Alfredo Reyes Ramirez

Expediente 1083/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1083/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana
  • Alfredo Reyes Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    hago constar que fundamento en lo dispuesto en los artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno a la parte quejosa Alfredo Reyes Ramírez, en el juicio de amparo 1083/2019-II, por medio de lista de estrados, mismo que en síntesis dice:"Tijuana, Baja California, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Certificación. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la vista otorgada en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Antecedentes. El once de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Alfredo Reyes Ramírez, para el efecto que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En cumplimiento a lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión otorgada; por tanto, la Jueza Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, deberá: 1. Dejar insubsistente el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de perdida de patria potestad número 775/2017, y sus consecuencias legales y emitir otro en el que, dejando intocado todo aquello que no fue materia de la concesión determine y ordene las medidas necesarias y pertinentes para la protección de la menor K.M.R.L., durante el tiempo que el quejoso deba cumplir con la orden de arresto. La protección constitucional otorgada se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Secretario de Seguridad Pública Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, en atención a la consecuencia lógica y directa de las actuaciones que deberá efectuar la juez responsable con motivo de este fallo protector." Por auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha sentencia de amparo y se requirió a las responsables por su cumplimiento; posteriormente, mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con el oficio y anexo 361/2021, que remitió la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en el que remitió copia certificada del auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno. En dicho auto, dejó sin efectos el diverso de seis de septiembre de dos mil diecinueve, y dictó otro en el que hizo efectivo el apercibimiento formulado en auto de seis de agosto de dos mil diecinueve e impuso la medida de apremio consistente en arresto por treinta y seis horas, al aquí quejoso, por lo que ordenó que previo a cumplimentar la orden de arresto, se llevaran a cabo dos medidas en relación a la menor de edad K.M.R.L.. Documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: Primero. El tres de febrero de dos mil veintiuno, la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar, por oficio registrado localmente con el número 852, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, y emitió otro en el que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de agosto de dos mil diecinueve e impuso la medida de apremio consistente en arresto por treinta y seis horas, al aquí quejoso, por lo que previo a cumplimentar la orden de arresto decretó dos medidas en relación a la menor de edad K.M.R.L.. La primera, en el supuesto -dijo- de que al momento de cumplimentar la orden de arresto a Alfredo Reyes Ramírez, fuera acompañado de la menor de edad K.M.R.L., deberá solicitarse al aquí quejoso proporcione el nombre, domicilio y número telefónico de una persona de su confianza con quien dejar a dicha menor de edad durante el arresto, hecho lo anterior se trasladaran a dicho domicilio y en caso de encontrar a la persona propuesta, se le preguntara si accede a lo encomendado por Alfredo Reyes Ramírez, se le recabaran copia de la identificación y su firma que expresará su conformidad de cuidar a la menor de edad dejándola a su cuidado mientras se cumplimenta el arresto. En caso de que la persona propuesta no acepte el cuidado de la infante, procederán a trasladarla para su ingreso en el albergue dependiente de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en esta ciudad, para que sea ingresada de manera provisional y temporal quedando a disposición de esa autoridad judicial, y quedará resguardada en dicha institución social, sólo durante el tiempo en que su progenitor se encuentre privado de su libertad en cumplimiento a la medida de apremio consistente en la orden de arresto por treinta y seis horas. En el segundo supuesto, si al momento de cumplimentar la orden de arresto dictada en contra de Alfredo Reyes Ramírez, este no se encuentre acompañado de la menor K.M.R.L., procederán a solicitarle que proporcione el domicilio donde se encuentra ubicada la infanta de mérito, y para que diga el nombre, domicilio y número telefónico de una persona de su confianza con quien va a dejar dicha menor de edad durante el arresto, hecho lo anterior se trasladaran a dicho domicilio y en caso de encontrar a la persona propuesta, se le preguntara si accede a lo encomendado por Alfredo Reyes Ramírez, se le recabaran copia de la identificación y su firma que expresará su conformidad de cuidar a la menor de edad dejándola a su cuidado mientras se cumplimenta el arresto. En caso de que la persona propuesta no acepte el cuidado de la infante, procederán a trasladarla para su ingreso en el albergue dependiente de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en esta ciudad, para que sea ingresada de manera provisional y temporal quedando a disposición de esa autoridad judicial, y quedará resguardada en dicha institución social, sólo durante el tiempo en que su progenitor se encuentre privado de su libertad en cumplimiento a la medida de apremio consistente en la orden de arresto por treinta y seis horas. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó a la menor quejosa en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que en su perjuicio se estimaron transgredidos, ya que la autoridad responsable ordenó las medidas necesarias y que se estiman pertinentes para la protección de la menor K.M.R.L., durante el tiempo que el quejoso deba cumplir con la orden de arresto que le fue impuesta, ya sea que la menor se encuentre presente o no, así como para el caso de que la persona propuesta para dejarla a su cuidado acepte o no, lo que le fue encomendado. Por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Lo antes determinado se efectúa sin soslayar que las partes, en caso de tener inconformidad con lo resuelto por este órgano jurisdiccional, pueden optar por interponer los medios de defensa que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse por un lado sobreseído, y por otro concedido la protección respecto del acto reclamado, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando las constancias relativas a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente."

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Certificación. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la vista otorgada en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Antecedentes. El once de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Alfredo Reyes Ramírez, para el efecto que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En cumplimiento a lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión otorgada; por tanto, la Jueza Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, deberá: 1. Dejar insubsistente el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de perdida de patria potestad número 775/2017, y sus consecuencias legales y emitir otro en el que, dejando intocado todo aquello que no fue materia de la concesión determine y ordene las medidas necesarias y pertinentes para la protección de la menor K.M.R.L., durante el tiempo que el quejoso deba cumplir con la orden de arresto. La protección constitucional otorgada se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Secretario de Seguridad Pública Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, en atención a la consecuencia lógica y directa de las actuaciones que deberá efectuar la juez responsable con motivo de este fallo protector." Por auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha sentencia de amparo y se requirió a las responsables por su cumplimiento; posteriormente, mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con el oficio y anexo 361/2021, que remitió la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en el que remitió copia certificada del auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno. En dicho auto, dejó sin efectos el diverso de seis de septiembre de dos mil diecinueve, y dictó otro en el que hizo efectivo el apercibimiento formulado en auto de seis de agosto de dos mil diecinueve e impuso la medida de apremio consistente en arresto por treinta y seis horas, al aquí quejoso, por lo que ordenó que previo a cumplimentar la orden de arresto, se llevaran a cabo dos medidas en relación a la menor de edad K.M.R.L.. Documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: Primero. El tres de febrero de dos mil veintiuno, la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar, por oficio registrado localmente con el número 852, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, y emitió otro en el que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de agosto de dos mil diecinueve e impuso la medida de apremio consistente en arresto por treinta y seis horas, al aquí quejoso, por lo que previo a cumplimentar la orden de arresto decretó dos medidas en relación a la menor de edad K.M.R.L.. La primera, en el supuesto -dijo- de que al momento de cumplimentar la orden de arresto a Alfredo Reyes Ramírez, fuera acompañado de la menor de edad K.M.R.L., deberá solicitarse al aquí quejoso proporcione el nombre, domicilio y número telefónico de una persona de su confianza con quien dejar a dicha menor de edad durante el arresto, hecho lo anterior se trasladaran a dicho domicilio y en caso de encontrar a la persona propuesta, se le preguntara si accede a lo encomendado por Alfredo Reyes Ramírez, se le recabaran copia de la identificación y su firma que expresará su conformidad de cuidar a la menor de edad dejándola a su cuidado mientras se cumplimenta el arresto. En caso de que la persona propuesta no acepte el cuidado de la infante, procederán a trasladarla para su ingreso en el albergue dependiente de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en esta ciudad, para que sea ingresada de manera provisional y temporal quedando a disposición de esa autoridad judicial, y quedará resguardada en dicha institución social, sólo durante el tiempo en que su progenitor se encuentre privado de su libertad en cumplimiento a la medida de apremio consistente en la orden de arresto por treinta y seis horas. En el segundo supuesto, si al momento de cumplimentar la orden de arresto dictada en contra de Alfredo Reyes Ramírez, este no se encuentre acompañado de la menor K.M.R.L., procederán a solicitarle que proporcione el domicilio donde se encuentra ubicada la infanta de mérito, y para que diga el nombre, domicilio y número telefónico de una persona de su confianza con quien va a dejar dicha menor de edad durante el arresto, hecho lo anterior se trasladaran a dicho domicilio y en caso de encontrar a la persona propuesta, se le preguntara si accede a lo encomendado por Alfredo Reyes Ramírez, se le recabaran copia de la identificación y su firma que expresará su conformidad de cuidar a la menor de edad dejándola a su cuidado mientras se cumplimenta el arresto. En caso de que la persona propuesta no acepte el cuidado de la infante, procederán a trasladarla para su ingreso en el albergue dependiente de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en esta ciudad, para que sea ingresada de manera provisional y temporal quedando a disposición de esa autoridad judicial, y quedará resguardada en dicha institución social, sólo durante el tiempo en que su progenitor se encuentre privado de su libertad en cumplimiento a la medida de apremio consistente en la orden de arresto por treinta y seis horas. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó a la menor quejosa en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que en su perjuicio se estimaron transgredidos, ya que la autoridad responsable ordenó las medidas necesarias y que se estiman pertinentes para la protección de la menor K.M.R.L., durante el tiempo que el quejoso deba cumplir con la orden de arresto que le fue impuesta, ya sea que la menor se encuentre presente o no, así como para el caso de que la persona propuesta para dejarla a su cuidado acepte o no, lo que le fue encomendado. Por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Lo antes determinado se efectúa sin soslayar que las partes, en caso de tener inconformidad con lo resuelto por este órgano jurisdiccional, pueden optar por interponer los medios de defensa que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse por un lado sobreseído, y por otro concedido la protección respecto del acto reclamado, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando las constancias relativas a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, el procedimiento se encontraba pausado; ello, dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, lo que implica una reanudación de los que quedaron pausados y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Gestiones de cumplimiento. En tal virtud, agréguese a los presentes autos el oficio y anexo que remite el Titular de Departamento Jurídico adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante el cual se le tiene informando las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo; de igual forma, refiere que la denominación correcta de dicha autoridad lo es Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, lo cual será tomado en consideración para futuras notificaciones. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngase al compareciente informando los actos tendientes a dar cumplimiento al fallo protector, por lo que hace a su competencia. Delegados. Por otra parte, con fundamento el artículo 9 de la ley de Amparo, se tiene al oficiante designando como delegados a las personas que cita en su informe. Notificación a las partes. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse a las partes mediante lista, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a las autoridades responsables deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Así también, se apoya lo anterior en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente se colocarán en un espacio de fácil acceso al edificio para quienes acudan sin contar con una cita; aunado a la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese.

  4. Principal

    Autoridad informa gestiones de cumplimiento.

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