Alfred Jaramillo Rivera

Expediente 345/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
345/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Alfred Jaramillo Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de junio de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja, dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo décimo quinto, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el quince de junio de dos mil veinticuatro. Se establece como fecha probable para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el quince de junio de dos mil veinticuatro. Finalmente, ya que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo de manera personal; y atendiendo a la situación actual de emergencia sanitaria, decretada por la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; razón por la cual se autoriza el uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Jazmín Itzel Mondragón Isais, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida aparentemente por Alfred Jaramillo Rivera, de propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial, en el partido judicial de Tecate, Baja California, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18 y 21 Constitucionales; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 345/2021-C. Desechamiento de la demanda. Ahora, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por los artículos 61, fracción XXIII, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107 fracción I, Constitucional, mismos que literalmente dicen: "Artículo 61: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º, de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; De lo anterior se desprende que el artículo 107 constitucional, en su fracción I, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte, los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita expresamente. En efecto, para promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe presentar por escrito su voluntad de excitar a los órganos jurisdiccionales encargados de llevar a cabo el control de constitucionalidad de los actos que señala como reclamados, bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica. Todo lo anterior, conduce a este órgano jurisdiccional a concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando no obra en el escrito de demanda la manifestación expresa del quejoso que permita advertir que es su voluntad promover la acción constitucional, en términos de los artículos 3 y 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. En ese contexto, del escrito de demanda se desprende una omisión en la formalidad que resulta indispensable para la tramitación del juicio que intenta entablar Alfred Jaramillo Rivera, contra la autoridad que señala como responsable, ya que el escrito de demanda fue presentado sin firma autógrafa por parte de quien presuntivamente presenta la demanda de amparo, pues ésta denota la voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa, que se rige por el principio de parte agraviada; y al no estar firmada por el directamente agraviado se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia P./J 38/2018 (10a), sustentada por el Tribunal Pleno, Décima Época, visible en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de dos mil diecinueve, con número de registro 2018943, que establece: Máxime, que en la demanda de amparo no se reclaman actos proscritos por los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales opera la excepción al principio de parte agraviada; pues en dicho caso, pudiera promover cualquier persona en representación del quejoso. Domicilio En virtud que el quejoso se encuentra privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que emanen de este asunto, se notifiquen personalmente al quejoso en ese centro penitenciario; y atendiendo a la situación actual de emergencia sanitaria, decretada por la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico En atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.

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