Alicia De la Cruz Jacobo

Expediente 553/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
553/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Alicia De la Cruz Jacobo
  • Secretario de Educación del Estado de Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que los quejosos..., ostentándose como Presidente, Secretaria y Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del Ejido "Los Ejidos"; Municipio de Morelia, Estado de Michoacán, no realizaron manifestaciones con relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: A N T E C E D E N T E S: 1) Mediante sentencia definitiva de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional, por un lado sobreseyó en el juicio, y por otro, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "...I. Emitir respuesta inmediata y de manera congruente en relación a la solicitud por escrito del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, recibida en ese mismo día por esa dependencia de gobierno, relativa al trámite correspondiente a la asignación complementaria sentencia 1668/2014." 2) Por auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la referida sentencia, y en dicho proveído se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria, como lo señala en el artículo 192 de la Ley de la Materia. 3) La referida autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por conducto del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, realizó lo siguiente: Mediante oficio número SDR/52/2020, de veinticinco de febrero de dos mil veinte, la Delegación responsable, informó que resultaba necesario que los interesados, aquí quejosos, acudieran a dicha Delegación a presentar el trámite de veinticinco de mayo de dos mil catorce, así como cumplir con los requisitos establecidos en la ficha COFEMER 17 sobre cambio de destino, a efecto de colmar los principios de legalidad y certeza en materia registral consignados en el primer párrafo del artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por misiva SDR/DJ/661/2021, de once de noviembre de dos mil veintiuno, la Delegación responsable, informó a este Juzgado Federal que con relación a la solicitud..., de treinta de julio de dos mil diecinueve, presentada por la parte quejosa, el once de noviembre del dos mil veintiuno, quedó ingresada la sentencia dictada dentro del expediente 1668/2014, con ficha CONAMER RAN-05-04. SENTENCIAS, comunicación oficial posterior a que este Juzgado Federal remitiera a trámite el incidente de inejecución previsto en la Ley de Amparo que se detalla a continuación al Tribunal Colegiado de la Materia, en turno. Del mismo modo, la responsable hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el registro de la sentencia quedó bajo el libro 1, volumen CXVI, foja 106, de veintiocho de noviembre de dos mil quince, y manifestó que dicho trámite pasó al Área Técnica para su revisión, ya que se tenían que hacer modificaciones en el mosaico catastral. 4) Ante tal circunstancia, este Juzgado de Distrito, por proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, estimó que el fallo protector que nos ocupa que cumplió de manera defectuosa, por lo que se ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, para tramitar el incidente de inejecución previsto en el numeral 193 de la Ley en la materia. 5) Atento a lo anterior, por ejecutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a quien le tocó conocer por cuestión de turno, resolvió: "ÚNICO. Se ordena devolver los autos del juicio de amparo indirecto 895/2019 al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, para que se pronuncie como corresponda en torno al cumplimiento del fallo Constitucional, en términos del último considerando de esta determinación". 6) Virtud de lo antes expuesto, este órgano de Control Constitucional, procedió a dar vista a la parte quejosa con los oficios SDR/52/2020 y SDR/661/2021, de veinticinco de febrero de dos mil veinte y de once de noviembre de dos mil veintiuno pronunciarse respecto del cumplimiento a la sentencia ejecutoriada para estar en condiciones de efectuar el pronunciamiento correspondiente, lo que en la especie así aconteció. VALORACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA: Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, emitió una respuesta a la solicitud del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, recibida en esa misma fecha por la Delegación responsable, respecto del trámite consistente en la asignación complementaria de la sentencia 1668/2014. Ello, en razón de que por oficio SDR/52/2020, de veinticinco de febrero de dos mil veinte, la Delegación responsable, por conducto de su Encargado del Despacho, dio respuesta, pues informó que resultaba necesario que los interesados presentaran a dicha Delegación el trámite de veinticinco de mayo de dos mil catorce, así como los requisitos establecidos en la ficha COFEMER 17 sobre Cambio de Destino, a efecto de colmar los principios de legalidad y certeza en materia registral que consigna el primer párrafo del artículo 52 del Reglamento Interior del aludido Registro. Asimismo, por misiva SDR/DJ/661/2021, la aludida autoridad responsable emitió respuesta, virtud de que informó que el once de noviembre de dos mil veintiuno, bajo solicitud..., quedó ingresada la sentencia dictada dentro del expediente número 1668/2014, con ficha CONAMER RAN-05-04.SENTENCIAS, y remitió al efecto constancia relativa a dicho registro; además, precisó que dicho trámite paso al Área Técnica para su revisión correspondiente, ya que se tenían que hacer modificaciones en el Mosaico Catastral respectivo. Por lo antes expuesto, resulta inconcuso que la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, cumplió con la materia de la ejecutoria en trato, ello, porque respondió la petición hecha por la parte quejosa, de manera congruente en relación a la solicitud presentada por escrito el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, correspondiente a la asignación complementaria de la sentencia 1668/2014. No soslaya lo anterior, el hecho que la autoridad responsable no se encontraba vinculada a notificar a la quejosa la respuesta a su solicitud, ello, porque el ejido quejoso omitió señalar domicilio para recibir notificaciones personales respecto del trámite que presentó ante la responsable, motivo por el cual, ésta no estaba vinculada a notificar la contestación de forma personal. Además, dado que dicho efecto quedó excluido expresamente de la sentencia ejecutoriada en trato, sin que lo anterior implique una afectación a la esfera jurídica de la partes quejosa, pues tuvo conocimiento con las constancias en cita por conducto de este Juzgado Federal, mediante auto de cinco de abril de dos mil veintidós, notificación diligenciada de manera personal el doce del mismo mes y año. Asimismo, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del diecisiete al veintitrés, ambos del mes y año en curso; en consecuencia, se declara firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otra parte, agréguese el escrito signado por la quejosa Alicia de la Cruz Jacobo; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2° de este último ordenamiento legal, hágase la devolución de los documentos que solicita, autorizando para recibirlas a las personas que indica, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 442/2023, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje el Estado, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada del auto de tres de mayo del año en curso, relativo al cierre de instrucción en el juicio de origen; en consecuencia, previo a tener a la autoridad responsable dando cumplimiento al fallo protector de que se trata, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al quejoso, con las constancias de previa alusión, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto a dicho cumplimiento; apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará al respecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Alicia de la Cruz Jacobo, contra actos del Secretario de Educación en el Estado, con sede en ******************** y otras autoridades, que hizo consistir en: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Los C.C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con domicilio en Avenida Siervo de la Nación número 1175 mil cientos setenta y cinco de la colonia Sentimientos de la Nación de ********************, en cuanto autoridad ordenadora, así como el SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con domicilio en Avenida Ventura Puente número 112 ciento doce, colonia Chapultepec Norte de ******************** en cuanto autoridad ejecutora. IV.- ACTO RECLAMADO.- De ambas autoridades señaladas como responsables, reclamo la falta de pago a la suscrita de la cantidad de ********************(TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS********************M.N.), por concepto de defunción de mi extinto hermano el C. RODOLFO DE LA CRUZ JACOBO, quien fue trabajador de la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, con Registro Federal de Causantes R.F.C.: CUJR-550717LYA y CLAVE: 07912E0221000001058, quien falleció el día 14 de mayo de 2016..." En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 553/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de amparo, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Novena época, del Apéndice del 2000, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la jurisprudencia, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establecen en la tesis jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuaciones del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Ahora bien, a fin de determinar cuándo un acto es emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben precisar los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supraordinación: Son las que surgen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos transcritos y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de un acto de autoridad y que además afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí, que aquellos actos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Asimismo, a efecto de considerar que el acto ha sido emitido dentro de una relación de supra a subordinación y que entonces se estimara acto de autoridad para efectos del amparo, es necesario, además de que la autoridad obrara en un plano superior al del gobernado, que esa relación tuviera su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; que dicho acto lo haya emitido en forma unilateral y que con ello cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; que para emitir ese acto no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; y que para hacer cumplir sus determinaciones pueda hacer uso directo o indirecto de la fuerza pública; es decir, resulta indispensable que ésta haya actuado al emitir el acto impugnado con unilateralidad, coercitividad e imperatividad. En ese sentido apoya al anterior argumento la tesis aislada I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". En la especie, el quejoso, reclama del Secretario de Educación del Estado de Michoacán y otras autoridades, lo siguiente: "De ambas autoridades señaladas como responsables, reclamo la falta de pago a la suscrita de la cantidad de ********************(TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS********************M.N.), por concepto de defunción de mi extinto hermano el C. RODOLFO DE LA CRUZ JACOBO, quien fue trabajador de la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, con Registro Federal de Causantes R.F.C.: CUJR-550717LYA y CLAVE: 07912E0221000001058, quien falleció el día 14 de mayo de 2016" En esta tesitura, el contexto expuesto pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie las autoridades señaladas como responsables por el quejoso, actúan con el carácter de patrón en el ámbito material del derecho laboral obtenido con motivo de la resolución emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el procedimiento para procesal ********************, en donde la declararon única beneficiaria y dependiente económica de los derechos laborales generados en vida por el extinto trabajador ********************, es decir, la relación que existe entre la quejosa beneficiaria y las autoridades señaladas con dicho carácter es de coordinación, de ahí que el acto relacionado con la retención del pago de ********************(********************pesos********************M.N.) por defunción del citado trabajador, pueden ser impugnados en el juicio respectivo, ante el Tribunal ordinario competente en ejercicio de funciones materialmente laborales; de ahí que a dicha responsable no les reviste la calidad de autoridades para los efectos del juicio de amparo, porque sus actos no son de autoridad. Ello es así, toda vez que carecen de potestad e imperio que es lo que distingue a los actos provenientes de autoridades, sino que sólo se trata de actos de particulares, pues si bien es cierto que el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que las autoridades ilegalmente no le han pagado la ********************(********************pesos********************M.N.), por defunción del citado trabajador; lo cierto es, que todas esas cuestiones están relacionadas con la relación de trabajo que tienen las autoridades señaladas como responsables con el aquí quejoso. De ahí que, que resulta evidente que la falta de pago de la cantidad de ********************(********************pesos********************M.N.), por defunción del citado trabajador; no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues las responsables no lo realizaron con el imperio de su soberanía, característica propia del acto de autoridad, sino como patrón, virtud a ello, es claro que se trata de un problema entre trabajador y el "patrón", el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad que ejerza funciones de esa misma naturaleza. Es decir, los actos reclamados, en su caso, sólo conllevan una actuación propia de la relación privada que une a la parte quejosa y las autoridades responsables, con motivo del derecho que obtuvo como única beneficiaria y dependiente económica de los derechos laborales generados en vida por el extinto trabajador ********************, en virtud de que su pretensión final es que le realice el pago de la cantidad de ********************(********************pesos********************M.N.), por defunción del citado trabajador, por regla general, no es reclamable en la vía Constitucional. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Asimismo, la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." De igual forma, por identidad jurídica y por las razones que informa la Tesis: X.A.T.19 L (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2355, que establece: "RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DAN POR TERMINADOS LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN DOCENTE. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PORQUE DERIVA DEL VÍNCULO LABORAL ESTADO-PATRÓN Y SUS TRABAJADORES. De la jurisprudencia P./J. 32/2015 (10a.), de título y subtítulo: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA.", se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación, tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa; pero, si lo que impugna es la separación del servicio, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral. En esta última hipótesis, la resolución mediante la cual se dan por terminados los efectos del nombramiento de un docente, constituye una determinación en la que el Estado actúa en su carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, dentro del marco previsto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de una relación de coordinación derivada de la vinculación laboral Estado-patrón y sus trabajadores, por lo que no constituye un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo." Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1o, fracción I, y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados a la autoridad responsable, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, en ********************; autorizando para tal efecto a ********************, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12, de la Ley de Amparo, ello en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número ********************, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho. De igual manera, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Como lo solicita la parte quejosa, téngasele oponiéndose a la publicación de su nombre y sus datos personales. Notifíquese personalmente.

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