspender sus actividades. Por su parte, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los siguientes hechos, como antecedentes de los actos que reprocha: PRIMERO.- Los suscritos trabajamos en el establecimiento localizado en avenida 16 de septiembre número 1320, en Ciudad Juárez, Chihuahua, consistente en un almacén que se encarga de surtir los pedidos de calzado que se realizan vía electrónica, y ambos desarrollamos las funciones inherentes al cumplimiento de dicha finalidad. SEGUNDO.- El establecimiento aludido en el punto anterior es operado por la empresa "**********", cuyo objeto es, entre otros, "[l]a compra, venta, fabricación, maquila, comercialización, distribución, importación, exportación, consignación, representación, comisión, y explotación de clase de calzado y artículos de piel, así como toda clase de prendas de vestir". La empresa de referencia ha prosperado en las ventas por catálogo y se ha ajustado a las nuevas tecnologías del comercio electrónico, con la finalidad precisamente de comercializar y distribuir sus productos entre todos los consumidores del país. TERCERO.- El uno de marzo del año dos mil veinte se firmó el más reciente acuerdo de voluntades entre "**********", S. A. de C. V. y "**********", S. A. de C. V., en el cual se obliga esta última a la "prestación de todo tipo de Servicios de Comercialización, entre los que se incluyen de manera enunciativa mas no limitativa la venta, distribución, comercialización, almacenaje, promoción, servicios de mercadotecnia, publicidad entre otros", y bajo tales directrices, forma parte del esquema corporativo de la empresa nombrada en primer lugar. La persona moral nombrada en segundo lugar tiene por objeto, entre otros, "[l]a comercialización, venta, distribución, importación, exportación, compra-venta, mercadotecnia, publicidad, investigación de créditos y de cobranza en general". Bajo ese esquema, ambas empresas llevan a cabo su labor de comercialización en el establecimiento físico apuntado en el primer antecedente, que es precisamente donde los quejosos laboramos. CUARTO.- En diciembre del año dos mil diecinueve estalló un brote en Wuhan (China) de un coronavirus que provoca una enfermedad infecciosa denominada COVID-19. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos hasta antes del brote de referencia, según lo informa la Organización Mundial de la Salud (OMS). QUINTO.- Ante lo ocurrido a nivel mundial y en el país derivado de la enfermedad aludida en el punto anterior, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", emitido por el Secretario de Salud, en que se tomaron diversas previsiones para disminuir la dispersión en la comunidad de la nueva enfermedad, entre las que se cuentan la medidas de salud correspondientes y, además, la clasificación de las actividades económicas consideradas esenciales y las no esenciales para efecto de suspensión. SEXTO.- El ocho de abril del mismo año, el indicado funcionario publicó en el mismo medio de difusión oficial el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020", donde se previó que el comercio electrónico o venta en línea es una actividad esencial. SÉPTIMO.- Del mismo modo, el Gobernador del Estado de Chihuahua ha emitido una diversidad de acuerdos en el Periódico Oficial del Estado, tendientes todos ellos a mitigar la propagación de la enfermedad y a la reapertura económica controlada. OCTAVO.- Así las cosas, el treinta de octubre del año dos mil veinte se ejecutó en la bodega de distribución de las empresas "**********", S. A. de C. V. y "**********", S. A. de C. V., dos supuestas órdenes de inspección extraordinaria ante emergencia sanitaria, correspondientes a los expedientes **********/2020 y **********/2020, dirigidos respectivamente a las sociedades de referencia, practicadas en el almacén ubicado en la **********, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es precisamente donde los quejosos trabajamos. En las actas correspondientes el inspector manifiesta que se constituyó en el centro de trabajo para verificar que estuviera suspendido según "lo marca el anexo 1 del acuerdo 120/2020 publicado el día 22 octubre 2020 en el Periódico Oficial del Estado", y al encontrarlo en funcionamiento, exhortó a suspender labores de inmediato, debido a que no se consideró una actividad esencial. Al respecto es necesario aclarar que el inmueble sobre el cual se practicó la inspección es un almacén de calzado respecto del cual se surten los pedidos de calzado que se realizan en el norte del país, pudiendo ser pedidos voluminosos a distintas áreas, o bien, solicitudes al por menor que las personas recogen en el lugar para entregarlas a los clientes finales. Se explica lo anterior para evidenciar que en la bodega de referencia no se lleva a cabo venta al público en general de calzado, sino que sirve -según se ha dicho- para almacenar los productos y surtir los pedidos que se realizan vía comercio electrónico. Así, el almacén donde laboramos los quejosos trabaja bajo todos los lineamientos de higiene y prevención requeridos por las autoridades mexicanas y se trabaja a puerta cerrada, esto es, no hay atención al público, puesto que el almacén de referencia es precisamente un lugar donde se almacenan los productos de las empresas correspondientes, para ser distribuidos entre los clientes que los adquieren a través del comercio electrónico que la empresa tiene habilitado en su plataforma digital. Al respecto conviene invocar la resolución dictada en la queja **********/2020, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en donde en un asunto idéntico (en atención al modelo de negocio descrito en este punto) se determinó que la actividad que practica la corporación para la cual trabajamos está clasificada como esencial por los acuerdos de la Secretaría de Salud Federal, razón por la cual se resolvió conceder la suspensión provisional para el efecto de que "DE INMEDIATO se levante el estado de clausura decretado". Igualmente se invoca como precedente la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión del juicio de amparo indirecto número **********/2020, del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el que se determinó conceder la medida cautelar solicitada porque "los servicios que brinda la quejosa sí deben considerarse esenciales", destacándose que la quejosa en esa instancia resulta ser, entre otros, "**********", S. A. de C. V., y la materia de ese caso es igualmente la defensa del modelo de trabajo que es idéntico al que se desarrolla en esta demarcación del norte del país. NOVENO.- En la visita de inspección se exhortó a las empresas a suspender labores en el establecimiento, y por consiguiente los suscritos nos vemos privados de ejercer libremente nuestro trabajo y percibir un ingreso por ello, lo que ha puesto en peligro la supervivencia propia y de nuestra familia. Por otro lado, debe destacarse que al desconocerse por quien atendió las diligencias los alcances jurídicos y sin tener clara la competencia de la autoridad actuante, pero con el afán de evitar un mal mayor, se asentó por parte de la autoridad que ".la empresa acepta dicho exhorto."; sin embargo, ello en forma alguna entraña consentimiento de los actos inconstitucionales reclamados, puesto que la persona que atendió la diligencia no tiene representación de las personas morales de mérito, y además, ignorando las ilegalidades que se estaban cometiendo, prefirió en ese momento no provocar consecuencias peores para el establecimiento y consultar la situación posteriormente con los directivos correspondientes. DÉCIMO.- La inspección y cierre inmediato de actividades llevadas a cabo por las autoridades responsables resultan inconstitucionales, en atención a que se practicó por una autoridad incompetente (lo cual actualiza una violación directa del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en contravención de diversas disposiciones de observancia general, infringiendo en concreto los propios acuerdos y decretos emitidos en el contexto de la pandemia actual, entre otras cosas que se describen en los conceptos de violación, todo lo cual deviene en una violación clara a la Norma Suprema, y en reparación de esa infracción, se promueve la presente demanda de amparo. Asimismo, a fin de acreditar su interés, exhibió recibos de nómina a su nombre, expedidos por PRESTADORA MEXICANA DE PERSONAL TRACA, sociedad anónima de capital variable, los días siete, quince, veintiuno y veintisiete de octubre, así como cuatro y diez de noviembre, todos de dos mil veinte. Así como el contrato de prestación de servicios especializados de comercialización, celebrado entre PRESTADORA MEXICANA DE PERSONAL TRACA, sociedad anónima de capital variable "EL PROVEEDOR" y WATA GROUP, sociedad anónima de capital variable "EL CLIENTE" el uno de marzo de dos mil veinte, en Guadalajara, Jalisco; en la que la primera se obligó a la prestación de todo tipo de servicios de comercialización entre los que se incluyen de manera enunciativa más no limitativa la venta, distribución, comercialización, almacenaje, promoción, servicios de mercadotecnia, publicidad entre otros. Sin embargo, del clausulado contenido en dicho contrato, destaca el punto número cuatro, el cual a la letra dice: "Declara "EL PROVEEDOR" que el personal a su cargo y mediante el cual presta los Servicios previstos en este Contrato, estará subordinado y depende económica, administrativa y legalmente de "EL PROVEEDOR", sin que en ningún momento pueda considerase a "EL CLIENTE" como patrón sustituto o solidario responsable, ya que la capacitación, dirección, y en su caso, ordenes de trabajo, las recibirá de "EL PROVEEDOR" el único patrón responsable y encargado de cubrir los salarios y demás prestaciones legales con convenga con su personal que en su caso utilice para el cumplimiento del objeto del presente Contrato." Documentales las anteriores, que, a decir de la justiciable, el primero es "la versión escaneada directamente de las copias certificadas correspondientes" y el segundo "versión escaneada directamente del contrato original"; en el entendido, que los comprobantes fiscales digitales por internet cuentan con cadena original de certificado digital. De ahí que, con los comprobantes fiscales digitales exhibidos de manera digital, la quejosa acreditó ser empleada de **********, sociedad anónima de capital variable, no así de la diversa moral **********, sociedad anónima de capital variable. Como se advierte de lo anterior, en el caso, la quejosa no alegó una afectación real o colectiva, cualificada, actual y jurídicamente relevante que surja de su especial situación frente al orden jurídico, sino una afectación personal y directa derivada de un derecho subjetivo (realización de sus actividades laborales y su correspondiente retribución económica), el cual alega le ha sido vulnerado por los actos de las autoridades responsables. En consecuencia, es claro que si los Acuerdos y la exhortación a suspender labores de forma inmediata en el centro de trabajo de la quejosa, de que se duele la justiciable, no se decretaron en su contra, es indudable que los mismos no afectan de manera real y directa su esfera jurídica de derechos, al no violentar algún derecho subjetivo que le corresponda. Sin que resulte correcta la argumentación de la quejosa recurrente acerca de que tales determinaciones le causan agravio, pues en realidad, del análisis integral de su demanda de amparo y anexos, se desprende claramente que exhibió los documentos digitalizados que bajo protesta de decir verdad -se indicó- provienen de las copias certificadas y de los originales siguientes: a) Primer testimonio de la escritura treinta mil ciento setena y dos (**********), relativa a la protocolización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **********, sociedad anónima de capital variable, de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público número ********** (**********), con residencia en Guadalajara, Jalisco, México. b) Instrumento notarial veintiocho mil ciento cuarenta y uno (**********), de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del Notario Público número ********** (**********), con residencia en Guadalajara, Jalisco, México. c) Instrumento notarial ********** (**********), de ocho de marzo de dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número 18 (dieciocho), con residencia en Guadalajara, Jalisco, México, relativa a la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios de **********, sociedad anónima de capital variable. d) Recibos de nómina a nombre de la quejosa, expedidos por **********, sociedad anónima de capital variable, los días siete, quince, veintiuno y veintisiete de octubre, así como cuatro y diez de noviembre, todos del año en curso. e) Título ********** de registro de marca ********** f) Título 1969919 de registro de marca ********** g) Contrato de prestación de servicios celebrado el uno de enero de dos mil diecinueve, en Guadalajara, Jalisco. h) Contrato de prestación de servicios celebrado entre ********** y **********, el uno de enero de dos mil diecinueve, en Guadalajara, Jalisco. i) Diversas guías de paquetería rápida denominada PAQUETEXPRESS. j) Diversas guías de paquetería rápida denominada FedEx Express. k) Diversas guías de paquetería rápida denominada Paquetería y Porteo del Norte, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. l) Factura **********, de cinco de agosto de dos mil veinte, expedida por Paquetería y Porteo del Norte. m) Relación de guías relativas a la factura 9349. n) Factura **********, de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, expedida por Paquetería y Porteo del Norte. ñ) Factura **********, de seis de octubre de dos mil veinte, expedida por Paquetería y Porteo del Norte. o) Factura **********, de seis de octubre de dos mil veinte, expedida por Operadora de Servicios Paquete Express. p) Contrato de prestación de servicios especializados de comercialización, celebrado entre **********, S.A. DE C.V. y **********, el uno de marzo de dos mil veinte, en Guadalajara, Jalisco. q) Orden de inspección extraordinaria ante emergencia sanitaria, de treinta de octubre de dos mil veinte, guía de los principales derechos y obligaciones del inspeccionado y acta de inspección extraordinaria ante emergencia sanitaria, practicada en las instalaciones de la empresa denominada **********, con domicilio en avenida 16 de septiembre, número 1320 (mil trescientos veinte), colonia Partido Romero, en esta ciudad. r) Orden de inspección extraordinaria ante emergencia sanitaria, de treinta de octubre de dos mil veinte, guía de los principales derechos y obligaciones del inspeccionado y acta de inspección extraordinaria ante emergencia sanitaria, practicada en las instalaciones de la empresa denominada **********, S.A. de C.V., con domicilio en **********, en esta ciudad. s) Licencia de funcionamiento en base al uso de suelo para establecimientos comerciales, de servicios e industriales, número **********, expedida por la Dirección General de Desarrollo Urbano, en esta ciudad. t) Captura de pantalla del Registro para la autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria de las Empresas. u) Resolución de la queja **********/2020, emitida el ocho de mayo de dos mil veinte, por el Tercer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. v) Determinación dictada el once de octubre de dos mil veinte, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo **********/2020 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. No obstante, como ya se dijo, los actos que reprocha se encuentran dirigidos a la empresa **********, sociedad anónima de capital variable, y diversa empresa, lo cual resulta suficiente para concluir que dichos actos no se destinaron a la quejosa. Máxime, que aún en el supuesto de que se analizara la inconstitucionalidad de los Acuerdos reclamados en los términos solicitados por la promovente, ello no implicaría que la quejosa pudiera ejercer el cargo que desempeña en la empresa para la cual labora, y en su caso, percibir un ingreso por ello; pues una concesión en dichos términos, no obliga a la moral **********, sociedad anónima de capital variable, a mantener vigente el contrato que a decir de la quejosa tiene con ella. Derivado de todo lo expuesto, es que se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a que la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar las normas ya precisadas. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias de rubros y textos: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. Por todo lo anterior, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para analizar el estudio de las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58, de rubro SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Con motivo de lo expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, en términos de lo analizado en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Jefa del Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud en el Estado, por instrucciones de su titular; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. En el entendido de que el valor probatorio del informe de cuenta, recibido en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro siguiente: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, Secretario de Salud de Gobierno del Estado de Chihuahua, ni el acuse del oficio por el que se le solicitó; asimismo, vista la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional. Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional, pues no puede considerarse que la autoridad responsable haya sido omisa, toda vez que, del propio estado de los autos, no se advierte que ya hubiere sido requerida para rendir tal informe, ya que no obra el acuse de recibo del oficio por el que le fue peticionado. En consecuencia, se difiere la citada audiencia y se señalan las once horas con veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, para su desahogo. De este modo, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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