Alfredo Hipolito Arriaga
Expediente 911/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 911/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alfredo Hipolito Arriaga
Actuaciones
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 911/2023, promovido por Humberto Hugo Velázquez Marmolejo en su carácter de apoderado legal de ALFREDO HIPOLITO ARRIAGA, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Humberto Hugo Velázquez Marmolejo en su carácter de apoderado legal de ALFREDO HIPOLITO ARRIAGA, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables: ° Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. ° Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actos reclamados: ".La denegación de justicia al OMITIR REALIZAR LA CERTIFICACIÓN EN EL EXPEDIENTE LABORAL 01/190/2018 DE QUE YA NO HAY MÁS PRUEBAS PENDIENTES POR DESAHOGAR Y POSTERIORMENTE SE TURNE A PROYECTO DE LAUDO radicado ante H. Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, así como ordenar las notificaciones, requerimientos y actuaciones que permitan su efectivo cumplimiento, esto hasta que emita el laudo; lo que afecta gravemente el derecho de acceso a la justicia De la autoridad ejecutora. La orden de impedir las notificaciones, requerimientos y diligenciar las actuaciones necesarias en el juicio laboral referido.". SEGUNDO. El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 911/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la omisión de certificar que no hay pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente 01/190/2018, y posteriormente se turnen los autos a proyecto de laudo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañan al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que por acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, la autoridad señalada como responsable realizó la certificación de que no había pruebas pendientes por desahogar en los autos del natural 01/190/18-III, lo que notificó mediante boletín laboral y posteriormente con fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictó el laudo correspondiente, mismo que fue notificado a la actora hoy quejosa el once de julio de la presente anualidad. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado por la parte quejosa se traduce en omisión de la omisión de certificar que no había pruebas pendientes por desahogar, así como el turnar los autos para el dictado del laudo correspondiente y su notificación; sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada; de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito, residentes en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indican. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, las pruebas documentales que anexa a su informe justificado de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Del mismo modo, ténganse por recibidas las copias certificadas de las constancias por medio del cual se reconoce la personería de Hu********************, como apoderado legal de ********************, en los autos del expediente de donde emana el acto reclamado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de la moral peticionaria de amparo "Nueva Wal-Mart de México", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo que nos ocupa. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el escrito de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado Federal. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". SEXTO.- Concesión de amparo. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Miguel Ángel Bautista Velázquez, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: ( Deje sin efectos la fecha lejana señalada para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los atestes José María Gándara Mujica y Miriam Georgina del Carmen Ruiz Chávez, ofrecidos en el juicio laboral de origen y, señale nueva fecha para su desahogo, ajustándose a lo preceptuado por la ley, y lo haga del conocimiento de las partes, y; ( En caso de llegar el día del desahogo de la citada prueba, y está se encuentre preparada, deberá desahogarla, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita.". Ahora bien, la resolución concesoria de amparo causó ejecutoria mediante proveído del veinte de diciembre de dos mil veintidós. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficios JE3/0036/2023, del cinco de enero de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del acuerdo dictado el cuatro de enero del año en curso, en el juicio laboral 01/520/16-III, en el que dejó sin efectos la fecha lejana señalada en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los testigos José María Gándara Mújica y Miriam Georgina del Carmen Ruíz Chávez, señalando nueva fecha para su desahogo para las nueve horas del dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, por oficio JE3/803/2023, del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del acta de audiencia dictada en el referido juicio laboral el uno de marzo de dos mil veintitrés, relativa al desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los testigos José María Gándara Mújica y Miriam Georgina del Carmen Ruíz Chávez, de la que se desprende que la autoridad responsable la tuvo por desahogada. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar mediante acuerdo del cuatro de enero de dos mil veintitrés, haber dejado sin efectos la fecha lejana señalada en auto del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los testigos José María Gándara Mújica y Miriam Georgina del Carmen Ruíz Chávez, y en consecuencia, señalar nueva fecha para su desahogo, el cual se logró llevar a cabo en actuación del uno de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 01/520/16-III. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje sin efectos la fecha lejana señalada para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los atestes José María Gándara Mujica y Miriam Georgina del Carmen Ruiz Chávez, ofrecidos en el juicio laboral de origen y, señale nueva fecha para su desahogo, ajustándose a lo preceptuado por la ley, y lo haga del conocimiento de las partes, y; en caso de llegar el día del desahogo de la citada prueba, y está se encuentre preparada, deberá desahogarla, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable que mediante acuerdo del cuatro de enero de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la fecha lejana señalada en auto del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los testigos José María Gándara Mújica y Miriam Georgina del Carmen Ruíz Chávez, y en consecuencia, señaló nueva fecha para su desahogo, el cual se logró llevar a cabo en actuación del uno de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 01/520/16-III. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión se hace constar que no se formó por no haber sido solicitado. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
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