Alicia Belmontes Arreola

Expediente 482/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
482/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • Alicia Belmontes Arreola

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio con firma electrónica número 12134/2018, signado por la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del diverso 8078, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo número 482/2018, promovido por ALICIA BELMONTES ARREOLA, contra actos del Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Tangancícuaro, Michoacán y otra autoridad, el cual se registró bajo el número 282/2018, del índice de ese órgano jurisdiccional. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que del párrafo que antecede se advierte que el cuaderno de antecedentes en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de garantías promovida por ALICIA BELMONTES ARREOLA, contra actos del Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Tangancícuaro, Michoacán y otra autoridad, de la que se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: a).- De la autoridad ordenadora, se reclama la infundada e inmotivada pretensión de desposeerme de un predio urbano que tengo en posesión en carácter de propietaria y dueña, en forma pacífica, publica y continua, localizado en la calle Morelos si número, en la acera Norte, entre calles Narcizo Mendoza y Allende, de la localidad de mi vecindad; b).- De la autoridad ejecutora, le reclamo el cumplimiento de dicha orden y la que siga llevando en ese sentido, al hacerse presentes con los elementos de la policía a su mando, argumentando que lleva a cabo dicho acto por orden del aludido síndico.". Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, pues los actos reclamados llevan inmersa una ejecución material que tiene materialización en el lugar en que ejerce su jurisdicción territorial. Es así, si se toma en consideración que el bien inmueble sobre el que se pretende llevar a cabo el acto reclamado, se encuentra ubicado en el poblado de Gómez Farías, Municipio de Tangancícuaro, Michoacán, por lo que dada su naturaleza requiere de ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentra la desposesión del mismo, por lo que la competencia para conocer del amparo promovido contra ese auto se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se localice el mismo, por ser ahí donde se materializan sus efectos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Por tanto, como esa localidad, no se encuentra comprendida entre aquellas en las que este juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial, sino en uno de los que lo hacen los juzgados con residencia en Uruapan, Michoacán, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con las copias simples de la misma por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado en términos de lo previsto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que los actos que reclaman no se ubican en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. De igual manera, resulta improcedente decretar la suspensión en términos de artículo 127 de la Ley de Amparo, pues no se está en alguno de los supuestos que establece ese artículo, ya que no se reclama un acto de extradición, previsto en la fracción I del citado numeral y, por otro lado, porque conforme a lo dispuesto por la fracción II de dicho precepto, la suspensión de oficio procede cuando se trate de algún acto que, de llegar a consumarse, haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, hipótesis que en la especie no prevalece, por lo que los actos que se impugnan son factibles de atenderse, de admitirse la demanda, al proveer sobre la suspensión provisional y definitiva. Por tanto, al no encuadrar los actos reclamados en alguno de los supuestos antes mencionados, no es factible que este órgano jurisdiccional proceda en los términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, esto es, a decretar la suspensión de oficio. Se invocan sobre el particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1698, del Tomo XLIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio". Asimismo, por contener el principio jurídico, la tesis VII.1º.A.T.7K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 978, del Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE AMPARO. CUÁNDO PROCEDE. De una correcta interpretación del artículo 123, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone que procede la suspensión de oficio "Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. ...", en relación con lo que en lo conducente estatuye el diverso 80 ibídem, en el sentido de que "La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación ...", se colige que los actos a que alude esa fracción, son aquellos que de ejecutarse se consumarían materialmente, haciendo físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada, dejando sin materia el juicio de garantías, como sucedería, verbigracia, tratándose de la orden de demolición de un inmueble arqueológico o la orden de destruir una pintura artística, pero no cuando se reclamen actos que, aunque se realicen materialmente, sí es posible al través de la concesión del amparo, conforme al citado artículo 80, devolverle al peticionario de la acción constitucional el disfrute de la garantía violada, como ocurre en la especie, en que se reclama una orden de visita y presentación de documentos para su revisión con efectos fiscales, actos que desde luego no pueden considerarse de imposible reparación o que dejen sin materia el juicio de garantías, que son las razones de ser de la procedencia de la precitada medida cautelar oficiosa, porque es evidente que de otorgarse la protección constitucional se retrotraerían las cosas al estado que tenían antes de su emisión y ejecución.". Las tesis o criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la Ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan, con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en la finca marcada con el número 1307, Calzada Madero, Centro en esta ciudad y autorizando para tal efecto a JOSÉ DE JESÚS CERVANTES MANZO, IRMA JACQUELINE CERVANTES NAVARRETE, PAULINA CHÁVEZ CERVANTES, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12, de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales número 08762491, 7265438, 4987393, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho, no así a OMAR ROJAS ALANÍS y ALEJANDRA GUADALUPE MÉNDEZ HORTA, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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