Alicia Carolina Montes Rosillo

Expediente 407/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
407/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Alicia Carolina Montes Rosillo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Finalmente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Número 1, Sin Detenido, de la Agencia Investigadora del MP BJ-2, Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 407/2023-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía cosiste el acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en los autos de la carpeta de investigación *************, del cual la justiciable se duele de dos aspectos contenidos en éste, siendo estos: a) La negativa de solicitar la orden de aprehensión a la autoridad judicial correspondiente, pues el representante social a su consideración precisó que quedaban pendientes diligencias por desahogar (negativa de judicializar la carpeta de investigación). b) La falta de claridad en cuanto a la fecha en que la responsable solicitará audiencia ante el Juez de Control para que girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Asimismo, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la procedencia del juicio de derechos, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente.". Por cuestión de técnica, se abordará el estudio de improcedencia del juicio de manera separada, atendiendo a los aspectos que se combaten del acto reclamado, los cuales quedaron identificados con los incisos a) y b). En ese sentido, en relación con el punto identificado con el inciso a), se actualiza las causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII, Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La causal de improcedencia citada, interpretada a contrario sensu, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Conforme con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede interrumpirse o cesar en su curso. Por ello, el trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado. En el caso concreto, la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable negó de solicitar la orden de aprehensión a la autoridad judicial correspondiente, con lo que eventualmente pudiera transitarse a una etapa de investigación complementaria, ya bajo la tutela de un juez de control. Sin embargo, al establecer que determinaría lo legalmente proceda en el momento oportuno, hace suponer que continuará con la integración de la carpeta de investigación, lo que como se adelantó tiene por objeto que se reúnan los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; tan es así, que la autoridad responsable no decretó alguna de las formas de terminación de la investigación que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, la decisión de no judicializar la carpeta de investigación, no le genera perjuicio alguno a la aquí quejosa, al contrario, le trae consigo un beneficio, pues incide positivamente en el derecho a la verdad y, de ser el caso, a la reparación del daño ocasionado, ya que la investigación de los hechos continuará hasta que con base en los antecedentes que integren la carpeta, se determine lo correspondiente; incluso, si llegado ese momento, la determinación que se adopte le resultare adversa, es susceptible de anularse o contrarrestarse. De ahí que, no afecta su esfera jurídica; por el contrario, es consistente con los derechos previstos para las victimas u ofendidos en el artículo 20, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su caso, pudieran serle atribuidos. Consecuentemente, es notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio, ya que la decisión que en el fondo cuestiona la parte quejosa, no le genera una afectación real y actual a su esfera jurídica, es decir, no menoscaba interés jurídico alguno. Por lo que hace, al aspecto identificado con el inciso b), se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones III, inciso b) y V, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De los preceptos invocados se colige que el amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente. Al efecto, debe partirse de que en el primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, el Constituyente incorporó como materia de protección por parte del Estado, los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión. Asimismo, pone de relieve que los derechos y sus garantías no son lo mismo, y que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos. Así, las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen, los cuales pueden existir sin éstas pero no a la inversa; entonces, las citadas categorías (derechos humanos y sus garantías) engloban lo que el legislador ha identificado en la Ley de Amparo como derechos sustantivos. En el entendido de que los derechos sustantivos a que se hace alusión en el artículo 107, fracción V, de la citada ley son aquellos derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como sus garantías, siendo un requisito indispensable para estimarlos así que éstos puedan tener una infracción directa a través del acto de autoridad posiblemente transgresor del sistema protector de derechos fundamentales. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". Estableció que la primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso a), dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, la segunda, está prevista en su fracción V, cuya intención es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. De esta forma, estableció que podía afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, según fue explicando nuestro Más Alto Tribunal, el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primer exigencia consiste en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Tal expresión es opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De modo que, en los juicios de amparo iniciados conforme a la actual Ley de Amparo, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Como se advierte, la quejosa se duele de la falta de claridad en cuanto a la fecha en que la responsable solicitará audiencia ante el Juez de Control para que girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual incide directamente con el desahogo de un acto de investigación propuesto por la justiciable. Por tal motivo, se considera que el acto reclamado no provoca una afectación directa a los derechos sustantivos, lo cual sería indispensable para la procedencia del juicio de amparo, si no que únicamente afecta derechos adjetivos (procesales), los cuales son susceptibles de anularse o contrarrestarse en caso de que en su momento se emita una determinación que sea favorable a los intereses de la quejosa, pues como se señaló, las violaciones que refiere únicamente atañen a cuestiones procesales. No se inadvierte que la norma secundaria prevé expresamente la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en contra de actos de autoridad cuyos efectos sean de imposible reparación, se itera, en el caso no sucede, en los términos explicados en párrafos precedentes. En consecuencia, al surtirse las causales de improcedencia antes indicadas, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.

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