Alfredo López Ochoa

Expediente 1343/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1343/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Alfredo López Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por la tercero interesada ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones que vierte para los afectos legales a que haya lugar, las cuales serán tomadas en consideración al momento de que este Juzgado Federal se pronuncie sobre el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, visto el estado de los autos, de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal a la parte tercera interesada Agente del Ministerio Público que interviene dentro de la carpeta administrativa********************, el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés; al respecto, se ordena notificar el referido auto mediante oficio. Notifíquese y personalmente al Agente del Ministerio Público que interviene dentro de la carpeta administrativa******************** el auto de referencia. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por César Augusto Galán Delgado, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del estado de Morelos, remite copia certificada de la versión escrita del auto de vinculación a proceso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa JCJ/299/2022, así como la constancia de notificación realizada a la partes de dicho proveído. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: Décima época Registro: 2007912 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, noviembre de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 60/2014 Página: 7 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 1343/2022, promovido por Alfredo López Ochoa, contra actos del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del estado de Morelos, con sede en Jojutla, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el trece de octubre de ese año, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Alfredo López Ochoa, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Acto reclamado: Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del estado de Morelos, con sede en Jojutla. Auto de vinculación a proceso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa ... SEGUNDO. El trece de octubre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1343/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Tocante a la temporalidad en que se promovió la acción constitucional, cabe destacar que de las constancias enviadas por la potestad responsable se desprende que el auto de vinculación a proceso reclamado se emitió en audiencia verificada el veinte de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa JCJ/299/2022, en la cual estuvieron presentes tanto el quejoso Alfredo López Ochoa, como su órgano de defensa. De modo que, en ese acto quedaron debidamente notificados de tal determinación, surtiendo sus efectos la comunicación al día hábil siguiente, es decir, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, tal como lo establece el dispositivo 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo la tesis III.2o.P.137 P, visible en la página 3475, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, de rubro y texto: ... Por ende, el plazo de quince días, establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintidós de septiembre al trece de octubre de dos mil veintidós; excluyéndose los días veinticuatro y veinticinco de septiembre, así como el uno, dos, ocho, nueve y doce de octubre de ese año, ya que fueron inhábiles, acorde al numeral 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si en el caso el ocurso de demanda que dio origen al presente juicio se presentó, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el once de octubre de dos mil veintidós, es claro que ello sucedió dentro del ya mencionado plazo de quince días, previsto en el dispositivo 17 de la legislación aplicable a la materia. Adquiere relevancia en este punto la tesis (IV Región) 2o.7 K, visible en la página 2926, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de dos mil catorce, tomo IV, de la décima época, que dice: ... TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso emitido el veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa JCJ/299/2022, que se le instruye por el hecho delictivo de despojo, cometido en agravio de Martha Esther García Inclán. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Juan Carlos Isaac Jiménez Aquino, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del estado de Morelos, con sede en Jojutla, en su informe justificado, aceptó el acto reclamado, consistente en la emisión del auto de vinculación a proceso dictado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa JCJ/299/2022. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la carpeta administrativa de origen, las cuales fueron remitidas como complemento al informe justificado, así como con el disco versátil digital (DVD), que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con la apreciación de las videograbaciones de las audiencias celebradas en los procedimientos penales de corte acusatorio y oral, se le otorga el tratamiento de una prueba documental pública que no requiere de una audiencia especial para su desahogo en términos de la jurisprudencia 1ª/J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes no invocaron alguna causa de improcedencia, además de que quien resuelve tampoco advierte que se surtan los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que obran en autos, se desprenden los siguientes antecedentes a la emisión de la resolución que se impugna: ? El diecisiete de junio de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación PI-UEDA/1091/2020, el agente del ministerio público adscrito a la Unidad de Delitos Diversos, de la Fiscalía Regional Sur Poniente de esta entidad federativa, con sede en Jojutla, solicitó audiencia para la formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares, a realizar en contra de Alfredo López Ochoa, por la comisión del hecho delictivo de despojo. ? El veinte de septiembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Alfredo López Ochoa, en la carpeta administrativa JCJ/299/2022, que se le instruye por el hecho delictivo de despojo, cometido en agravio de Martha Esther García Inclán. Dicho auto de vinculación a proceso constituye el acto reclamado en el presente juicio. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que se actualiza una violación de naturaleza formal que causó un agravio a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que no se cuenta con la versión escrita de la audiencia de vinculación a proceso, lo que implicó una transgresión a las formalidades del procedimiento. Para un mejor entendimiento de este asunto es importante acudir al contenido de los artículos 52, 56 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen lo siguiente: "Artículo 52. Disposiciones comunes Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este Código. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella". "Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del Órgano jurisdiccional. El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento a lado de su defensor. Sólo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la audiencia, y representado para todos los efectos por su Defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible". Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: [.] IV. La de vinculación a proceso; [.] En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario". De los artículos anteriores se advierte que los actos procedimentales serán resueltos en audiencia, las cuales se llevarán en presencia de las partes. Asimismo, se prevé que la autoridad judicial dictará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Para ello, se dispuso que determinadas resoluciones deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre las cuales se encuentra la de vinculación a proceso. Se dispuso que la resolución escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. En el presente asunto, de las constancias remitidas por el juez responsable, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones que obran en la carpeta administrativa JCJ/299/2022, no se acredita que se hubiere emitido la versión escrita del auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso. No pasa inadvertida la constancia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se hizo constar que: ? En esa fecha tuvo lugar la audiencia de vinculación a proceso, en la cual comparecieron el agente del ministerio público, el asesor jurídico, la víctima Martha Esther García Inclán, los defensores particulares José Manuel Serrano Salmerón y Josefina Escocia Sánchez, así como el imputado Alfredo López Ochoa. ? Se dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado Alfredo López Ochoa. ? Se decretó el plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual fenecería el veinte de diciembre del mismo año. Sin embargo, dicha constancia no puede ser considerada como la versión escrita del auto de vinculación a proceso, ya que no contiene los motivos y fundamentos que sirvieron de sustento para dictar la vinculación a proceso que se reclama. En ese sentido, es insuficiente para tener por cumplidos los requisitos que establece el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior en el entendido que resulta esencial la versión escrita para garantizar a la parte quejosa, la posibilidad de imponerse de su contenido de manera fácil, con el propósito de que pueda ejercer su derecho a la defensa mediante la estrategia jurídica que considere pertinente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.II.P. J/11 P, del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, que dice lo siguiente: "LA JURISPRUDENCIA 1ª/J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de diversos recursos de revisión, sostuvieron un criterio distinto con relación a si la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", es aplicable para determinar si la versión escrita del auto de vinculación a proceso debe constar en papel o bien, se subsana con el registro de video grabación. Criterio jurídico: Este Pleno en Materia Penal del Segundo considera que la jurisprudencia de que se trata, no justifica la falta de la emisión de la pieza escrita (papel) del auto de vinculación a proceso que se emite conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Se afirma lo anterior, porque el criterio jurisprudencial interpretó legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas que no prevén que deba constar por escrito la vinculación a proceso decretada oralmente; lo que es diferente a lo que establece el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde de forma expresa e inequívoca, establece que la vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; por ende, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto, de donde deviene la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que tuvo génesis en códigos (actualmente abrogados) que no disponían que la vinculación a proceso debía constar por escrito". Ante la inexistencia de la versión escrita del auto de vinculación a proceso combatido, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos que se detallarán en el considerando siguiente. OCTAVO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Alfredo López Ochoa, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que esta resolución cause ejecutoria, Juan Carlos Jiménez Aquino, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del estado de Morelos, realice lo siguiente: 1. Sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, emita la versión escrita correspondiente, la cual deberá contener las consideraciones por las cuales determinó procedente vincular a proceso a la parte quejosa, sin exceder el alcance del emitido oralmente. Sin soslayar que será hasta que se emita la versión escrita del acto reclamado y de que el quejoso promueva nuevamente un juicio de amparo, cuando se estará en aptitud de analizar la constitucionalidad de esa resolución. En el entendido de que deberá expresar todos los requisitos formales conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de garantizar certeza y seguridad jurídica a la parte quejosa. 2. Ordene notificar la resolución anterior, de manera inmediata a la parte quejosa. Para ello, deberá indicar que esa determinación surte sus efectos en el momento en que se emitió. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Alfredo López Ochoa, respecto del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos y para los efectos establecidos en los considerandos séptimo y octavo de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy dieciocho de julio de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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