Alfredo Camacho Hernández
Expediente 655/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alfredo Camacho Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al quejoso **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la determinación dictada el dieciocho de agosto pasado. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de dilaciones, remítanse las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes. Asimismo, se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación de que se trata. Notifíquese y por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón del Actuario Judicial de la adscripción, por la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso **********, el proveído del treinta y uno de octubre del año en curso, por los motivos expuestos en la misma. Por tanto, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista al quejoso la determinación de referencia, así como las subsecuentes, para los efectos legales a que haya lugar, tal y como se precisó en acuerdo del uno de junio pasado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. "VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se desprende que feneció el plazo de veinte días concedido al quejoso Alfredo Camacho Hernández para que exhibiera la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar a este sumario constitucional al tercero interesado **********************, o acreditara la imposibilidad que tuviere para ello. Ahora bien, debe decirse que este órgano jurisdiccional al realizar un estudio de los presentes autos, se aprecia que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 26, fracción I, inciso b), 27 fracción III inciso b) y 5, fracción III, inciso a), del propio ordenamiento que a la letra dicen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." ARTÍCULO 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: (.) b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. ARTICULO 27.- (.) (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.)b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. ARTICULO 5o. (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;". De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 27, fracción III, inciso b), y 5o., fracción III, del mismo ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no presentar la publicación de los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado, impide cumplir con un presupuesto procesal que se rige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo dispone que, si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador federal debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio del tercero en cita, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo, dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte peticionaria del amparo. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado Comisariado Ejidal del Poblado de Nicolás Romero, Estado de México, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y los exhiba, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo sumario, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar su esfera jurídica, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por la falta de exhibición de los edictos o las constancias que acrediten las gestiones necesarias para tal fin, pues impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo sumario, pues constitucionalmente no es válido que un órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por lo que es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos ordenados a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercero interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al peticionario del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el precepto citado en líneas precedentes, pues la parte quejosa está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte peticionaria del amparo, pues con la omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No obsta a la anterior conclusión el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en el sentido de que la falta o incorrecto señalamiento del domicilio del tercero interesado no provoca el sobreseimiento en el juicio, pues a tal conclusión se arribó considerando que, en tal caso, el juzgador de amparo debe agotar el procedimiento previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, sin que en el precedente respectivo se abordaran las consecuencias que provoca la contumacia del promovente del amparo, en cuanto a la obligación que le impone este último numeral, aunado a que tal fallo no desconoció los efectos que finalmente provoca el hecho de que el legislador haya establecido como regla general la obligación de la parte quejosa de precisar el domicilio del tercero interesado. La tesis respectiva lleva por rubro, texto y datos de identificación siguientes: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis: 2a. CI/96. Página: 246, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO EL QUEJOSO SEÑALA DE MANERA INCORRECTA EL DOMICILIO DE AQUÉL, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO." Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio del promovente. Por tanto, como se advierte de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa de las que se aprecia que este juzgador agotó las medidas para la localización del tercero interesado Comisariado Ejidal del Poblado de Nicolás Romero, Estado de México sin lograr su emplazamiento, motivo por el cual, en proveído del ocho de septiembre pasado, se requirió a la parte quejosa para que compareciera al local de este juzgado a recibir los edictos con el objeto de que realizara las publicaciones correspondientes, a fin de efectuar el llamamiento a juicio del precitado tercero interesado, sin que lo haya hecho, por lo que como ya se indicó lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción II, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 26, fracción I, inciso b, 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo, así como el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la diversa tesis II.2o.C.99 K, visible a página 2411, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004, que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA." Sin que lo establecido en la presente determinación contravenga lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, aportada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del rubro "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Toda vez que si bien es cierto, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio de la referida parte sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa de la parte peticionaria del amparo, requiriéndole para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de amparo, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero interesado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio biinstancial, situación que en el sumario en que se actúa no acontece, pues la parte quejosa no se presentó a recoger los edictos puestos a su disposición no manifestó la incapacidad económica que tuviera para sufragar el gasto para su publicación. En razón de lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables y de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se desprende que feneció el plazo de veinte días concedido al quejoso Alfredo Camacho Hernández para que exhibiera la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar a este sumario constitucional al tercero interesado **********************, o acreditara la imposibilidad que tuviere para ello. Ahora bien, debe decirse que este órgano jurisdiccional al realizar un estudio de los presentes autos, se aprecia que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 26, fracción I, inciso b), 27 fracción III inciso b) y 5, fracción III, inciso a), del propio ordenamiento que a la letra dicen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." ARTÍCULO 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: (.) b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. ARTICULO 27.- (.) (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.)b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. ARTICULO 5o. (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;". De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 27, fracción III, inciso b), y 5o., fracción III, del mismo ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no presentar la publicación de los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado, impide cumplir con un presupuesto procesal que se rige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo dispone que, si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador federal debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio del tercero en cita, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo, dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte peticionaria del amparo. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado Comisariado Ejidal del Poblado de Nicolás Romero, Estado de México, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y los exhiba, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo sumario, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar su esfera jurídica, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por la falta de exhibición de los edictos o las constancias que acrediten las gestiones necesarias para tal fin, pues impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo sumario, pues constitucionalmente no es válido que un órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por lo que es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos ordenados a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercero interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al peticionario del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el precepto citado en líneas precedentes, pues la parte quejosa está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte peticionaria del amparo, pues con la omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No obsta a la anterior conclusión el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en el sentido de que la falta o incorrecto señalamiento del domicilio del tercero interesado no provoca el sobreseimiento en el juicio, pues a tal conclusión se arribó considerando que, en tal caso, el juzgador de amparo debe agotar el procedimiento previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, sin que en el precedente respectivo se abordaran las consecuencias que provoca la contumacia del promovente del amparo, en cuanto a la obligación que le impone este último numeral, aunado a que tal fallo no desconoció los efectos que finalmente provoca el hecho de que el legislador haya establecido como regla general la obligación de la parte quejosa de precisar el domicilio del tercero interesado. La tesis respectiva lleva por rubro, texto y datos de identificación siguientes: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis: 2a. CI/96. Página: 246, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO EL QUEJOSO SEÑALA DE MANERA INCORRECTA EL DOMICILIO DE AQUÉL, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO." Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio del promovente. Por tanto, como se advierte de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa de las que se aprecia que este juzgador agotó las medidas para la localización del tercero interesado Comisariado Ejidal del Poblado de Nicolás Romero, Estado de México sin lograr su emplazamiento, motivo por el cual, en proveído del ocho de septiembre pasado, se requirió a la parte quejosa para que compareciera al local de este juzgado a recibir los edictos con el objeto de que realizara las publicaciones correspondientes, a fin de efectuar el llamamiento a juicio del precitado tercero interesado, sin que lo haya hecho, por lo que como ya se indicó lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción II, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 26, fracción I, inciso b, 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo, así como el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la diversa tesis II.2o.C.99 K, visible a página 2411, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004, que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA." Sin que lo establecido en la presente determinación contravenga lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, aportada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del rubro "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Toda vez que si bien es cierto, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio de la referida parte sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa de la parte peticionaria del amparo, requiriéndole para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de amparo, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero interesado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio biinstancial, situación que en el sumario en que se actúa no acontece, pues la parte quejosa no se presentó a recoger los edictos puestos a su disposición no manifestó la incapacidad económica que tuviera para sufragar el gasto para su publicación. En razón de lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables y de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto que transcurre el término concedido a la parte quejosa en proveído del ocho de septiembre del año en curso, a efecto de exhiba los edictos ordenados para emplazar a la parte tercero interesada; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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