Alicia Hernández Zamora

Expediente 404/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
404/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • Alicia Hernández Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte tercero interesada, el acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala:MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte tercero interesada, el acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio número 675/2018 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que acompaña copias certificadas de las principales constancias del expediente laboral 814/2016, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora bien, tomando en consideración que la aquí quejosa ALICIA HERNÁNDEZ ZAMORA, mediante escrito presentado el cuatro de mayo del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este juzgado, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la dilación procesal por parte de la responsable de ajustarse a los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, específicamente, la omisión de emitir acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 814/2016. Por tanto, si el acto que se reclama dentro del presente juicio de garantías consiste, básicamente, en la omisión de dictar acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 814/2016, resulta inconcuso que el mismo es inexistente, pues al efecto, la Junta responsable, por acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho se pronunció sobre la admisión y desahogo de pruebas dentro del citado controvertido, es así, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, es decir, casi dos meses después de que la responsable acordara lo relativo a las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral en alusión. De lo anteriormente expuesto se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo. ". Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad". Del análisis sistemático del primero de los numerales transcritos permite conocer con claridad que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, apreciación que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. De donde se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya se había proveído lo conducente al acto de molestia reclamado; de lo que se deriva que para el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, cuando la parte quejosa presentó su demanda de amparo, la omisión antes precisada, ya no existía. Lo anterior conduce a sustentar que en efecto, a la fecha de presentación de este juicio de amparo no existía el acto de omisión atribuido a la responsable, por lo que con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XX.54 K, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANALISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional". Así como la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  3. Principal

    Agréguese el pedimento número 101/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de los mismos en la audiencia constitucional; asimismo, con apoyo en el numeral 3° de la Ley de la materia, una vez que se dicte la sentencia dentro de este expediente, expídansele las copias que requiere en su pedimento de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ...Vista la demanda de garantías promovida ALICIA HERNÁNDEZ ZAMORA, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías, por los actos consistentes en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Dilación procesal. La omisión por parte de la Responsable de ajustarse a los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, específicamente os artículos 686 y 880." Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número 404/2018. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127, del citado ordenamiento. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Asimismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a AGRANA FRUIT MÉXICO, S.A. DE C.V, con domicilio ubicado en calle Pino Suárez, número 305, Centro, en esta ciudad; en tal virtud, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que emplace a juicio a la moral en cita, por conducto de quien jurídicamente la represente, haciéndole saber la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, deberá correrle traslado con una copia de la demanda de garantías. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba proveniente de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Pino Suárez, número 305, Centro, en esta ciudad, y autorizando para tal efecto a ENRIQUE MATEO HERNÁNDEZ, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 2770062, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho y únicamente para recibirlas a LUZ MARÍA CALDERÓN SERRATO, JUAN FRANCISCO CASTILLO FERNÁNDEZ y GUSTAVO LOZANO OROZCO, toda vez que en esos términos fueron designados. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx...

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