Alfredo Gerardo Valente
Expediente 287/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Alfredo Gerardo Valente
- Alfredo Gerardo Valente y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se aprecia ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, se declara que dicha resolución que niega el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el capítulo séptimo, artículo 18, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se negó el amparo en el presente juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Luego, en términos de los artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General señalado, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica; asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
siete de diciembre de dos mil veintiuno. A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L. En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las diez horas con cinco minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 287/2020, promovido por Alfredo Gerardo Valente, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez; estando en audiencia pública Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria que da fe, declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Enseguida la Secretaria da cuenta al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero acuerda: con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el período de pruebas, dentro del cual se da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda y con las remitidas por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidenta a través del oficio 2393/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. A lo anterior, el Juez Primero de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Acto continúo, la secretaria: Certifica que no existen pruebas por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. El Juez Primero de Distrito, acuerda: atento a la certificación de cuenta, se culmina la etapa probatoria y se continúa con la de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que la parte quejosa y el tercero interesado no formularon manifestaciones y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito si presentó pedimento el diez de marzo del año en curso (fojas 15-18), efectúo diversas manifestaciones en vía de alegatos. El Juez Primero de Distrito acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes (quejoso y tercero) para formular alegatos; asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Agente del Ministerio Público de la adscripción por realizadas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán considerados el momento de dictar la sentencia respectiva. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, para dictar la resolución que en derecho proceda. VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto 287/2020, promovido por Alfredo Gerardo Valente, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, remitida ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Alfredo Gerardo Valente, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital. ACTO RECLAMADO: "LA OMISIÓN DE DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE." SEGUNDO. Admisión y trámite. El dos de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; al Agente del Ministerio Público de la Federación se le dio la intervención que le compete; se emplazó a la parte tercera interesada; se solicitó a la autoridad señalada como responsable rindiera su informe justificado, y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además, el acto reclamado es atribuido a una autoridad con domicilio dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción y no requiere ejecución por tratarse de un acto omisivo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo y por cuestión de la manera en que se resolverá el presente asunto, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 380/2016. TERCERO. Existencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, es oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos tildados de inconstitucionales, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. En el caso, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidenta, aceptó la existencia de los actos reclamados, y en su apoyo remitió diversas copias certificadas relativas al juicio laboral 380/2016; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, resultaría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En ese aspecto, no existe alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes, y de un estudio oficioso tampoco se advierte alguna que imposibilite el análisis de la litis constitucional, sin ser obligatorio abordar el estudio de cada una de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el artículo 62 de la misma ley no lo establece así. QUINTO. Estudio de fondo. El quejoso señala que la conducta de la responsable violenta las garantías de legalidad y debido proceso y transgreden los principios procesales de prontitud, concentración, inmediatez y sencillez, característico en el procedimiento laboral burocrático, dado que ha omitido dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 380/2016. Es infundado su concepto de violación. Ello se considera así, porque del análisis de las documentales que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, a las cuales previamente se les concedió valor probatorio pleno, se advierte que al momento de solicitar el dictado del laudo respectivo aún no se encontraba cerrada la instrucción en el juicio laboral de origen. Esto es así, porque obran en autos la promoción signada por la parte actora aquí quejosa presentada el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en la que solicitó se dictara el laudo correspondiente, a la cual recayó el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el que en atención a la promoción citada la responsable ordenó al Secretario de Acuerdos certificara que no existían pruebas pendientes por desahogar y procediera a cerrar instrucción para la elaboración del laudo correspondiente. En ese orden, al encontrarse pendiente el cierre de instrucción del juicio laboral de origen, resulta inconcuso que la responsable al momento de presentarse la promoción de veinticuatro de octubre de dos diecinueve, no estaba en condiciones de dictar el laudo correspondiente, por no encontrarse el juicio en esa etapa procesal, estimar lo contrario daría lugar a mayor perjuicio en agravio de la parte quejosa, pues no se debe desatender que esta autoridad federal, no puede remplazar al órgano laboral rector del trámite del asunto. Tiene aplicación al caso, la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, registro: 2005150, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, materia común, página: 732, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tanto, la omisión que se reclamó a la responsable al presentar la demanda el veintiocho de febrero de dos mil veinte, estaba justificada, dado que aún no se había ordenado el cierre de instrucción del juicio de origen; en consecuencia, no se trasgrede el derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable no está en aptitud de dictar el laudo correspondiente, hasta en tanto se ordenará el cierre de instrucción en el juicio laboral de origen. En las narradas circunstancias, al resultar infundado el concepto de violación de la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 380/2016. SEXTO.- Publicación de la resolución y captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar la Secretaria de manera inmediata; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Alfredo Gerardo Valente, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 380/2016, de acuerdo a lo expuesto en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, téngasele desahogando el requerimiento de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, remitiendo diversas copias certificadas relativas al juicio laboral 380/2016. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogarla en razón de que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar notificado para ello. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, remita copias fotostáticas certificadas de donde derivan los actos reclamados. Se apercibe a la Presidenta del tribunal laboral responsable, que en caso de no cumplir con el requerimiento antes indicado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), lo anterior de conformidad con los artículos 237,fracción I y 238 en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la celebración de la referida audiencia constitucional se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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