Alfredo Humberto Rojas Chavez

Expediente 766/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
766/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Humberto Rojas Chavez
  • Yolanda Sánchez Antunez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a los quejosos ******************** y********************, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios.****************************************Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención.****************************************Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 30 de octubre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 766/2023; promovido por por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintitrés (foja 2), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este juzgado, la registró con el número 766/2023, mediante auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés (foja 19) se admitió la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se reconoció el carácter de tercera interesa a quien es la parte actora en el juicio de origen. Finalmente, en proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en el lugar en donde este órgano ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que por su propio derecho, reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: La sentencia interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil promovido por frente a y mediante la cual se declaró improcedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia interpuesto por los demandados. Tercera. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 30), lo que se corrobora con las constancias que acompañó al mismo, consistentes en testimonio autorizado del juicio ejecutivo mercantil con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena".****************************************Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde ahora examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone:****************************************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados.****************************************Quinta. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia.****************************************Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:****************************************"CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************La parte quejosa aduce en el primer y segundo conceptos de violación -mismos que se analizan de manera conjunta dada su estrecha vinculación-, medularmente:****************************************Que la resolución reclamada vulnera su derecho de tutela judicial efectiva, aplicación inexacta de la ley, indebida fundamentación y motivación; esto, porque en los artículos 1079 y 1075 del Código de Comercio, se prevén dos formas de realizar el cómputo para los términos de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, eso era, por días o por años, los cuales empezarían a correr desde el día siguiente a aquel en que hubiesen surtido efecto el emplazamiento o notificaciones y que se contará en ellos el día del vencimiento.****************************************Que el plazo de tres años para ejecutar las sentencias en los juicios mercantiles, debían considerarse por años y no mezclar días y años, lo cual generaría incertidumbre e incluso falta de claridad.****************************************Que de considerar que el cómputo del plazo de tres años para dicha ejecución debiera hacerse en días hábiles, permitiría ampliar expotencialmente el plazo, lo que produciría un estado de inseguridad jurídica para las partes respecto del momento en el cual fenecería, puesto que se encontrarían sujetos a los días inhábiles de cada órgano jurisdiccional.****************************************Que la legislación de la materia no alude el cómputo establecido en años, por ende debía atenderse a lo dispuesto en el artículo 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual señala, que para fijar la duración de los términos, los meses se regularan según sea el calendario del año y los días se entenderán de veinticuatro horas naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro. Que por ello, no existía distinción en relación a los días hábiles e inhábiles en el cómputo de los meses, sino que se contaban según el calendario, que por tal motivo, tampoco debía distinguirse en relación al cómputo de los años.****************************************Que por tal motivo, no debían descontarse los días en que la autoridad responsable suspendió labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), toda vez que dicho cómputo debía realizarse en días naturales; que además la suspensión de labores llevó cinco meses, quedando tiempo suficiente para que el tercero interesado pudiera ejecutar la sentencia.****************************************Que por ende, se vulnera la aplicación de la tutela judicial efectiva que garantiza el pleno acceso a la justicia; asimismo se ven privados en su aspecto coercitivo, que es connatural a las normas que componen el orden jurídico nacional, cuando las autoridades que deben sostenerlos con la fuerza institucional del estado, son omisas en tomar para su aplicación en cuenta los derechos fundamentales y humanos debidamente reconocidos para hacer efectivos los derechos y prerrogativas declarados en juicio; lo cual trasciende a constituir la privación ilegal de un aspecto de los derechos ejercitados. ****************************************Conceptos de violación que devienen infundados.****************************************En principio, cabe recordar que la prescripción negativa o de acciones es un medio para librarse de obligaciones mediante el curso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, que tiene como razón de ser la presunción del abandono o renuncia del derecho que el acreedor podría hacer valer, compeliendo al deudor al cumplimiento de la obligación recíproca.****************************************Es decir, es un modo de dar fin a las relaciones jurídicas por la inacción del titular de los derechos, durante el transcurso del tiempo fijado por la ley; lo cual sirve a la seguridad general de los derechos y a la paz jurídica, en la medida que trata de poner un límite al litigio, impidiendo el ejercicio de acciones o pretensiones antiguas y, por ende, se encuentra fundada en razones de utilidad social, por lo que este tipo de normas no puede dejarse al arbitrio de los particulares, lo que evidencia que se está en presencia de normas imperativas.****************************************Así las cosas, debido a que las acciones son potestativas, el acreedor puede decidir si las ejerce o no, pero si elige esta última opción, se entiende que no desea hacer valer su derecho contra el deudor y esa actitud releva a este último del cumplimiento de la obligación que contrajo; en tanto que la prescripción radica en una presunción de que el acreedor no tuvo el deseo de ejercer su derecho contra el deudor exigiéndole el cumplimiento de las obligaciones que éste estaba obligado a cumplir.**************************************** Por ende, el interés del estado al crear la figura de la prescripción de las acciones es que el derecho de ejercerlas contra un deudor no sea perpetuo, lo que garantiza la seguridad jurídica de los gobernados, que están en aptitud de conocer hasta qué momento pueden hacer valer los derechos que tienen y también hasta cuándo están sujetos a que se les demande el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído. ****************************************En consecuencia, uno de los efectos esenciales de la prescripción liberatoria es que el titular de un derecho no pueda ejercitar útilmente la acción que le es correlativa para hacer efectiva su pretensión, ante su pasividad de hacer valer su derecho cuando la obligación a cargo del sujeto pasivo se vuelve exigible.**************************************** De ese modo, los elementos que deben reunirse para que opere la prescripción extintiva son: 1) la inactividad del titular del derecho; y, 2) el transcurso del tiempo fijado por la ley.**************************************** En este punto, es menester puntualizar que el plazo de tres años que prevé el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, por referirse a la prescripción de una acción -prescripción de la ejecución de una sentencia- se refiere a la, a la figura liberadora de obligaciones por el simple transcurso del tiempo, es de carácter sustantivo, por ende, es que los plazos se cuentan conforme a lo establecido en los artículos 1158, 1176, 1179 y 1180 del Código Civil Federal, en relación con el 84 del Código de Comercio -y no del 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al resultar una codificación adjetiva-; en tanto que, como bien lo destacan los quejosos, en condiciones ordinarias, el plazo prescriptivo debe computarse por años completos -entendidos éstos como un plazo de trescientos sesenta y cinco días-; no así por días.**************************************** Ahora bien, bajo circunstancias comunes, esa consecución de días contenidos en un año -trescientos sesenta y cinco- entraña la ausencia de interrupción, es decir, sin descuento de los días inhábiles que hubieren tenido lugar, pues debe atenderse a los días naturales que componen una anualidad; contrario a lo que acontece en los términos judiciales, en que se deban contar por días en los que existe el deber de descontar los no laborables.********************No obstante lo anterior, en el caso en estudio, quien resuelve considera que no nos encontramos en un asunto en el que hubiesen imperado circunstancias normales durante el curso del plazo prescriptivo que nos ocupa; habida cuenta que tuvo lugar un hecho de naturaleza grave y excepcional que afectó a la totalidad de la población del país, consistente en la contingencia sanitaria derivada del virus denominado COVID-19, lo cual constituye un hecho del conocimiento público; en virtud de la cual, tanto las autoridades sanitarias como las encargadas de las labores de administración de justicia, emitieron diversos lineamientos, a fin de salvaguardar la salud de los gobernados y, de manera paulatina, retomar de forma responsable y segura la realización de diversas actividades. ****************************************En efecto, en el ámbito jurisdiccional, ante el grave riesgo que implicó la enfermedad coronavirus COVID-19, los órganos encargados de la impartición de justicia adoptaron las medidas que consideraron necesarias para proteger la salud de todas las personas; como ocurrió con el Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en que emitió diversos acuerdos, en los que se determinó la declaración de diversos días inhábiles en los que se señaló que "no correrán términos ni plazos procesales para ningún efecto legal." así como aquéllos en los que únicamente se reactivó para determinadas actividades que expresamente se señalaron -tales como emitir sentencias definitivas e interlocutorias, o resolución final en los expedientes que al momento de la suspensión de labores quedaron citados y notificarlo, recepción de demandas, escritos iniciales sobre jurisdicción voluntaria, medidas precautorias, denuncia de sucesiones testamentarias e intestamentaria, etcétera- por ende no corrieron plazos ni fenecieron términos. ****************************************En concordancia con lo anterior, quien resuelve considera que en el caso en estudio, aun cuando es verdad que bajo condiciones normales, el plazo de la prescripción de la ejecución de la sentencia, debe contarse por años completos; también lo es que, excepcionalmente, sí debe excluirse el tiempo en que la autoridad responsable suspendió sus labores con motivo de la pandemia por el virus SARSCoV-2 (COVID-19). ****************************************Ello es así, puesto que este órgano jurisdiccional no puede ser ajeno a las diversas alteraciones que este fenómeno atípico impuso en la forma de organizar tiempos hábiles y laborales, lo cual provocó una extensa interrupción de las labores en los órganos jurisdiccionales, que incidió en el ejercicio oportuno y adecuado de los derechos de defensa de los contendientes en los juicios de su conocimiento; de ahí que se estime que, excepcionalmente, deben descontarse del cómputo de la prescripción negativa los días en que los tribunales del Estado de Michoacán, suspendieron sus labores, con motivo de la pandemia COVID-19; motivo por el cual, los conceptos de violación examinados se consideren infundados. ****************************************Es necesario precisar que el criterio establecido, únicamente rige para descontar los días inhábiles en que la autoridad responsable suspendió labores con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como un caso de excepción; motivo por el cual, esta decisión no implica que, en el cómputo del plazo de tres años, para la ejecución de una sentencia mercantil, deban descontarse los días inhábiles como una regla general; pues, como ya quedó establecido, éstos se cuentan por años completos y no de momento a momento.****************************************En apoyo a lo anterior, es de citar por identidad jurídica substancial la Jurisprudencia 1a./J. 135/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, página 1213, Materia Común, Undécima Época, Registro digital: 2025577, que dice:****************************************"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE SENTENCIAS DEFINITIVAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PRESENTARLA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXCLUIR EL PERIODO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDIÓ SUS LABORES EXCLUSIVAMENTE CON MOTIVO DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). ********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes en cuanto a si en el cómputo del plazo de ocho años previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, para la presentación de una demanda de amparo directo en contra las sentencias condenatorias que impongan una pena de prisión, procede o no descontar los días en que la autoridad responsable suspendió sus labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como un caso de excepción. Un Tribunal consideró que no debía descontarse dicho periodo de contingencia y por tanto sobreseyó en el juicio porque la demanda de amparo fue extemporánea. El otro Tribunal determinó que sí debía excluirse dicho periodo, por lo que admitió la demanda y procedió a analizar el fondo del asunto.********************Criterio jurídico: En el cómputo del plazo de ocho años previsto en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover un juicio de amparo directo en contra una sentencia condenatoria que imponga una pena de prisión, se debe excluir el tiempo en que la autoridad responsable suspendió sus labores exclusivamente con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), pues esto impidió que estuvieran en condiciones de desarrollar sus actividades y atender al público de manera habitual.********************Justificación: El artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo prevé que podrá presentarse la demanda de amparo en el plazo de ocho años cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión. Dicho precepto permite el ejercicio de la acción constitucional con ese amplio margen temporal, en virtud del alto valor que se protege, la libertad personal.********************Por otro lado, la Primera Sala ha señalado que el principio pro actione está encaminado a no entorpecer ni obstruir el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que, en caso de duda entre abrir o no un juicio en defensa de un derecho humano, por aplicación de ese principio, se debe elegir la respuesta afirmativa.********************Así, en aras de otorgar la máxima protección al derecho de acceso a la justicia de las personas privadas de su libertad con motivo de una sentencia condenatoria dictada en su contra y en atención al contexto de pandemia en el que las autoridades responsables suspendieron sus labores y, por tanto, no estuvieron en condiciones de desarrollar sus actividades y atender al público de manera habitual, para el cómputo de la presentación de la demanda de amparo directo deben contemplarse los días inhábiles determinados para la autoridad responsable, únicamente por el caso excepcional de la pandemia suscitada a nivel mundial. Lo anterior porque esta Primera Sala no puede ser ajena a las diversas alteraciones que este fenómeno atípico impuso en la forma de organizar tiempos hábiles y laborales, lo cual provocó una extensa interrupción de las labores en los órganos jurisdiccionales.********************Esto resulta relevante en el caso en cuestión, en virtud de que las autoridades responsables, en su calidad de auxiliares de las autoridades de amparo realizan, entre otras cuestiones, la tarea de recibir e iniciar el trámite de la demanda de amparo directo, situación que no pudo desarrollarse en condiciones de normalidad con motivo de la contingencia sanitaria referida, lo que impactó en la preparación de una defensa adecuada de las personas sentenciadas, dado que esas circunstancias no les permitieron contactar a su defensora en condiciones óptimas para que se impusiera de las constancias, elaborara la demanda, investigara alguna prueba superviniente, etcétera. De ahí la importancia de reponer ese tiempo que fue vedado en detrimento de las personas justiciables.********************Es necesario precisar que el presente criterio únicamente rige para descontar los días inhábiles en que la autoridad responsable suspendió labores con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como un caso de excepción. Por lo tanto, esta decisión no implica que, en el cómputo del plazo de ocho años, previsto por la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de amparo contra una sentencia condenatoria que impone pena de prisión, deban descontarse los días inhábiles como una regla general".****************************************Asimismo por identidad jurídica substancial la Jurisprudencia 1a./J. 43/2021 (11a.), consultable en el Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1225, Undécima Época, Materias(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2023893, que dice:****************************************"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE ENCONTRABA SUSPENDIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LOS ACUERDOS GENERALES 8/2020 Y 13/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al resolver sobre la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo promovida contra el auto de vinculación a proceso emitido cuando los plazos y términos en el Poder Judicial de la Federación estaban suspendidos por la pandemia originada por el virus SARS-CoV2, generador de la enfermedad COVID-19, conforme a los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, para un Tribunal Colegiado la vinculación a proceso debía entenderse como caso urgente exclusivamente para el proceso penal y no para el juicio de amparo, de ahí que el plazo para la presentación de la demanda se encontraba suspendido para reclamar ese tipo de actos; en tanto que el diverso órgano jurisdiccional estimó que el plazo para promover la demanda de amparo en contra del auto de vinculación a proceso no estaba suspendido al estar catalogado como de urgente resolución.********************Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda de amparo indirecto en contra de la vinculación a proceso, se encontraba suspendido durante la vigencia de los Acuerdos Generales 8/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************Justificación: Las disposiciones contenidas en los referidos Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establecen el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales para prestar el servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial, procurando la atención de casos urgentes bajo el estricto distanciamiento social y trabajo a distancia con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV2, generador de la enfermedad COVID-19. Por tal razón, para dotar de seguridad jurídica tanto a los operadores jurídicos como a las personas justiciables, se emitió un catálogo enunciativo y no limitativo de los asuntos considerados como urgentes, respecto de los cuales se daría inmediato trámite a las solicitudes, demandas, incidentes y recursos, por lo que en este tipo de asuntos no se suspenderían los plazos y términos. Ahora bien, en el caso de la materia penal, en los acuerdos generales aludidos se hizo una distinción de asuntos urgentes entre la competencia de los Jueces de Distrito en materia de amparo penal, y los Jueces penales tanto del sistema tradicional como del acusatorio, de conformidad con los artículos 4, fracciones II y IV, y 24, de los que se advierte que la vinculación a proceso como caso urgente está referida exclusivamente al proceso penal ante el Juez de Control en términos del inciso f) de la fracción II del referido artículo 4, sin que dicho acto haya sido calificado como urgente para los Jueces de Distrito con competencia en materia de amparo penal. No es obstáculo a lo anterior, la previsión que realizó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de que la clasificación de casos urgentes no era limitativa sino enunciativa, ya que como el objeto de los referidos acuerdos generales es dotar de seguridad jurídica al justiciable, no sería dable que los operadores jurídicos asignaran el carácter de urgente a determinados asuntos en detrimento del derecho de acceso a la justicia de los quejosos en el juicio de amparo, pues se les dejaría en estado de indefensión, tal como acontece con la vinculación a proceso para la promoción del juicio constitucional ante los Jueces de Distrito, pues bajo la normativa de los acuerdos de mérito los justiciables estaban en el entendido de que los plazos quedaron suspendidos para instar el juicio de amparo en contra de ese acto, al no estar catalogado como urgente de forma expresa por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************Finalmente, la tesis aislada I.6o.C.10 C (11a.), Undécima Época, Materias(s): Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2027202, que dice:****************************************"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN MATERIA CIVIL. EL TÉRMINO CONCLUSIVO PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL EN QUE SE REANUDARON LAS LABORES EN LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19).****************************************Hechos: En un juicio ordinario civil se declaró prescrita la acción ejercida, porque conforme al Acuerdo 28-17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México se creó una Oficina Virtual en Materia Civil y Familiar, para la Oficialía de Partes Común, para que a partir del uno de julio de dos mil veinte se recibieran los escritos iniciales, por lo que el término conclusivo de los dos años que establece el artículo 1161, fracción V, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, empezó a computarse a partir de esa fecha, en tanto que ya no se encontraba interrumpido el plazo para presentar la demanda natural.********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el término conclusivo para que opere la prescripción de la acción en materia civil debe computarse a partir del día hábil en que se reanudaron las labores en los órganos del Poder Judicial de la Ciudad de México, esto es, el tres de agosto de dos mil veinte.********************Justificación: Lo anterior, porque en el Acuerdo General 03-22/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se autorizó la ampliación de la suspensión de labores y plazos procesales en los órganos del Poder Judicial de la Ciudad de México, con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que inició el dieciocho de marzo de dos mil veinte, al treinta y uno de julio del mismo año, para reanudar labores el día tres de agosto siguiente, y si bien es cierto que en el diverso Acuerdo General 28-17/2020, emitido por el mismo Pleno, se creó una Oficina Virtual en Materia Civil y Familiar, para la Oficialía de Partes Común, con la finalidad de que a partir del uno de julio de dos mil veinte se recibieran electrónicamente, entre otros, los escritos iniciales de demanda, sin perjuicio de que tanto la Oficialía de Partes Común como las Oficialías de Partes de cada Sala o juzgado en materia civil y familiar del tribunal continuaran prestando sus servicios de recepción de la manera habitual, es decir, por escrito, también lo es que con base en la Circular CJCDMX-16/2020, suscrita por la secretaria general del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se precisó que los términos y plazos procesales se empezarían a computar a partir del día hábil en que se reanudaran las labores, es decir, el tres de agosto de dos mil veinte, razón por la cual, pese a la creación de la oficina virtual, los términos y plazos procesales estaban suspendidos.****************************************En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por ********************, toda vez que no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.****************************************Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve:****************************************R E S U E L V E****************************************Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** por su propio derecho, contra el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expresados en la consideración quinta de este fallo.****************************************Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. ****************************************Notifíquese personalmente y mediante oficio a las responsables.****************************************Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 766/2023. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, de que se encuentra debidamente integrado y de que guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana ofrecidas por la parte quejosa, y con la documental exhibida por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.MAESTRO EN AMPARO JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ. JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

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