Alfredo Castillo Sánchez

Expediente 850/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
850/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Alfredo Castillo Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de diciembre de dos mil veinte. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del trece de noviembre de este año, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese; vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por *************************, por derecho propio, contra actos del Comisario de la Dirección General de Policía y Tránsito de Naucalpan de Juárez, Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 850/2020-VI. El quejoso señala como acto reclamado la falta de contestación al escrito presentado el cuatro de septiembre del año en curso. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. Para justificar lo anterior, en primer lugar, es preciso tener presente el contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. De la hipótesis normativa mencionada se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios de defensa común; principios éstos que están previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ciertamente, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley del acto se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Al respecto, es importante destacar que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México prevé como medios ordinarios de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades locales o municipales administrativas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. El artículos 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece que el silencio de las autoridades en el plazo de quince días hábiles posteriores a la presentación de la petición o el término establecido en la ley de la materia para dar respuesta, se considerará como resolución negativa ficta, que significa decisión desfavorable a los derechos e intereses de los peticionarios, para efectos de su impugnación en el juicio contencioso administrativo. Por su parte, el diverso 238 del mismo código establece que la demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio de la parte actora, dentro de los quince días al en que surta efectos la notificación del acto que se impugna o al en que haya tenido conocimiento del mismo, con la excepción -entre otras- que tratándose de la resolución negativa ficta, así como de omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, mientras no se notifique la resolución expresa. En consecuencia, dado que el escrito de petición del aquí quejoso fue presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, implícitamente se fundamenta en el artículo 135 del código adjetivo citado, el cual al no haberse contestado por parte de la autoridad responsable, transcurriendo al efecto más de treinta días, después de su presentación, sin que haya emitido respuesta al respecto, debe entenderse que dicha autoridad incurrió en negativa ficta a sus solicitudes, de ahí que, conforme al citado precepto, así como del diverso 238, contra esa negativa procede el juicio contencioso administrativo. Por tanto, al no prever mayores requisitos el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para la concesión de la suspensión de amparo, tal y como hace alusión el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver la contradicción de tesis 2/2015, además de que el acto reclamado no se hizo valer como una violación directa a la constitución (derecho de petición previsto en el artículo 8o. Constitucional) sino como una cuestión de legalidad, además de que al ser una negativa ficta no requiere de fundamentación y motivación, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo. Téngase por autorizado al usuario "**********************" para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente, razón por la que las notificaciones que se ordenen deberán realizarse de manera electrónica. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las modificaciones conducentes y al actuario judicial adscrito para que practique las notificaciones vía electrónica a la parte quejosa. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que indica en su escrito de demanda, pues al solicitar la autorización electrónica implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre a la parte garante. Ténganse por autorizadas a las personas que menciona, para los efectos que precisa. Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este juicio. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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