Alfredo Hernandez Calderon

Expediente 1006/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1006/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Hernandez Calderon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. En relación con el cuaderno incidental, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en mención, es conservable el mismo, en virtud de que por un lado se negó y por otro se concedió la suspensión definitiva. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: El cobro de $12,490 doce mil cuatrocientos noventa pesos 00/100, por concepto de adeudos de pensión, arrastre y maniobras para la devolución del vehículo marca Chevrolet, tipo pick up chevy, modelo 1999, color gris plata, número de serie 3GCBC1430XS208182, placas de circulación NG1698B, de servicio particular. Ahora bien, en el informe justificado rendido por la administradora de Multiservicios y Grúas Hernández Sociedad Anónima de Capital Variable, informó que se llegó a un acuerdo con el quejoso sobre el pago para la entrega real y material del vehículo que se defiende en el presente asunto. De igual forma, mediante acuerdo de veintinueve de los actuales se tuvo a Rafaela Isela Hernández Barrera, en su calidad de representante de Multiservicios y Grúas Hernández Sociedad Anónima de Capital Variable con residencia en esta ciudad, solicitando el sobreseimiento del juicio en que se actúa, toda vez que llegó a un acuerdo satisfactorio con el quejoso, adjuntando documentales consistentes en el original del oficio de liberación SPT/LIBERACIÓN/7440/2023, copia simple de la credencial para votar del quejoso y constancia de inventario del vehículo detenido. Constancias que, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se les concede valor probatorio pleno. Asimismo, en dicho acuerdo se tuvo al quejoso señalando que le fue devuelto su vehículo, previo cobro de la cantidad de $9,500.00 nueve mil quinientos pesos moneda nacional 00/100, manifestación que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de hechos propios aseverados por el promovente. Cobra aplicación a lo anterior la tesis XVI.3o.C.T.9 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero 2013, Tomo 2, página 1440, con el siguiente rubro: "RECONOCIMIENTO DE HECHOS PROPIOS DE LAS PARTES. EL REALIZADO EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN O EN CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO NO REQUIERE SER RATIFICADO PARA HACER PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)". En ese orden, se advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [...]" De la porción normativa inserta se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1. Hay consentimiento expreso del acto cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2. Hay consentimiento expreso, también, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, 3. Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Por tanto, interpretando la fracción en comento, se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que ya han sido consentidos de una manera indubitable, bien sea porque tácitamente o de manera expresa se consienta el acto; porque en su momento, no se ejerció un derecho para atacarlo, o bien, porque la persona exteriorice al mundo fáctico determinada conducta con la que se presuma que ha consentido la práctica del acto. Luego, tomando en cuenta que el quejoso y la responsable Multiservicios y Grúas Hernández Sociedad Anónima de Capital Variable llegaron a un acuerdo - convenio que dio como resultado el pago de la cantidad de $9,500.00 nueve mil quinientos pesos moneda nacional 00/100, para la devolución del vehículo referido en párrafos que anteceden, mismo que fue entregado al quejoso el (once de agosto de dos mil veintitrés), mediante oficio de liberación SPT/LIBERACIÓN/7440/2023, en el que obran los siguientes datos: "Recibo unidad de conformidad Alfredo Hernández Calderón Rúbrica". Con lo cual, se puede apreciar claramente que el aquí quejoso, consintió el pago de la cantidad de $9,500.00 nueve mil quinientos pesos moneda nacional 00/100, a efecto de que la responsable hiciera la devolución del automotor que defiende en la presente instancia, autoridad que sacrificó parte de los ingresos que debieran de producirle ese flujo de efectivo, así que lo adecuado es considerar que se actualizó el consentimiento del acto reclamado. Por lo tanto, se advierte un consentimiento del acto reclamado, por mediar la manifestación de la voluntad del quejoso en el oficio de liberación SPT/LIBERACIÓN/7440/2023, al señalar en el mismo "Recibo unidad de conformidad", y plasmar su nombre y firma en señal de recibido. Conforme a lo expuesto, en la especie se estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, debido a que fue voluntad del propio quejoso pagar la cantidad de $9,500.00 nueve mil quinientos pesos moneda nacional 00/100, con la finalidad de que le entregaran la unidad vehicular señalada en párrafos que anteceden. Entonces, es claro que la parte quejosa exteriorizó inequívocamente manifestación de su voluntad que entrañó el consentimiento del acto reclamado, como lo fue el pago de la cantidad acordada con la responsable Multiservicios y Grúas Hernández Sociedad Anónima de Capital Variable, para la entrega del multicitado vehículo, autoridad que sacrificó parte de los ingresos que debieran de producirle ese flujo de efectivo, con lo que provoca que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita como sustento de esta determinación, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, registro 214301, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro: "AMPARO IMPROCEDENTE. CASO EN EL CUAL DEBE ESTIMARSE COMO CONSENTIDO EL ACTO". Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, válidamente se sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; esto con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con diez minutos del uno de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días con el informe justificado que rinde Rafaela Isela Hernández Barrera, en su calidad de representante y administradora de Multiservicios y Grúas Hernández Sociedad Anónima de Capital Variable, carácter que se le reconoce en virtud de la copia cotejada del instrumento notarial que se adjunta a su informe de cuenta. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Por otro lado, con motivo de la información que señala en su informe, en el sentido de que se llegó a un acuerdo con el quejoso sobre el pago y la entrega real y material sobre el vehículo que se defiende en el presente asunto, con fundamento en el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efecto la notificación que se le practique del presente auto, manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.ORF***APONTE

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días con el informe justificado que rinde el Comandante Operativo de la Subdirección de Peritos de Tránsito de la Dirección de Tránsito y Movilidad perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las constancias que remite la autoridad responsable. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

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