Alicia Angélica Miranda Medina
Expediente 668/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alicia Angélica Miranda Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en el presente juicio interpusiera recurso de revisión, contra la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el treinta del mismo mes y años, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, la autoridad responsable entregó información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113, fracción I, de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, LA SENTENCIA DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 668/2018-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el treinta de octubre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el mismo día ******* por propio derecho y en representación de su menor hijo *******, promovió juicio de amparo contra el Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras autoridades, de quienes reclamó la negativa de otorgarle el pasaporte de su menor hijo B.E.R.M.. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como juicio de amparo indirecto 668/2018-I-2; se requirió a la quejosa a fin de que precisara las autoridades responsables y sus domicilios, y narrara la totalidad de los hechos y abstenciones que constituyeran el antecedente de los actos reclamados. Luego, el trece de noviembre de dos mil dieciocho intentó aclarar su demanda, sin que ocurriera tal extremo por lo que, se le volvió a requerir a fin de que precisara las autoridades responsables y si deseaba reclamar el artículo 23 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje publicado el cinco de agosto de dos mil once. Finalmente, el veintiuno de noviembre del mismo año cumplió con las prevenciones y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Autoridad inexistente. En proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho luego de que la quejosa no desahogara la vista que se le dio en auto de veintiocho de noviembre de ese año, se declaró inexistente a la autoridad señalada como Oficina Estatal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que se reclama una negativa de autoridad residente en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del problema jurídico a resolver. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Director General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Juárez, Chihuahua: la negativa de otorgarle el pasaporte de su menor hijo *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registrada bajo el número 181810, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Director General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierta la negativa de que se duele la quejosa. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, incluso, del informe justificado del Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Juárez, Chihuahua se advierte que la quejosa se apersonó en las oficinas que ocupan la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta ciudad y que el trámite se realizó ante él, no así respecto de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni del Director General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Juárez, Chihuahua, manifestó que es cierta la negativa de que se duele la quejosa pero precisó que ésta tuvo lugar el diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Además, la certeza de los actos queda acreditada con los elementos de prueba que exhibieron las partes, principalmente con las copias certificadas que remitió la responsable de las diversas citas agendadas por la quejosa y la bitácora de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, probanzas a la cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De modo que, se tiene como cierta la negativa de otorgar a la quejosa el pasaporte de su menor hijo con iniciales B.E.R.M. que se endilga a la referida autoridad responsable. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el presente caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que fue invocada por la responsable, en la que textualmente se establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Conforme al citado precepto legal, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, contra los que no se formule juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, que se computaran según el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. A su vez, en esos preceptos se estatuye lo siguiente: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.] 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como puede advertirse del texto del precepto legal antes trascrito, se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior se sustenta, por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163172, que expresa: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Ahora, la quejosa reclama la negativa de las autoridades responsables de otorgarle el pasaporte de su menor hijo de iniciales B.E.R.M. y bajo protesta de decir verdad, manifestó que fue el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho que se presentó en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta ciudad y le fue negada la expedición del pasaporte del menor quejoso, por lo que refirió dicha data como la fecha de conocimiento; sin embargo, del informe que rindió el Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los anexos consistentes en copia certificada de los detalles de las citas a nombre del menor quejoso se desprende que fueron programadas para el doce de diciembre de dos mil diecisiete y diecisiete de julio de dos mi dieciocho, así como que el diecisiete de julio pasado se presentó la madre del menor quejoso a su cita, como se advierte de la copia certificada de la libreta de registros que se lleva en esa oficina, aduciendo además, que en el portal de Administración de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores no existe registro de cita a favor de dicho menor en una fecha posterior, por lo que, fue ese día cuando tuvo conocimiento de la negativa. De manera que, para computar la oportunidad en la presentación de la demanda que origina el juicio en que se actúa, debe tomarse en cuenta la fecha en que la parte accionante se hizo sabedora de los hechos que le agravian (diecisiete de julio de dos mil dieciocho). Así, el término de quince días para promover el amparo transcurrió del diecinueve de julio al ocho de agosto de dos mil dieciocho, supuesto que: a) La quejosa tuvo conocimiento el diecisiete de julio de dos mil dieciocho, por tanto la notificación surtió efectos el dieciocho de mismo mes y año y comenzó a computarse el diecinueve siguiente; y b) Fueron inhábiles los días veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de julio pasado y cuatro y cinco de agosto de dos mil dieciocho, en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo. En tal virtud, como la demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad el treinta de octubre de dos mil dieciocho, es incuestionable que su presentación fue extemporánea. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia número trece, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once del Tomo VI Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de registro 393969, cuyo texto y rubro dice: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, al tenor de lo dispuesto por el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 668/2018-I-2, promovido por ******* por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *******, respecto de la negativa a otorgarle pasaporte que reclamó, por lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Incidental
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 668/2018-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el treinta de octubre del presente año, ** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Secretaría de Relaciones Exteriores, Director General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Juárez, Chihuahua, a quienes les reclamó la negativa de otorgar el pasaporte a su menor hijo ** SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veintiuno de noviembre del año en curso, se proveyó en el incidente de suspensión respecto de la demanda, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se difirió respecto de los actos reclamados a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Director General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. TERCERO. Autoridad inexistente. En proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho se tuvo por inexistente a la Oficina Estatal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con los artículos 5 fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en representación de las autoridades señaladas como Secretaría de Relaciones Exteriores y Director General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al rendir sus informes previos negaron la negativa que les reclamó la quejosa, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a acreditar la existencia de los mismos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó respecto de tal autoridad. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó **, contra la negativa y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo en los términos de lo establecido en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa, en atención a lo que manifiesta se revoca la autorización otorgada a ****, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ** secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.*
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