Alfredo Cruz López
Expediente 425/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alfredo Cruz López
Actuaciones
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del once de abril de dos mil veintidós, donde se desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. Ahora bien, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que sin resolver el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, del que se advierte que el treinta y uno de marzo del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio de la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec de Morelos Estado de México y constancias que se remitieron en su apoyo, por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las ocho horas con treinta y ocho minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese, hágase vía electrónica a la parte quejosa y mediante lista electrónica a los terceros interesados. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el auto del once de abril de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez Octavo de lo Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 425/2022-IV. Ahora, el quejoso reclama el auto del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual el juez de origen desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en contra de la notificación del dieciocho de febrero pasado dictado en el incidente de remoción de albacea promovido en el juicio sucesorio testamentario 920/2020, toda vez que el juez de origen argumentó que el propio quejoso desahogó oportunamente la vista notificada. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. Como puede apreciarse del arábigo señalado en primer término, el juicio de derechos es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición legal, ya sea de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Por su parte, el segundo numeral prevé que tratándose de actos emanados de la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", por lo cual, con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, porque mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Ahora bien, el acto aquí reclamado, no constituye un acto de imposible reparación, por no afectar un derecho sustantivo tutelado en la constitución federal o en algún tratado internacional, ya que el quejoso contestó en tiempo la vista que le fue otorgada en dicha incidencia, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo de la aquí parte quejosa, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para que el dictado de la resolución incidental de remoción de albacea, sea adversa a los intereses del aquí inconforme. No obstante, es evidente que, durante la tramitación de dicha incidencia, pueden presentarse violaciones al procedimiento que no irroguen un perjuicio de imposible reparación a la parte que se estima afectada, en cuyo caso, las mismas tendrán que combatirse de manera conjunta a la resolución con la que se decida el incidente de remoción de albacea planteado. Máxime que, aún y en esas circunstancias (que el quejoso manifieste lo que a su interés convenga respecto al incidente de remoción de albacea) existe la posibilidad de que la resolución que ponga fin a la incidencia de remoción de albacea, resulte favorable al promovente del amparo, de tal forma que la eventual afectación que se produjera se vería resarcida en caso de obtener resolución favorable en el incidente promovido en el juicio de origen. Todo lo anterior permite concluir que el acto impugnado no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, al no afectarse derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses en el incidente de remoción de albacea que se hizo valer y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ende, será hasta que se dicte la resolución correspondiente, cuando pueda apreciarse si el proceder del juez de origen vulneró o no las defensas de la parte quejosa y, en su caso, si la pretendida violación procesal trascendió al resultado de la resolución, pudiendo combatirla a través del amparo indirecto que haga valer en contra de aquella, previa interposición del recurso ordinario que en su caso proceda. A efecto de robustecer lo anterior, cabe señalar que como lo ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, sólo debe presentarse cuando éstos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado, es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal, hasta que se reclame la resolución definitiva en amparo directo. Lo anterior, aunado a que el numeral 172, fracción V, de la Ley de Amparo, de forma clara y expresa estatuye que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando entre otras, se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; de ahí que, se insiste, las violaciones procesales que en su caso se le hubieran causado a la parte impetrante de amparo, deberán hacerse valer a través del juicio de amparo indirecto que en su momento se promueva contra la resolución que decida la incidencia de remoción de albacea promovido-previo agotamiento del recurso ordinario que corresponda-. Sirve de sustento a lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA SÓLO DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS". Máxime, que la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado y con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda. Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica por encontrarse dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. Se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa en el entendido que en el supuesto de que sea en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Por otra parte, se toma conocimiento del número telefónico proporcionado, a fin de establecer contacto en caso de que se considere necesario durante la tramitación de este juicio. Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."
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