Aliandris Santana Almarales
Expediente 1076/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 36 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Aliandris Santana Almarales
- Titula de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, en ciudad Juárez, Chihuahua.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1076/2022-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua (.) Titular de la oficina de regulación Migratoria de la subdelegación federal zona sur (.) Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración (.) Acto reclamado a) La privación de la libertad a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, en la estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración. b) La incomunicación del hoy quejoso. c) El traslado del C. a otra Estación Migratoria, fuera de esta ciudad. d) La inminente Deportación del C. . SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo 1076/2022-V, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación de la quejosa a su país de origen, para que se le dejara en inmediata libertad y cesara la incomunicación; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el Sub representante Local adscrito a la Oficina de Representación y actual encargado de la Estancia Provisional Juárez, ambos del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad: La privación de la libertad a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento con fines de deportación a su país de origen, incomunicación y traslado a diversa estación migratoria. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le endilgan. II. Por lo que hace a la incomunicación, privación de la libertad a través de la orden de detención, retención o aseguramiento, deportación a su país de origen y traslado a diversa estación migratoria, de las constancias que remitió el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió el Acuerdo de Salida de la Estancia provisional por Mandato Judicial de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 7859/2022, del que se desprende que con motivo de la concesión de la suspensión de plano, se suspendía el traslado del justiciable a su país de origen (Cuba), pues se acogió al beneficio de retorno asistido, lo cual le fue notificado al quejoso el veintidós siguiente. Además, se toma en consideración la constancia realizada el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, por la Actuaria Judicial de la adscripción, en la que asentó, que una vez que se entrevistó con Aliandris Santana Almarales, a simple vista observó que se encontraba en buen estado físico. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y acto reclamados que quedaron precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado respecto al acto que se le endilga, a saber, la privación de la libertad en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por , se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 2. El treinta de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo al Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, remitiendo el Acuerdo de Salida de la Estancia provisional por Mandato Judicial de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 7859/2022, del que se desprende que con motivo de la concesión de la suspensión de plano, se suspendía el traslado del justiciable a su país de origen (Cuba), pues se acogió al beneficio de retorno asistido, lo cual le fue notificado al quejoso el veintidós siguiente, motivo por el cual obtuvo su libertad. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad, de ahí que la autoridad esté impedida para dar cumplimiento a la solicitud de la quejosa sobre el retorno asistido a su país de origen. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1076/2022-V, promovido por . Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a la autoridad; excepción hecha del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, por los motivos expuestos en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración en ausencia de su Titular, al cual adjunta debidamente certificadas las copias del 1) Acuerdo de salida de la estancia provisional por mandato judicial de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós y 2) Notificación de resolución de veintidós siguiente, dentro del expediente ********************, instruido a ********************, así, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto dieciséis de los corrientes. Por otra parte, con la constancia realizada el diecinueve de octubre del presente año, por la Actuaria Judicial de la adscripción, se le tiene asentado los motivos por los cuales no fue posible entregar el oficio 28003/2023, que contiene el proveído de dieciséis de los corrientes, dirigido al "Representante Local Chihuahua del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representante en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad", advirtiendo la inexistencia de dicha autoridad, por lo que, le fue imposible realizar la notificación encomendada; sin que sea necesario mayor pronunciamiento, en razón de que se han recibido las constancias solicitadas. En otra tesitura, vista la CIRCULAR 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, y al "AVISO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES", signado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados del XVII Circuito con residencia en Ciudad Juárez y Coordinador de Juezas y Jueces del XVII Circuito con residencia en Ciudad Juárez, mediante los cuales, por causa de fuerza mayor, para salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del sistema de Justicia Federal, se declararon inhábiles los días jueves diecinueve al martes veinticuatro de octubre del año en curso, por lo que se suspendieron las labores en ese lapso y se determinó que no transcurrirían, en el mismo, plazos procesales. Mientras que, conforme al "AVISO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS", de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por los propios Coordinadores, se determinó, por las mismas razones, que esa fecha es inhábil, pero laborable. Luego, el veinticinco del citado mes y año, el Coordinador de Magistradas y Magistrados y el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito, ambos del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, emitieron el aviso de suspensión de plazos y términos procesales, declarando inhábiles, pero laborables, el veintiséis y veintisiete de los actuales. Por ello, es que se difiere la audiencia constitucional fijada para el diecinueve del presente mes y año, y se señalan las once horas con diez minutos del diecisiete de noviembre del presente año para su desahogo. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.IRS
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VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración en ausencia de su Titular, al cual adjunta debidamente certificadas las copias del 1) Acuerdo de salida de la estancia provisional por mandato judicial de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós y 2) Notificación de resolución de veintidós siguiente, dentro del expediente ********************, instruido a ********************, así, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto dieciséis de los corrientes. Por otra parte, con la constancia realizada el diecinueve de octubre del presente año, por la Actuaria Judicial de la adscripción, se le tiene asentado los motivos por los cuales no fue posible entregar el oficio 28003/2023, que contiene el proveído de dieciséis de los corrientes, dirigido al "Representante Local Chihuahua del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representante en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad", advirtiendo la inexistencia de dicha autoridad, por lo que, le fue imposible realizar la notificación encomendada; sin que sea necesario mayor pronunciamiento, en razón de que se han recibido las constancias solicitadas. En otra tesitura, vista la CIRCULAR 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, y al "AVISO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES", signado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados del XVII Circuito con residencia en Ciudad Juárez y Coordinador de Juezas y Jueces del XVII Circuito con residencia en Ciudad Juárez, mediante los cuales, por causa de fuerza mayor, para salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del sistema de Justicia Federal, se declararon inhábiles los días jueves diecinueve al martes veinticuatro de octubre del año en curso, por lo que se suspendieron las labores en ese lapso y se determinó que no transcurrirían, en el mismo, plazos procesales. Mientras que, conforme al "AVISO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS", de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por los propios Coordinadores, se determinó, por las mismas razones, que esa fecha es inhábil, pero laborable. Luego, el veinticinco del citado mes y año, el Coordinador de Magistradas y Magistrados y el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito, ambos del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, emitieron el aviso de suspensión de plazos y términos procesales, declarando inhábiles, pero laborables, el veintiséis y veintisiete de los actuales. Por ello, es que se difiere la audiencia constitucional fijada para el diecinueve del presente mes y año, y se señalan las once horas con diez minutos del diecisiete de noviembre del presente año para su desahogo. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.IRS
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Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Representante Local Chihuahua del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en el Estado de Chihuahua, residente en la capital, mediante el cual, informa que en sus instalaciones no se encontró registro del quejoso *****. En el entendido de que el valor probatorio del informe rendido por la autoridad oficiante, recibido en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Ahora bien, del sumario destaca que el treinta de agosto del presente año, se tuvo a la Actuaria Judicial adscrita, informando la imposibilidad que imperó para notificar al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, pues una vez que se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, se le indicó que dicha denominación es inexistente. Por tal motivo, se requirió al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de México, para que por su conducto fuera remitido a la autoridad en comento, o en su defecto informara el impedimento que tuviere para ello. Luego, el veintinueve de septiembre pasado, se tuvo al Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, en representación jurídica del Comisionado de Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, informando, entre otros, que remitió el oficio *****/2023, al Titular de la Oficina de Representación y al Titular del Departamento Jurídico, ambos del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, a efecto de que den observancia al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional. Atento lo anterior, y toda vez que el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, remitiendo 1) Acuerdo de salida de la estancia provisional por mandato judicial de veintiuno del citado mes y año y 2) Notificación de resolución de veintidós siguiente, dentro del expediente ****/2022, instruido a ****, todo ello con firma electrónica de *****, sin que constara la protesta de decir verdad que dicha documentación es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Es que se ordena remitir las autoridades migratorias en esta ciudad, las constancias precisadas con anterioridad, registradas bajo el número de promoción 14545, así como el ocurso suscrito por su superior, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, realicen la certificación de las constancias en comento y sean devueltas a este juzgado a efecto de resolver el asunto que nos ocupa. Se les apercibe, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.
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