Alfredo Ruiz Mendoza
Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Parra Lozano
- Alfredo Ruiz Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintitrés. CAUSA FIRMEZA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico, la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 202, primer párrafo, en relación con los numerales 201, fracción IV, y 210, último párrafo, de la Ley de Amparo , sin que se hubiese interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución dictada en autos, en la que por una parte se declaró improcedente y, por otra, fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, se declara firme dicha resolución. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. EFECTOS DE LA CONCESIÓN En ese contexto, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la resolución de dictada en los presentes autos es para los efectos siguientes: Dejen insubsistente el 223301EL353443 de dieciséis de agosto del dos mil veintidós. Dicten otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva la solicitud de la parte denunciante. Es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación en los términos indicados en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 de la que se ha dado noticia. En lo futuro, se abstengan de aplicar al denunciante las disposiciones referidas, mientras dure su texto vigente. CUENTA CON AUTOS. Sin que sea necesario requerir a la autoridad denunciada el cumplimiento de la sentencia emitida, en virtud de que Edith Viviana Panduro Moreno Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud, mediante escrito de veinte de abril del año en curso, remitió diversas constancias con las cuales pretende acreditar el cumplimiento dado al fallo, respecto del cual se reservó proveer hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en la especie ha acontecido. VISTA CON CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al denunciante para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho término, con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. SE RESERVA Agréguese a los presentes autos el primer oficio de cuenta y anexos que remite la autoridad responsable, de los que se ordena reservar proveer en cuanto al fondo una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, toda vez que a la fecha hace falta que sea notificada la resolución de diecinueve de enero del año en curso, al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en representación de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México. DEVUELVE SOBRE Agréguense a los autos para que obre como corresponda el sobre cerrado que contiene el oficio número 971 dirigido a la Secretaría de Salud, por conducto del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con la anotación al reverso "NO EXISTE ESTA AUTORIDAD, REHUSADO POR OFICIALIA DE PARTES", en consecuencia y en obvio de mayores dilaciones reenvíese la comunicación en comento a la denominación correcta COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. MANIFESTACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, de la Ciudad de México, toda vez que el diecinueve de enero de dos mil veintitrés ya se dictó sentencia dentro de la presente denuncia por el incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
V I S T O S los autos para resolver la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad 51/2022, promovida por ******************** contra la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la denuncia. Mediante escrito depositado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado y remitido en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** denunció el incumplimiento en su perjuicio de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SEGUNDO. Radicación y admisión. Mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado radicó el asunto bajo el expediente número 43/2022, admitió dicha denuncia de declaratoria general de inconstitucionalidad, dio vista a las autoridades denunciadas y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Adscripción. TERCERO. Returno. Mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se dio cuenta con la recepción del oficio SECNO/1548/2022 de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en el que se resolvió la consulta realizada por este Juzgado Tercero de Distrito, respecto del turno relacionado o aleatorio de los asuntos derivados de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Por lo cual, a partir de lo expuesto en esa resolución, se determinó que el turno debió haberse efectuado en forma aleatoria y no relacionada como se asentó en la papeleta de que se habla, en términos de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno. En consecuencia, se ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, para que el presente asunto fuera turnado en forma aleatoria a cualquiera de los Juzgados de Distrito. CUARTO. Avocamiento y prosecución de la denuncia. Por auto de siete de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido, por razón de turno, el asunto del que se trata, el que ahora quedó registrado bajo el expediente 51/2022 de esta estadística; se dio vista a las autoridades. Finalmente, mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se pusieron los autos en estado de emitir resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer de la presente denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 210, fracción I, de la Ley de Amparo y 57, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se denuncia un acto cuya ejecución acontece en la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. SU MATERIA DE ANÁLISIS. Conforme a los artículos 201 y 210 de la Ley de Amparo, y 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad consiste en la acción formulada por el agraviado por la eventual inobservancia de la autoridad a una declaratoria de esa naturaleza que repercute en su esfera de derechos, la cual se formula ante el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, se llevará ante el Juez de Distrito que primero la admita; en su defecto, ante aquel que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido; y cuando no requiera ejecución material, se tramitará ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. Ahora bien, contra la resolución del Juez de Distrito procede el recurso de inconformidad, cuyo objeto es constatar la certeza del pronunciamiento consistente en la calificativa del juzgador en relación con que si la autoridad de que se trate atendió o no a la declaratoria general de inconstitucionalidad y, por ende, si se actualizó o no algún agravio contra el denunciante; por tanto, la materia de análisis en dicho recurso debe atender a si se acataron puntualmente los alcances fijados por la declaratoria general de inconstitucionalidad, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos.". SEGUNDO. Precisión de la denuncia. De la lectura integral de la denuncia, se colige que lo es respecto de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, a través del oficio número 223301EL353443 de dieciséis de agosto del dos mil veintidós. TERCERO. Legitimación. El artículo 210 de la Ley de Amparo establece que si con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica un precepto invalidado por el Alto Tribunal, en perjuicio de alguna persona, ésta puede denunciar los actos frente a un Juez de Distrito, quien requerirá a las autoridades denunciadas para que, en su caso, dejen sin efectos los actos que contengan dicha aplicación. Entonces, el denunciante ******************** se encuentra legitimado para presentar la presente denuncia, en razón de que con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acude a esta instancia y aduce que le fueron aplicadas las normas declaradas inválidas, en aquella determinación. CUARTO. Oportunidad. Es oportuna la presentación de la denuncia ya que en el caso no existe disposición que prevea un plazo para presentarla y tampoco una regulación específica sobre la preclusión de ese derecho. En el particular, la parte promovente refirió que tuvo conocimiento del oficio reclamado el trece de septiembre de dos mil veintidós y la denuncia fue presentada el dieciocho de octubre de ese año, sin que alguna de las autoridades hayan manifestado oposición alguna o exhibido constancia que evidenciara lo contrario. Además que la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 se emitió el veintiocho de junio de dos mil veintiuno; y comenzó a surtir efectos el veintinueve de junio de ese año, data en que se comunicó a las Cámaras del Congreso de la Unión dicha determinación, a través de los oficios SGA/FAOT/194 y SGA/FAOT/195/2021; mientras que el acto concreto de aplicación es posterior a tales fechas. Ello en atención al segundo resolutivo de la citada declaratoria. QUINTO. Existencia y efectos de la declaratoria general de inconstitucionalidad. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, en los términos siguientes: "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, párrafo último, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos', y 247, párrafo último, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', de la Ley General de Salud para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. TERCERO. Notifíquese esta sentencia a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para los efectos precisados en el apartado III de esta determinación. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.". Dicha determinación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno; por tanto, su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 65/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". Ahora bien, cabe precisar que el Pleno del Máximo Tribunal al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esa ejecutoria, precisó que surtiría efectos generales a partir de la notificación de dichos puntos resolutivos a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esa decisión. Determinación en la que, entre otras cosas, se enfatizó que sus alcances se limitaban a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Además, se estableció que esa declaratoria general de inconstitucionalidad no tenía como efectos permitir que se autorizara el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana, sino que, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas se removiera el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorizara solo a personas adultas en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el Máximo Tribunal indicó que la Comisión Federal de Protección de Contra Riesgos Sanitarios deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en algún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las substancias antes aludidas. Además, indicó que al invalidarse las porciones normativas precisadas se vincula a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, es decir, se encuentra obligada a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con limitaciones y restricciones. Finalmente, que al emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectado a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran bridado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar maquinarias peligrosas bajo sus efectos, ni realizar, en general, cualquier otra actividad que pudiera poner en riesgo o dañar a terceros. SEXTO. Informe de la autoridad denunciada. El Comisionado Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios de Michoacán, negó haber incumplido con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, ya que, dijo, ello es una atribución exclusiva de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios; sin que su Acuerdo Específico de Coordinación para el Ejercicio y control de fomento sanitario, contemple la atribución de autorización para el consumo personal y regular con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis sativa, el psicotrópico THC y sus variantes esteroquímicas. La representante de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la mencionada comisión, refirió que se encuentran realizando los trabajos normativos correspondientes para acatar la Declaratoria de que se trata; sin embargo, señaló que el oficio denunciado no tiene sustento en las disposiciones del sistema prohibitivo invalidado, por lo que no se encuentra acreditado que efectivamente haya derivado de la aplicación de porciones normativas de la Ley General de Salud. SÉPTIMO. Inexistencia del acto de aplicación. No es cierto del acto de aplicación denunciado y que se atribuye al Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, toda vez que el oficio número 223301EL353443 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, fue emitido por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y si bien la petición génesis de ese oficio se presentó inicialmente ante la mencionada Comisión Estatal, ésta la redirigió a la Comisión Federal para su análisis correspondiente. Ello tal como se observa del comprobante de trámite que el propio denunciante exhibió a su libelo inicial (foja 9) Documental pública que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Aunado a que el denunciante no acreditó la existencia de algún acto en el que la mencionada autoridad haya negado la solicitud que presentó, con fundamento disposiciones de la Ley General de Salud. De ahí que la denuncia por lo que hace dicha autoridad resulte improcedente. OCTAVO. Existencia del acto de aplicación. Es cierto el acto denunciado que se atribuye a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistente en el oficio 223301EL353443 de dieciséis de agosto del dos mil veintidós, mediante el cual se le negó a la aquí parte denunciante la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC", que en conjunto es conocido como "marihuana". Ello en términos de la solicitud de veintiocho de julio de dos mil veintidós, que formuló la parte promovente; y el comprobante de trámite expedido en esa misma fecha. Destacándose que el oficio combatido lo emitió la referida Directora Ejecutiva, conforme a las atribuciones que posee como autoridad integrante de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que en términos de la propia declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, vinculó a dicha Comisión Federal en comento, por ser el órgano competente de la Secretaría de Salud conforme el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades ineludibles para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones ahí precisadas, para superar el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de que tal Comisión es representada legalmente por el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conforme a la fracción XV del artículo 10 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; de ahí que también se encuentre acreditada la existencia respecto de esta última autoridad, no obstante que haya sido omiso en contestar la presente denuncia, aunque le fue requerida como se aprecia de la constancia que obra agregada en autos. Además, la certeza de que se habla se corrobora con el oficio 223301EL353443 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se le negó a la aquí denunciante la autorización sanitaria ya precisada. Medio de convicción que al tratarse de un documento exhibido en copia certificada se le concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En la misma guisa, contra lo afirmado por las autoridades en cita, se advierte que en la negativa hecha del conocimiento de la parte aquí denunciante, que suscribe la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le fueron aplicadas las normas declaradas inválidas por la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Ya que si bien no aplicó de manera expresa los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud -materia de la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de La Suprema Corte de Justicia de la Nación-. De las manifestaciones precisadas en su informe, así como de los numerales que se precisaron en el oficio 223301EL353443 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, sustancialmente los diversos 194 y 194 bis de la Ley General de Salud, se advierte que la responsable negó la solicitud de la parte denunciante bajo el argumento toral de que las facultades de la Comisión se limitan al control, vigilancia y fomento sanitarios, de modo que, en el caso de estupefacientes y substancias psicotrópicas, aún no existe pronunciamiento respecto de un marco normativo que las regula. Es decir, la negativa se sustentó en que no cuenta con los elementos normativos para brindar la atención o solicitudes como la presentada por la parte denunciante. De ahí que este Juzgador Federal estima que al rechazar la autorización para el consumo de marihuana por considerar que no cuenta con elementos normativos para emitir tal determinación, la autoridad denunciada aplicó de manera tácita e implícita los artículos invalidados por el Alto Tribunal en la declaratoria materia de este asunto. Ello pues son dichos artículos los que constituyen el sistema de prohibiciones administrativas que impiden la emisión de las autorizaciones sanitarias para que las personas puedan consumir privada, personal y lúdicamente, los componentes activos de la marihuana. Lo que cobra relevancia si se toma en consideración que en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dos de los artículos reclamados en este asunto, a saber, el numeral 235, último párrafo y el diverso 247, último párrafo, en las porciones normativas que, precisamente, establecen que el uso de la planta marihuana únicamente se encuentra permitido para fines médicos y científicos. Al respecto es aplicable, por el criterio que informa, la jurisprudencia I.15o.A. J/12 sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de dos mil once, página dos mil setenta y uno, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGÍTIMA A PROMOVER EL JUICIO. En el escenario del juicio de amparo contra leyes pueden presentarse diversos supuestos en los que es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general, a precisar: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa); 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa); 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido; y 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido). En el primer caso, basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. En cambio, en el tercer supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita. Finalmente, en cuanto a la aplicación negativa de una norma reclamada, la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del solicitante del amparo la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, es decir, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por generalidad, igualdad o equidad tributaria en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.". NOVENO. Improcedencia de la denuncia. Es improcedente la presente denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, respecto de los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud. Es así porque no solo es indispensable la existencia de la aplicación de una norma declarada inconstitucional en el acto denunciado, sino también que dicha aplicación haya sido tildada en esos términos en la declaratoria general cuyo incumplimiento se reclama. De ahí que si bien la parte denunciante señala que en el oficio 223301EL353443 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, emitido por la Directora Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el que se le negó la autorización sanitaria solicitada, le fueron aplicados, entre otros, los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud; sin embargo, dichas normas no fueron declaradas inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Sirve de sustento a lo anterior el criterio 2a. XLVI/2020 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro ochenta y uno, diciembre de dos mil veinte, tomo I, página trescientos noventa y uno, con registro digital 2022509, y de rubro: "DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL RECLAMO NO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA. Hechos: A través de una denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se argumentó que con la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial del propio Estado el 10 de septiembre de 2019, se incumplió lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 25/2008, específicamente en la parte en que se ordenó al Congreso Local subsanar una omisión legislativa a través de la regulación del haber de retiro para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, previsto en el artículo 61 de la Constitución de la entidad, en su texto vigente antes de la reforma que motivó la denuncia y por la que se suprimió lo relativo a dicho haber de retiro. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada en términos de los artículos 47, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 210 de la Ley de Amparo es improcedente cuando el reclamo no deriva de la aplicación de una norma general declarada inválida. Justificación: En términos de las normas antes mencionadas, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad permite que cualquier persona haga valer, ante un Juez de Distrito, que se le han aplicado normas declaradas inválidas previamente y, en caso de resultar fundada, el Juez ordenará a la autoridad aplicadora dejar sin efectos el acto denunciado. En este sentido, se trata de un procedimiento que tiene como presupuesto indispensable la aplicación de una norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga versará precisamente sobre si se llevó a cabo esa aplicación o no.". DÉCIMO. Estudio de fondo. En su libelo inicial el denunciante aduce que le fueron aplicadas las normas declaradas inválidas por la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, con la emisión del oficio 223301EL353443, de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, que suscribe la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Oficio mediante el cual se le niega la autorización sanitaria para el consumo con fines lúdicos o recreativos tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópicos "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas) en conjunto conocidos como "marihuana". Asimismo, fue precisado que la autoridad denunciada no aplicó de manera expresa los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud -materia de la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-. Sin embargo, de las manifestaciones precisadas en su informe, así como de los numerales citados en el oficio, relevantemente los diversos 194 y 194 bis de la Ley General de Salud, se advirtió que la autoridad negó la solicitud de la parte denunciante para el consumo personal con fines lúdicos o recreativos tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópicos "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas) en conjunto conocidos como "marihuana". Por lo que este juzgado federal advirtió que al rechazar la autorización para el consumo de marihuana por considerar que no cuenta con facultades para emitir tal determinación, virtud de la inexistencia del marco normativo que regula dicho estupefaciente, la autoridad denunciada aplicó de manera tácita e implícita los artículos invalidados por el Alto Tribunal en la declaratoria materia de esta denuncia. Ello pues son dichos artículos los que constituyen el sistema de prohibiciones administrativas que impiden la emisión de las autorizaciones sanitarias para que las personas puedan consumir privada, personal y lúdicamente, los componentes activos de la marihuana. Por tanto, a través de la presente denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, quien ahora resuelve puede determinar que la citada Directora Ejecutiva realizó un acto con apariencia jurídica al fundamentar su actuar en los preceptos citados en párrafos precedentes, pero empleando el sistema prohibicionista del que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. En ese contexto, la denuncia planteada en los términos que lo hizo la denunciante resulta fundada, en virtud de que queda evidenciado que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aplicó de manera implícita el sistema prohibicionista dispuesto por los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos", de la Ley General de Salud, respecto de los que se declaró su invalidez por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Lo anterior pues si bien del oficio denunciado no se advierte que se hayan citado expresamente las porciones relativas a los preceptos denunciados, lo cierto es que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para negar la autorización sanitaria solicitada, afirmó la inexistencia del marco normativo correspondiente y, por ende, la imposibilidad para evaluar la solicitud para obtener autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como "marihuana". Lo que supone que ante la inexistencia del nuevo marco normativo que supere el obstáculo que antes existía para autorizar el consumo lúdico del narcótico referido; entonces, prevalece y se aplica para el caso el sistema prohibicionista que existía antes para tal efecto. De ahí que debe estimarse que la negativa en cuestión tuvo como sustento las normas que no fueron reformadas acorde a la publicación realizada el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en concreto, los artículos 235 y 247, ambos en su último párrafo de la Ley General de Salud. DÉCIMO PRIMERO. Efectos. En consecuencia, al haberse acreditado la aplicación implícita de las porciones normativas respecto de las que se declaró su invalidez por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, de conformidad con el artículo 210 de le Ley de Amparo debe declararse procedente y fundada la denuncia planteada de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad. Lo anterior para efecto de que las autoridades denunciadas Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de sus competencias, en el término de tres días hábiles siguientes a partir de que se notifique la presente resolución, realicen lo siguiente: I. Dejen insubsistente el 223301EL353443 de dieciséis de agosto del dos mil veintidós. II. Dicten otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva la solicitud de la parte denunciante. Es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación en los términos indicados en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 de la que se ha dado noticia. III. En lo futuro, se abstengan de aplicar al denunciante las disposiciones referidas, mientras dure su texto vigente. Es importante señalar que esta resolución no implica que el denunciante pueda sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente, siempre que no sea contrario al sentido de esta sentencia. Además, se indica que para el caso de que se le expida autorización correspondiente, ésta no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso por y en perjuicio de menores o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni deberá permitir que se expida autorización a favor del denunciante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados, tampoco la importación y compra de semilla. Aunado a que deberá ajustarse a lo ordenado por el Máximo Tribunal y considerando solo la materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Finalmente, debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma una autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva, en su caso, se otorgará por la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo. Sustenta lo anterior las jurisprudencias 3/2019 4/2019 y 9/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, que enseguida se transcriben: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. Esta Primera Sala entiende que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección. De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. Estas experiencias se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada prima facie por el derecho al libre desarrollo de ésta. Así las cosas, esta Primera Sala concluye que la prohibición contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, efectivamente incide en el contenido prima facie del derecho fundamental en cuestión, toda vez que constituye un obstáculo jurídico que impide ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera". "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona". "PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. En la cuarta y última etapas del test de proporcionalidad, corresponde comparar el grado de intervención en el derecho fundamental frente al grado de satisfacción de la finalidad constitucional perseguida. En este contexto, en el caso de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, corresponde contrastar la eficacia con la que el "sistema de prohibiciones administrativas" consigue proteger la salud de las personas y el orden público, frente al nivel de afectación que esa misma medida provoca en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege la prohibición aludida, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Desde este punto de vista, la afectación al libre desarrollo de la personalidad que comporta este "sistema de prohibiciones administrativas" puede calificarse como muy intensa, pues consiste en una prohibición prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de ésta, de tal manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho. En tal sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en que pueden realizarse dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que efectivamente tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas esas conductas. Consecuentemente, el "sistema de prohibiciones administrativas" ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida.". Asimismo, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su carácter de representante legal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y superior jerárquico de la referida Directora Ejecutiva, deberá remitir las constancias con que acredite fehacientemente las gestiones necesarias a fin de que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas acate lo precisado en los puntos que anteceden, en términos del último párrafo de la fracción I del artículo 210 de la Ley de Amparo. En caso de no hacerlo, se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de dicha legislación. En otro aspecto, con fundamento en la fracción II del artículo 210 de la Ley de Amparo, si con posterioridad la autoridad aplicadora o, en su caso, la sustituta, incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de la ley de la materia. DÉCIMO SEGUNDO. Solicitud de compensación económica por responsabilidad patrimonial del Estado. En su segundo concepto de denuncia el promovente toralmente argumenta que el acto denunciado constituye una actividad irregular del Estado, cuyos efectos reales le causaron un perjuicio en su vida y salud, de manera que debe ser compensado económicamente. Es improcedente dicha solicitud porque en esta denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, el artículo 210 de la Ley de Amparo no prevé la descrita compensación económica por responsabilidad patrimonial del Estado. Ello tomando en cuenta que esta instancia no es la vía adecuada para hacer valer su pretensión, ni este órgano jurisdiccional es la autoridad competente para determinar la responsabilidad patrimonial atribuida a una entidad estatal. Máxime que aun cuando quedara demostrada la voluntad administrativa que incumplió con la declaratoria erga omnes dictada por el Alto Tribunal, al aplicar implícitamente los artículos 235 y 247, ambos último párrafo, de la Ley General de Salud, declarados inconstitucionales. Lo cierto es que los efectos que de la presente resolución se constriñen a que sean las autoridades competentes las que, en su caso, analicen si procede o no la solicitud del aquí denunciante, de acuerdo a los lineamientos de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apoya lo expuesto las tesis siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. SU MATERIA DE ANÁLISIS. Conforme a los artículos 201 y 210 de la Ley de Amparo, y 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad consiste en la acción formulada por el agraviado por la eventual inobservancia de la autoridad a una declaratoria de esa naturaleza que repercute en su esfera de derechos, la cual se formula ante el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, se llevará ante el Juez de Distrito que primero la admita; en su defecto, ante aquel que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido; y cuando no requiera ejecución material, se tramitará ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. Ahora bien, contra la resolución del Juez de Distrito procede el recurso de inconformidad, cuyo objeto es constatar la certeza del pronunciamiento consistente en la calificativa del juzgador en relación con que si la autoridad de que se trate atendió o no a la declaratoria general de inconstitucionalidad y, por ende, si se actualizó o no algún agravio contra el denunciante; por tanto, la materia de análisis en dicho recurso debe atender a si se acataron puntualmente los alcances fijados por la declaratoria general de inconstitucionalidad, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos.". "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL JUEZ CIVIL PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN RELATIVA, SIN ENVIARLA A LA AUTORIDAD COMPETENTE, NO VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL (LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO). La única vía posible para ejercer el derecho a reclamar la reparación de los daños causados por el Estado es la administrativa; de ahí que el procedimiento que tiene que desahogarse para hacer efectiva la pretensión relativa es el previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Por tanto, si se ejerce dicha acción por la vía civil y el juzgador se inhibe de conocer del asunto sin enviarlo a la autoridad competente, no se vulneran los derechos fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial, en virtud de que deja a salvo los derechos del demandante, quien puede hacerlos valer ante la autoridad competente, otorgándole la posibilidad de encauzar su pretensión en la vía correcta, y preparando su acción bajo los requerimientos que exige la ley.". Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: PRIMERO. Es improcedente la denuncia por el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la autoridad y los artículos precisados en el considerandos séptimo y noveno de la presente determinación, respectivamente. SEGUNDO. Es procedente y fundada la presente denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, promovida por ********************, en contra de las autoridades denunciadas, por los motivos y efectos expuestos en los considerandos décimo y décimo primero, respectivamente, de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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