Alfredo Roman Sanchez
Expediente 1106/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1106/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/11/2019
Partes del expediente
- Alfredo Roman Sanchez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, once de noviembre de dos mil diecinueve. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal; que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Juicio de amparo. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el mismo. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de documentos. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se obtiene que el quejoso allegó diversas pruebas documentales, mismas que se consideran innecesarias conservar, debido a que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase la devolución al quejoso de los documentos que presentó anexos a su escrito de demanda y que obran a fojas 11 a 23 de autos; por tanto, requiérasele para que en el plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichos documentos, apercibido que de no hacerlo, correrán la misma suerte que el expediente en que se actúa; ello con apego en lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese; personalmente al quejoso.
- Principal
Desistimiento. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta por medio del cual el quejoso Alfredo Román Sánchez manifiesta que es su deseo desistirse del presente juicio de amparo. Requerimiento. Por lo tanto, se le requiere para que dentro del término de tres días, legalmente computado, se presente ante este Juzgado, en día y hora hábil para el efecto de que ratifique el escrito que se atiende. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo así, se continuará el trámite del presente asunto, en los términos indicados en el escrito inicial de demanda. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página: 295, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". [Énfasis añadido]. Y, la diversa jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 32, Julio 2016, Tomo I, página 462, con número de registro 2012059, que a continuación se transcribe: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Devolución de documentos. Respecto a la devolución de los documentos originales que solicita, dígasele que una vez que ratifique su escrito, se acordará lo que en derecho corresponda.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Pruebas documentales. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las documentales que anexa a su informe; así como la instrumental de actuaciones; mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer su relación en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. Se tiene a la autoridad responsable de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, designando como delegados a las personas que menciona y como domicilio para recibir notificaciones el que se indica. Causal de improcedencia y sobreseimiento. Téngase a la responsable informando que a su consideración se actualiza la causa de improcedencia y sobreseimiento que indica en su oficio de cuenta, de lo que se toma nota y se considerará al momento de dictar la sentencia correspondiente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1106/2019-VIII. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Alfredo Román Sánchez, por propio derecho, contra la autoridad y los actos señalados en la misma. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión en virtud de que la parte quejosa no lo solicitó expresamente. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, solicítese a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclaman; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora, no obstante se le reclama una omisión, para el caso de que esa negativa haya sido expresa, requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para arribar a tal conclusión, en el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Asimismo, dígasele que en caso de incumplimiento a lo ordenado en párrafos que anteceden, se le impondrá en la audiencia constitucional una multa de cien unidades de medida y actualización; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, en caso de que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo la parte quejosa de probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte promovente. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa que no cuenta con dicho registro, como se advierte de las constancias que se glosan en autos, así como a las personas precisadas para tal efecto. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, esta juzgadora se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5° de la Ley de Amparo. Pruebas. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las pruebas ofrecidas en el escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estados de este Juzgado de Distrito. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitro de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones.
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