Alfredo Peña Jimenez
Expediente 696/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/01/2023
Partes del expediente
- Alfredo Peña Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de enero de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado el siete de diciembre de dos mil veintidós, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuses obrantes en autos tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de diciembre de dos mil veintidós. Admisión de prueba. Agréguese a los autos la misiva con número de registro 17571 que remite la autoridad responsable, y dígasele que respecto al disco compacto debidamente certificado, téngase por ofrecido, admitido y desahogado dada su propia y especial naturaleza, sin necesidad de desahogar diligencia para su reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de objeto. Por tanto, a fin de evitar el daño del disco compacto, guárdese en la secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse de ellos, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Estado de autos. Ahora, del estado que guardan los autos, específicamente del informe justificado rendido por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, marcado con folio 16567, se advierte que manifestó que no es cierto el acto reclamado, debido a que en el cuaderno de ejecución 526/2018, le dio trámite a la petición del quejoso, y fijó las diez horas del uno de diciembre de dos mil veintidós, para resolver esa petición. Asimismo, del informe que hoy se agrega se advierte que la autoridad responsable exhibió disco compacto el cual contiene la celebración de la audiencia pública de uno de diciembre de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de ejecución 526/2018, donde resolvió declarar infundado el incidente de aplicabilidad de la ley promovido por la defensa del aquí quejoso, misma que le fue notificada en esa diligencia. En atención a lo anterior, y tomando en cuenta que las causales de improcedencia, al ser un presupuesto procesal de orden público, deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio; por lo que, la suscrita estima que en el presente juicio deviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis número II.1o.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se impone realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En primer término, conviene destacar que el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en comento, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por su parte, la fracción V, del artículo 63, sitúa lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Del texto de los artículos reproducidos, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho constitucional. En ese tenor, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo o bien, en otras palabras, cuando lo revoca, deroga o lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Por ello, se precisa que para que sea aplicable esta causal de improcedencia, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad, apareciendo una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido; de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado, lo que en el caso ocurrió, como se expondrá enseguida. Acto reclamado. En el caso concreto, se obtiene que la parte quejosa Alfredo Peña Jiménez reclama del Juez de Control Especializada en Ejecución del Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, la omisión de darle seguimiento a la petición relativa a la solicitud del beneficio de la remisión parcial de la pena. Así, respecto de ello, la autoridad responsable en cita al momento de rendir su informe justificado manifestó que el acto no era cierto, porque, contrario a lo alegado por la parte quejosa, le dio trámite a la petición del quejoso dentro del cuaderno de ejecución 526/2018 y fijó las diez horas del uno de diciembre de dos mil veintidós, para resolver sobre su petición. Asimismo, la autoridad responsable remitió un disco compacto donde demostró que, en audiencia pública de uno de diciembre de dos mil veintidós, resolvió infundado el incidente de aplicabilidad de la ley promovido por la defensa del aquí quejoso, misma que le fue notificada en esa diligencia. Por consiguiente, aunque no se hizo el pronunciamiento específico sobre el beneficio solicitado (remisión parcial de la pena), en la audiencia de uno de diciembre de dos mil veintidós si se atendió al escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintidós, puesto que, la jueza de control previo a proveer sobre la procedencia del referido beneficio, calificó si la norma que lo contempla (Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja California) resultaba aplicable al caso concreto, lo que no aconteció, razón por la que no era procedente continuar con el análisis del beneficio solicitado. Esto es, sí se atendió la petición del quejoso; sin embargo, la resolución no se dictó en los términos planteados por el promovente, hoy quejoso, por lo que en contra de esa determinación interpuso recurso de apelación. Consecuentemente, al haber quedado plenamente demostrado en autos la cesación de los efectos del acto que se reclamó, no es dable analizar jurídicamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, ya que a la fecha ya no está surtiendo sus efectos, puesto que la parte quejosa reclamó la omisión por parte de la autoridad responsable de darle seguimiento a su petición relativa al beneficio del quantum de la prisión preventiva, sin embargo, dicha responsable demostró ante este órgano jurisdiccional que dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, y que le resolvió sobre el beneficio en cuestión, además de que ésta le fue notificada. Por ende, como se dijo, ha sobrevenido durante la tramitación del presente juicio de amparo, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia en comento, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustentan la anterior determinación, las jurisprudencias números 2a./J 59/99 y 2a./J. 9/98, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Sin que sea óbice que en este momento se sobresea en el presente juicio, pues no se requiere esperar hasta la audiencia constitucional debido a que, como se indicó, sobrevino una causa de improcedencia notoria y manifiesta, que con ningún elemento de prueba se desvirtuaría, máxime que la propia parte quejosa hizo patente el motivo de sobreseimiento en el juicio. En apoyo, se cita la jurisprudencia número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio que remite la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, mediante el cual informa que en el cuaderno de ejecución ********************, el uno de diciembre de la presente anualidad, determinó infundado el incidente de aplicabilidad de la ley promovido por el quejosos y su defensa; asimismo, informa que tuvo al aquí quejoso interponiendo recurso de apelación en contra de dicha determinación. Finalmente, se estará en espera del audio y video de la audiencia de uno de diciembre de dos mil veintidós, a fin de proveer lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Certificación. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra pendiente la notificación personal al quejoso de los proveídos de diez y quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante los cuales respectivamente se le dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial de Baja California con sede en Tecate. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.
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