Alfredo Pérez Flores

Expediente 1217/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1217/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Pérez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil veintidós. HA CAUSADO ESTADO DESECHADA Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente ERIK FRANCISCO VALENCIA MENDOZA, quien se ostentó asesor privado del quejoso ALFREDO PÉREZ FLORES, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por el que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. AUTO SE ACUERDA ACTA DE RATIFICACIÓN Agréguese a los presentes autos el acta de ratificación, a través del cual ********************, quien se ostenta asesor privado del quejoso ********************, ratifica el contenido del escrito aclaratorio de demanda presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado el nueve de noviembre de dos mil veintidós; así como el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que en proveído de diez de ese mismo mes y año, se reservó proveer en cuanto a la admisión o desechamiento de la demanda que generó el presente asunto, hasta en tanto el promovente ratificara o no el contenido del escrito aclaratorio en comento, y como en la especie eso ya aconteció, se provee: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, como del análisis a la demanda de garantías, se desprende que la parte promovente señala en su escrito inicial de demanda y aclaratorio como acto reclamado el siguiente: La resolución del recurso de revocación, emitida el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, que se interpuso contra la determinación de veintiséis de octubre del año en curso, por la cual confirmó el no desahogo de las testimoniales de José David Oropeza Estrada y Tania Berenice Oropeza Estrada dentro de la causa penal ********************. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por las razones que se expondrán a continuación. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, el artículo 107, fracción V, de la ley de la Materia, dispone: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Asimismo, el artículo 173, apartado B, fracciones X, XVI, XVII de la Ley de Amparo prevén lo siguiente: "Articulo 173. Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; (.) XVI. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzca indefensión; (.) XVII. No se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendido en términos de la legislación aplicable; (.)". De una interpretación sistemática de los artículos y porciones normativas transcritas, se obtiene que el estudio de las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertir la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos ventilados durante el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra Constitución Federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan; es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo, cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, donde el tiempo del que se le privó no será posible restituírsele. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable a sus pretensiones. Es aplicable la Jurisprudencia de la otrora Tercera Sala SCJN, de rubro y texto siguiente: Época: Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Ahora, de lo narrado en la demanda promovida por Francisco Valencia Mendoza, quien se ostenta asesor privado del quejoso Alfredo Pérez Flores, se desprende que reclama esencialmente la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte ahora quejosa contra la determinación de veintiséis de octubre del año en curso, a través de la cual el juez responsable confirmó el no desahogo de las testimoniales de José David Oropeza Estrada y Tania Berenice Oropeza Estrada dentro de la causa penal ********************, en la etapa a juicio oral. En cuya causa el quejoso Alfredo Pérez Flores es víctima indirecta al ser padre de la persona privada de la vida Luis Alfredo Pérez Ruiz, pues dicha causa se instruye por la posible comisión del delito de homicidio calificado en contra de Federico Vieyra García, resolución que se reclama respecto a la determinación hecha por el Juez de Control en relación al recurso revocación que confirmó el no desahogo de las testimoniales de José David Oropeza Estrada y Tania Berenice Oropeza Estrada dentro de la causa penal citada. En ese sentido, del análisis integral de la demanda, escrito aclaratorio y artículos invocados, se considera que el libelo generador del expediente en que se actúa, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 171, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, se considera de esa forma si se tiene en cuenta que en la especie, el acto reclamado que se hace consistir en la sentencia emitida el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el hoy quejoso contra la determinación de veintiséis de octubre del año en curso, por la cual el juez responsable confirmó el no desahogo de las testimoniales de José David Oropeza Estrada y Tania Berenice Oropeza Estrada dentro de la causa penal ********************, en la etapa a juicio oral, no es de aquellos que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos, sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales podrían ser susceptibles de combatirse como parte de las violaciones procesales cuando se dicte sentencia. En efecto, el acto reclamado no es susceptible de combatirse mediante este juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que únicamente constituye una actuación que, en opinión de quien esto provee, será impugnable en amparo cuando se reclame la sentencia. Lo anterior es así, ya que de considerar la procedencia del juicio biinstancial en contra violaciones procesales como la que ahora se hace valer, daría lugar a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto. Por lo tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 173 Apartado B, fracciones X, XVI y XVII, todos de la Ley de Amparo. Máxime si se toma en consideración que la parte promovente bajo protesta de decir verdad, manifestó que en la causa penal de origen el quejoso Alfredo Pérez Flores es víctima indirecta al ser padre de la persona privada de la vida Luis Alfredo Pérez Ruiz, pues dicha causa se instruye por la posible comisión del delito de homicidio calificado en contra de Federico Vieyra García, por lo que no se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos; asimismo, la confirmación de acuerdo que determinó no desahogar las pruebas testimoniales en comento, tampoco implica una carga injustificada a la víctima indirecta, de ejecución inmediata que trastoque derechos sustantivos, de modo tal que la afectación reclamada no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable a sus pretensiones. Por contener razonamientos afines, se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: Época: Octava Época Registro: 216267 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 65, Mayo de 1993 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/258 Página: 53 "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Asimismo cobra aplicación el siguiente criterio: Registro digital: 2023906 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 23/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente". También resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Los anteriores criterios se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta asesor privado de la víctima directa ********************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia de la causa penal ********************. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintidós. PRETENDE CUMPLIR REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el escrito de cuenta aparentemente signado por el promovente Erik Francisco Valencia Mendoza, quien se ostenta asesor jurídico de la víctima directa Alfredo Pérez Flores, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de siete de noviembre del año actual; sin embargo, de dicho ocurso se advierte que la firma que lo calza difiere notablemente a simple vista con la que obra estampada en el escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase al ocursante Erik Francisco Valencia Mendoza, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este proveído, comparezca ante el personal de este juzgado en hora y día hábil, con identificación oficial para que manifieste si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito de cuenta y si reconoce como suya la firma que lo calza; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso con el que se da cuenta. Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: Tesis: 3a. 24 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207437 Tercera Sala Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Página 385 Jurisprudencia (Común) "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". El criterio jurisprudencial que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su escrito de demanda de amparo. Por otra parte, no ha lugar a realizar las notificaciones en el correo electrónico que proporciona, toda vez que las notificaciones de carácter personal, se realizarán como se asentó en el párrafo precedente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, con lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintidós. SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE A REVISIÓN. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer el quejoso Melesio Mier Verduzco, en contra de la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil veintidós, así como que la totalidad de las partes dentro del presente expediente, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata; en consecuencia, mediante atento oficio, se ordena remitir el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, y un cuaderno de pruebas, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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