Alhetia Rocio Camarillo Mendizabal
Expediente 828/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/02/2015
Partes del expediente
- Alhetia Rocio Camarillo Mendizabal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veinticuatro de febrero del dos mil quince, a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" México, Distrito Federal, veinticuatro de febrero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a ALHETIA ROCIO CAMARILLO MENDIZABAL en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por las autoridades responsables sustitutas Agentes del Ministerio Público, adscritos a la Unidad I y II, respectivamente, de la Agencia 75 Ter de Investigación Sin Detenido, de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en los acuerdos de 6 de agosto y 8 de septiembre de 2014, mediante los cuales se decretó y reiteró, respectivamente, la medida cautelar impuesta a la quejosa, consistente en abstenerse de ejecutar cualquier tipo de violencia ya sea física, psicológica o verbal a Gerardo Enriquez Hernández, Cristian Michell Enríquez Camarillo y sus menores hijos, dictados dentro de la averiguación previa FIZP/IZP-2/T3/01081/14-08. Ahora bien, mediante sentencia de 28 de noviembre de 2014, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, del análisis de las constancias de la indagatoria FIZP/IZP-2/T3/01081/14-08, ponderara si la medida precautoria decretada en contra de la quejosa se justificaba y seguía subsistiendo, cumpliendo con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 Constitucional: Exponiendo en forma clara y precisa la necesidad de la subsistencia de la misma. Justificando su permanencia y temporalidad, al no poder tener vigencia indefinida ni perpetuarse. Y en caso, de que apercibiera a la quejosa con una medida de apremio, señalara su duración y la justificación de la misma. Mediante oficio de 9 de febrero de 2015, la autoridad responsable sustituta manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A fin de demostrar dicha circunstancia, remitió copia certificada del acuerdo de reserva de 27 de enero del año en curso dictado en la indagatoria en comento, del que se desprende que la responsable determinó lo siguiente: Refirió que en atención al principio de inocencia y toda vez que dentro de la averiguación previa iniciada con motivo de la querella formulada en contra de la quejosa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, no existían pruebas suficientes para acreditarla, así como la existencia del delito, por lo que se reservó el ejercicio de la acción penal en su contra. Ordenó notificar personalmente dicho acuerdo a la quejosa y al querellante de la indagatoria. Y, por lo anterior ordenó dejar insubsistente los acuerdos que constituían el acto reclamado. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes la responsable se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, pues del análisis de las constancias de la averiguación previa iniciada en contra de la quejosa, acordó reservar el ejercicio de la acción penal, por no contar con medios de prueba suficientes y dejó sin efectos los acuerdos por los cuales había decretado la medida cautelar en que se hacía consistir el acto reclamado. Lo que evidencia que en la especie se restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, al haber quedado sin efectos las medidas cautelares que le fueron ordenadas. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese y personalmente.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veinticuatro de febrero del dos mil quince a la representante especial de los menores , el cual en lo conducente dice:" En veinticuatro de febrero de dos mil quince, el secretario CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniere respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede. Conste. México, Distrito Federal, veinticuatro de febrero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a ALHETIA ROCIO CAMARILLO MENDIZABAL en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por las autoridades responsables sustitutas Agentes del Ministerio Público, adscritos a la Unidad I y II, respectivamente, de la Agencia 75 Ter de Investigación Sin Detenido, de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en los acuerdos de 6 de agosto y 8 de septiembre de 2014, mediante los cuales se decretó y reiteró, respectivamente, la medida cautelar impuesta a la quejosa, consistente en abstenerse de ejecutar cualquier tipo de violencia ya sea física, psicológica o verbal a Gerardo Enriquez Hernández, Cristian Michell Enríquez Camarillo y sus menores hijos, dictados dentro de la averiguación previa FIZP/IZP-2/T3/01081/14-08. Ahora bien, mediante sentencia de 28 de noviembre de 2014, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, del análisis de las constancias de la indagatoria FIZP/IZP-2/T3/01081/14-08, ponderara si la medida precautoria decretada en contra de la quejosa se justificaba y seguía subsistiendo, cumpliendo con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 Constitucional: 1. Exponiendo en forma clara y precisa la necesidad de la subsistencia de la misma. 2. Justificando su permanencia y temporalidad, al no poder tener vigencia indefinida ni perpetuarse. 3. Y en caso, de que apercibiera a la quejosa con una medida de apremio, señalara su duración y la justificación de la misma. Mediante oficio de 9 de febrero de 2015, la autoridad responsable sustituta manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A fin de demostrar dicha circunstancia, remitió copia certificada del acuerdo de reserva de 27 de enero del año en curso dictado en la indagatoria en comento, del que se desprende que la responsable determinó lo siguiente: - Refirió que en atención al principio de inocencia y toda vez que dentro de la averiguación previa iniciada con motivo de la querella formulada en contra de la quejosa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, no existían pruebas suficientes para acreditarla, así como la existencia del delito, por lo que se reservó el ejercicio de la acción penal en su contra. - Ordenó notificar personalmente dicho acuerdo a la quejosa y al querellante de la indagatoria. - Y, por lo anterior ordenó dejar insubsistente los acuerdos que constituían el acto reclamado. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes la responsable se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, pues del análisis de las constancias de la averiguación previa iniciada en contra de la quejosa, acordó reservar el ejercicio de la acción penal, por no contar con medios de prueba suficientes y dejó sin efectos los acuerdos por los cuales había decretado la medida cautelar en que se hacía consistir el acto reclamado. Lo que evidencia que en la especie se restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, al haber quedado sin efectos las medidas cautelares que le fueron ordenadas. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma José Alfonso Montalvo Martínez, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, asistido del secretario Omar Alonso Ortiz Sánchez que autoriza y da fe. ".
- Principal
México, Distrito Federal, veinticuatro de febrero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a ALHETIA ROCIO CAMARILLO MENDIZABAL en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por las autoridades responsables sustitutas Agentes del Ministerio Público, adscritos a la Unidad I y II, respectivamente, de la Agencia 75 Ter de Investigación Sin Detenido, de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en los acuerdos de 6 de agosto y 8 de septiembre de 2014, mediante los cuales se decretó y reiteró, respectivamente, la medida cautelar impuesta a la quejosa, consistente en abstenerse de ejecutar cualquier tipo de violencia ya sea física, psicológica o verbal a Gerardo Enriquez Hernández, Cristian Michell Enríquez Camarillo y sus menores hijos, dictados dentro de la averiguación previa FIZP/IZP-2/T3/01081/14-08. Ahora bien, mediante sentencia de 28 de noviembre de 2014, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, del análisis de las constancias de la indagatoria FIZP/IZP-2/T3/01081/14-08, ponderara si la medida precautoria decretada en contra de la quejosa se justificaba y seguía subsistiendo, cumpliendo con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 Constitucional: Exponiendo en forma clara y precisa la necesidad de la subsistencia de la misma. Justificando su permanencia y temporalidad, al no poder tener vigencia indefinida ni perpetuarse. Y en caso, de que apercibiera a la quejosa con una medida de apremio, señalara su duración y la justificación de la misma. Mediante oficio de 9 de febrero de 2015, la autoridad responsable sustituta manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A fin de demostrar dicha circunstancia, remitió copia certificada del acuerdo de reserva de 27 de enero del año en curso dictado en la indagatoria en comento, del que se desprende que la responsable determinó lo siguiente: Refirió que en atención al principio de inocencia y toda vez que dentro de la averiguación previa iniciada con motivo de la querella formulada en contra de la quejosa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, no existían pruebas suficientes para acreditarla, así como la existencia del delito, por lo que se reservó el ejercicio de la acción penal en su contra. Ordenó notificar personalmente dicho acuerdo a la quejosa y al querellante de la indagatoria. Y, por lo anterior ordenó dejar insubsistente los acuerdos que constituían el acto reclamado. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes la responsable se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, pues del análisis de las constancias de la averiguación previa iniciada en contra de la quejosa, acordó reservar el ejercicio de la acción penal, por no contar con medios de prueba suficientes y dejó sin efectos los acuerdos por los cuales había decretado la medida cautelar en que se hacía consistir el acto reclamado. Lo que evidencia que en la especie se restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, al haber quedado sin efectos las medidas cautelares que le fueron ordenadas. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese y personalmente.
- Principal
México, Distrito Federal, a diecisiete de febrero de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, la razón actuarial de cuenta, por medio de la cual el actuario judicial adscrito a este juzgado federal manifiesta la imposibilidad para notificar a ALHETIA ROCIO CAMARILLO MENDIZABAL, aquí quejosa, el acuerdo de 09 de febrero de 2015; ahora bien, en razón de lo anterior, comisiónese de nueva cuenta a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal, para que, en diverso día y horario a los señalados, incluso inhábil, notifique al peticionario de garantías el citado proveído. Notifíquese.
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