Alfredo Gerardo Valente

Expediente 583/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
583/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Gerardo Valente
  • Alfredo Gerardo Valente y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio 5082/2022 de uno de junio de dos mil veintidós, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, informó la omisión de emplazar a los terceros llamados a juicio Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero Sección VI (SUSPEG) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio del Estado (ISSSTE), por consiguiente, anunció la imposibilidad jurídica y material para dictar el laudo en el expediente laboral 380/2016. Luego, mediante proveído de tres de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó personalmente a la parte quejosa el seis de junio de dos mil veintidós, y por oficio al tercero interesado; sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Alfredo Gerardo Valente, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, esto es a Miriam Cortés Cisneros, realizara lo siguiente: Dictara de manera inmediata el laudo correspondiente en el juicio laboral 380/2016. Notificara el laudo a las partes, y remitiera a este órgano jurisdiccional las constancias que acreditaran el cabal cumplimiento a lo ordenado. Una vez que por auto de trece de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia amparadora, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, esto es a Miriam Cortes Cisneros. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, la referida autoridad responsable mediante oficio 5082/2022 de uno de junio de dos mil veintidós, comunicó la omisión de emplazar a juicio a los terceros llamados a juicio Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero Sección VI (SUSPEG) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio del Estado (ISSSTE), y por consiguiente, la imposibilidad jurídica y material para dictar el laudo en el expediente laboral 380/2016. III. Verificativo de cumplimiento. En ese sentido, analizadas que fueron las mencionadas constancias, se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, a través de su Presidenta, mediante acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, determinó reponer el procedimiento a fin de emplazar a los terceros llamados a juicio Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero Sección VI (SUSPEG) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio del Estado (ISSSTE) y emitir el laudo que en derecho corresponda dentro del expediente laboral 380/2016. IV. Conclusión. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, puesto que la responsable se encuentra ante la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, en virtud que por el momento no es factible el dictado del laudo correspondiente en el juicio laboral 380/2016, motivo de concesión del fallo protector, hasta en tanto la autoridad responsable emplace a los terceros llamados a juicio Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero Sección VI (SUSPEG) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio del Estado (ISSSTE), y en ese sentido como se dijo, existe imposibilidad jurídica para cumplimentar la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. LXI/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de dos mil cinco, visible a página doscientos treinta y siete, que establece lo siguiente: "INEJECUCIÓN EN SENTENCIA DE AMPARO. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACREDITA DIRECTAMENTE ANTE LA SUPREMA CORTE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIRLA." Así como la jurisprudencia 2a./J. 2/2008, sustentada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de dos mil ocho, visible a página cuatrocientos treinta y uno, que es del rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO." V. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, incisos a) y b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que en aras del cumplimiento de la sentencia de amparo, informa que omitió pronunciarse sobre los terceros llamados a juicio Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero Sección VI (SUSPEG) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio del Estado (ISSSTE), por consiguiente se ve en la imposibilidad para dictar el laudo en el expediente laboral ****. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita se le conceda una prórroga de diez días para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En atención a la solicitud de la citada autoridad responsable; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, únicamente se le concede únicamente una prórroga de tres días hábiles más, contados a partir del siguiente a la notificación del presente proveído, a efecto que remita las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que la obligó a emitir inmediatamente el laudo en el juicio laboral 380/2016. Puesto que, la potestad no debe perder de vista que, desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte, decretó el cierre de instrucción en el juicio laboral 380/2016, y ordenó turnar el expediente para la elaboración del proyecto de laudo; sin embargo, a la fecha en que presentó su demanda de amparo, que lo fue el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, ya había transcurrido un año nueve meses sin que el tribunal laboral emitiera el laudo correspondiente, incluso a la presente data el laudo aún no ha sido emitido, y sin justificación alguna. En el entendido que sigue vigente el apercibimiento decretado en auto de trece de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, esto es, a Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obliga a: (i) Dictar de manera inmediata el laudo correspondiente en el juicio laboral 380/2016. (ii) Notificar el laudo a las partes, y remitir a este órgano jurisdiccional las constancias que acrediten el cabal cumplimiento a lo ordenado. Apercíbase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es, a Miriam Cortés Cisneros, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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