Alfredo Catalán Torreblanca

Expediente 160/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
160/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
08/04/2016

Partes del expediente

  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo. Ciudad
  • Alfredo Catalán Torreblanca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dos de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2°, de la Ley de la Materia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese a los autos los cuadernos del incidente de suspensión relativo, dejando sin efectos la medida cautelar decretada en el mismo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En los autos del incidente de suspensión relativo, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se dejó a disposición del directo quejoso el billete de depósito exhibido a efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, sin que a la fecha haya comparecido a recibirlo; por tanto, se deja nuevamente a disposición de ******************** el certificado de depósito N 747014, quien deberá comparecer personalmente a recibirlo ante este juzgado federal debidamente identificado con credencial de validez oficial que contenga su fotografía y asentar razón de su recibo correspondiente, lo que habrá de realizar dentro del término de dos años que se establece en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; en el entendido que de no hacerlo, prescribirá a favor del Fisco Federal. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, Asimismo, conforme al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión ES DEPURABLE, porque se concedió la medida cautelar, por lo que deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo el duplicado del incidente de suspensión ES DESTRUIBLE; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. Por tal motivo, se agrega únicamente el original del incidente, debiendo respetarse el folio, entresello y rubrica con el que se encuentra. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando el duplicado de la causa penal ********************, hágase el desglose del mismo y remítase a su lugar de origen Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Visto el oficio firmado por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas del auto de plazo constitucional dictado en la causa penal ***/****-I de las que se desprende que el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictó auto de formal prisión al aquí quejoso ***********************, por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cometido en agravio de ***************************. De las constancias remitidas por la autoridad responsable de referencia, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ha operado un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado en esta vía constitucional (orden de aprehensión); por lo que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde sobre las consecuencias jurídicas que en el presente asunto genera la emisión del referido auto de plazo constitucional. Sobre el tema, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Conforme a la fracción del precepto legal transcrito, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y en el mismo se suscita un cambio de situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar el nuevo contexto en que se ubica el quejoso. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.17/2008, misma que no se contrapone al texto vigente de la ley de amparo, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Novena Época dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de dos mil ocho, consultable a página doscientos setenta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN." En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión dictada en contra de Alfredo Catalán Torreblanca, la cual fue librada por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, en la causa penal 126/2015-I; sin embargo, el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se decretó auto de formal prisión en contra del procesado aquí quejoso. Lo anterior conduce a estimar que, conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de garantías, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada el diez de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mientras que el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso es de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Entonces, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del auto de formal prisión implica que la parte quejosa se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión que aduce es inconstitucional, sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en la primera deben considerarse consumadas de modo irreparable y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si en nada puede variar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Es aplicable al caso por no contraponerse a la ley de amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, visible a página trescientos ochenta y seis, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, por no haber sido combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación la tesis con número de registro 239008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Séptima Época, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 24, Tercera Parte, consultable en la página cincuenta, de la literalidad siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las catorce horas del catorce de marzo de dos mil dieciséis. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, no es óbice a lo anterior, el hecho de que se haya señalado como autoridades responsables ordenadoras a los Jueces Primero, Segundo y Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residentes en esta ciudad, toda vez que los mismos al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les reclama.

  3. Principal

    SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA TERCERO INTERESADA Visto el oficio firmado por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas del auto de plazo constitucional dictado en la causa penal ***/****-I de las que se desprende que el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictó auto de formal prisión al aquí quejoso ***********************, por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cometido en agravio de ***************************. De las constancias remitidas por la autoridad responsable de referencia, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ha operado un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado en esta vía constitucional (orden de aprehensión); por lo que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde sobre las consecuencias jurídicas que en el presente asunto genera la emisión del referido auto de plazo constitucional. Sobre el tema, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Conforme a la fracción del precepto legal transcrito, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y en el mismo se suscita un cambio de situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar el nuevo contexto en que se ubica el quejoso. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.17/2008, misma que no se contrapone al texto vigente de la ley de amparo, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Novena Época dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de dos mil ocho, consultable a página doscientos setenta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN." En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión dictada en contra de Alfredo Catalán Torreblanca, la cual fue librada por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, en la causa penal 126/2015-I; sin embargo, el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se decretó auto de formal prisión en contra del procesado aquí quejoso. Lo anterior conduce a estimar que, conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de garantías, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada el diez de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mientras que el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso es de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Entonces, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del auto de formal prisión implica que la parte quejosa se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión que aduce es inconstitucional, sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en la primera deben considerarse consumadas de modo irreparable y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si en nada puede variar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Es aplicable al caso por no contraponerse a la ley de amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, visible a página trescientos ochenta y seis, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, por no haber sido combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación la tesis con número de registro 239008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Séptima Época, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 24, Tercera Parte, consultable en la página cincuenta, de la literalidad siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las catorce horas del catorce de marzo de dos mil dieciséis. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, no es óbice a lo anterior, el hecho de que se haya señalado como autoridades responsables ordenadoras a los Jueces Primero, Segundo y Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residentes en esta ciudad, toda vez que los mismos al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les reclama.

  4. Incidental

    Visto el oficio firmado por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, atento a su contenido se le tiene informando que el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el quejoso ********************, compareció ante dicho juzgado a someterse a la acción de la justicia bajo los efectos de la suspensión provisional concedida en el presente incidente y en esa misma fecha le tomó su declaración preparatoria; anexando para corroborar lo anterior, copias certificadas de las constancias relativas a la causa penal ********************. Por tanto, requiérase a la autoridad de trato para que una vez que resuelva la situación jurídica del referido quejoso, remita a los autos del juicio principal de donde deriva el presente incidente, las actuaciones pertinentes; ello atento a lo expuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo.

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