Alfonso Vargas Lugo
Expediente 398/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/07/2021
Partes del expediente
- Alfonso Vargas Lugo
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo relativa al presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda relativa al presente asunto, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso d), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; estableciéndose como fecha probable para tal efecto ocho de julio de dos mil veinticuatro. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Alfonso Vargas Lugo, contra actos del Secretario de la Reforma Agraria, con sede en Ciudad de México, por considerar que se vulneran en su perjuicio derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 398/2021-G. Prevención. Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, es obligación del juzgado de distrito examinar ante todo el escrito de demanda, y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, mandará prevenir a quien promueve para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. En ese sentido, es menester señalar que los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones I, II y V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; .." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.] V. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.]." Así pues, de la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación de este Juzgado examinar ante todo el escrito de demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Ahora bien, del escrito que se acuerda se advierten las siguientes irregularidades: Señaló como acto reclamado el siguiente:, "La omisión de emitir Título de Propiedad que ampare el predio identificado como LOTE 3-937 CAMINO VECINAL MARGARITAS 10300 JARDINES DE LA MESA PRESA RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CLAUSULA CATASTRAL WN-737-003-11, el cual tengo posesión hace más de dos décadas, no obstante que ya cumplió con todos y cada uno de los requisitos que exige el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en su capítulo respectivo, sin embargo por cuestiones que se ignoran la responsable no ha atendido mi solicitud de enajenación onerosa del inmueble declarado como Terreno Nacional." En el capítulo de antecedentes el promovente, bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: "Que el día 8 de mayo de 1992, el quejoso presento solicitud de enajenación onerosa del predio Nacional, conocido como "DE LA PRESA RODRIGUEZ DEL municipio de Tijuana, Baja California, ante la Secretaria de la Reforma Agraria, y no obstante a ello con fecha 30 de julio de 1994, actualice dicha solicitud a través de la Coordinadora Agraria en el Estado, atendiendo el derecho que asiste como posesionario del referido inmueble que tiene una superficie de 2-00-54 hectáreas, petición que se radicó bajo el expediente 508822 de la Secretaría de la Reforma Agraria. En consecuencia de mi solicitud se realizaron diversas acciones por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, como la inspección del inmueble de referencia, avalúo correspondiente entre otras cosas, hasta la etapa en que dicha secretaría de Estado, determinó la cuantía a pagar por el terreno nacional que tengo en posesión, cantidad que fue cubierta en tiempo y forma y demás requisitos que la misma Ley de la materia señala para tales efectos, concluyendo esa etapa por lo que se emitió opinión positiva de mi solicitud tal y como consta en el oficio 421181 de fecha 12 de agosto del 2009, signado por el Ing. Juan José Flores González, representante estatal de la Reforma Agraria en el Estado dirigido al Dr. Máximo Carbajal Contreras, Oficial Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria en ese entonces, sin embargo a transcurrido el tiempo en demasía y la Secretaría en mención no ha emitido el documento que acredite que el de la voz es propietario del predio que hace más de dos décadas tengo en posesión y hasta este momento no he obtenido respuesta favorable por parte de la multicitada Secretaría, no obstante que el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, obliga a tal Secretaría una vez cubierto el pago correspondiente este debe elaborar el Título de Propiedad respectivo, situación que al caso que nos ocupa no ha sucedido y es por ello que se acude a estas Instancias. Mediante oficio número 1005838 de la fecha 09 de febrero de 2000, signado por el director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, dirigido al Ing. Juan José Flores González, representante agrario estatal en Baja California, se le informa a este último que como resultado de la revisión practicada al expediente número 508822 relativo a mi solicitud de enajenación onerosa de terrenos nacionales, respecto al pago que realicé el día 29 de septiembre de 1995 por la cantidad de $_______________ pesos para cubrir el pago de una superficie de 2-00-54 hectáreas, y que derivado de un nuevo deslinde de fecha 31 de mayo de ____________, se constató que la superficie en posesión era de 2-00-54 hectáreas, habiéndose hecho el pago en efectivo en la orden de pago 427161 de noviembre de 1994 en la cuenta Banamex 2586-2 referencia 1005838 perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria (TONACOYDE) traslación de domicilio a la que estuvieron de acuerdo explícitamente las autoridades estatales y municipales, así como vecinos colindantes en posesión material irregular de terrenos nacionales. En consecuencia a mi escrito que hago mención de fecha de 11 noviembre de 2008, el Delegado Estatal de Baja California de la Secretaría de la Reforma Agraria, informó mediante oficio 2712, de fecha 13 de noviembre del mismo año, al Lic. Marco Aurelio Pedraza Venegas, Director General Adjunto de Regularización Propiedad Rural, el contenido de mi ocurso, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna a esta última actuación ante la Secretaría de la Reforma Agraria, por ello tiene lugar la presente demanda de garantías por la violación a mi derecho de petición consagrado en nuestra carta magna y demás que deriven de ella." De lo antes transcrito, se advierte que la parte quejosa no cumplió a cabalidad los requisitos previstos en las fracciones IV y V, del numeral 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, en relación con el 108 fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, de cumplimiento a lo siguiente: Precise de manera clara y precisa, sin adjetivos ni calificativos el acto que reclama a las autoridades responsables cada una de las autoridades señaladas como responsables es decir, si el acto reclamado consiste en: La omisión de emitir el título de propiedad del bien inmueble identificado como lote 3-937 camino vecinal Margaritas 10300 Jardines de la Mesa Presa Rodríguez municipio de Tijuana Baja California, con cláusula catastral WN-737-003-11; o La omisión de dar respuesta la petición formulada por escrito el once de noviembre de dos mil ocho; o, La paralización del trámite del expediente 508822, relativo a la adquisición del bien inmueble identificado como lote 3-937 camino vecinal Margaritas 10300 Jardines de la Mesa Presa Rodríguez municipio de Tijuana Baja California, con cláusula catastral WN-737-003-11. Deberá ampliar el capítulo de antecedentes del escrito de demanda, toda vez que del contenido de dicho capítulo hace referencia de manera vaga e imprecisa, a una abstención de continuar el trámite de su solicitud de compra del lote que menciona en tal capítulo, pero en el diverso capítulo de actos reclamados lo que precisa es la omisión de emitirle el título de propiedad respecto de dicho bien. Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee, asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. En la inteligencia, que la prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Agosto de 2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XXIV, correspondiente a la Novena Época, mes de julio de dos mil seis, visible a página trescientos cuarenta y ocho, misma que a la letra versa: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." En caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Requerimiento de copias. Asimismo, de conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia, se requiere a la parte promovente para que exhiba, en principio, tres copias más de su escrito aclaratorio, las cuales serán distribuidas de la siguiente forma: dos para correr traslado a cada una de las autoridades señaladas con el carácter de responsable y una más para dar la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; asimismo deberá exhibir cuatro copias del escrito aclaratorio por el cual subsane la prevención formulada en el presente proveído. Resulta aplicable al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la página 168, tomo V Segunda Parte-1, en el Semanario Judicial de la Federación en la Octava Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO, OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE EXHIBIR COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA." Apercibimiento. Se hace del conocimiento a la parte promovente que se incurre en responsabilidades penales al afirmar hechos falsos u omitir los que le consten con relación al juicio de amparo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 261 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, es aplicable, la tesis I.15o.A.28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Materia Común, Página 2613, con el rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales) dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese al justiciable que podrá generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Alfredo Chávez García, dado que la cédula profesional 2106262, que lo acredita como licenciado en Derecho, está registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 16, segundo párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese personalmente a Alfonso Vargas Lugo.
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