Alfredo Lopez Alexander
Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/08/2021
Partes del expediente
- Alfredo Lopez Alexander
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en la cual se sobreseyó y negó el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo décimo octavo, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en veintiuno de junio de dos mil veintiuno se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y en resolución de veintiocho de junio del mismo año, se negó y concedió la suspensión definitiva; el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo vigésimo fracción II, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las doce horas del veintiséis de julio de dos mil veintiuno, Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes, ni representante legítimo de ellas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 444/2021-D, sin la comparecencia de las partes. Conviene señalar que acorde con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, resulta innecesario que la presente audiencia constitucional se desahogue por videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, y máxime que como se expondrá, para analizar el presente asunto habrá de tomarse en cuenta las manifestaciones vertidas por las partes, el análisis -en su caso- de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos y considerar el acto reclamado en forma valorada y concreta; siendo el caso que, con independencia de ello, las partes se encontraban en posibilidad de comparecer por escrito. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo; c) constancia de notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y d) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Luego, el Secretario certifica y hace constar que la autoridad responsable Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-3 en Tijuana, Baja California, no obstante de que fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificadas del auto por el que se le requirió dicho informe. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, el Juez declara abierto el periodo probatorio en el que se hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba. Por lo que se declara cerrado este periodo. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos; por tanto, se declara cerrado este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 444/2021-D promovido por Alfredo López Alexander, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del partido Judicial de Tijuana, Baja California y otras autoridades; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Alfredo López Alexander, por propio derecho, promovió la demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-2 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-3 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-4 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-5 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-6 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-1 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-2 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-3 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-4 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-5 en Tijuana, Baja California, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-6 en Tijuana, Baja California, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Comandante y/o Encargado Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en Baja California, con residencia en esta ciudad, Comandante Encargado de la Segunda Zona Militar Tijuana, Baja California, Comandante con sede en Tijuana de la Agencia Estatal de Investigación de la GESI Tijuana, Baja California, Jefe de Grupo de Aprehensiones Zona Tijuana, y Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados "A) La ilegal de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. B) De la autoridad señalada C. Fiscales Ejecutivos y/o Agentes del Ministerio Público de la Federación titulares de las diversas células; además del acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 444/2021-D, admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional. Cuarto. En proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, se decretó la inexistencia de la autoridad responsable ahí precisada y, se suspendió toda comunicación con dicha autoridad; motivo por el cual la sentencia que se dicte en el presente asunto no se ocupará de los actos atribuidos a ella; asimismo, las autoridades responsables al rendir su informe con justificación aclararon sus denominaciones correctas. Quinto. Mediante Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; y, en su artículo 1°, se estableció como nueva fecha límite para reanudación total de las actividades jurisdiccionales el treinta de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, mediante diverso Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021, a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y los informes justificados, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: La orden privativa de libertad girada en contra del quejoso y su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-2 Tijuana Estado de Baja California. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-4 Tijuana Estado de Baja California. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-5 en el Estado, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Célula I-6 Tijuana en el Estado de Baja California. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-1 Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-2 Tijuana Estado de Baja California. Agente del Ministerio Público de la Federación del Titular de la Célula II-3 Estado de Baja California. Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Célula II-4 en Tijuana, Baja California. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-5 Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-6 en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Comandante de la Segunda Zona Militar, con residencia en esta ciudad. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana. Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana; y, Delegado Estatal en Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. Ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Lo anterior es así ya que, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. De ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad de éste. Entonces, al no estar demostrado que con motivo de los hechos que relata la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, las autoridades responsables de que se trata hayan ordenado la ejecución de las ordenes privativas de libertad de las que se duele, es inconcuso que no son ciertos los aludidos actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la presente determinación, la tesis de jurisprudencia: 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Página: 5, con número de registro 196072 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fec-ha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Asimismo, sirve de apoyo por los motivos que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, Julio de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Cuarto. Por otra parte, se presumen ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-3 en Tijuana, Baja California, toda vez que fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificada del auto por el que se le requirió dicho informe. Quinto. Análisis de causas de improcedencia. Las causales de improcedencia deben analizarse de manera preferente e incluso oficiosamente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En virtud de lo anterior, y dado que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito procederá a examinar la legalidad del acto reclamado y los conceptos de violación respectivos. Sexto. Estudio de fondo. En el caso, el acto cuya existencia se presume, no resulta inconstitucional en sí mismo, por lo que el quejoso tenía la carga de demostrar que tal orden se dictó al margen del procedimiento legalmente establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que hayan cumplido con dicho extremo. En efecto, el artículo 117 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero, segundo y cuarto, dispone: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de esta Ley". De la porción normativa transcrita, se tiene que la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días más. También establece que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. De igual forma, prevé que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos y que, si no se rindió el informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, correspondiendo al quejoso acreditar la inconstitucionalidad del acto, por no ser inconstitucional o inconvencional en sí mismo. En ese tenor, se estima, que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, más no respecto de las circunstancias que lo rodean, ya que la porción normativa en estudio establece de manera clara que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la inconstitucionalidad de los actos. Entonces, al producirse la presunción prevista en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que el juzgador debe tener por cierto es el acto reclamado, más tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, al no existir precepto que así lo establezca. Debe señalarse, que un acto es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y las garantías previstas para su protección en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna, o a alguno de esos Tratados. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental o a los Tratados aplicables, entonces no es en sí mismo violatorio. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos y garantías no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Ley Fundamental o al respectivo Tratado surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como ejemplos de esto se pueden citar, la tortura, malos tratos o incomunicación, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de 36 horas, etcétera. Sería ilógico que ante un acto inconstitucional en sí mismo se recabaran pruebas, porque, con independencia de éstas, de cualquier manera, sería procedente conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. De ahí que, se reitera, el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de la materia, establece que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de derechos humanos y garantías; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, ya que, cuando los actos son violatorios de tales derechos y garantías en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5910, tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 49 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa, la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, es decir, no releva a dicha parte quejosa de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito no pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, no siendo correcto que se exprese "de los términos de la demanda, el acto reclamado resulta notoriamente violatorio de las garantías de la quejosa", pretendiendo fijar como hechos constitutivos del acto mismo las violaciones que se invocaron, porque dentro de este criterio, todos los actos reclamados resultarían violatorios de garantías, y lo que la ley requiere, es que el acto en sí, sea violatorio, como por ejemplo cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal". Establecido lo anterior, este juzgador estima que, si bien se tuvo por cierta la orden privativa de libertad emitida en contra del aquí quejoso (con motivo de la omisión de la autoridad responsable Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-3 en Tijuana, Baja California, de rendir su informe justificado), ésta no es un acto inconstitucional en sí mismo, por lo que correspondía a ésta aportar las pruebas conducentes para evidenciar su falta de regularidad constitucional. Es decir, aunque su certeza se presumió por la falta de informe justificado de la autoridad precisada con anterioridad, ésta sólo comprende el acto reclamado y no los demás aspectos que lo rodean, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable (ordenadora) para emitir la orden restrictiva de libertad, circunstancia que impone una carga al quejoso con la cual, en la especie, no cumplió. Ahora bien, si se parte de la premisa de que tal acto no es inconstitucional en sí mismo, pues el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las autoridades como lo son las responsables ordenadoras para emitir órdenes de tal naturaleza fundando y expresando los indicios que motivaron su proceder. Por tanto es indiscutible que en el evento de reclamarse por la vía del amparo indirecto un mandato de esa naturaleza, como la inconstitucionalidad de la misma dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya motivado el propio acto de autoridad, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo le correspondería a la parte quejosa probar esos motivos, datos o pruebas, y al no haber satisfecho el impetrante esa carga procesal, este Juzgador no se encuentra en posibilidad de analizar si tal acto reclamado es inconstitucional. Ello es así, pues la inconstitucionalidad de tal acto depende de que no se hubiesen colmado las formalidades previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, todas las personas gozan, entre otros, del derecho a la libertad personal que, en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Su ejercicio, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es absoluto, sino que puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En cuanto a su restricción, se ha sostenido que para la afectación a la libertad de una persona deben concurrir una serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de por escrito, debidamente fundada y motivada, emitida por autoridad competente. En el caso, entonces, si bien se tuvo como cierto el acto positivo consistente en la orden privativa de libertad emitida en contra del aquí quejoso, lo cierto es que éste no produce por sí mismo ninguna violación a sus derechos humanos o garantías de protección previstas en el parámetro de regularidad constitucional (constitución y tratados, así como su interpretación). Por tanto, dado que no aportó ninguna prueba para demostrar lo anterior, deben estimarse ineficaces en su conjunto sus conceptos de violación, toda vez que la parte quejosa debió demostrar que no se ajustó a las exigencias constitucionales para su dictado. Cabe agregar que, en la especie, no se actualizó la obligación oficiosa de este órgano judicial de amparo de recabar pruebas o actuaciones procesales prevista en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues ésta sólo opera cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y siempre que se estimen necesarias para la emisión de la sentencia constitucional. Sin embargo, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe, como en la especie, debe aplicarse el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual establece que corresponde la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, cuando no sean violatorios de derechos humanos en sí mismos. En consecuencia, debe negarse el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso en contra del acto que reclamó al Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-3 en Tijuana, Baja California, consistente en la orden privativa de libertad emitida en contra del aquí quejoso. Séptimo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 444/2021-D, promovido por Alfredo López Alexander, por propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y por las razones ahí expuestas. Segundo. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfredo López Alexander, por propio derecho, en contra del acto reclamado a la autoridad reclamada precisada en el considerando cuarto del presente fallo, por los motivos expuestos en el considerando sexto. Tercero. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, para que informara la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como "Fiscalía General de la República Tijuana, Baja California," sin que lo hubiera hecho, no obstante de estar notificado para ello. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintiocho de junio del año en curso, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por inexistente dicha utoridad, para los efectos legales a que haya lugar; debiéndose suspender toda comunicación con las mismas. Con lo anterior, provéase lo que a derecho corresponda dentro del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que dentro del expediente principal de donde deriva el presente incidente de suspensión, la autoridad responsable que la parte quejosa señaló como "Fiscalía General de la República Tijuana, Baja California," se declaró inexistente motivo por el cual se ordena suspender toda comunicación con la misma, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2./J 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: De igual forma, de la certificación secretarial se desprende que se únicamente se encuentra pendiente de resolver lo conducente respecto a la autoridad que la parte quejosa denominó como "Fiscalía General de la República Tijuana, Baja California," en tal virtud y tomando en consideración de que en esta fecha, se declaró como inexistente, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia incidental señalada las once horas con cinco minutos de esta data. Notifíquese.
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