Alfredo Hipolito Arriaga
Expediente 761/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alfredo Hipolito Arriaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (foja 134), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Alfredo Hipólito Arriaga, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Deje sin efectos la fecha lejana señalada para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los atestes Hugo Esteban Reynoso Nieto, Jonathan Emmanuel Delgado García y Luis González Vicario Montalban y señale nueva fecha para su celebración, ajustándose a lo preceptuado por la ley, y lo haga del conocimiento de las partes; Una vez hecho lo anterior, notifique personalmente a los testigos Hugo Esteban Reynoso Nieto, Jonathan Emmanuel Delgado García y Luis González Vicario Montalban, la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial en el domicilio proporcionado por la parte demandada, en los autos del juicio 01/190/18-III, de su índice administrativo, y En caso de llegar el día del desahogo de la prueba testimonial de referencia, y está se encuentra preparada, deberá desahogarla, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita..." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de oficio 2749/2019 remitió copia certificada del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, de donde se desprende que se tiene por no justificada la incomparecencia del ateste LUIS GONZÁLEZ VICARIO MONTALBAN, razón por la cual se declaró la deserción del testimonio que pudo a haber rendido el ateste; en ese mismo sentido de los autos del presente expediente se desprende con los oficios 2454/2019 (foja 100) y el diverso 2661/2019 foja (122), con el primero se tuvo la deserción del ateste HUGO ESTEBAN REYNOSO NIETO, toda vez que este, no compareció al verificativo de la audiencia testimonial, señalado a las nueve horas del nueve de octubre de la anualidad, ofrecida por la parte demandada y finalmente por lo que respecta al ateste LUIS GONZALO VICARIO MONTALBAN, se desprende que el auxiliar oficial de seguridad publica, en proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, en comparecencia manifestó que al presentarse en el domicilio de Jonathan Emmanuel Salgado García, este fue atendido por la madre del ateste, quien le informó que esté había fallecido el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. En ese sentido, se tiene por entendido que la omisión por desahogar las pruebas testimoniales, no fue atribuible a la autoridad responsable, si no a la parte oferente. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó dejar sin efectos la fecha lejana para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los atestes Hugo Esteban Reynoso Nieto, Jonathan Emmanuel Delgado García y Luis González Vicario, señalando nueva fecha para su celebración y haciendo del conocimiento a las partes; no obstante a ello, la omisión por desahogar las pruebas testimoniales a cargo de los atestes Hugo Esteban Reynoso Nieto, Jonathan Emmanuel Delgado García y Luis González Vicario, no fue atribuible a la autoridad responsable, si no a la parte oferente, pues este era el encargado de presentarlos y por auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró la deserción de las pruebas con excepción del ateste Jonathan Emmanuel Salgado García, que falleció. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejará sin efectos la fecha señalada para el desahogo de las pruebas testimoniales, pues esta estaba señalada para celebrarse en fecha lejana, asimismo se señaló nueva fecha para su celebración, haciendo del conocimiento a las partes; no obstante, que la autoridad responsable acató lo establecido por la autoridad, la presentación de los atestes recayó a cargo de la parte oferente, sin que esta los presentará, en ese sentido, se tiene a la autoridad responsable acatado lo establecido en la sentencia. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que desahogó dicha diligencia. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5252/2019 de esa fecha), ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el acuerdo que a continuación se cita: Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve foja 134, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Alfredo Hipólito Arriaga, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Deje sin efectos la fecha lejana señalada para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los atestes Hugo Esteban Reynoso Nieto, Jonathan Emmanuel Delgado García y Luis González Vicario Montalban y señale nueva fecha para su celebración, ajustándose a lo preceptuado por la ley, y lo haga del conocimiento de las partes; Una vez hecho lo anterior, notifique personalmente a los testigos Hugo Esteban Reynoso Nieto, Jonathan Emmanuel Delgado García y Luis González Vicario Montalban, la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial en el domicilio proporcionado por la parte demandada, en los autos del juicio ..., de su índice administrativo, y En caso de llegar el día del desahogo de la prueba testimonial de referencia, y está se encuentra preparada, deberá desahogarla, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita..." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de oficio 2749-2019 remitió copia certificada del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, de donde se desprende que se tiene por no justificada la incomparecencia del ateste LUIS GONZÁLEZ VICARIO MONTALBAN, razón por la cual se declaró la deserción del testimonio que pudo a haber rendido el ateste; en ese mismo sentido de los autos del presente expediente se desprende con los oficios 2454-2019 foja 100 y el diverso 2661-2019 foja 122, con el primero se tuvo la deserción del ateste HUGO ESTEBAN REYNOSO NIETO, toda vez que este, no compareció al verificativo de la audiencia testimonial, señalado a las nueve horas del nueve de octubre de la anualidad, ofrecida por la parte demandada y finalmente por lo que respecta al ateste LUIS GONZALO VICARIO MONTALBAN, se desprende que el auxiliar oficial de seguridad publica, en proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, en comparecencia manifestó que al presentarse en el domicilio de Jonathan Emmanuel Salgado García, este fue atendido por la madre del ateste, quien le informó que esté había fallecido el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. En ese sentido, se tiene por entendido que la omisión por desahogar las pruebas testimoniales, no fue atribuible a la autoridad responsable, si no a la parte oferente. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó dejar sin efectos la fecha lejana para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los atestes Hugo Esteban Reynoso Nieto, Jonathan Emmanuel Delgado García y Luis González Vicario, señalando nueva fecha para su celebración y haciendo del conocimiento a las partes; no obstante a ello, la omisión por desahogar las pruebas testimoniales a cargo de los atestes Hugo Esteban Reynoso Nieto, Jonathan Emmanuel Delgado García y Luis González Vicario, no fue atribuible a la autoridad responsable, si no a la parte oferente, pues este era el encargado de presentarlos y por auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró la deserción de las pruebas con excepción del ateste Jonathan Emmanuel Salgado García, que falleció. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejará sin efectos la fecha señalada para el desahogo de las pruebas testimoniales, pues esta estaba señalada para celebrarse en fecha lejana, asimismo se señaló nueva fecha para su celebración, haciendo del conocimiento a las partes; no obstante, que la autoridad responsable acató lo establecido por la autoridad, la presentación de los atestes recayó a cargo de la parte oferente, sin que esta los presentará, en ese sentido, se tiene a la autoridad responsable acatado lo establecido en la sentencia. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que desahogó dicha diligencia. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1-2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Martha Yunue Sánchez Velasco, en su carácter de Encargada de Despacho de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada de la audiencia de desahogo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, de la cual se desprende la imposibilidad de su desahogo y se fijan las nueve horas con treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, circunstancia de la que se toma conocimiento. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Martha Yunue Sánchez Velasco, en su carácter de Encargada de Despacho de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que sea legalmente notificada del presente proveído, se sirva a informar las gestiones que está llevando a cabo a fin de que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a fin a que comparezcan personalmente las partes y los atestes. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos ..., en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Marco Antonio Magadan Ocampo Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual, informa las gestiones que realiza en el expediente 01/190/18-Ill, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Marco Antonio Magadan Ocampo Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que emita copia certificada de las constancias de notificación de los testigos, relativos al acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, y al día siguiente de la celebración de la audiencia de siete de noviembre de la anualidad, remita las constancias de su desahogo o en su caso informe las gestiones correspondientes a fin de dar cumplimiento a la sentencia. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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