Alfredo Nuñez Solorio

Expediente 1075/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1075/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Nuñez Solorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en autos por la autoridad responsable. Al efecto, mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se otorgó a Alfredo Núñez Solorio, la protección federal, para que el Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "En caso de que no requiriera la práctica de otras diligencias, dicte de inmediato el laudo que corresponda, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la luz de la regla genérica prevista en el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Mediante misiva recibida el veintiséis de noviembre del año en curso, la autoridad remitió el laudo que emitió el quince de noviembre del presente año, dentro del expediente laboral 151/2016. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce del derecho violado y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado el quince de noviembre del año en curso, dentro del juicio laboral 151/2016; lo anterior, a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria dictada en autos, lo que acredita con las documentales que adjunta a la misiva de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las constancias relacionadas, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En relación con lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, la cual se concedió para los siguientes efectos: " En caso de que no requiriera la práctica de otras diligencias, dicte de inmediato el laudo que corresponda, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la luz de la regla genérica prevista en el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medidas de actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1075/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el informe justificado registrado bajo el número 18582, signado por Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. El Juez provee: Téngase por formulada la relación de autos que antecede, asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad anexó a su informe justificado. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de octubre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día Alfredo Núñez Solorio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: ? Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ? La omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio ordinario laboral 151/2016. Segundo. Trámite del juicio. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción y fue presentada la demanda. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado, En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: ? La omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 151/2016. Tercero. Certeza del acto reclamado. Al rendir el informe que le fue requerido al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, aceptó la actitud omisiva que se le atribuye, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia conforme a lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del precepto 2º de ésta. Lo que se corrobora con las constancias que emitidas por dicha autoridad como soporte de su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto que efectivamente se hayan hecho valer." Cuarto. Causas de improcedencia. Sin que se hayan hecho valer por las partes, ni este juzgador advierta de oficio alguna causa de improcedencia del juicio, se procede al análisis del concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, el cual consta en su escrito inicial de demanda, mismo que no se transcribe por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de amparo, ni por existir precepto legal alguno que establezca dicha obligación, además, de que con esa omisión, no se deja en estado de indefensión a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2010, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Quinto. Estudio de fondo. La parte peticionaria de amparo en el planteamiento formulado básicamente argumentó que la junta responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucionales, el cual establece, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es esencialmente fundado el concepto de violación. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó poner los autos a la vista para emitir el laudo respectivo. Lo anterior revela que, como lo sostiene la parte quejosa, la omisión del tribunal responsable vulnera en su perjuicio el derecho contenido en el artículo 17 Constitucional, pues desde el veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, declaró el cierre de instrucción y a la fecha no ha emitido el laudo correspondiente, lo cual origina un retardo o dilación en el procedimiento. Por tanto, en virtud de que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y establece para su protección diversas garantías de seguridad jurídica que todas las autoridades del estado Mexicano que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales deben observar a saber: a) Principio de prosecución judicial; por virtud del cual todo acto de autoridad que determine los derechos civiles y políticos de las personas debe provenir de un juez o tribunal formal y materialmente constituido y en caso contrario, que tal acto pueda ser revisado por un tribunal que satisfaga esos requisitos. b) Principio de expeditez, por virtud del cual la justicia debe ser administrada en los plazos que fijen las leyes. c) Principio de gratuidad; por virtud del cual las personas que ejercen la función jurisdiccional, no deben realizar cobro alguno a las personas por las actuaciones que realicen, ya que sus respectivos emolumentos deben ser pagados por el Estado. d) Administración de justicia completa o principio de congruencia; por virtud del cual, las resoluciones que se emitan al decidir un caso concreto, deben ser acordes a lo pedido por las partes, resolviendo el fondo de la controversia planteada. e) Principio de imparcialidad; por virtud del cual las personas que integran los órganos depositarios de la función jurisdiccional deben permanecer ajenos a cualquier presión tanto de índole interno como externo, para resolver el caso sometido a su jurisdicción de forma objetiva. Estos principios son los que garantizan de manera mínima el acceso a la justicia dado que al faltar uno de ellos, se desconocería el derecho humano en comento, por ello es necesario que todos los principios se presenten de manera concomitante para lograr que las personas efectivamente accedan al derecho fundamental. Ahora bien, en relación con el trámite y sustanciación del procedimiento laboral, los artículos 99, 103, 104, 105 ,110 y 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, prevén lo siguiente: "Artículo 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo." "Artículo 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución." "Artículo 104. El día y hora de la audiencia se abrirá el período de ofrecimiento y recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que no resulten notoriamente inconducentes contrarias a la Ley o a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continuo señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento." "Artículo 105. En la audiencia se aceptarán las pruebas ofrecidas en ella o con anterioridad a la misma." "Artículo 110. Antes de pronunciarse el laudo los integrantes del Tribunal podrán solicitar mayor información para mejor proveer en cuyo caso acordarán la práctica de las diligencias necesarias." "Artículo 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días. En ningún término se contarán los días inhábiles que señale el Calendario Oficial del Estado." Lo expuesto revela, fundamentalmente, que en materia laboral burocrática el principio de celeridad rige con mayor severidad, dado que una vez formulada la demanda y su contestación, el procedimiento -por regla general- se limita a una sola audiencia, en la que la que se reciben las pruebas y los alegatos de las partes y se dicta la resolución que corresponda. Lo anterior, salvo que a consideración del tribunal se requiera el desahogo de nuevas pruebas, supuesto en el cual, una vez desahogadas éstas, se procede a emitir el laudo respectivo. En ese sentido, asiste razón a la parte quejosa al afirmar que la autoridad responsable no ha emitido el laudo respectivo dentro del plazo que marca la legislación aplicable, ya que de acuerdo a las constancias antes reseñadas, se advierte que desde el auto por el que se declaró cerrada la instrucción (veintinueve de agosto de dos mil dieciocho) y se ordenó emitir el laudo respectivo, no ha actuado con la celeridad necesaria a fin de realizar el pronunciamiento respectivo. En esas condiciones, resulta indudable que la autoridad responsable vulnera los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de tribunal responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo; pues si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en la solución de las controversias sometidas a su conocimiento; y de actualizarse dicho retardo, se configura la violación al derecho humano previsto en el citado precepto constitucional. Ello, aun cuando en el fondo del asunto llegare a emitirse laudo favorable a los intereses del quejoso, pues aun así, no podrá remediarse la violación de su derecho ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En consecuencia, al estar demostrada la violación de garantías aducida, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia o ésta sea confirmada por un tribunal superior, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, previo requerimiento de este juzgado, dé cumplimiento con lo siguiente: ? En caso de que no requiriera la práctica de otras diligencias, dicte de inmediato el laudo que corresponda, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la luz de la regla genérica prevista en el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen a surgir en el procedimiento, toda vez que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, existe jurisprudencia obligatoria aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. Único. Por las razones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Alfredo Núñez Solorio, contra los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para los efectos ahí precisados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. ERR Razón. En esta fecha se giraron los oficios 23652 a las autoridades correspondientes, notificándoles la sentencia que antecede. Conste.

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