Alger Francisco Alba Arce
Expediente 73/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 04/01/2024
Partes del expediente
- Alger Francisco Alba Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de enero de dos mil veinticuatro. Visto el estado de autos, con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el presente expediente se encuentra debidamente integrado, en cumplimiento a lo ordenado en autos, remítase el original del escrito mediante con el cual el quejoso interpone recurso de inconformidad y expresa agravios, así como los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de inconformidad. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, once de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de inconformidad en contra del auto por el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con fundamento en los artículos 80 y 201, fracción I, de la ley de la materia, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. Acorde a lo dispuesto por el artículo 203 de la ley de la materia, una vez que el presente expediente esté debidamente integrado; es decir, en cuanto obren en autos las constancias de notificación a las partes, remítase el escrito que se atiende, así como los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de mérito. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa, en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se cumple con la ejecutoria dictada en el presente juicio, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional consistió en: "La determinación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 16/2022, que confirmó la interlocutoria de trece de julio de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de incompetencia planteado por el quejoso. Su ejecución.". En la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintitrés (fojas 89 a 105), se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje sin efectos la determinación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 16/2022, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de trece de julio de dos mil veintidós, emitida el incidente de incompetencia que promovió el quejoso. 2. Con libertad de jurisdicción, dicté una nueva en la que, siguiendo los lineamientos de la presente resolución exponga de manera suficiente la conexión entre los hechos que se le atribuyen al quejoso y el servicio castrense objetivamente valorado, y determine si se afecta directamente o no, la disciplina militar. 3. Notifique personalmente dicha determinación al quejoso.". Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión (fojas 121 a 135); el cual registró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, como R.P. 120/2023 (fojas 148 a 150), y en sesión por videoconferencia de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia recurrida (fojas 157 a 166). El cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se recibieron los autos y el testimonio de la referida determinación, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (foja 167). El dieciocho de septiembre último, se recibió el oficio registrado con el folio 14439 (fojas 180 a 211), proveniente por el Tribunal Superior Militar, al cual anexó copia certificada de la resolución dictada el catorce de septiembre último, en los autos del toca penal 16/2022 de su índice, del que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: -Dejó sin efectos la determinación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca 16/2022, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de trece de julio de dos mil veintidós, emitida en el incidente de incompetencia que promovió el quejoso (foja 185 vuelta). Con libertad de jurisdicción, procedió a emitir una nueva determinación, en la que expuso de manera fundada la conexión de los hechos atribuidos al quejoso y el servicio castrense, y determinó la afectación a la disciplina en el tenor siguiente: "B. Del análisis a los agravios expresados por el procesado y su defensor particular. El artículo 822 del Código de Justicia Militar, señala: "El recurso de apelación tiene por objeto, que el Tribunal Superior Militar confirme, revoque o modifique la resolución apelada." Asimismo, el citado ordenamiento en su artículo 823, refiere: "La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte, para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante al interponer el recurso o en la vista; pero el tribunal de alzada podrá suplir la deficiencia de ellos, cuando el recurrente sea el procesado o se advierta que sólo por torpeza del defensor no hizo valer debidamente las violaciones causadas en la resolución recurrida". De los numerales antes señalados se obtiene que el recurso de apelación tiene por objeto el estricto análisis de los agravios planteados por la parte apelante; sin embargo, cuando el apelante es el procesado o su defensor, es posible suplir la deficiencia de los agravios, tal como lo sustenta la tesis con número de Registro: 259,365, Materia Penal, Sexta Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, XCIV, Página: 14, de rubro y texto: (.) Por lo expuesto, este cuerpo colegiado militar procede a llevar a cabo el estudio de los agravios que expresa el procesado y su defensor particular, inclusive, también de las cuestiones que no hayan sido planteadas en su escrito de apelación, toda vez que es obligación de este Tribunal Superior Militar suplir sus deficiencias cuando se advierta que sólo por torpeza del defensor no haya hecho valer las violaciones causadas en la resolución recurrida, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 823 del Código de Justicia Militar, el cual se robustece con el tesis jurisprudencial número 180718, correspondiente a la Novena Época, emitido por el Décimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son: (.) Precisado lo anterior, del análisis objetivo e integral del escrito de agravios que hizo valer el procesado y su defensor particular, este cuerpo colegiado militar advierte que el apelante, en lo medular, refiere lo siguiente: a) Primer Agravio.- En lo sustancial, el apelante se duele que le causa agravio la resolución de trece de julio de dos mil veintidós, en la que el Juez Primero Militar adscrito a la I Región Militar resolvió sobre el Incidente de competencia jurisdiccional en razón de fuero omitiendo fundar y motivar su resolución, puesto que en ningún RESULTANDO, CONSIDERANDO o PUNTO RESOLUTIVO de la interlocutoria asentó los dispositivos constitucionales y legales en los que se haya apoyado para emitir su determinación. También señala el apelante que el juez de origen debió tomar en consideración la jurisprudencia número 205463 para revocar el fallo combatido y, en su lugar, asumir jurisdicción y competencia para dictar otra en la que decrete procedente el Incidente de incompetencia constitucional referente al delito de Contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos, previsto y sancionado por el artículo 194 fracción III, en relación con el diverso 196 fracción I del Código Penal Federal, aplicado de manera supletoria de conformidad con lo dispuesto en los numerales 57 y 58 del Código de Justicia Militar. Se atiende el primer punto de agravio. Este cuerpo colegiado advierte que no le asiste la razón ni el Derecho al apelante, puesto que su argumento deviene inoperante e ineficaz y, por ende, improcedente para revocar el fallo combatido. Esto es así, pues al realizar el análisis del argumento de agravio expuesto por el recurrente, se advierte que no combate con razonamientos lógicojurídicos lo resuelto por el órgano jurisdiccional de primera instancia, toda vez que la resolución combatida se encuentra debidamente fundada y motivada, apreciándose que el Juez Primero Militar de la I Región Militar sustentó su competencia, entre otros, en los artículos 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 57 fracción II y 58 del Código de Justicia Militar, los cuales resultan idóneos y pertinentes, cuyas referencias se pueden constatar en diversos puntos del Capítulo de "RESULTANDOS", de igual manera, son invocados reiteradamente los fundamentos constitucionales y legales sustentantes de la competencia del Juzgado de origen para conocer del presente asunto en el rubro de "CONSIDERANDOS", específicamente en las páginas 14, 15, 16, 17, 18, 19, incluso, en la página 21, se aprecia literalmente el texto siguiente: "Por los razonamientos de hecho y de derecho vertidos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1/., 13 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1/., 57 fracción II, 58, 76, 740 y 921 del Código de Justicia Militar; es de resolverse y se resuelve: ...De tal manera que la línea argumentativa planteada por los apelantes se aprecia que se desapega de la objetividad; además, el tribunal de origen asentó de manera puntual que el procesado ********** , ostentaba personalidad militar con el grado de Capitán Segundo de Caballería cuando incurrió en los hechos que le imputa el Ministerio Público, incluso, desempeñaba actos del servicio en el Décimo Regimiento de Caballería Motorizado, tal como se advierte de los medios de convicción que obran en el expediente penal, por lo cual se aprecia que el juez natural sustentó adecuadamente su competencia para conocer del asunto de que se trata. En lo que se refiere a la base probatoria de lo resuelto por el Juez Primero Militar de la I Región Militar, se verifica que consisten, entre otros, en los siguientes elementos de convicción: (.) De lo expuesto se determina que los hechos atribuidos al entonces Capitán Alba Arce por la Representación Social Militar acontecieron el catorce de mayo de dos mil trece al encontrarse desempeñando actos del servicio como coordinador de la "Base de Operaciones Mixta", acreditándose con lo anterior los supuestos del numeral 57 fracción II del Código de Justicia Militar, ya que solo se requiere que el agente del delito tenga la calidad de militar en activo, es decir, que pertenezca a la institución armada, con independencia de que en el momento de la comisión delictiva esté fuera de servicio o del horario normal de labores, o franco, por lo que se surte la competencia del Tribunal Superior Militar para conocer de los delitos atribuidos al ahora procesado. Es aplicable el siguiente criterio de la Novena Época con número de registro 182633, emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia (s): Penal, de rubro y texto: FUERZAS ARMADAS NACIONALES. LA REMISIÓN QUE HACE EL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR A LOS CÓDIGOS DE LOS FUEROS COMÚN O FEDERAL, CUANDO SE TRATA DE DELITOS COMETIDOS POR SUS MIEMBROS, SÓLO COMPRENDE LO CONCERNIENTE A SU DESCRIPCIÓN LEGAL Y A LAS PENAS PARA ELLOS FIJADAS. (..). (.) También es aplicable la siguiente JURISPRUDENCIA de la Novena Época con número de registro 175969, emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia (s): Penal, de rubro y texto: DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. PARA SU ACREDITACIÓN BASTA QUE EL SUJETO QUE LOS REALICE TENGA LA CALIDAD DE MILITAR EN ACTIVO. Del análisis del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar, se deduce un origen diferenciado de ese tipo de conductas delictivas: 1) cuando se actualizan las hipótesis contenidas en el libro segundo del referido Código, y 2) los delitos del fuero común o federal cometidos por militares cuando se actualicen los supuestos previstos en los diversos incisos de su fracción II. Ahora bien, para acreditar los delitos contra la disciplina militar a que se refiere la fracción I del citado artículo 57 -los especificados en el libro segundo del ordenamiento señalado-, sólo se requiere que el agente del delito tenga la calidad de militar en activo, es decir, que pertenezca a la institución armada, con independencia de que en el momento de la comisión delictiva esté fuera de servicio o del horario normal de labores, o franco. Esta previsión tiene como finalidad conservar la disciplina militar, requisito indispensable para el debido funcionamiento del Ejército, lo que necesariamente justifica la tipificación de conductas específicas a las que se atribuyen sanciones ejemplares. De lo contrario podría concluirse que aunque ciertas conductas se prevean en el Código de Justicia Militar no se sancionarían, o se llegaría al absurdo de no poder acreditar los delitos considerados como graves -a los que incluso se castiga con pena de muerte, como traición a la patria, espionaje o rebelión- por el hecho de que en ellos no se hace especificación alguna en el sentido de que pueden cometerse estando o no en servicio. (..): TRIBUNALES DEL FUERO MILITAR. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR COMETIDOS CUANDO EL SUJETO ACTIVO PERTENECÍA A LAS FUERZAS ARMADAS, AUNQUE CON POSTERIORIDAD A SU COMISIÓN SEA DADO DE BAJA. (..). Contradicción de tesis 381/2010. Suscitada entre el entonces Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, actual Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Tesis de jurisprudencia 71/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha primero de junio de dos mil once. Ahora bien, por cuanto hace a la argumentación de los apelantes en el sentido de que el delito de Contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos no se encuentra comprendido en el catálogo de los delitos castrenses previstos en el Libro Segundo del Código de Justicia Militar, es de precisarse que, conforme a los artículos 57 fracción II y 58 del Código de Justicia Militar, los delitos del orden común o federal también pueden ser constitutivos de conductas violatorias de la disciplina militar, siempre y cuando no tenga la condición de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito, de tal manera que, al no existir un sujeto pasivo de personalidad civil, la competencia de los tribunales militares para conocer de los hechos no se le presenta obstáculo legal alguno; aunado a ello, al entonces Capitán ********* también se le imputan en el mismo proceso penal otros tres delitos que sí se encuentran comprendidos en el Código castrense, como lo son Infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejercito en su modalidad de rendir parte en falso, Deserción en actos del servicio y Abandono de servicio en su modalidad de abandono de mando, consecuentemente y por razones de competencia atrayente, se surte igualmente la competencia de los tribunales militares para conocer de todos los ilícitos imputados a ************, puesto que tales acontecimientos antisociales tuvieron lugar cuando el entonces Capitán se encontraba en actos del Servicio, como coordinador de la "Base de Operaciones Mixta", además, la sentencia interlocutoria que se impugna fue emitida por un Juzgado Militar que tiene como superior a este Tribunal Superior Militar. No se omite precisar que el motivo del Incidente en estudio es única y esencialmente por cuanto hace al delito de Contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos. Por lo expuesto, resulta aplicable al caso que nos ocupa, el siguiente criterio orientador, emitido por el Poder Judicial de la Federación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XVIII, diciembre de 2003. Pág. 1393, de rubro y texto: FUERZAS ARMADAS NACIONALES. SI EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR NO PREVÉ LA CONDUCTA IMPUTADA A UNO DE SUS MIEMBROS COMO DELICTIVA, CONFORME A SU ARTÍCULO 58 DEBE APLICARSE LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA DEL ORDENAMIENTO COMÚN O FEDERAL SIN QUE ADMITA, EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO QUE SE INSTRUYA, LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El artículo 13 de la Constitución Federal prohíbe los fueros en favor de determinada persona o corporación, a excepción del militar, el que lejos de consistir en un privilegio para los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, constituye la fijación de la competencia de los tribunales castrenses, atendiendo a criterios de índole personal y material, pues la razón de tales tribunales no se sustenta en el beneficio o perjuicio de su jurisdicción para los miembros del Ejército, sino en la especialidad de la materia, por lo que más que constituir un fuero, propiamente se trata de una jurisdicción especializada, la cual obedece a razones de orden público y de especial disciplina a la que deben estar sometidos los militares, para garantizar la paz, así como el bienestar nacional; de tal suerte que si el Código de Justicia Militar no contempla como delito la conducta que perpetró el militar, entonces, de acuerdo con lo dispuesto por su numeral 58, al acudirse a las legislaciones sustantivas del orden común o federal, para efectos de la tramitación del juicio que se instruya en contra del infractor, no debe aplicarse el ordenamiento procesal penal federal, puesto que el precepto invocado expresamente sólo remite a la legislación penal sustantiva de cualquiera de esos órdenes, según sea el caso, pues de estimarse lo contrario, se trastocaría el orden público y la especial disciplina de que se habla, porque el cuerpo de leyes procesal aplicable a los que la norma constitucional denomina como paisanos no es acorde con el régimen disciplinario al que están sometidos los integrantes de las Fuerzas Armadas del país y con la jurisdicción especializada prevista por dicha norma; por tanto, en ese supuesto, los Tribunales Militares deben estarse siempre a lo dispuesto por el libro tercero del Código de Justicia Militar, el cual regula el procedimiento penal de dicha competencia castrense. b. Como SEGUNDO AGRAVIO el recurrente señala una violación directa a los preceptos 1º, párrafos segundo y tercero, 13, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 5, 24, 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conculcando además las disposiciones del numeral 57 del Código de Justicia Militar con los acontecimientos precisados en los criterios jurisprudenciales dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los numerales 599, 600, 604, 615, 718, 720, 740 del Código de Justicia Militar, asimismo también señala que en el texto del fallo no se hace mención de alguna prueba legítima que le dé motivación a la resolución de primera instancia. b. Se atiende el segundo agravio. El presente agravio es igualmente inoperante e ineficaz y, por ende, improcedente, pues este cuerpo colegiado militar no advierte las violaciones arguidas en el ocurso de apelación, considerando la puntual fundamentación de la resolución recurrida. No pasa desapercibo para este Tribunal la omisión del apelante para precisar las violaciones, pues se limita en referir algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de un tratado regional pero no se hacen las precisiones mínimas de la razón de sus agravios con motivo de la resolución emitida por el juez de origen y, por consiguiente, sus agravios constituyen tan solo manifestaciones subjetivas, al carecer de precisión objetiva respecto de los puntos que considera le causen agravios. Aunado a lo expuesto, el delito atribuido a ********, atenta contra la disciplina militar, tal como lo establece el numeral 57 fracción II del Código de Justicia Militar, puesto que en el momento de los hechos, esto es, el catorce de mayo de dos mil trece, el entonces Capitán Segundo de Caballería **********, se encontraba desempeñándose como coordinador de la "Base de Operaciones Mixta", lo cual se constata en el expediente penal, específicamente en las documentales consistentes en la copia de la patente de dieciséis de diciembre del dos mil once (Vuelta de la foja 36 del incidente de incompetencia) y certificado específico de servicios de treinta de mayo de dos mil trece (Foja 37 del incidente de incompetencia), los cuales permiten sustentar de manera legal y con la plena convicción la competencia de los tribunales militares, tal como lo sustentan los artículos 13, 14, 16 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el propio numeral 57 fracción II del Código de Justicia Militar. c. En el TERCER AGRAVIO señalaron los promoventes que el juez de origen vulneró las disposiciones de los preceptos constitucionales y de las jurisprudencias nacionales e internacionales plasmados al inicio del agravio, incluyendo los artículos 522 fracción II, 526 fracción II, V y VI, 599, 604, 740, 921 fracción III, 922 fracción V y demás aplicables del Código de Justicia Militar. Asimismo, refieren los apelantes una vulneración de los artículos 119 fracción III 435, 740, 741, 742 y demás relativos del Código antes invocado, al haber sido ignorados por el Juez Primero Militar adscrito a la I Región Militar. Se atiende el tercer agravio. El presente agravio resulta de la misma forma inoperante e ineficaz y, por ende, improcedente, pues si bien, los apelantes aluden violación a los preceptos enlistados, también resulta evidente en su escrito de apelación un contenido de simples manifestaciones incapaces de debatir los argumentos del juez de origen, quien sustentó de manera correcta su competencia constitucional en los artículos 1/o., 13 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, respecto del marco legal secundario, el juzgador invoca y analiza puntualmente los artículos 1/o., 57 fracción II, 58, 76, 740 y 921 del Código de Justicia Militar. Si bien es cierto el recurrente pretende hacer ver la incompetencia de la jurisdicción militar para conocer del presente asunto por cuanto hace al delito de Contra la salud, también ha quedado claro y sustentado la improcedencia de su argumentación subjetiva, pues los hechos penalmente relevantes de los que derivó la consignación del entonces Capitán Alger Francisco Alba Arce, desde luego y en términos de la ley, son de la competencia de la jurisdicción militar, tal como lo establece el numeral 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el procesado al momento de cometer el hecho atribuido, ostentaba personalidad militar, si bien en la actualidad la ha perdido, tal situación es consecuencia de haberse sustraído a la acción de la justicia militar de manera voluntaria en la que fue declarado prófugo, razón, por la cual y con fundamento en el artículo 170 apartado B de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual establece que el militar prófugo de la justicia será dado de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos sin perjuicio del proceso que se le siga, luego entonces, al realizarse el análisis jurídico a la conducta que se le atribuye al entonces Capitán Segundo de Caballería ******** se ha determinado por el tribunal castrense la probabilidad de que cometió los hechos que le imputa el Agente del Ministerio Público, los cuales son considerados por la ley penal como los delitos de Contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos, previsto y sancionado por el artículo 194 fracción III en relación con el diverso 196 fracción I del Código Penal Federal, aplicado de manera supletoria de conformidad con lo dispuesto en los numerales 57 y 58 del Código de Justicia Militar, Infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejercito en su modalidad de rendir parte en falso, previsto por el artículo 343 fracción I del Código de Justicia Militar, Deserción en actos del servicio previsto por el artículo 267 fracción I en relación con el diverso 273 y Abandono de servicio en su modalidad de abandono de mando, previsto y sancionado por el artículo 310 y sancionado por la fracción I del diverso 311 del Código de Justicia Militar, por lo que se puede 0establecer que el primero es un delito del orden federal y el resto del orden castrense, sin que pase desapercibido que no menos cierto es que se encuadra a la hipótesis prevista en la fracción II inciso a) del artículo 57 en relación con el diverso 58, ambos del Código de Justicia Militar y, en virtud de que Alba Arce incurrió en tales hechos bajo el argumento de la jerarquía militar que en ese momento ostentaba y en su carácter de coordinador de una Base de Operaciones Mixta, lo cual conllevó a una flagrante afectación de la disciplina militar y de ello deviene precisamente la activación de la competencia de los tribunales militares para conocer de su conducta con motivo del ejercicio de la acción penal que realiza el Agente del Ministerio Público Militar en su contra, por los delitos precisados en las líneas que anteceden. Es claramente aplicable al caso que nos ocupa la siguiente tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003186, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. Tomo XVIII, diciembre de 2003. Pág. 1393, de rubro y texto: "TRIBUNALES DEL FUERO MILITAR. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA CAUSA PENAL SEGUIDA A UN MILITAR POR EL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 194, FRACCIÓN III, Y 196, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. (.)". Asimismo, los recurrentes pretenden sustentar la incompetencia de los tribunales militares en el caso "Rosendo Radilla Pacheco", lo cual es improcedente por las razones siguientes: En primer lugar, el acontecimiento relacionado con el caso invocado presenta un origen jurídico distinto, pues refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue por Desaparición forzada de personas; sin embargo, condena al Estado por privación a la vida, al señalar en su sentencia El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pachec; sin embargo, el caso en estudio es de connotación distinta cuya esencia se encuentra puntualmente enmarcada en nuestra Constitución Política y en nuestras leyes secundarias, como son, el Código Penal Federal y el Código de Justicia Militar, sin que se advierta alguna contravención a determinado tratado internacional del que México sea parte, sino por el contrario, se constata en autos una plena observancia a los principios rectores del debido proceso. En segundo lugar, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aluden el procesado Alba Arce y su defensor, se desprende que el señor Radilla Pacheco no tuvo personalidad militar. Un tercer punto reafirmante de la improcedencia de la línea argumentativa del defensor y su cliente es la inexistencia de datos sobre algún tribunal castrense que haya instruido determinado juicio penal por tal asunto, pues de la propia sentencia regional se desprende que el asunto fue conocido inicialmente por las autoridades del Fuero común del Estado de Guerrero quienes posteriormente declinaron la competencia a favor del Fuero Federal y, si bien, más adelante un tribunal federal dispuso que los tribunales de la jurisdicción militar eran competentes para conocer del caso, esto no fue posible ante el fallecimiento del imputado, previo al inicio del procedimiento razón por la cual el asunto fue sobreseído sin que esto fuera recurrido. Es por ello que, al estar sustentado el Incidente en un criterio interamericano de derechos humanos inaplicable para el caso en estudio, los argumentos esgrimidos por el recurrente devienen de infundados e inoperantes para revocar el fallo que por esta vía se pretende combatir, en la medida que el apelante ************, en el momento en que incurrió en los hechos delictivos que se le imputan tenía personalidad militar con la jerarquía de Capitán Segundo de Caballería, tal como se acreditó con los documentos público que enseguida se precisan: (.) Refuerza la base legal y el marco argumentativo de este Tribunal Superior Militar la siguiente JURISPRUDENCIA, correspondiente a la Novena Época con número de registro 175969, emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia (s): Penal, de rubro y texto: DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. PARA SU ACREDITACIÓN BASTA QUE EL SUJETO QUE LOS REALICE TENGA LA CALIDAD DE MILITAR EN ACTIVO. Del análisis del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar, se deduce un origen diferenciado de ese tipo de conductas delictivas: 1) cuando se actualizan las hipótesis contenidas en el libro segundo del referido Código, y 2) los delitos del fuero común o federal cometidos por militares cuando se actualicen los supuestos previstos en los diversos incisos de su fracción II. Ahora bien, para acreditar los delitos contra la disciplina militar a que se refiere la fracción I del citado artículo 57 -los especificados en el libro segundo del ordenamiento señalado-, sólo se requiere que el agente del delito tenga la calidad de militar en activo, es decir, que pertenezca a la institución armada, con independencia de que en el momento de la comisión delictiva esté fuera de servicio o del horario normal de labores, o franco. Esta previsión tiene como finalidad conservar la disciplina militar, requisito indispensable para el debido funcionamiento del Ejército, lo que necesariamente justifica la tipificación de conductas específicas a las que se atribuyen sanciones ejemplares. De lo contrario podría concluirse que aunque ciertas conductas se prevean en el Código de Justicia Militar no se sancionarían, o se llegaría al absurdo de no poder acreditar los delitos considerados como graves -a los que incluso se castiga con pena de muerte, como traición a la patria, espionaje o rebelión- por el hecho de que en ellos no se hace especificación alguna en el sentido de que pueden cometerse estando o no en servicio. Contradicción de tesis 105/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de septiembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Tesis de jurisprudencia 148/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. d. Finalmente, por cuestiones metodológicas y en aras de subsanar las deficiencias del procesado y su defensor, se identifica en el escrito de agravios un señalamiento más del recurrente, que para efectos del presente estudio se considera como un CUARTO AGRAVIO, aunque el recurrente lo estableció como "tercero" al igual que el agravio que le precede. En este último agravio, refiere que el fallo combatido se dictó en plena contradicción de los artículos 1o , párrafos segundo y tercero, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los diversos 216, 217, 218, 219, 221, 22, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, Sexto transitorio del Decreto del 20 de marzo de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del mismo año y aplicables de la Ley de Amparo, también a los numerales 252, fracción II, 599, 600, 604, 615 y aplicables del Código de Justicia Militar, al señalar el recurrente que el a quo pretende sostener de forma deficiente los resolutivos de la interlocutoria impugnada, con el criterio en que sustenta el CONSIDERANDO PRIMERO, en el sentido de que al momento en que el procesado cometió el delito de contra la salud, ostentaba el grado de Capitán Segundo de Caballería y, por ese solo hecho, infringió la disciplina militar, sin que, como le es exigido y obligatorio, especifique cómo se adecúan los hechos con que *********** probablemente puso en peligro o lesionó el bien jurídico que es la disciplina militar. Se atiende el cuarto agravio del recurrentes en los mismos términos que los anteriores, puesto que resulta igualmente inoperante e ineficaz y, por ende, improcedente, tomando en cuenta que como atinadamente lo sostuvo el Juez natural, el delito que se le atribuye a Alba Arce, es por su naturaleza y circunstancia de ejecución de la competencia de los tribunales militares, tal como quedara establecido al atender los agravios sostenido por el peticionario, toda vez que como ya quedó precisado con antelación, el ahora recurrente al momento que acontecieron los hechos ostentaba una jerarquía militar como lo es el de Capitán Segundo de Caballería, por lo que en ese tenor, efectivamente a los tribunales militares les asiste la facultad jurisdiccional para conocer del asunto, de conformidad con los artículos 13, 14, 16, 17, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 fracción II y 58 del Código de Justicia Militar; puesto que la vigencia de la ley penal, en particular el Código Penal Federal se activó en el momento en el que el ahora procesado Alger Francisco Alba Arce lo violentó y, en consecuencia, motivó de manera simultánea la jurisdicción de los tribunales castrenses en los términos mandatados por el marco jurídico constitucional y legal precisados en las líneas que preceden. En cuanto a la situación administrativa de Alger Francisco Alba Arce, quien fue Capitán Segundo de Caballería, causó baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por haber sido declarado prófugo de la justicia militar, por haber cometido el delito de deserción y con fundamento en el artículo 170, apartado B, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual establece que el militar prófugo de la justicia será dado de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos sin perjuicio del proceso que se le siga, esto es, el procedimiento administrativo de baja es independiente y no determina el devenir del proceso penal que se le instruye, puesto que si un miembro de las Fuerzas Armadas comete un delito contra la disciplina militar estando en servicio activo, legalmente corresponde a las autoridades castrenses competentes para conocer de ese caso, tal como sucede con el asunto que hoy nos ocupa, tomando en cuenta que los hechos imputados a Alger Francisco Alba Arce dentro de la causa penal 273/2016 , que se le instruye en el Juzgado Primero Militar adscrito a la I Región Militar por los delitos de Contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos, previsto y sancionado por el artículo 194 fracción III en relación con el diverso 196 fracción I del Código Penal Federal, aplicado de manera supletoria de conformidad con lo dispuesto en los numerales 57 y 58 del Código de Justicia Militar, de Infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejercito en su modalidad de rendir parte en falso, previsto por el artículo 343 fracción I del Código de Justicia Militar, Deserción en actos del servicio previsto por el artículo 267 en relación con el diverso 273 y Abandono de servicio en su modalidad de abandono de mando, previsto y sancionado por el artículo 310 y sancionado por fracción I del diversos 311 del Código de Justicia Militar. Ahora bien, por cuanto hace a la adecuación de los hechos como lo pretende hacer valer el recurrente, la resolución que por esta vía se combate versa sobre la competencia de la jurisdicción militar por uno de los delitos que está siendo procesado Alba Arce, consistente en Contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos y no la adecuación del tipo penal al hecho que se le atribuye, respecto del cual será resuelto en el momento procesal correspondiente, por lo que en razón a la claridad, se reitera que en este momento del proceso y específicamente respecto al estudio de la apelación que nos ocupa, versa tan solo en lo relativo a la competencia de los tribunales militares para conocer de su conducta probablemente delictiva en el momento en el que se encontraba en servicio activo y llevando a cabo actividades 06/08/25 08:55:22 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.38.34.39.39.34.31.39 OSCAR OSORIO ALVAREZ 18 propias de su empleo y jerarquía, en una Base de Operaciones Mixta en la plaza de Reynosa, Tamaulipas; razón por la cual, al llevar a cabo una conducta que infringe flagrantemente una ley penal en actos del servicio, en consecuencia, violenta con ello la disciplina castrense en la medida que es una figura jurídica provista de un amplio umbral, tanto que constituye la base fundamental del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, instituciones que tienen, entre otras, la misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía nacional, tal como lo dispone el artículo primero, fracción I de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, esto, derivado de su valor en el marco de los conceptos del honor y de la justicia, lo cual implica necesariamente el sentimiento especial de los integrantes de tales instituciones, que en su integración se contempla la instauración oportuna de tribunales especializados para conocer aquellos actos desapegados de sus lineamientos y es precisamente en este sentido que la Ley de Disciplina establece en su artículo tercero al sostener que la disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea es la norma que los militares deben ajustar su conducta; tiene como bases la obediencia y un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral y, por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares Derivado de este contexto se tiene que los tribunales militares, en su caso, instruyen las causas penales bajo los principios rectores del debido proceso en tanto constituyen garantías judiciales, sustantivas y adjetivas, incluso, para efectos de tipificación, individualización o sanción de las conductas infractoras de la ley se toman en cuenta, entre otros factores, la jerarquía del militar, su cargo, comisión e instrucción; esto es así, puesto que la disciplina militar es, como se ha sustentado, representativo del puntual cumplimiento de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de las normas que regulan su comportamiento, de tal manera que su desapego a sus lineamientos, podría colocar al militar ante sus órganos de justicia, como es precisamente el caso que hoy se instruye en contra de **********, quien ostentando la jerarquía de Capitán Segundo de Caballería, perteneciente al Décimo Regimiento de Caballería (Ciudad Reynosa, Tamaulipas), en actos del servicio como coordinador de una Base de Operaciones Mixtas y teniendo la instrucción propia de su jerarquía, además de haber sido egresado de un Plantel Militar, como lo es el Heroico Colegio Militar, en la que recibió la preparación basta y suficiente para dicha encomienda; sin embargo, por su propia voluntad decidió desviarse de los parámetros legales para encontrarse hoy en día bajo proceso penal, en los que el Agente del Ministerio Público Militar le imputa entre otros delitos, el de Contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcótico; por lo tanto, al haber incurrido probablemente en este ilícito en el momento en que tenía la jerarquía militar es, evidentemente de la competencia de los tribunales castrense conocer del caso, de conformidad con lo mandatado por los artículos 13, 14, 16, 19 y 20 constitucionales y, 57 fracción II y 58 del Código de Justicia Militar. Son estas razones de hecho y de Derecho, las sustentantes de una determinación en el sentido de que los agravios son infundados e inoperantes para revocar la sentencia interlocutoria del trece de julio de dos mil veintidós emitido por el Juez Primero Militar adscrito a la I Región Militar, puesto que a la fecha, el proceso penal se ha desarrollado bajo la observancia de las garantías judiciales de la materia en el que Alger Francisco Alba Arce ha promovido todas las pruebas que ha considerado procedentes las cuales están siendo desahogadas en términos de ley. También es un importante sustento jurídico la tesis número 160868 de la Décima Época, Primera Sala Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro I, octubre de 2011, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CXCI/2011 (9a.), en cuyo texto se lee: DISCIPLINA EN EL ÁMBITO MILITAR. SU FUNCIÓN Y ALCANCE CONSTITUCIONAL COMO PRINCIPIO ORGANIZATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. Uno de los elementos definitorios de un ejército es la disciplina militar. Se trata del principio organizativo esencial de los ejércitos que, por su propia naturaleza, trasciende a la esfera interna del individuo y que supone, a su vez, uno de los elementos que necesariamente separa al militar del resto de la sociedad. Sin embargo, la disciplina como principio organizativo y conjunto de reglas ha variado sustancialmente en razón de las necesidades de la defensa y de los principios jurídicos y sociales de cada contexto histórico. En este sentido, la Constitución no queda de ninguna manera ajena a cuestiones relativas a la disciplina y organización interna de las Fuerzas Armadas y conforma también el modelo de Ejército. De conformidad con el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como lo ha establecido el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional, ya sea en su vertiente interna o externa frente a amenazas provenientes más allá de nuestras fronteras. En esta lógica, el Ejército, a fin de cumplir con estos fines, requiere una organización jerárquica y eficaz en la que el concepto de disciplina se configura como una exigencia estructural a la misma. Si bien es cierto que la disciplina es un principio organizativo común a todos los sectores de la Administración Pública, en las Fuerzas Armadas goza de una especial importancia ya que permite la cohesión y mantenimiento del orden, indispensables para que el Ejército lleve a cabo su misión constitucional. Es por ello que la disciplina en el ámbito militar debe ser entendida en relación a la naturaleza y función que la Constitución le encomienda a las Fuerzas Armadas, es decir, la eficaz defensa del Estado Mexicano. Así, la disciplina, ya sea en su vertiente institucional o como pauta de conducta interna de sus miembros, encuentra su fundamento último en la Constitución. Esto implica, asimismo, que el régimen disciplinario militar no se encuentra ajeno al resto de principios constitucionales, especialmente a las exigencias derivadas de los derechos fundamentales. En definitiva, la disciplina militar, al ser un principio estructural de la adecuada defensa del Estado mexicano, debe ser protegida por el ordenamiento legal y corregida y sancionada, en su caso, a través de las normas penales castrenses, pero siempre, en el entendido de que su carácter instrumental de. Una vez dado respuesta a sus argumentos de agravio y considerando lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer párrafo del artículo 16, en el sentido de que la figura de la competencia, como un derecho subjetivo público oponible a cualquier autoridad, en los siguientes términos: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en . En ese contexto resulta necesario precisar, incluso, desde el campo doctrinario sobre la definición del vocablo COMPETENCIA, en particular, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señala que su raíz etimológica es del latín competentia (competens, entis), relación, proposición, aptitud, apto, competente, conveniencia. En castellano se usan como sinónimos los vocablos: aptitud, habilidad, capacidad, suficiencia, disposición. Por su parte, Rafael de Pina Vara en su Diccionario de Derecho define a la Competencia como:.Potestad de un órgano jurisdiccional para ejercerla en un caso concreto., entendiéndose por Jurisdicción a la: .Facultad o potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales y abstractas a los casos concretos que deben decidir.. JUAN PALOMAR DE MIGUEL, en su Diccionario para Juristas, la define como: ".Atribución legítima a un Juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto; Competencia Constitucional .Capacidad de un Tribunal de determinado fuero, conferida por la Constitución, para juzgar de ciertas materias.. En términos jurídicos, se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Asimismo, desde un punto de vista técnico y especializado del Derecho judicial y del Derecho procesal, la competencia restringe el actuar de los órganos jurisdiccionales, en atención a razones prácticas de distribución de la tarea de juzgamiento, entre los diversos organismos judiciales. Uno de los criterios por los cuales se aborda el tema de la competencia es que se clasifica en COMPETENCIA CONSTITUCIONAL y COMPETENCIA JURISDICCIONAL. La primera se refiere a la capacidad que se otorga a los órganos judiciales de un fuero específico para conocer y decidir, con exclusión de otros fueros judiciales, en este sentido se habla de los fueros común, federal, laboral, civil, militar, entre otros. Esta competencia tiene su fundamento legal de manera inmediata en las leyes orgánicas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte, entre otros supuestos, con la condición jurídica de las partes en litigio. Por tanto, es originaria para los tribunales de los distintos fueros y pueden suscitarse conflictos respecto de ella, por lo que hace a la condición jurídica de las partes en litigio. La segunda categoría, esto es, la competencia jurisdiccional, alude a la capacidad que un órgano jurisdiccional tiene para conocer y decidir sobre un determinado asunto, con exclusión de los demás órganos similares que con él integran un mismo fuero judicial, tales como los tribunales comunes, las Juntas de Conciliación y Arbitraje o los tribunales militares; se genera con base en las disposiciones que regulan los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante los tribunales y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado o cuantía. (.) Bajo ese contexto, se pone de manifiesto que las cuestiones de competencia entre autoridades judiciales son el reflejo de los atributos de jurisdicción e imperio de que están investidas, de donde se impone que su estudio sea de oficio o a instancia de parte, pero siempre debe llevarse a cabo de manera prioritaria e imperativa. Precisado lo anterior, el numeral 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: (.) Del texto constitucional antes transcrito, se desprende que existen dos limitantes para la actuación del llamado Fuero Militar: uno subjetivo, relativo a las personas que pueden estar sometidas a la Jurisdicción Militar; otro material u objetivo, relacionado con la materia o naturaleza de los delitos que conocerá el fuero castrense. Esta segunda restricción se traduce en una regla clara y contundente: el Fuero Militar sólo puede conocer de los delitos contra la disciplina militar. En ese tenor, se entiende entonces, que la regla restrictiva dispone que el orden judicial militar estará limitado para conocer únicamente de aquellas conductas delictivas que tengan como efecto o resultado una afectación a la disciplina castrense, sin importar que su descripción típica se encuentre contenida en un ordenamiento federal, común o militar, pues el núcleo de la limitación es, precisamente, una vulneración a la disciplina, sin que el constituyente haya distinguido su origen. Por ello, el legislador secundario estableció en el artículo 57, fracción II, aparatado a), del Código de Justicia Militar, la siguiente disposición: (.) Este dispositivo legan establece los casos en que la competencia natural de la jurisdicción militar, excepcionalmente podrá extenderse para conocer delitos de los órdenes común y federal; sin embargo, para el caso que nos ocupa, solo se abordará la hipótesis señalada en el numeral 57, fracción II, apartado a), antes transcrito, ya que así lo imponen los hechos que se le atribuyen al indiciado de referencia. C. De la estricta conexión entre el hecho que se le atribuye al quejoso y el servicio castrense objetivamente valorado, con lo anterior si se afectó directamente a la disciplina militar. Previo al establecimiento sobre la conexión entre el hecho material y el servicio que desempeñaba el quejoso, es preciso señalar que el alcance de la jurisdicción militar se encuentra regulado en lo establecido en el artículo 13 constitucional, es decir, el fuero militar no debe ser entendido como un fuero especial o privilegiado, sino que constituye una excepción que se base en consideraciones especiales del sujeto activo del delito, tales como la calidad de militar y a su jerarquía, por lo que los tribunales militares son solo competentes para juzgar conductas punibles cometidos por militares en activo, cuando no esté involucrado un civil o se trate de una violación a derechos humanos, y que las conductas realizadas por los miembros de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio de sus funciones en activo, atente de manera directa contra la disciplina militar, lo que exige una estricta conexión entre el hecho imputado y el servicio castrense objetivamente valorado. Precisado lo anterior, es dable señalar para que se actualice la excepción del fuero militar y que exista conexión con el bien jurídicamente tutelado, es requisito que el elemento militar esté en servicio activo al momento de cometer las conductas típicas y esté desempeñando actos del servicio, como acontece en el presente caso, toda vez que el entonces Capitán Segundo de Caballería ********** al momento que acontecieron los hechos se encontraba desempeñando como coordinador de la "Base de Operaciones Mixta", lo cual se constata en el expediente penal, específicamente en las documentales consistentes en el certificado específico de servicios de treinta de mayo de dos mil trece (Foja 37 del incidente de incompetencia) y la copia de la patente de dieciséis de diciembre del dos mil once (Vuelta de la foja 36 del incidente de incompetencia), los cuales permiten sustentar jurídicamente la conexión entre el hecho atribuido y el servicio que se encontraba desempeñando el procesado, por lo tanto, es preciso establecer una afectación directa a la disciplina militar, y por tanto, se requiere de una sanción representativa y a la vista de los integrantes de la institución, tan ejemplar como para trascender generaciones y con ello, evite que otros militares incurran en este tipo de conductas. Aunado a lo anterior y considerando que el delito imputado al procesado se encuentra regulado por el artículo 194 fracción III en relación con el diverso 196 fracción I del Código Penal Federal, no es razón para que el Juez Militar este impedido para conocer del asunto, pues los hechos imputados al entonces Capitán ********* los cometió cuando se encontraba en ejercicio de sus funciones militares, tal como quedó precisado en el párrfo anterior, incluso, se encontraba uniformado y portando sus insignias, por lo que, con su actuar sí afectó a la disciplina militar, toda vez, que realizó conductas contrarias a nuestras leyes y reglamentos militares, desobedeciendo las órdenes con las que contaba, pues su función primordial era realizar operaciones contra el narcotráfico para evitar daños a la salud pública; sin embargo, colaboró para hacer posible la ejecución de dicho ilícito, tal como se desprende indiciariamente con los datos probatorios que obran en autos. Asimismo, se puede advertir que el oficial en comento, contaba con una adecuada instrucción militar, toda vez que era egresado de un plantel militar como lo es el Heroico Colegio Militar, por lo anterior, se puede establecer que tenía los conocimientos perfectos de sus deberes y derechos, pues tenía la obligación de desempeñar la comisión del servicio nombrado de acuerdo con su empleo y funciones que se encontraba desempeñando, por tanto, no debía ignor (sic) las responsabilidades en que llegara a incurrir al cometer alguna omisión, falta o delito, puesto que conocía con minuciosidad las leyes militares y reglamentos que se relacionaban con su situación en el Ejército Mexicano, de conformidad con los numerales 7, 9 y 10 del Reglamento General de Deberes Militar. Por tanto, este cuerpo colegiado militar concluye, que la comisión del delito de Contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos, realizado por el entonces Capitán Alba Arce lo cometió en ejercicio de sus funciones militares, desempeñando actos del servicio, estableciéndose de manera extricta la conexión entre el hecho imputado y el servicio castrense objetivamente valorado, interpretación armónica que deriva de los artículos 57 fracción II del Código de Justicia Militar, 15 de la Ley de Disciplina del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos y 37 del Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Para mayor claridad, se precisa el contenido literal de este último precepto, en el que se establece que los ACTOS DEL SERVICIO son: .los que ejecutan los militares dentro de la esfera castrense, ya sea para el cumplimiento de una misión, de alguna orden que reciban o en el desempeño de las funciones operativas o administrativas que les competen, según su jerarquía cargo o comisión, y de acuerdo con las Leyes, Reglamentos y disposiciones del ejército y Fuerza Aérea., Además, el glosario de términos militares editado por la Secretaria de la Defensa Nacional, pagina 87, define al EMPLEO como: . la acción y efecto de utilizar las instituciones armadas del país, las tropas o los elementos constitutivos, para realizar las misiones, funciones o actividades operativas y/o administrativas militares.; por su parte, la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, dispone en su artículo 3, que: "La disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea es la norma a que los militares deben ajustar su conducta; tiene como bases la obediencia y un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral, y por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militar." Por último, el Reglamento General de Deberes Militares precisa en su artículo 340 que el CARGO MILITAR consiste en el: . destino que se da a un miembro del Ejército, de acuerdo con su jerarquía, para ocuparse en determinados asuntos del servicio.. Todo lo anterior, deriva a su vez, del marco jurídico conformado por los siguientes cuerpos de leyes, primeramente, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 108, que establece: 'Se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Por su parte, el Código Penal Federal dispone en su numeral 212: Es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales.; además, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en los artículos que enseguida se precisan, lo siguiente: 2...En el ejercicio de sus funciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: [.] I.- Secretarías de Estado., lo que se relaciona con el diverso 26 de la misma ley, que establece: ...Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: [.] Secretaría de la Defensa Nacional... y, el artículo 29 fracción I, mandata: "A la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea (.). Es con base en este marco jurídico por el que este Tribunal Superior Militar establece que se encuentra acreditado que el inculpado Alger Francisco Alba Arce, ostentaba personalidad militar en el momento en que se presume incurrió en el delito de Contra la salud que ahora se le imputa, incluso, con la jerarquía de Capitán Segundo de Caballería, puesto que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, establece claramente en sus artículos 128 fracción III y 129, fracción III, lo siguiente: (.) De tal manera que la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de la Administración Pública Federal, es posible establecer que en el presente caso queda plenamente acreditad o que el Capitán Segundo de Caballería ************, en el momento de que cometió el delito de que se trata, poseía la calidad de servidor público, pues al pertenecer al Ejército Mexicano, desempeñaba un empleo dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes tesis y jurisprudencias: Registro digital: 160868, Instancia: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CXCI/2011 (9a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tipo: Tesis Aislada. DISCIPLINA EN EL ÁMBITO MILITAR. SU FUNCIÓN Y ALCANCE CONSTITUCIONAL COMO PRINCIPIO ORGANIZATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. Uno de los elementos definitorios de un ejército es la disciplina militar. Se trata del principio organizativo esencial de los ejércitos que, por su propia naturaleza, trasciende a la esfera interna del individuo y que supone, a su vez, uno de los elementos que necesariamente separa al militar del resto de la sociedad. Sin embargo, la disciplina como principio organizativo y conjunto de reglas ha variado sustancialmente en razón de las necesidades de la defensa y de los principios jurídicos y sociales de cada contexto histórico. En este sentido, la Constitución no queda de ninguna manera ajena a cuestiones relativas a la disciplina y organización interna de las Fuerzas Armadas y conforma también el modelo de Ejército. De conformidad con el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como lo ha establecido el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional, ya sea en su vertiente interna o externa frente a amenazas provenientes más allá de nuestras fronteras. En esta lógica, el Ejército, a fin de cumplir con estos fines, requiere una organización jerárquica y eficaz en la que el concepto de disciplina se configura como una exigencia estructural a la misma. Si bien es cierto que la disciplina es un principio organizativo común a todos los sectores de la Administración Pública, en las Fuerzas Armadas goza de una especial importancia ya que permite la cohesión y mantenimiento del orden, indispensables para que el Ejército lleve a cabo su misión constitucional. Es por ello que la disciplina en el ámbito militar debe ser entendida en relación a la naturaleza y función que la Constitución le encomienda a las Fuerzas Armadas, es decir, la eficaz defensa del Estado mexicano. Así, la disciplina, ya sea en su vertiente institucional o como pauta de conducta interna de sus miembros, encuentra su fundamento último en la Constitución. Esto implica, asimismo, que el régimen disciplinario militar no se encuentra ajeno al resto de principios constitucionales, especialmente a las exigencias derivadas de los derechos fundamentales. En definitiva, la disciplina militar, al ser un principio estructural de la adecuada defensa del Estado mexicano, debe ser protegida por el ordenamiento legal y corregida y sancionada, en su caso, a través de las normas penales castrenses, pero siempre, en el entendido de que su carácter instrumental debe ser acorde con las garantías y principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Amparo en revisión 448/2010. 13 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. MILITARES, SON SERVIDORES PÚBLICOS. Los militares tienen la calidad de servidores públicos, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Federal, y con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece las bases de organización centralizada y paraestatal, en las que aparecen señaladas entre otras dependencias, las Secretarías de Estado como integrantes de la administración pública federal y entre las cuales se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que pertenece; además de que esa Secretaría tiene doble función, como Secretaría de Estado dependiente del Poder Ejecutivo Federal y como encargada de vigilar la paz y seguridad de la nación, y particularmente a los militares se les ha encargado entre otras funciones, participar en la lucha contra el narcotráfico. (.). El marco jurídico integral expuesto en los párrafos que anteceden se encuentra reforzado por las siguientes Jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 'Registro digital: 192081, Instancia: Pleno, Tesis: P./J. 37/2000, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 551, Materia(s): Constitucional, Tipo: Jurisprudencia. EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. PUEDEN ACTUAR ACATANDO ÓRDENES DEL PRESIDENTE, CON ESTRICTO RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, CUANDO SIN LLEGARSE A SITUACIONES QUE REQUIERAN LA SUSPENSIÓN DE AQUELLAS, HAGAN TEMER, FUNDADAMENTE, QUE DE NO ENFRENTARSE DE INMEDIATO SERIA INMINENTE CAER EN CONDICIONES GRAVES QUE OBLIGARÍAN A DECRETARLA. El artículo 89, fracción VI, de la Constitución faculta al presidente de la República a utilizar al instituto armado para salvaguardar no sólo la seguridad exterior del país, sino también la interior lo que, de conformidad con el artículo 16 del propio ordenamiento, exige fundar y motivar una decisión de tanta trascendencia. Por estas razones las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto -previstos por el artículo 28 constitucional- se produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características que, de no enfrentarse de inmediato, sería inminente precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones. En este supuesto, al no decretarse la suspensión de garantías, ante alternativas viables de solucionar pacíficamente los conflictos o que por no llegar éstos a la gravedad que supone el texto constitucional, o por algún otro motivo, se prevea que podrán controlarse con rapidez, se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado. (..) Registro digital: 192080, Instancia: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P./J. 38/2000, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Constitucional, Tipo: Tesis de Jurisprudencia. EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN). La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado esta constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. (.) Siendo aplicable al caso que nos ocupa la siguiente tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003186, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. Tomo XVIII, diciembre de 2003. Pág. 1393, de rubro y texto: TRIBUNALES DEL FUERO MILITAR. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA CAUSA PENAL SEGUIDA A UN MILITAR POR EL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 194, FRACCIÓN III, Y 196, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente varios 912/2010, estableció como supuestos en los que se restringe la competencia del fuero militar a aquellos en los que: a) se encuentren involucrados militares y civiles; y/o, b) esté comprometido el respeto de los derechos humanos de los civiles involucrados; en la inteligencia de que ante la ausencia de esos supuestos no debe restringirse el fuero militar, es decir, en el caso de que no se colmen uno o ambos supuestos, el tribunal militar tiene competencia plena para conocer de la causa penal concreta. Con base en lo anterior, el Juez castrense es competente para conocer de la causa penal seguida a un militar por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de colaboración para fomentar el cultivo y cosecha de marihuana previsto y sancionado por los artículos 194, fracción III y 196, fracción I, del Código Penal Federal, atento a que en su comisión no se encuentran involucrados civiles ni, por ende, puede actualizarse un daño a sus derechos humanos, pues tomando en cuenta que dicho tipo penal se refiere a la existencia de una conducta de acción orientada a colaborar de cualquier manera en posibilitar la ejecución de algún delito contra la salud y que con aquél, por tanto, se busca proteger la salud pública, entendida como el estado sanitario de toda la población del país, organizada a través de los diferentes niveles de gobierno, en la que concurren autoridades y particulares para implementar medidas sanitarias y preventivas, de investigación científica y de educación en materia de salud, es dable considerar que el sujeto pasivo, tratándose de este ilícito, se identifica con la sociedad en general.'. Por lo anterior y con base en lo expuesto, a juicio de este Tribunal Superior Militar, estima que la competencia constitucional de la Jurisdicción Militar y en particular del Juzgado Primero Militar de esta adscripción, se encuentra legal y debidamente surtida en autos, con base a los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en el cuerpo de la presente resolución para seguir conociendo del presente asunto, por lo tanto, los argumentos de agravios planteados por la parte apelante, resultan infundados, inoperantes y, por ende, ineficaces para revocar la sentencia materia de apelación, toda vez que resulta indiscutible que los hechos por el que fue consignado el entonces Capitán Segundo de Caballería ************, desde luego es competencia de la jurisdicción militar, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como ha quedado demostrado con antelación al dar respuesta a sus argumentos de agravio del recurrente en los cuales se advirtió que al momento de cometer los ilícitos que se le reprochan ostentaba personalidad militar con la jerarquía de Capitán Segundo de Caballería, y que si bien es cierto que a la fecha no la ostenta, esto es debido a que el ahora procesado voluntariamente se sustrajo a la acción de la justicia militar por lo que se le declaró prófugo, también es cierto que la conducta atribuida a Alba Arce afectó directamente a la disciplina militar puesto que al valerse de su jerarquía como Capitán Segundo de Caballería adecuó su conducta a los ilícitos de Contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos, previsto y sancionado por el artículo 194 fracción III en relación con el diverso 196 fracción I del Código Penal Federal, aplicado de manera supletoria de conformidad con lo dispuesto en los numerales 57 y 58 del Código de Justicia Militar, de Infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejercito en su modalidad de rendir parte en falso, previsto por el artículo 343 fracción I del Código de Justicia Militar, Deserción en actos del servicio previsto por el artículo 267 en relación con el diverso 273 y Abandono de servicio en su modalidad de abandono de mando, previsto y sancionado por el artículo 310 y sancionado por fracción I del diversos 311 del Código de Justicia Militar, los cuales contemplan precisamente la hipótesis en la que se adecua la situación procesal de quien fuera Capitán Segundo de Caballería *********, pues no pasa desapercibido para este cuerpo colegiado que los ilícitos que se le imputan al procesado desde luego vulneró la disciplina militar y con motivo de ello puso en riesgo la salud pública de la sociedad al participar en la comisión de delito de Contra la salud en la modalidad que ha sido asentada, por lo que los argumentos con los que ahora pretende fundamentar la Incompetencia Constitucional de los tribunales castrenses carecen de sustento jurídico. Por lo anterior, al resultar inoperante e ineficaz y, por ende, improcedente los agravios formulados por el entonces Capitán Segundo de Caballería Alger Francisco Alba Arce y su defensor particular, y en debido acatamiento a la Ejecutoria de Amparo Indirecto de treinta de marzo de dos mil veintitrés dictado por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad México, dentro del juicio de Amparo Indirecto 73/2022-IV, este cuerpo colegiado militar estima congruente y apegado a Derecho CONFIRMAR la Sentencia interlocutoria de trece de julio de dos mil veintidós, emitida por el Juez Primero Militar adscrito a la I Región Militar en el Incidente de incompetencia constitucional promovido por los ahora recurrentes dentro de la Causa Penal 273/2016 materia de apelación, quien deberá seguir conociendo de la Causa Penal de referencia por los delitos de Contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos, previsto y sancionado por el artículo 194 fracción III en relación con el diverso 196 fracción I del Código Penal Federal, aplicado de manera supletoria de conformidad con lo dispuesto en los numerales 57 y 58 del Código de Justicia Militar, de Infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejercito en su modalidad de rendir parte en falso, previsto por el artículo 343 fracción I del Código de Justicia Militar, Deserción en actos del servicio previsto en el artículo 267 en relación con el diverso 273 y Abandono de servicio en su modalidad de abandono de mando previsto por el artículo 310 y sancionado por la fracción I del diverso 311 del Código de Justicia Militar, hasta dictar la sentencia que en Derecho corresponda. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos; (.). R e s u e l v e: Primero. En debido acatamiento a la Sentencia de amparo dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad México dentro del Juicio de Amparo indirecto número 73/2023-IV, se deja insubsistente la resolución de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós dictada por este Tribunal Superior Militar dentro del Toca Penal 16/2022, en la que se CONFIRMÓ la Sentencia interlocutoria de trece de julio de dos mil veintidós emitida por el Juez Primero Militar adscrito a la I Región Militar dentro del Incidente de incompetencia constitucional de la Causa Penal 273/2016. Segundo. Con motivo de lo anterior, se CONFIRMA la resolución de trece de julio de dos mil veintidós dictada por el Juez Primero Militar adscrito a la I Región Militar, dentro de la Causa Penal 273/2016, materia de apelación. Tercero. El Juez Primero Militar adscrito a la I Región Militar deberá continuar con la secuela procesal en los autos de la Causa Penal 273/2016 que actualmente instruye en contra de Alger Francisco Alba Arce (ostentó el grado de Capitán Segundo de Caballería) hasta dictar la sentencia que en Derecho corresponda. Cuarto. Remítase copia certificada de la presente resolución al Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad México, en debido cumplimiento a su ejecutoria de treinta de marzo de dos mil veintitrés que dictó dentro del Juicio de Amparo Indirecto 73/2023-IV. (.).". De lo antes trascrito se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que con libertad de jurisdicción, dictó una nueva determinación en la que expuso la conexión entre los hechos que se le atribuyen al quejoso y el servicio castrense objetivamente valorado y determinó que sí se afecta la disciplina militar. Ahora bien, no se inadvierte que la responsable no llevó a cabo la notificación de la resolución de marras; sin embargo, el diecinueve de septiembre del año que transcurre, este juzgado de Distrito ordenó su notificación (foja 212), diligencia que se practicó de manera personal al quejoso el veintiuno de septiembre posterior (foja 243 ) y a su defensa de manera electrónica el veinticinco siguiente (foja 214 vuelta), de ahí se tenga por satisfecho el punto 3), de los efectos de la concesión de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. ...".1 Por otro lado, mediante ocurso registrado con folio 14877 (fojas 215 a 223), la parte quejosa refirió que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, centralmente sostiene lo siguiente: 1. El cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está apoyada en criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, no contemplados por las disposiciones de derechos humanos. 2. Los criterios jurisprudenciales al no tomar en cuenta lo prescrito en el Pacto de San José, contravienen disposiciones previstas en el artículo 1o, de la Ley de la Materia. 3. La responsable incurre en la confusión en establecer la conexión del hecho con el servicio castrense, objetivamente valorado, si afecto directamente la disciplina militar, argumentando, infundada e inmotivadamente. Tales manifestaciones son ineficaces, toda vez que los criterios jurisprudenciales, atento a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, son de carácter obligatorio para la autoridad responsable; además, forman parte del sustento de la nueva determinación que emitió la autoridad con libertad de jurisdicción, por lo que los razonamientos que destacó vinculados con la afectación directa a la disciplina militar, con independencia de que no sean acordes a los intereses del justiciable, no debe perderse de vista que en la sentencia de amparo se le dejó 1 Época: Novena, Registro: 194481, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia: Común, Tesis: 2a./J. 16/99, Página: 122. libertad de jurisdicción; de ahí su ineficacia, ya que constituye un aspecto que guarda relación estrecha con el fondo de la cuestión debatida, que no puede ser objeto de análisis a través del cumplimiento. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ...".2 Por otro lado, el juez de origen informó la forma en que atendió la ejecutoria de amparo, respecto a la concesión extensiva respecto a la ejecución que se le atribuyó (fojas 229 a 233 y 235 a 239). Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, las que al no haber sido objetadas, tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se 2 Registro digital: 168905, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 115/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222, Tipo: Jurisprudencia. advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos de su artículo 196, esto es, sin excesos ni defectos, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustaron a los lineamientos ahí contenidos. Atento a lo expuesto previamente y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente
- Principal
Ciudad de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la constancia de notificación de cuenta de la que se advierte que el quejoso quedó enterado de la determinación emitida el cinco de octubre último; asimismo, se desprende que el quejoso realizó diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir el fallo correspondiente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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