Alfredo Vaca Aguilar

Expediente 523/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
523/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Vaca Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    SecretariaMorelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil dieciocho. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN. Devuélvase al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, el juicio agrario 649/2011, que acompañó a su informe justificado, el cual obra en dos tomos; solicitándole el acuse recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil dieciocho. SE ACUERDA RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón levantada por el actuario de la adscripción en la que manifiesta que no le fue posible notificar al tercero interesado Comisariado Ejidal del Ejido Tlazazalca, Municipio de Tlazazalca, Michoacán, al sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que no se proveyó respecto del domicilio que dicha parte señaló en el acta de notificación practicada el día veintiuno de junio del año en curso. SE ORDENA NOTIFICAR A TERCERO INTERESADO EN SU DOMICILIO. En consideración a lo anterior y toda vez que del estado de autos se obtiene que en acta de audiencia constitucional se ordenó practicar las notificaciones al tercero interesado Comisariado Ejidal del Ejido Tlazazalca, Municipio de Tlazazalca, Michoacán, por medio de lista; con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se tiene como domicilio del tercero interesado de referencia el ubicado en avenida Ventura Puente, número 1100, colonia Ventura Puente, de esta ciudad; en consecuencia, se ordena notificar la sentencia y subsecuentes notificaciones al Comisariado Ejidal del Ejido Tlazazalca, Municipio de Tlazazalca, Michoacán, en el domicilio que señaló para tal efecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3470/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  3. Principal

    Por medio de lista notifico a la parte quejosa la siguiente resolución que dice: Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 523/2018-IX, promovido por Alfredo Vaca Aguilar, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, ante la oficialía de partes de la autoridad responsable, Alfredo Vaca Aguilar promovió demanda de amparo, contra la autoridad mencionada supralíneas, de quien reclamó el acto que se precisó de la siguiente manera: "ACTO DE AUTORIDAD QUE ES SENTENCIA DEFINITIVA. Se hace consistir en acto de autoridad emitido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, consistente en la resolución de carácter definitivo emitida dentro de los autos que integran el juicio 649/2011 sobre conflicto por la tenencia de la tierra, así como en contra de todo lo actuado con posterioridad dentro del citado juicio agrario, así como cualquiera acto que tenga por objeto o pretenda ejecutar la resolución recurrida." Acto que en el decir del quejoso, es violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda aludida le correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Décimo Primer Circuito, el cual, mediante proveído de once de junio de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente para resolver y tramitar el asunto; motivo por el que remitió la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, la cual a su vez, turnó el escrito inicial y sus anexos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado. Debido a lo anterior, por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el titular de este órgano de control constitucional, ordenó radicar el asunto como el expediente 523/2018-IX; admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el diecinueve de julio pasado, en los términos asentados en el acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos que tuvieron ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, son los siguientes:  La violación a la garantía de audiencia al pretender privarlo de sus derechos agrarios respecto de las tierras de uso común, al ordenar la restitución de las mismas a favor del ejido, sin haber sido oído y vencido en el juicio agrario 649/2011, promovido por el comisariado ejidal del poblado de Tlazazalca, Municipio de Tlazazalca, Michoacán, frente a Ramón Vaca Parocua. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su respectivo informe justificado, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Lo que se corrobora con las documentales exhibidas en autos, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Al respecto, resulta aplicable la tesis que se inserta a continuación: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo , por los motivos que se exponen a continuación. De las disposiciones legales aludidas con antelación se desprende que, el juicio de amparo es improcedente cuando es promovido por persona que carece de legitimación para interponerlo, ya sea porque el mismo no le irroga perjuicio alguno, o porque los actos reclamados, no producen en su esfera jurídica una lesión. En tales circunstancias, si los actos reclamados, no le producen a la parte quejosa, ningún agravio personal y directo, en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, puesto que no existe una afectación real y objetiva a sus derechos personales, el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que el peticionario de amparo promueve por su propio derecho, y se ostenta como ejidatario del núcleo agrario Tlazazalca, Municipio de Tlazazalca, Michoacán, acreditando dicha circunstancia con copia certificada del certificado de derechos sobre tierras de uso común número 000000064533, el cual tiene valor probatorio pleno en los términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, toda vez que se trata de copia cotejada por Notario Público en ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, se advierte que lo que pretende combatir a través del presente juicio de amparo, es la violación a la garantía de audiencia al pretender privarlo de sus derechos agrarios respecto de las tierras de uso común, al ordenar la restitución de las mismas a favor del ejido, sin haber sido oído y vencido en el juicio agrario 649/2011, promovido por el comisariado ejidal del poblado de Tlazazalca, Municipio de Tlazazalca, Michoacán, frente a Ramón Vaca Parocua. Lo anterior, pues como se señaló, el inconforme refiere bajo protesta de decir verdad, que es titular de derechos sobre tierras de uso común, siendo que los integrantes del Comisariado Ejidal promovieron el citado juicio agrario a fin de que se restituyera al ejido las tierras de uso común que indebidamente tenía en posesión el demandado Ramón Vaca Parocua. Esto a su vez, quiere decir que los actos reclamados se encuentran relacionados directamente a las tierras de uso común del Ejido al que pertenece el quejoso, ya que expresamente refiere que los actos reclamados son tendentes a privarlo de las tierras de uso común materia del controvertido. En esa tesitura, se concluye que los actos reclamados no pueden ser controvertidos por el quejoso en lo individual, y por ende, no se encuentra legitimado para intentar la acción constitucional. Es así, porque para la procedencia del juicio constitucional es menester la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta al agraviado para acudir al órgano constitucional demandando la reparación de dicha transgresión; siendo que en el caso, esa facultad no está satisfecha debido a que la demanda de amparo fue promovida por el quejoso en lo individual, y los actos que reclama inciden directamente en tierras de uso común, por ello, no tiene legitimación activa para promover el juicio de garantías. Al caso, resulta pertinente señalar lo dispuesto por los artículos 14, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83 de la Ley Agraria, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 14.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 43.- Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley las que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal." "Artículo 44.- Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: I. Tierras para el asentamiento humano; II. Tierras de uso común; y III. Tierras parceladas." "Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido; II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proverá (sic) a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional." "Artículo 62.- A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los derechos sobre uso y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley. Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal." "Artículo 76.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas." "Artículo 81.- Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley." "Artículo 82.- Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad. A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común." "Artículo 83.- La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido. La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes." De los artículos antes transcritos se desprende, en la parte que interesa, que son tierras ejidales las que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal, esto es, dichos numerales son acordes a lo previsto en el artículo 27 Constitucional en el sentido de que se reconoce y protege al ejido y a la comunidad, como formas de propiedad al amparo de la Constitución, como grupo colectivo. Además, que las tierras ejidales, por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Asimismo, que dentro de las facultades y obligaciones del comisariado ejidal está la de representar al núcleo de población ejidal, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. La asamblea de cada ejido puede determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar su parcelamiento, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Asimismo, puede destinar las tierras ejidales: a) al asentamiento humano; b) al uso común; o, c) parcelarlas en favor de los ejidatarios. El Registro Agrario Nacional certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá: a) los certificados parcelarios; b) los certificados de derechos comunes; o, c) ambos, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. A partir de la asignación de parcelas, corresponden a los ejidatarios beneficiados, por un lado, los derechos de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas y, por el otro, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales, así como los demás que legalmente les correspondan. Una vez que la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios, conforme a lo establecido en párrafos anteriores, la asamblea puede resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, caso en el que los ejidatarios interesados, solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras sobre las que ejercerán el dominio pleno, sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad. Desde la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común. Una vez precisado lo anterior, no hay duda en relación con la defensa de las tierras y la consecuente legitimación para promover el juicio de amparo, por lo que hace a los extremos que se presentan, el primero, en el sentido de que corresponde al comisariado ejidal o comunal (quien representa al núcleo de población ejidal o comunal) la defensa de las tierras ejidales de uso común que han sido dotadas al núcleo de población o incorporadas al régimen ejidal o comunal. Y, el segundo caso, en donde tampoco hay duda, se presenta, en el sentido de que corresponde a los ejidatarios en particular la defensa de sus tierras y, en consecuencia, tienen legitimación activa para presentar la demanda de amparo, respecto de la afectación de aquellas tierras que han dejado de ser parte de las tierras ejidales, sobre las que ejercen el dominio pleno. Bajo ese contexto, resulta claro que el quejoso carece de legitimación activa para promover el juicio de amparo a efecto de defender tierras de uso común del ejido al que pertenecen, pues como quedó precisado con antelación, dicha facultad corresponde al comisariado ejidal o comunal, por ser a este a quien atañe la defensa de dichas tierras de uso común que han sido dotadas al núcleo de población o incorporadas al régimen ejidal o comunal. Tan es así, que fue precisamente dicho comisariado ejidal quien, en defensa de las tierras de uso común, instó al tribunal agrario responsable para que restituyera al ejido dicha porción de tierra al estimar que indebidamente las tenía en posesión el demandado Ramón Vaca Parocua; y, en mérito de la sentencia dictada en el controvertido es que se está ordenando la restitución de esas tierras de uso común al ejido al cual pertenece el aquí quejoso, de ahí que incluso no hay una afectación a su interés, sino que por el contrario, la acción intentada por el comisariado ejidal y la sentencia que se pretende ejecutar es el beneficio del propio promovente del amparo en cuanto a que las tierras de uso común serán restituidas al ejido del cual forma parte. Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto por el promovente en su ocurso de demanda, los actos reclamados afectan al núcleo agrario ejidal al que pertenece, y por ello, a quien correspondería combatir los mismos, en todo caso, es al comisariado ejidal o comunal, al ser éste quien representa al núcleo agrario; de ahí que se afirme que el promovente no está legitimado para instar la presente demanda de amparo. Adquiere aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 1003483 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Amparo en materia agraria Materia(s): Administrativa Tesis: 1604 Página: 1817 AGRARIO. NÚCLEOS DE POBLACIÓN. AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS COLECTIVOS. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquellos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8o. bis, fracción II, de la Ley de Amparo reconoce la representación sustituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación sustituta prevista legalmente. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CXXXVIII, página 18. Amparo en revisión 8484/62.-Francisco Villagrana Flores y coagraviados.-3 de abril de 1968.-Cinco votos.-Ponente: Felipe Tena Ramírez. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 4, página 84. Amparo en revisión 4166/66.-Andrés Caneda Pérez y coagraviados.-30 de abril de 1969.-Cinco votos.-Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen 6, página 35. Amparo en revisión 4547/68.-Alberto Belmont Alpizar y coagraviados.-2 de junio de 1969.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volumen 6, página 35. Amparo en revisión 5892/67.-Carlos Valdez Martínez y coagraviados.-6 de junio de 1969.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen 6, página 35. Amparo en revisión 339/68.-Carlos Valdez Martínez y coagraviados.-6 de junio de 1969.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 6, Tercera Parte, página 119, Segunda Sala. Apéndice 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 164, Segunda Sala, tesis 150. Nota: En el Informe de 1969, la tesis aparece bajo el rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. AMPARO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO POR EJIDATARIOS. CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA AL NÚCLEO DE POBLACIÓN EN SUS DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS.". En el Semanario Judicial de la Federación aparece el asunto "Amparo en revisión 4166/48", el cual se corrige, como se observa en esta tesis, con apoyo en la publicación original del asunto. Asimismo, la referencia de la página 36 de los amparos en revisión 4547/68, 5892/67 y 339/68 es incorrecta, por lo que se corrige, como se observa en esta tesis.". Por tanto, con independencia de que todos los ejidatarios de un núcleo de población ejidal tengan a su favor la presunción de ejercer en partes iguales derechos sobre las tierras de uso común, la facultad para defender la privación ilegal de una fracción de esas tierras, y en su caso, de solicitar su restitución ante el Tribunal Agrario, corresponde al comisariado ejidal, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, tal como lo hizo al ejercitar la acción respectiva el comisariado ejidal correspondiente, pues así expresamente lo establece el artículo 49 de la Ley Agraria, en que se establece: "Artículo 49.- Los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, ante el tribunal agrario para solicitar la restitución de sus bienes." En este contexto, al existir disposición legal que expresamente establece a quién corresponde la legitimación para defender la privación ilegal de tierras y aguas de un núcleo de población ejidal, evidente resulta que el promovente del amparo carece de legitimación para acudir en defensa de las tierras comunales, máxime si como ya se dijo quien originalmente promovió el juicio del que deriva el acto reclamado fue precisamente el comisariado ejidal, ello a fin de que se restituyeran las tierras relativas al ejido del que es parte el aquí quejoso, de ahí que incluso no se advierte afectación alguna, de ahí que el quejoso carece de facultad para defender dicho terreno en un juicio agrario en que el comisariado ejidal fue parte actora, pues de aceptar como válida esa hipótesis, en todo juicio agrario en que estuviera involucrada una fracción de terreno perteneciente a tierras de uso común, tendría necesariamente que emplazarse a todos los ejidatarios, lo cual haría nugatoria la facultad de defensa y representación de ese órgano ejidal, mismo que, conforme al artículo 33, fracción I, representa al ejido con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas, argumento que evidencia la falta de legitimación del quejoso para acudir al juicio de amparo. Al respecto se estima aplicable la tesis aislada siguiente, cuyo criterio comparte este tribunal: "Época: Novena Época Registro: 198001 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Agosto de 1997 Materia(s): Administrativa Tesis: XI.1o.3 A Página: 688 "COMISARIADO EJIDAL. LEGITIMACIÓN PARA EJERCITAR LA ACCIÓN QUE TIENDA A PROTEGER BIENES DE USO COMÚN. En términos del artículo 33, fracción I, de la Ley Agraria, sólo los integrantes del Comisariado Ejidal están legitimados para actuar en nombre y representación del ejido; por tanto, un ejidatario en lo particular carece de interés jurídico para promover en representación del núcleo de población, alguna acción que tienda a proteger los bienes de uso común, a lo que debe agregarse que la ley de la materia no establece la posibilidad de representación sustituta y que el quejoso no promovió ostentando dicha representación, sino por su propio derecho y reclamando para sí un bien de uso común. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 712/96. Javier Arroyo Ceja. 22 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Ma. Álvaro Navarro. Secretaria: Rita Armida Reyes Herrera." Máxime si se tiene en consideración que las fracciones materia de la litis del juicio de origen se constriñe a las parcelas ejidales 1508, 1513, 1582 y 1683, las cuales están inscritas a nombre de Ramón Vaca Parocua, en tanto que la parcela defendida por el peticionario del amparo es la 129 (foja 122 del tomo 1 de pruebas), según se advierte del listado de asignación de parcelas, de ahí que ni siquiera se acredita una afectación al interés del aquí quejoso, ya que no se están afectando las parcelas que le fueron asignadas. Y si bien pretende acreditar su interés jurídico y la afectación al mismo exhibiendo copia cotejada del certificado de derechos sobre tierras de uso común, dicho documento únicamente ampara el 1.1100% del total de los derechos sobre tierras de uso común, lo cierto es que la sentencia emitida por la autoridad responsable no pretende privarlo de los derechos relativos a dicho título, sino que por el contrario, las parcelas materia del controvertido serán restituidas al ejido como tierras de uso común, de tal modo que no existe perturbación alguna a su interés. Lo expuesto hasta aquí, implica que probablemente exista falta de comunicación entre los ejidatarios y el Presidente del Comisariado, ya que incluso en su demanda de garantías el quejoso aduce que no conoce bien la sentencia, siendo que la incertidumbre del quejoso se basa en que será privado del porcentaje de tierras de uso común que le corresponden, cuando el efecto de la sentencia de la autoridad agraria tiende a que se reincorporen tales tierras de uso común al ejido, esto es, en beneficio de todos los ejidatarios, sin que haya una afectación a sus intereses. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede SOBRESEER en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Alfredo Vaca Aguilar, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintiséis de julio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil dieciocho. SE RECIBE INFORMACIÓN Agréguese a los autos el oficio TUA36/UJ/474/2018, que suscribe el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que acatamiento a la suspensión definitiva que se concedió a la parte quejosa en interlocutoria de veintiséis de junio del año en curso, se ordenó mantener las cosas en el estado en que se encuentran en el juicio agrario 649/2011, hasta en tanto se le notifique la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio de amparo de donde emana el incidente de suspensión en que se actúa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

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