Alfredo Hernández López
Expediente 938/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfredo Hernández López
- Juez Segundo de primera Instancia en Materia Civil en Zamora, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en la que SE SOBRESEYO el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Alfredo Hernández López en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvase al Juez responsable copias certificadas del juicio ordinario oral familiar número 348/2018, documental que remitió como sustento de su informe justificado, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 938/2018 promovido por Alfredo Hernández López contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Reiniciada que fue la audiencia, se continúa con la misma. EL SECRETARIO: Hace constar que el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se inició la audiencia constitucional correspondiente a este juicio, suspendiéndose la misma por la objeción de falsedad planteada por la parte tercero interesada y ordenándose el desahogo del correspondiente medio de prueba pericial en grafoscopía únicamente por el perito oficial, dado que la tercero interesada oferente de esa prueba manifestó conformidad con su dictamen, mientras que las demás partes incluida la quejosa no designaron perito alguno, por lo que en acuerdo de once de julio pasado, se les tuvo por pedido tal derecho. Por oficio presentado el treinta de julio de este año, el perito oficial manifestó que era necesaria la toma de muestras caligráficas del quejoso, por lo que en proveídos de treinta y uno de julio, nueve y veintiocho de agoto, cinco y veinticinco de septiembre del año en curso, se fijaron fecha y hora para el desahogo de la respectiva diligencia, sin que el quejoso se hubiera presentado en ninguna de las fechas señaladas para tal diligencia en los aludidos proveídos, no obstante de haber sido notificado de ello con la debida oportunidad. Debido al incumplimiento en que incurrió la parte quejosa, el diecisiete del mes y año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento formulado al quejoso, esto es, se determinó que el quejoso no reconoce como suyas las firmas que calzan tanto la demanda como el diverso escrito presentado el quince de noviembre del año anterior, con las consecuencias legales que ello implica. EL JUEZ: Se cierra la etapa de pruebas y contrapruebas relativas a la objeción planteada y se pasa al periodo de alegatos. EL SECRETARIO: Hago constar que fueron formulados por el representante especial de los menores terceros interesados, mediante escrito presentado el uno de febrero del año en curso. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto IV-943/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Alfredo Hernández López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, a quienes reclamó la determinación judicial que precisó en su demanda y su ejecución. Actos que el quejoso consideró violatorios en su perjuicio de los derechos humanos reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la demanda de amparo en mención, fue turnada a este órgano jurisdiccional, registrándose la misma con el número de expediente IV-938/2018; asimismo, por auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, acta que se inició a las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de mayo de dos mil dieciocho y se suspendió en la misma fecha, en razón de la admisión del incidente de objeción de documentos, por lo que una vez agotado su trámite, se reanudó la audiencia al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse actos que tienen ejecución material, suerte que el conocimiento del asunto se determina a prevención. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, el acto reclamado por el quejoso es el siguiente: Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, el auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 348/018 de su índice, mediante el cual no admite incidente de reducción de pensión alimenticia. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En este caso, se advierte la actualización de una causa de improcedencia, la cual debe ser previamente examinada por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. "El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." La actualización de la causa de improcedencia referida obedece a que, la tercera interesada María de Jesús López López, mediante escrito presentado el treinta y uno de enero del año en curso, entre otras cuestiones, promovió incidente de objeción de documentos respecto de la demanda generadora de este juicio de control constitucional y el diverso escrito presentado el quince de noviembre del año pasado, por el cual el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado, ofreciendo como prueba de su parte, entre otras, la pericial en grafoscopía. Consecuencia de ello, por auto de uno de febrero de este año, se tuvo por promovida dicha incidencia reservándose de iniciar el trámite correspondiente una vez celebrada la correspondiente audiencia constitucional. Actualizada que fue la fecha de la audiencia constitucional el veintisiete de mayo anterior, se suspendió la misma, además de admitirse la prueba pericial en grafoscopía, se ordenó requerir a las partes la designación de sus peritos otorgándoseles un plazo para ello, mismo que al vencer sin designar a experto alguno, por acuerdo de once de junio de este año, se les tuvo perdiendo ese derecho, salvo a la parte oferente de la prueba, quien al momento de su ofrecimiento manifestó estar conforme con el dictamen en que en su caso emitiera el perito oficial. Posteriormente, en diligencia de dieciocho de junio pasado, se tuvo al perito oficial aceptando y protestando el cargo conferido; sin embargo, por considerarlo necesario para emitir su dictamen pericial, solicitó la toma de muestras caligráficas del quejoso, por lo que en proveído de treinta y uno de julio del año en curso, se señalaron la doce horas con veinte minutos del quince de agosto del presente año, para el desahogo de la diligencia respectiva, la cual no fue posible verificar en por motivos que laborales del perito oficial, por lo cual en proveído de nueve de ese mismo mes, se fijaron las doce horas con veinte minutos del veintiocho de agosto del presente año, siendo debida y oportunamente notificados tanto el perito oficial como el quejoso. No obstante, como se desprende de la certificación secretarial de veintiocho de agosto pasado (foja 151), el quejoso, no compareció para el desahogo de la toma caligráfica; por lo cual, en auto de esa misma fecha se señalaron las doce horas con veinte minutos del dieciocho de septiembre anterior, la cual nuevamente por motivos inherentes al perito no podría efectuarse, de manera que en auto de cinco de ese mes, se fijaron las doce horas con treinta minutos del veinticuatro de septiembre pasado, auto del cual también fueron debidamente notificados tanto el aludido perito como el quejoso, sin que de igual forma hubiera comparecido el amparista como se constata de la certificación respectiva (foja 169). Finalmente, ante la no asistencia del quejoso, en acuerdo de veinticinco de septiembre del presente año, se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de octubre del año en curso, para la referida toma de muestras caligráficas, con el apercibimiento que, de no comparecer en la hora y fecha indicada, se entendería que no reconoce como suyas las firmas que calzan tanto la demanda como el escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho. Notificados que fueron de esa determinación tanto el perito oficial como el quejoso y una vez actualizada la fecha, tampoco se presentó el amparista, como se hizo constar por la secretaria de este juzgado el dieciséis del mes y año en curso. Ante el incumplimiento en que incurrió el amparista, en proveído de diecisiete de octubre del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento formulado al quejoso, esto es, se determinó que el quejoso no reconoce como suyas las firmas que calzan tanto la demanda como el diverso escrito presentado el quince de noviembre del año anterior, con las consecuencias legales que ello implicaban. Con base en lo hasta aquí expuesto, si bien la prueba pericial en materia caligráfica o grafoscópica no obliga al juzgador a resolver en el sentido que refieren los dictámenes, sí constituye un medio para ilustrar su criterio; de manera que al no haberse podido desahogar por la inasistencia del quejoso, ello motivó que se estableciera que no era su deseo ratificar la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito presentado el quince de noviembre del año anterior; y, por ende, permite definir que la firma de ambos escritos, no corresponde al puño y letra del aquí quejoso Alfredo Hernández López. De ahí que, como se adelantó, debe sobreseerse en el juicio constitucional, al quedar evidenciado que la firma plasmada principalmente en el escrito inicial de demanda no proviene del mismo y común origen gráfico de las firmas auténticas del quejoso Alfredo Hernández López, lo cual equivale a la ausencia de firma de la parte interesada en dicho ocurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo. (Época: Décima Época; Registro: 2001096; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro X, Julio de 2012, Tomo 3; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o.C. J/5 (10a.); Página: 1594). En consecuencia, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo, lo cual impide a este órgano de control constitucional realizar el estudio de los conceptos de violación. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Época: Séptima Época; Registro: 394465; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación; Materia(s): Común; Tesis: 509; Página: 335). Sin que en el caso, resulte aplicable el contenido del numeral 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 64. [.] Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." Lo anterior, toda vez que dicho supuesto se refiere de manera específica a las causas de improcedencia analizadas de oficio por un órgano jurisdiccional de segunda instancia en materia de amparo, sin que hayan sido estudiadas en primera instancia. Es aplicable, en su parte conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional del País, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." (Época: Décima Época; Registro: 2008790; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 5/2015 (10a.); Página: 8). Finalmente, cabe precisar que los criterios invocados en este fallo -anteriores a la Décima Época- resultan aplicables, en razón del artículo Sexto Transitorio de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la segunda sección del Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, que señala: ".Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alfredo Hernández López, respecto del acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. INCOMPARECENCIA, SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veinticinco de septiembre pasado, se fijaron las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, para el desahogo de la diligencia relativa a la toma de muestra caligráfica respecto del quejoso Alfonso Hernández López, sin que hubiese comparecido, como lo asentó la secretaria de este juzgado en la certificación de cuenta. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de septiembre pasado, esto es, se entiende que el quejoso no reconoce como suyas las firmas que calzan tanto el libelo generador de este juicio, así como el diverso escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho, con las consecuencias legales que ello implica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de veinticinco de septiembre del año en curso, se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de octubre próximo, para el desahogo de las tomas de muestras caligráficas respecto del quejoso ********************, en relación con la prueba pericial admitida en autos. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy FeRcl
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